Dos personas defensoras del medioambiente y del derecho a la tierra asesinadas en menos de un mes

CONTEXTO

Excarcelación de Alberto Fujimori: un incumplimiento de las obligaciones del Estado peruano a la luz del Derecho Internacional

El 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional falló a favor del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de veinticinco años de prisión, y ordenó su liberación inmediata al Instituto Nacional Penitenciario. En 2009, Fujimori fue condenado por su autoría mediata en la masacre de quince personas en Barrios Altos, la desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la Universidad La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Estas graves violaciones de derechos humanos fueron tipificadas como crímenes de lesa humanidad en virtud del Derecho Penal Internacional.

El fallo fue el último capítulo de la batalla judicial que siguió a la concesión de un indulto humanitario a Fujimori por motivos de salud el 24 de diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard. El 17 de marzo de 2022, antes de la liberación del exmandatario, el Tribunal Constitucional declaró fundada la solicitud de habeas corpus de Fujimori, quien fue puesto en libertad el 6 de diciembre de 2023, tras cumplir dieciséis años de cárcel en la prisión limeña de Barbadillo. A raíz de su liberación, el 19 de diciembre de ese año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el Estado peruano incurrió en desacato y ordenó una supervisión rigurosa del cumplimiento de las sentencias de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, en los cuales el tribunal regional concluyó que el Estado violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según la resolución de la Corte IDH de 2023, el Tribunal Constitucional de Perú “solo buscó validar el indulto de 2022, ignorando la jurisprudencia la Corte IDH en la materia, esto es, el criterio para la concesión de un indulto conforme a lo establecido en la resolución de la Corte IDH de 2018 y la resolución de la solicitud de medidas provisionales a la Corte del 7 de abril de 2022 contra la excarcelación de Fujimori. En cuanto a los fundamentos del indulto, la CIDH señaló que en la sentencia de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional de Perú, el organismo supremo peruano defiende erróneamente la necesidad y la proporcionalidad de la medida. De hecho, la Corte IDH analizó un informe médico presentado por el Estado peruano después de la excarcelación de Fujimori y sugirió que el Estado peruano no ponderó de forma rigurosa la información objetiva sobre la salud de Fujimori antes de proceder a su liberación”.

Varias organizaciones de derechos humanos han solicitado que el Estado peruano cumpla sus obligaciones legales y que la Corte IDH adopte medidas efectivas para garantizar dicho cumplimiento. “La liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades. La OEA debería examinar la liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos en el Perú”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Las víctimas también condenaron la decisión del Tribunal Constitucional de Perú. “Se ha establecido un régimen de impunidad. A nivel internacional, ignorar el fallo de la Corte Interamericana nos convierte en un país que no respeta los derechos humanos y ese es un cambio difícil de revertir”, recalcó Gisela Ortiz, quien perdió a su hermano Luis Enrique en una matanza que se prolongó bajo el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

En el informe de diciembre de 2020 (A/HRC/46/35/Add.2, § 61), Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, señaló que en el Perú las personas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas son las que más se enfrentan a riesgos y amenazas. Esta tendencia ha quedado reflejada en los recientes asesinatos de dos de defensores en noviembre y diciembre de 2023. De acuerdo con Global Witness, desde el año 2012 se han documentado el asesinato de 54 personas defensoras del medioambiente y del derecho en el Perú.

ASESINATOS DE PERSONAS DEFENSORAS DEL MEDIOAMBIENTE Y DEL DERECHO A LA TIERRA

El 29 de noviembre de 2023, Quinto Inuma Alvarado, líder comunitario kichwa y defensor del derecho a la tierra, fue asesinado a tiros cuando navegaba por el río Yanayacu, provincia de San Martín, en la Amazonia peruana, a su regreso de un seminario para personas defensoras del medioambiente. La embarcación quedó bloqueada por el tronco de un árbol y fue entonces cuando un grupo de encapuchados le disparó varias veces: tres en la espalda y una en la cabeza. Una de las familiares que lo acompañaba también resultó herido.

Inuma Alvarado defendía activamente la titulación colectiva de su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, y había denunciado la tala ilegal en Huimbayoc; una labor que lo expuso a varias amenazas de muerte. El portal de noticias sobre conservación y ciencias medioambientales Mongabay indicó que, en los días previos al ataque mortal, Inuma Alvarado había denunciado casos de invasión y tráfico de tierras, actividades de narcotráfico y operaciones de tala ilegal en el territorio de la comunidad.

