Criminalizan a personas defensoras del medioambiente en Paso Yobái; agreden y amenazan a profesionales del periodismo

Libertad de asociación

Detienen y procesan a personas defensoras del medioambiente

Se han documentado casos de acoso judicial contra personas defensoras del medioambiente en Paso Yobái, departamento de Guairá, donde tres productores de yerba mate se enfrentan a un proceso judicial en la localidad. Hasta agosto de 2025, tres defensores, incluido Vidal Brítez Alcaraz, presidente de la Asociación de Yerbateros de Paso Yobái, permanecían bajo arresto domiciliario.

El 26 de marzo de 2025, la policía lo detuvo arbitrariamente por un presunto delito de coacción grave. El 2 de abril de 2025, un juzgado de Villarrica ordenó que fuera puesto bajo arresto domiciliario tras la intervención de sus representantes legales, quienes argumentaron que la imposición de una medida de prisión preventiva sería desproporcionada, ya que era asmático, que se avecinaba la cosecha de la yerba mate y que tenía fuertes lazos con su comunidad.

Los cargos que se le imputan se derivan de un incidente ocurrido en enero de 2025, cuando camiones que transportaban residuos penetraron en la propiedad de un productor de yerba mate opuesto a la minería gracias a una orden cautelar para el desarrollo de actividades mineras en la zona. La presencia de efectivos policiales que escoltaban los vehículos desencadenó un enfrentamiento durante el cual los residentes habrían arrojado piedras. A pesar de que hay pruebas que demuestran que Brítez se encontraba en su vivienda, a cinco kilómetros del lugar de los hechos, la Fiscalía presentó cargos contra él y otras cinco personas.

La localidad de Paso Yobái acoge a diversas empresas mineras multinacionales, entre ellas Latin American Minerals Paraguay (Lampa S. A.) y CEMA S. A. En 2022, Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, comprobó que el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro había provocado una contaminación considerable. Estudios realizados entre 2018 y 2019 hallaron niveles de mercurio por encima de los límites permitidos en el organismo de las familias de los mineros. Asimismo, los análisis de peces del río Tebicuarymi detectaron concentraciones de mercurio cuatro veces superiores a los límites de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Desde 2010, se han deforestado más de 840 hectáreas de bosques para dedicarlas a la minería y a actividades agropecuarias. La contaminación ha afectado la producción de yerba mate, un cultivo de gran importancia cultural y económica en Paraguay, y ha provocado cuantiosas pérdidas a quienes la producen. A pesar de las múltiples denuncias que se han presentado, las autoridades no han puesto fin a estas prácticas nocivas.

Un proyecto de ley podría excluir a la sociedad civil de la asignación de fondos públicos

El 26 de junio de 2025, el diputado y miembro de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), José Ramón Rodríguez Maciel, presentó el proyecto de ley núm. 178886/25 para la creación de una cuenta nacional para la gestión de los fondos procedentes de medidas alternativas en los procesos penales. Los ingresos se destinarían exclusivamente a iniciativas gubernamentales en materia de deporte, seguridad, educación y sanidad.

Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la propuesta legislativa dejaba al margen a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), a pesar de su extensa labor a favor de las comunidades en situación de vulnerabilidad. En un comunicado conjunto, se mostraron muy preocupadas por la exclusión de las OSFL como entidades beneficiarias, la concentración excesiva de los fondos en las instituciones estatales, la ausencia de supervisión ciudadana, la duplicación de iniciativas y la falta de flexibilidad en la asignación de recursos. Cabe destacar que muchas OSFL ya cuentan con programas de salud, educación alternativa, deporte comunitario y prevención de adicciones. Ignorar estas contribuciones podría suponer un despilfarro de recursos y repercutir negativamente en la prestación de servicios.

El 18 de agosto de 2025, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta en un debate preliminar. El proyecto de ley deberá pasar ahora al pleno para su examen final.

