Detienen y procesan arbitrariamente a PDDH; la provincia de Annobon se queda sin internet

Libertad de asociación

La Comisión Ecuatoguineana de Juristas, la OSC Somos+ y el colectivo SPDM pidieron ser inscritas en el registro oficial de organizaciones cuando fueron fundadas; sin embargo, sus solicitudes no han recibido respuesta. Según las informaciones que hemos recibido, SPDM (“Somos Parte Del Mundo”), la única organización de derechos LGBTQI+ del país, lleva en funcionamiento desde 2016 sin reconocimiento oficial, a pesar de haberlo solicitado desde hace tiempo. La negativa del régimen a legalizar organizaciones independientes de la sociedad civil como el SPDM indica que las autoridades aplican una estrategia restrictiva para controlar las OSC.

La Ley N.º 1/1999 del Régimen de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) establece un proceso de inscripción oficial muy complicado, plagado de numerosas trabas administrativas concebidas para desalentar a las OSC, en especial a las que trabajan en cuestiones que las autoridades consideran delicadas, como el buen gobierno, los derechos humanos y la distribución equitativa de los ingresos petroleros. Entre otros requisitos, la ley exige un informe favorable del ministerio competente —Sanidad, Educación, Género, etc.— que, por lo general, suele ser desfavorable o no se facilita, paralizando así el proceso de inscripción.

Además, las autoridades se sirven de esta ley para imponer restricciones financieras a las ONG que limitan la obtención de fondos procedentes del extranjero.

Los artículos 221-224 del capítulo III del nuevo Código Penal de 2022 establecen como delito el “ejercicio abusivo de derechos fundamentales”, una formulación que podría usarse contra las OSC implicadas en la defensa de los derechos humanos. En concreto, el artículo 221 emplea un lenguaje ambiguo que criminaliza acciones que se enmarcan dentro del ejercicio de varias libertades, por ejemplo:

• la publicación de noticias que, por su “falsedad y naturaleza” atenten gravemente contra la dignidad de las instituciones o de sus representantes (libertad de expresión);
• las protestas que se celebren con el propósito de cometer alguno de los delitos penados por la ley o en las que se cometan delitos durante su desarrollo (libertad de reunión pacífica),
• las personas que inspiren, funden, dirijan o se adhieran a asociaciones ilícitas (libertad de asociación).

Detienen arbitrariamente, torturan y enjuician a PDDH

El 1 de agosto de 2024, agentes de la Gendarmería irrumpieron en el domicilio del defensor de los derechos humanos Joaquín Elo Ayeto, en Malabo, y lo detuvieron. Una vez en la comisaría de la Gendarmería conocida como La Luna, fue acusado de llevar a cabo actividades ilegales a través de su plataforma de la sociedad civil Somos+, la cual no ha sido inscrita en el registro oficial según las autoridades. El abogado de Joaquín Elo Ayeto fue arrestado y trasladado a La Luna el 4 de agosto de 2024, donde permaneció detenido durante más de 48 horas hasta que fue puesto en libertad. Lo acusan de representar a una organización ilegal. En un primer momento, lo habrían llevado a la prisión de Black Beach y, posteriormente, el 13 de agosto de 2024, a la prisión de Oveng Azem, donde se encuentra detenido en régimen de prisión preventiva.

El 26 de enero de 2024, agentes de las fuerzas de seguridad vestidos de civil detuvieron de forma violenta al abogado, activista defensor de los derechos humanos y miembro de la plataforma cívica Guinea Ecuatorial También es Nuestra Anacleto Micha Ndong, en su domicilio de Malabo. Permaneció detenido 33 días en una comisaría de la Gendarmería en Malabo sin que le informara de los cargos que le imputaban. El 1 de marzo de 2024 fue enviado a la prisión de Malabo de Black Beach, donde fue internado en régimen de prisión preventiva. Un gendarme de esa prisión lo acusó de ultraje y calumnias, después de que el defensor de los derechos humanos lo hubiera denunciado por presuntos actos de tortura cuando estuvo detenido en Black Beach en 2023. Actualmente, el gendarme sigue trabajando en el centro penitenciario, lo que hace que se tema por la seguridad de Ndong.

Se lo acusa de delitos definidos en los artículos 521 y 522 del Código Penal de 2022, que solo conllevan una multa, no una pena de prisión.