No era la primera vez que era víctima de un ataque. Según detalla Forest People Programme, una organización de derechos humanos que trabaja con pueblos de los bosques de todo el mundo, desde 2018 Inuma Alvarado había enfrentado ataques constantes por su oposición a actividades ilegales en el territorio de su comunidad; una situación que lo obligó a solicitar la activación del procedimiento de alerta temprana para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, la cual fue aceptada en 2021 (Resolución Directoral N.º 003-2021-JUS/DGDH). Estas medidas seguían en vigor en el momento de los hechos. A pesar de esto, en julio de 2021, Inuma Alvarado fue víctima de un intento de asesinato al que sobrevivió gracias a su evacuación por avión, después de que unos narcotraficantes le propinaran una paliza. El incidente se produjo pocos días después de que la Fiscalía visitara la comunidad para constatar la presencia de plantaciones ilegales de coca. En 2022 fue trasladado a un piso franco debido a las amenazas de muerte que estaba recibiendo.

En los últimos años, la provincia de San Martín ha sido el escenario de fuertes tensiones entre indígenas y madereros ilegales. Global Forest Watch informó que, entre 2001 y 2021, la zona comprendida entre Loreto y San Martín ha perdido 1140 hectáreas de cobertura arbórea, esto es, una disminución del 4,6 % con respecto al año 2000. Asimismo, una investigación de Associated Press (AP) reveló que la creación del Parque Nacional Cordillera Azul, entre la Amazonia y las faldas de los Andes, privó a la comunidad kichwa de extensiones considerables de sus tierras ancestrales. Tampoco se consultó al pueblo kichwa sobre la creación del parque ni sobre su desarrollo posterior. Más tarde, los árboles del parque fueron explotados con ánimo de lucro mediante la venta de créditos de carbono a empresas multinacionales que buscaban compensar sus emisiones.

Organizaciones ecologistas y defensoras de los derechos humanos denunciaron el asesinato de Inuma Alvarado. El 30 de noviembre de 2023, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), una organización de la sociedad civil que representa a los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, exigió una investigación exhaustiva cuanto antes para hallar y sancionar a los responsables del asesinato de Inuma Alvarado. También exigieron que “[…] las instituciones del Estado implementen los mecanismos intersectoriales para garantizar la integridad personal y la vida de quienes protegen cotidianamente sus territorios ancestrales de los peores agresores que son las mafias y las organizaciones criminales”. “¡Necesitamos que estos mecanismos de protección sean efectivos y no solo papeles declarativos!”, reclamaron.

Tres semanas más tarde, el 17 de diciembre de 2023, Benjamín Flores Ríos, líder kakataibo y defensor del medioambiente, fue hallado muerto en su domicilio en la comunidad Mariscal Cáceres, provincia de Padre Abad. Según la Organización Regional de Aidesep Ucayali (ORAU), Flores Ríos fue amenazado una semana antes por cocaleros que habían invadido tierras de la comunidad.

En junio de 2023, en declaraciones a la Agencia EFE, líderes indígenas kakataibo denunciaron que el incremento del narcotráfico y de la tala ilegal atentan contra su territorio, el cual se extiende por los departamentos de Ucayali y Huánuco.

“Hoy en día, las comunidades nativas situadas en áreas amenazadas por economías ilegales se enfrentan a una escalada de violencia y, a su vez, de degradación ambiental de sus tierras ancestrales. La situación ha provocado el desplazamiento paulatino del pueblo indígena. Estamos viviendo prácticamente como si nosotros fuéramos los invasores, como si nosotros fuéramos de otros territorios. Nos sentimos amenazados por otras personas que vienen aquí”, se lamentó Jakeline Odicio, portavoza de la Federación de Mujeres Kakataibo.