Libertad de expresión

Agreden a una periodista mientras cubría un acto fuera de una cárcel

El 25 de agosto de 2025, la periodista Jessica Martínez, reportera del portal de noticias Ñandutí, fue agredida mientras cubría un acto frente al penal de Emboscada Antigua. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) explicó que un guardaespaldas del ministro de Justicia Rodrigo Nicora le propinó un puñetazo en el pecho.

El SPP condenó el incidente y exigió que se respetara a los profesionales del periodismo y su derecho a desempeñar libremente su labor. También pidió a las autoridades que garantizaran la seguridad del personal de los medios de comunicación y que se aseguraran de que se investiguen con prontitud las agresiones contra la prensa.

Un periodista recibe amenazas de muerte tras revelar injerencias en la investigación de un asesinato

El 29 de agosto de 2025, Aníbal Gómez Caballero, radicado en Pedro Juan Caballero, denunció que él y su familia habían recibido una serie de amenazas por WhatsApp. Los mensajes comenzaron después de él revelara que un diputado había intervenido en la investigación del asesinato del periodista Léo Veras en 2020 para presionar a su viuda con el fin de beneficiar a un sospechoso.

Gómez Caballero, con una larga trayectoria en la cobertura de casos de corrupción y delincuencia organizada, ya se encontraba bajo medidas de protección estatales por otras amenazas. La Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay lo asesoró sobre cómo proceder tras la recepción de los mensajes. El SPP y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenaron las amenazas e instaron a las autoridades a que garantizaran la seguridad de Gómez Caballero.

Situada en la frontera con Brasil, la ciudad de Pedro Juan Caballero, tiene un triste historial de asesinatos de profesionales del periodismo (ver a continuación).

Décadas de impunidad perpetúan la violencia contra la prensa

El 8 de julio de 2025, Forbidden Stories publicó los resultados de Alianza Paraguay, una investigación de varios meses sobre los riesgos a los que se enfrentan los profesionales del periodismo en Paraguay, en la que colaboraron Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y medios de comunicación socios de Europa y América Latina. El consorcio, creado con el fin de proseguir la labor de los profesionales del periodismo asesinados, encarcelados o secuestrados, analizó los fallos sistémicos en la persecución judicial de los crímenes contra los miembros de la prensa, así como los amplios vínculos entre la delincuencia organizada, la corrupción y las instituciones del Estado.

En el informe, el consorcio reexamina el caso del periodista radial Humberto Coronel, asesinado a tiros cuando salía de su lugar de trabajo en Radio Amambay, en Pedro Juan Caballero, en septiembre de 2022. Coronel se convirtió así en el 18.º periodista asesinado en Paraguay desde 1991. También analiza detalladamente la muerte de Santiago Leguizamón, asesinado en 1991, mientras cubría casos de delincuencia organizada en la misma ciudad. Su caso dio lugar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022, que declaró a Paraguay responsable por no haber investigado los hechos. Entre los miembros de la prensa asesinados también figura la periodista radial Yamila Cantero, asesinada en 2002, y el periodista Lourenço Léo Veras, en 2020. Las familias de las víctimas denunciaron que la Fiscalía descuidó fases básicas de la investigación, extravió expedientes y rara vez les proporcionó información actualizada.

El consorcio también documentó cómo el Ministerio Público ignoró repetidamente las solicitudes de cooperación de países vecinos en investigaciones sobre delincuencia organizada transfronteriza. En el caso de Veras, su esposa, que era un testigo directo, aseguró que nunca la llamaron a declarar. Su compañero, el periodista Cándido Figueredo, sufrió amenazas de muerte constantes y acabó huyendo del país tras el asesinato de Veras.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) no ha señalado nuevos casos de asesinato de profesionales del periodismo en Paraguay desde 2023. Pese a esto, la organización sin fines de lucro de Asunción, Mesa de Seguridad para Periodistas, ha registrado más de cuatrocientas agresiones contra el gremio desde 1991. José Pepe Costa, director de la entidad, destacó que en alrededor del 90 % de los casos no se logra identificar a los autores intelectuales, y que quienes informan sobre casos de delincuencia organizada corren grandes riesgos, especialmente en las zonas fronterizas.

