Nicaragua conmemora un año de protestas y de represión gubernamental

Reunión pacífica

— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) April 16, 2019

El mes de abril de 2019 marcó un año desde el inicio de las manifestaciones generalizadas en Nicaragua y la posterior represión gubernamental que desembocó en una crisis política y de derechos humanos en el país. La coalición de la sociedad civil, Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), hizo un llamamiento para que los ciudadanos tomaran las calles el 17 de abril de 2019 con el objetivo de conmemorar y protestar contra la represión estatal que se ha llevado a cabo desde abril de 2018. En respuesta a estas acciones, el gobierno de Nicaragua denegó la autorización para la realización de las marchas alegando que los "organizadores 'estuvieron involucrados en graves alteraciones al orden público' en el pasado". Incluso con esta denegación y, a pesar de la fuerte presencia policial, cientos de personas en todo el país se unieron a las marchas "Todos somos abril".

La Policía Nacional afirmó que no se produjeron incidentes ni detenciones durante estas movilizaciones. Sin embargo, Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) contradijo esta versión de los hechos y emitió un comunicado denunciando la represión de las manifestaciones. Además, señaló el presunto secuestro de 68 manifestantes por la policía y las fuerzas paramilitares. La UNAB también denunció la dispersión de más de 300 manifestantes que se pretendían unirse a la marcha. Abixael Mogollón, periodista del medio independiente Articulo 66, habría sido detenido mientras realizaba una transmisión en vivo de la manifestación. Mogollón fue puesto en libertad el mismo día y más tarde utilizó Facebook para criticar la violencia policial de la cual fue objeto él mismo y otras cuatro personas durante el incidente.

El 19 de abril de 2019, una procesión de Viacrucis hacia la catedral de Managua, una tradición del Viernes Santo nicaragüense, se convirtió en una manifestación. Numerosos asistentes portaban cruces y banderas nicaragüense y exigían justicia para las víctimas que perdieron la vida durante la crisis, al igual que la liberación de presos políticos. Según varios informes, al menos siete coches de policía rodearon el perímetro de la catedral. Un grupo de jóvenes prosiguió la manifestación fuera de la iglesia tras finalizar la ceremonia religiosa, momento en cual fueron atacados por fuerzas policiales que utilizaron balines y granadas aturdidoras para disolver la movilización. Al menos dos personas resultaron heridas en el enfrentamiento. Para escapar de la violencia, el grupo buscó refugio dentro de la catedral, donde se escondieron durante varias horas por temor a ser detenidos o heridos por la policía o grupos paramilitares. Mientras se desarrollaban los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a respetar el derecho de reunión pacífica. Representantes de la coalición Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y miembros de la Iglesia Católica mediaron la evacuación del grupo que se hallaba atrapado en la iglesia. Aquí abajo encontrará un video de las manifestaciones:

Entre abril y mayo de 2019 se realizaron múltiples servicios religiosos para honrar a las víctimas de la crisis, a la vez que diversas manifestaciones seguían exigiendo la puesta en libertad de los presos políticos. Tras la muerte del prisionero político Eddy Montes el 16 de mayo de 2019, la UNAB y Alianza Cívica organizaron una huelga nacional para expresar su solidaridad y presionar al gobierno para que libere a los otros presos políticos. El 25 de mayo de 2019, la Policía Nacional prohibió una marcha contra el régimen de Ortega.

Expresión

El 2 de mayo de 2019, Amnistía Internacional publicó una declaración de su directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, sobre los múltiples casos de agresiones y acoso contra periodistas denunciados en Nicaragua desde abril de 2018. Rosas exigió la liberación inmediata de los periodistas detenidos y a la investigación de todos los ataques denunciados contra ellos afirmando que:

"Es deplorable que las autoridades en Nicaragua sigan reprimiendo a la prensa y violando su derecho a informar. Durante el último año, las valientes personas que se dedican al periodismo y quienes trabajan en los medios de comunicación se han enfrentado ataques mientras cubren protestas y han sido hostigados y perseguidos por ejercer su libertad de expresión y hacer su trabajo. Otras, como Lucía Pineda y Miguel Mora del canal 100% Noticias, han sido detenidas y continúan en prisión. Ante esta situación, más de 70 periodistas y personal de medios de comunicación se han visto obligados a salir del país".