Según informaciones publicadas por la prensa, en zonas aledañas como la ciudad Flor de Ucayali y la provincia de Puerto Inca, Huánuco, el crimen organizado se ha apoderado de territorios indígenas. La comunidad kakataibo de Unipacuyacu ha sido desplazada por el narcotráfico y arrinconada en menos del uno por ciento de su territorio. Álvaro Másquez, abogado del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), aseguró que la comunidad ha sido acosada por el narcotráfico: “Dentro del territorio de Unipacuyacu existen por lo menos cuatro caseríos creados ilegalmente y por lo menos cuatro pistas de aterrizaje para narcovuelos. En ese contexto, los invasores del territorio comunal están intentando, a toda costa, desaparecer físicamente a sus miembros”.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA) condenaron el asesinato de Flores Ríos: “La Amazonía se tiñe de sangre para silenciar la voz de un defensor ambiental”. En los últimos años, han aumentado los delitos contra las personas defensoras indígenas de la Amazonia peruana, un territorio inmenso y remoto con una presencia estatal muy limitada. Según informaciones publicadas en la prensa, por lo menos treinta y nueve personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas en Perú entre 2013 y noviembre de 2023; de entre estas, siete lo fueron en Ucayali, la zona más afectada.

UN NUEVO PROYECTO DE LEY PODRÍA AMENAZAR LOS TERRITORIOS PROTEGIDOS EN LOS QUE HABITAN PUEBLOS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO VOLUNTARIO

El 16 de noviembre, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso peruano aprobó un dictamen que incluía el Proyecto de Ley 6259/2023/CR, que declara de interés nacional la construcción de un proyecto vial en el departamento Madre de Dios. El desarrollo de esta infraestructura conllevaría la apertura de vías terrestres, entre ellas una carretera que uniría Boca Manu y Boca Colorado y que atravesaría el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Territorial Madre de Dios, unas zonas habitadas por pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), antes de la aprobación del nuevo proyecto de ley no se solicitó la opinión técnica de organizaciones de la sociedad civil ni hubo consulta previa alguna, mientras que sí se hizo para las otras quince propuestas legislativas recogidas en dicho texto. Esa omisión evidenció que no se siguió el proceso regular para la incorporación del proyecto de ley en el dictamen antes de su aprobación.

No es la primera vez que una propuesta legislativa amenaza a los PIACI. Como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, en junio de 2023 la Comisión de Descentralización del Congreso de la República decidió archivar el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, el cual habría modificado la Ley 28736 (ley PIACI). Los PIACI son considerados como una de las poblaciones más vulnerables del mundo dada su dependencia exclusiva de los recursos naturales que albergan sus territorios ancestrales. Además, se enfrentan a grandes riesgos asociados a la disminución de los bosques tropicales, la exposición a enfermedades infecciosas del exterior y la violencia que conllevan las actividades extractivas.

Libertad de expresión

CONTINÚA EL ACOSO Y LAS AGRESIONES A PERIODISTAS

En los últimos meses de 2023 se registraron varios casos de agresiones y amenazas a periodistas. A continuación detallamos algunos de los más relevantes:

• El 21 de agosto, Sally Chaquilano, administradora de la filial de Radio Exitosa en la ciudad de Huaral, al norte de Lima, denunció que la emisora había recibido una carta amenazante en sus oficinas. En la misiva, el remitente criticaba la fiscalización de la gestión municipal por parte de la radio e insultaba y amenazaba de muerte a la plantilla de periodistas del medio. Chaquilano informó a la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) que esos actos de intimidación contra la radio se han intensificado desde que el nuevo equipo de gobierno encabezado por Fernando Cárdenas Sánchez asumió el poder. Desde entonces, la plantilla de periodistas de Exitosa se enfrenta a obstáculos para acceder a información pública y a restricciones cuando intenta cubrir actos oficiales. Según la ANP, durante las dos semanas que precedieron a la recepción de la carta, el personal de la emisora sufrió ataques crecientes, entre ellos campañas de acoso en redes sociales y campañas de difamación por parte de otros medios de comunicación. Esto últimos presuntamente recibirían fondos municipales en concepto de publicidad a cambio de difamar a la radio.
• El 9 de octubre, la policía detuvo de forma arbitraría al periodista Marcelino Humberto Felipa Sebastián, del medio digital Chinchanito TV, durante más de cuarenta y ocho horas por “rebeldía a la autoridad” y por “no identificarse correctamente”. Felipa Sebastián fue detenido cuando cubría un desalojo en la comunidad de Lunche, provincia de Chincha, al sur de la región de Lima. El periodista relató que minutos antes de su detención fue agredido por agentes de policía que lo insultaron, intentaron arrebatarle el teléfono, lo arrojaron al suelo y lo golpearon en los glúteos.
• El 27 de octubre, dos individuos no identificados a bordo de una moto se presentaron frente a la vivienda del periodista Enrique Bayona de Palmeras TV. Los sujetos rociaron el vehículo Bayona con gasolina, le prendieron fuego y se marcharon. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Lima señaló que podría tratarse de una respuesta a una reciente publicación de Bayona sobre presuntos actos de corrupción en el seno del Gobierno municipal de Piura, en el norte del país.
• El 31 de octubre, miembros del grupo ultraderechista Los Combatientes, liderado por Roger Ayachi y Flor de los Milagros Contreras, se presentaron frente a la vivienda de la periodista Rosa María Palacios, presentadora de los programas Sin guion y A pensar más con el fin de acosarla. Una vez allí, usaron parlantes y megáfonos para proferir amenazas, insultos y arengas contra ella. Palacios denunció que era la tercera vez en lo que va de año que dichos individuos acudían a su domicilio para acosarla por su labor periodística. A continuación, el grupo de unas quince personas se dirigió a las oficinas del medio IDL Reporteros, donde repitieron las mismas acciones. Antes de que produjeran ambos incidentes, se difundieron mensajes en redes sociales en los que se incitaba a extremistas a acosar a periodistas.
• El 23 de octubre, el primer ministro Alberto Otárola se quejó de que la presa utilizara la ley de transparencia para obtener información con la que denunciar la mala gestión del Estado. La reacción de Otárola estuvo motivada por la publicación de un reportaje del dominical Panorama que lo implicaba en la contratación irregular de una persona cercana a él. Panorama hizo público un correo electrónico enviado desde la Presidencia del Consejo de Ministros donde Otárola ofrecía un puesto en esa entidad estatal a una presunta allegada. El primer ministro cuestionó la difusión de los detalles de investigaciones con carácter reservado y señaló que se está ingresando a un peligroso escenario en el cual la prensa pide información “hasta por la marca del lápiz que utilizan los ministros”. IPYS recordó que la Ley de transparencia y acceso a la información es una herramienta fundamental para los medios que promueven la rendición de cuentas por la gestión pública.
• El 26 de noviembre, un periodista del programa Punto final de Latina TV recibió amenazas de muerte por WhatsApp mientras se emitía un reportaje sobre una infiltración mafiosa en la base de datos del Ministerio de Educación, con el fin de expedir certificados falsos de finalización de estudios secundarios. “Ya fuiste… ahora tu familia está en peligro, ya sé con quién vives", podía leerse en uno de los mensajes que recibió; una amenaza tanto hacia al informador como hacia su familia. El periodista, cuyo nombre no fue revelado por razones de seguridad, denunció los hechos en la comisaría limeña de Jesús María.
• El 5 de diciembre, el fotoperiodista Juan Zapata del medio independiente sin ánimo de lucro Wayka.pe fue agredido por la policía mientras cubría un plantón frente el Palacio de Justicia. Los manifestantes protestaban contra la liberación de Alberto Fujimori (ver Contexto). Un agente lo golpeó en la cara con su vara y lo amenazó con quitarle la cámara.

• El 7 de diciembre, la periodista Deysi Portuguez y el camarógrafo Pedro Goñi de RPP Noticias fueron desalojados de la plaza San Martín por ciudadanos que los acosaron y difamaron mientras cubrían una marcha multitudinaria contra la presidenta Bularte y contra el indulto al expresidente Alberto Fujimori (ver Reunión pacífica). Durante el incidente, les arrojaron vinagre y agredieron al cámara, al que golpearon en la cabeza con el asta de una banderola.

SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE CUENTAS DE PERIODISTAS EN REDES SOCIALES

A finales de septiembre de 2023, la cuenta de X (Twitter) del periodista Adrián Sarria Muñoz, que colabora con varios medios de comunicación, entre ellos Ojo Público y Radio Estación Wari, fue suspendida de forma injustificada por un supuesto incumplimiento de las normas de la plataforma sin que se le indicara qué norma había vulnerado. Posteriormente, la cuenta fue reactivada tras una solicitud a través de los mecanismos internos de la plataforma. Sin embargo, el 12 de octubre, tan solo dos semanas más tarde, la cuenta fue suspendida nuevamente y se informó a Sarria Muñoz que la cuenta pasaría “en modo de solo lectura de forma permanente”, lo que le impediría tuitear, retuitear y usar la función “me gusta”.