Paraguay figura en el puesto 84 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025 de Reporteros Sin Fronteras. Los profesionales del periodismo se enfrentan a riesgos estructurales y muchos se autocensuran para protegerse. A pesar de estas condiciones y de la frecuente ausencia de mecanismos de protección adecuados, la investigación de los casos de corrupción y delincuencia organizada no ha cesado.

El proyecto de ley de protección de datos podría reducir la transparencia

El 6 de agosto de 2025, el Senado aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (expediente D-2162170) y lo devolvió a la Cámara de Diputados. A pesar de que la ley busca establecer un marco para la protección de los datos personales y crear una nueva agencia nacional, el artículo 24 autoriza a las instituciones públicas a retener información que se considere sensible.

Sus detractores aseguran que esto permitiría ocultar detalles sobre los salarios del funcionariado público o sobre su historial de rendimiento. La Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) advirtió que la disposición restringirá el acceso de la presa a registros públicos clave y podría facilitar la corrupción.

A fines de julio de 2025, la SPP, Alma Cívica, la Asociación de Tecnología Educación Desarrollo Investigación y Comunicación (TEDIC) y otras organizaciones de la sociedad civil paraguaya expresaron su preocupación por el hecho de que el Legislativo estuviera trabajando con una versión antigua del proyecto e ignorando las normas internacionales.

Subrayaron que el derecho a la transparencia y la privacidad son complementarios. Asimismo, el hecho de que la ley defina de forma amplia el concepto de “datos sensibles” y permita que sean las instituciones públicas quienes decidan qué informaciones se consideran como tales otorga a todo el Estado un poder discrecional para limitar el acceso a la información. Las organizaciones también argumentaron que, sin una modificación sustancial, la ley podría erosionar la rendición de cuentas y debilitar la lucha contra la corrupción.

Anulan la prohibición de informar sobre un concejal involucrado en un caso de robo de ganado

El 2 de julio de 2025, un tribunal de apelación revocó una medida cautelar que prohibía a los periodistas César Candia y Alberto Núñez informar sobre el proceso judicial en el que está implicado el concejal municipal Julio Vera, acusado de un presunto delito de abigeato. Gracias a esta decisión, los periodistas podrán volver a publicar la información sobre el caso que habían obtenido de fuentes oficiales. Como ya informamos, la medida cautelar, dictada el 26 de junio de 2025 por un juez de Curuguaty, prohibió a ambos periodistas cubrir el proceso judicial.

Reunión pacífica

La policía dispara balas de goma y hiere a miembros del estudiantado durante una protesta

El 28 de agosto de 2025, estudiantes universitarios de Canindeyú organizaron una protesta contra las deficiencias del transporte público. Varias unidades de la Policía Nacional y antimotines disolvieron la manifestación y dispararon balas de goma contra la multitud. Según información publicada por la prensa, varios miembros del estudiantado resultaron heridos.

El alumnado denunció la inseguridad de los vehículos y la escasez de rutas para conectar las zonas rurales con los centros educativos, una situación que dificulta directamente el acceso a las clases y las actividades académicas.

Las protestas de las comunidades indígenas para la destitución del presidente del Indi se prolongan durante semanas

En los últimos dos meses, las comunidades indígenas paraguayas han protagonizado una serie de protestas que han puesto de manifiesto su profunda frustración con las instituciones del Estado y han servido para reiterar sus llamamientos para que se respeten sus derechos.

El 8 de julio de 2025, unos 750 miembros de comunidades indígenas se concentraron frente a la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en Asunción, para exigir la destitución de su presidente, Juan Ramón Benegas. Cortaron un tramo considerable de la avenida Artigas, una de las arterias más concurridas de la capital, obligando al municipio a desviar el tráfico.