El 6 de mayo de 2019, los medios de comunicación nicaragüenses informaron que el periodista Marlon Powell, una de las principales voces críticas con gobierno de Daniel Ortega, había emitido un llamado de auxilio a través de su abogado. El periodista, detenido desde principios de marzo, fue acusado de crimen organizado, robo agravado e incendio en perjuicio del Estado de Nicaragua. Junto con otros nueve presos, Powell denunció haber sido sometido a condiciones de encarcelamiento inhumanas después de pasar cinco días en una celda de castigo. Pocos días después, el 12 de mayo de 2019, Julio Montenegro, abogado de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, informó que Powell y otros cinco presos políticos habían sido trasladados a "El Infernillo", una celda de máxima seguridad conocida por sus malas condiciones. El 7 de junio de 2019, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado anunciando que estaba organizando una misión internacional que visitaría Nicaragua para abogar por la liberación de Powell, así como por la liberación de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora.

Finalmente, el 10 de junio de 2019, Powell, Pineda y Mora fueron puestos en libertad bajo la Ley de Amnistía, tal y como se detalla en la sección Asociación de esta actualización.

El 14 de junio de 2019, días después de salir de prisión, Pineda abogó por que el gobierno permitiera que el canal de televisión 100% Noticias volviera a funcionar de forma independiente. Pineda era jefe de prensa y Mora director de 100% Noticias cuando se produjo el registro de los locales del canal. Ambos periodistas fueron detenidos en diciembre de 2018. En una conferencia desde prensa en Costa Rica, donde vive su familia, el periodista afirmó que quiere retomar su labor periodística, aunque sabe que los periodistas están entre los grupos más expuestos a las presiones del gobierno en Nicaragua al ser ellos quienes gestionan la información sobre la crisis. Pineda también habló de los malos tratos físicos y psicológicos que sufrió en prisión durante su encarcelamiento.

Asociación

El 8 de junio de 2019, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía mediante un proceso urgente que se llevo a cabo en un plazo de 24 horas. La nueva ley exige la liberación inmediata de los activistas encarcelados desde el inicio de la crisis política. Aunque en un principio esta ley puede ser vista un hecho positivo, la legislación también impide la investigación de agentes estatales y no estatales que perpetraron violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación en un comunicado de prensa en el que calificó el contenido de la ley de ambiguo y amplio. La CIDH estima que esta ambigüedad deja importantes lagunas que podrían conducir a la impunidad. También destacó que el proceso no había incluido ningún diálogo con la sociedad civil ni con las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

El 10 de junio de 2019, 56 presos políticos fueron liberados bajo esta nueva ley. A pesar de estos acontecimientos, la sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la Ley de Amnistía. Una coalición de más de 70 grupos de oposición, así como organizaciones de derechos humanos, rechazó la ley. La asociación de madres de víctimas, Asociación Madres de Abril (AMA), condenó la ley y exigió justicia y verdad para las familias. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP) también condenó esta ley y afirmó que busca ofrecer impunidad a los perpetradores y que lo que los presos reclaman no es una amnistía, sino libertad. Un portavoz de la CPLPP declaró a la BBC:

"Ninguno de nuestros secuestrados políticos o reos de conciencia necesita una amnistía porque no han hecho nada y la libertad no se condiciona porque todos son inocentes."

El 27 de junio de 2019, Alianza Cívica publicó una carta con los nombres de 91 presos políticos que aún no habían sido puestos en libertad junto con los de otras 102 personas cuya detención había sido señalada, pero aún no confirmada.

En otro incidente, el 15 de junio de 2019 en León, grupos paramilitares atacaron a civiles que asistían a una misa en honor al primer aniversario de la muerte de Sandor Dolmus. Sandor, un monaguillo de 15 años que participó en manifestaciones antigubernamentales, fue asesinado por grupos paramilitares en 2018. Según informaciones publicadas en la prensa, entre las personas asistentes a la misa, algunos exigían justicia para Dolmus. Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia destacó que la policía nacional estaba presente en la Catedral, pero no hizo nada para intervenir cuando las hordas paramilitares comenzaron a arrojar piedras y botellas contra la iglesia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron los ataques desde sus cuentas oficiales de Twitter. Alianza Cívica repudió la violencia y afirmó que el gobierno nicaragüense continúa utilizando tácticas represivas mientras intenta parecer respetuoso con los derechos humanos en el ámbito internacional.

El 28 de junio de 2019, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una nueva resolución sobre la situación de Nicaragua. La resolución AG/RES. 2943 reitera su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos que se han producido desde abril de 2018 e insta al gobierno a reanudar las negociaciones con los grupos de oposición. La resolución también llamó la atención sobre el acoso gubernamental contra grupos independientes de la sociedad civil y contra los defensores de los derechos humanos. El 11 de julio de 2019, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia envió una carta a la Comisión de la OEA en la cual acogía con entusiasmo la resolución y subrayaba la necesidad de una pronta implementación de sus recomendaciones. La Alianza Cívica también afirmó que la presencia de los organismos internacionales es importante para reanudar las negociaciones con el gobierno.