Si bien no recibió explicaciones claras sobre los motivos detrás de la medida, se percató de que la sanción le fue impuesta después de haber publicado una noticia del canal Russia Today en la que se hacía referencia a los familiares de las personas que fallecieron en el marco de las protestas de 2022 en Perú. A pesar de que solicitó una revisión de la medida y una explicación, no obtuvo ninguna respuesta de la plataforma y su cuenta fue suspendida permanente el 17 de octubre de 2023.

El 5 de octubre, YouTube eliminó un vídeo publicado por el medio digital La Encerrona, dirigido por el periodista Marco Sifuentes. La plataforma alegó que había recibido numerosas denuncias porque en la grabación se mostraba información de identificación personal, en contra de lo establecido en su política sobre acoso y ciberacoso. El vídeo en cuestión trataba de una noticia sobre una congresista investigada por enriquecimiento ilícito.

La Encerrona se apresuró en recurrir la decisión, alegando que el vídeo contenía información de gran interés público y que no infringía ninguna de las políticas de YouTube. A pesar de esto, la plataforma rechazó el recurso tan solo nueve minutos después de haberlo recibido.

UN NUEVO INFORME PONE DE MANIFIESTO LA PREOCUPACIÓN POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PERÚ

En noviembre de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó el Índice Chapultepec de 2023 sobre la libertad de expresión y de prensa, un indicador en el que quedó reflejado el retroceso de ambas libertades en Perú. Desde la edición de 2021, el país ha perdido casi veinte puntos en el Índice y actualmente ocupa el puesto número 12 de entre 22.

La SIP destacó que el poder Ejecutivo y Legislativo fueron quienes ejercieron la mayor parte de la influencia negativa sobre la calidad de la libertad de expresión y de prensa por segundo año consecutivo. La organización instó al Ejecutivo a tomar medidas para evitar que la restricción de la cobertura informativa se convierta en una constante e insistió a que se vigilen las iniciativas del Legislativo para prevenir que fomenten la autocensura en la prensa.

Reunión pacífica

MILES DE PERSONAS MARCHARON CONTRA LA PRESIDENTA BOLUARTE Y EL INDULTO A FUJIMORI

Del 7 al 9 de diciembre de 2023 se produjeron movilizaciones masivas en Lima y otras ciudades en las que personas manifestantes exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la revisión del indulto a Alberto Fujimori.

Las marchas de mayor envergadura se desarrollaron en Lima y en las ciudades sureñas de Arequipa, Tacna, Juliaca, Cusco y Abancay. France 24 informó que los manifestantes arequipeños corearon varias consigas, entre ellas “La sangre derramada jamás será olvidada; siempre de pie, nunca de rodillas” o “Dina asesina, el pueblo te repudia”. En la capital, la policía impidió que la manifestación llegará hasta el Congreso; a pesar de lo cual no se produjeron enfrentamientos. Con gritos y pancartas, algunas de las personas que se manifestaron expresaron su indignación por la liberación del expresidente Alberto Fujimori (ver Contexto).

Las marchas convocadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) se desarrollaron de forma pacífica; si bien cabe señalar que una reportera y un camarógrafo de RPP Noticias fueron acosados por un grupo de manifestantes en la plaza San Martín de Lima mientras cubrían la movilización (ver Libertad de expresión).

ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS ACUSA A LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE DE CRÍMENES CONTRA PUEBLOS QUECHUAS Y AYMARAS

El 11 de noviembre de 2023, en el marco de las audiencias públicas de la CIDH, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIA) presentó un informe sobre la responsabilidad del Gobierno de Dina Boluarte por presuntos crímenes contra los pueblos indígenas quechuas y aymaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el documento, la organización afirma que las víctimas mortales se debieron al uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y de la policía durante las protestas contra el Gobierno tras la destitución del presidente Pedro Castillo, a finales de 2022 y principios de 2023.

Durante dichas audiencias, varias organizaciones internacionales presentaron una declaración conjunta en la que expresaron su preocupación por la erosión de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en Perú; una situación que socava el derecho a la verdad y a la justicia por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.