Personas manifestantes de todo el país se trasladaron durante la noche a la capital y acamparon frente a la institución en señal de resistencia. “Pedimos al presidente de la República que lo destituya. Venimos con nuestras demandas, pero no recibimos ni respuesta ni apoyo”, explicó en guaraní un manifestante a medios locales.

La acción marcó el inicio de una movilización constante que se extendió al resto del país. El 18 y el 20 de agosto de 2025, en la localidad de Guayaybí, grupos indígenas intensificaron sus actos de protesta y volvieron a reclamar la destitución de Benegas. Los medios de comunicación informaron que las personas manifestantes se negaron a poner fin a los cortes de vías, una señal clara del endurecimiento de sus posiciones a medida que pasan las semanas sin concesiones por parte del Gobierno.

Los bloqueos continuaron hasta el 1 de septiembre de 2025, día en que las comunidades obstruyeron el cruce Guaica, en el distrito de Santaní, para reclamar, una vez más, la destitución de Benegas y denunciar el incumplimiento, por parte del Gobierno, de los compromisos contraídos con los pueblos indígenas. Los liderazgos indígenas insistieron en que la protesta continuaría hasta que las autoridades les dieran respuestas concretas.

La duración de los cortes puso de manifiesto la desconfianza existente entre las comunidades indígenas y las instituciones estatales. Las personas manifestantes denunciaron que las autoridades no han cumplido sus promesas y que tampoco les han pedido su opinión.

Las víctimas de la “mafia de los pagarés” exigen justicia y responsabilidades

El 15 de julio de 2025, miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés se manifestaron frente a la sede de la Corte Suprema en Asunción. Entregaron una nota en la que pidieron una audiencia con los ministros de la Corte y anunciaron que comenzarían una vigilia la semana siguiente, ya que no habían recibido respuesta a otras dos peticiones. Las personas manifestantes aseguraron que representan a unas 17 000 presuntas víctimas de todo el país, de las cuales al menos quince se habrían suicidado a raíz de la trama financiera.

Los acreedores de la “mafia de los pagarés” hacían que particulares firmasen pagarés que posteriormente eran manipulados, inflados o ejecutados mediante procedimientos judiciales abusivos. Las víctimas alegan que los acreedores y los actores jurídicos se confabulan para atrapar a las personas deudoras en ciclos de deudas impagables que las llevan a perder sus bienes, a sufrir acoso e, incluso, en casos extremos, a quitarse la vida.

Pedro Coronel, portavoz del grupo, aseguró que las personas manifestantes eran conscientes de que no poseían los conocimientos jurídicos que tienen los miembros de la Corte, pero que se veían obligadas a utilizar todos los medios a su alcance para ser escuchadas. “La situación nos obliga a pedir audiencias, a ser escuchados”, insistió ante miembros de la prensa.

La policía interviene durante una peregrinación

El 16 de julio de 2025, miembros de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar) llevaron a cabo una peregrinación que aunó oraciones y manifestaciones públicas de fe con peticiones a favor de la justicia social y la reforma del deficiente sistema de transporte público del país. Durante la marcha pacífica, las personas participantes portaron pancartas en las que expresaban dichas preocupaciones. Según la Conferpar, agentes de policía intentaron censurar uno de los carteles, lo que provocó fuertes críticas de los organizadores.

En un comunicado, la Conferpar rechazó las afirmaciones de las autoridades, según las cuales, la exhibición de un cartel a favor de la reforma del transporte “contaminaba” el acto religioso. Destacaron que la peregrinación era a la vez un acto espiritual y social, y reflejaba los problemas cotidianos del pueblo paraguayo. Según la organización, los cánticos, las oraciones, los silencios y las pancartas durante la marcha eran medios para expresar su fe y su compromiso con los más humildes.

La organización también condenó la intervención policial, a la que calificó de intento de censura de un acto de protesta legítimo en un contexto pacífico, religioso y respetuoso. Asimismo, criticó que las autoridades hubieran negado la existencia de la intervención y no hubieran iniciado una investigación de oficio, trasladando, en la práctica, la obligación de denunciar los hechos a la ciudadanía.