Desde el 23 de abril de 2024, se desconoce el paradero de Ndong y de otros cinco disidentes recluidos en la prisión de Black Beach, ya que ni sus familias ni representantes legales han sido autorizados a visitarlos o a hablar con ellos. Se teme que hayan sido trasladados al tristemente célebre centro penitenciario de máxima seguridad de Oveng Azem, en la parte continental del país, donde han fallecido varios detenidos, presuntamente a causa de torturas. Seguían en paradero desconocido cuando se redactó esta actualización.

El 12 de enero de 2024 fue detenido Liberato Bielo Biacho, activista pro derechos humanos y miembro la asociación Hijos de Bioko, presuntamente por haber difundido un audio en un grupo de WhatsApp en el que se quejaba del mal funcionamiento de las instituciones públicas.

Desde abril de 2024, varios activistas detenidos en la prisión de Black Beach han desaparecido, presuntamente a manos de la policía y los servicios de seguridad. La mayoría de ellos habían sido condenados por criticar al Gobierno.

Libertad de expresión

En Guinea Ecuatorial no existen verdaderos medios de comunicación independientes. Los medios de comunicación no informan sobre cuestiones como la detención de activistas de la sociedad civil. Es más, los medios privados solo informan sobre los derechos humanos si los medios públicos controlados por el Gobierno ya lo han hecho.

Nueva ley restringe el uso de redes sociales y el ciberespacio

El 17 de abril de 2024, la Cámara de Diputados de Guinea Ecuatorial aprobó el proyecto de Ley Reguladora del Uso de las Redes Sociales y el Ciberespacio, el cual restringirá aún más la libertad de expresión en el país. El artículo 50 de la ley tipifica como delito la utilización de TIC para instigar, provocar o promover la comisión de delitos, o para glorificar un delito, a su autor o a quienes hayan participado en él, so pena de tres a cinco años de prisión y de una multa de entre 16 000 y 160 000 dólares estadounidenses. Además, el artículo 51 establece que la publicación de noticias falsas que inciten al odio o pongan en peligro la seguridad nacional o la estabilidad económica será castigada con penas de prisión de entre 10 a 25 años y con multas de entre 160 000 a 821 000 dólares.

Si bien el proyecto de ley todavía necesita ser aprobado por el Senado, la iniciativa ha suscitado gran preocupación entre activistas de la sociedad civil, sobre todo en lo tocante a la vigilancia de conversaciones y mensajes.

Un miembro de la Comisión de Juristas Ecuatoguineanos intentó obtener una copia del borrador del documento, pero no se la facilitaron, poniendo así en evidencia la falta de transparencia en el proceso legislativo.

La provincia de Annobón se queda sin internet

El 13 de agosto de 2024, la coalición de organizaciones de la sociedad civil #KeepItOn, que lucha contra los cortes de internet, publicó un comunicado en el que denunció que la provincia insular de Annobón se había quedado sin internet y sin servicios de telefonía móvil a raíz de manifestaciones de grupos ecologistas.

El 20 de julio de 2024 se cortó el acceso a internet y a las redes telefonía móvil. Tras esto, se supo que las fuerzas de seguridad habían detenido a habitantes de la isla y se habían incautado de teléfonos móviles en reacción a una manifestación pacífica en San Antonio de Palé. Decenas de personas se habrían manifestado contra los efectos nocivos del uso de dinamita en las explotaciones mineras (ver Reunión pacífica). El 2 de agosto de 2024, las autoridades habrían prohibido la venta y el uso de equipos y de servicios de internet por satélite que no hayan sido autorizados. Además, el 5 de agosto de 2024, las autoridades ordenaron al proveedor de internet por satélite Starlink que solicitara una licencia y que dejara de prestar el servicio a todos los clientes ubicados en el país.

Reunión pacífica

Detienen e imputan a manifestantes ecologistas

Varios medios se hicieron eco de una noticia transmitida por el canal de televisión público TVGE, según la cual un grupo de 37 personas fueron detenidas por manifestarse contra el uso de explosivos de dinamita en las explotaciones mineras y por “reclamar la independencia de la isla de Annobón” en julio de 2024. Habrían sido presentadas ante un juez de instrucción de Malabo y acusadas de “calumnias y difamación, abuso de los derechos fundamentales y atentado contra el orden constitucional”.

Las protestas habrían comenzado tras la detención de dieciséis personas por firmar una carta dirigida al presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en la que expresaban su preocupación por el deterioro de los ecosistemas y exigían que cese el uso de dinamita en la isla. Las fuerzas de seguridad habrían detenido a manifestantes, les habrían dado palizas y habrían amenazado con abrir fuego.

A menudo, las autoridades de ecuatoguineanas esgrimen el mantenimiento del orden público como motivo para prohibir las manifestaciones.