Dos miembros del cuerpo de bomberos detenidos por un video satírico

Reunión Pacífica

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 894 protestas a lo largo de agosto de 2018, un aumento del 20 % en comparación con agosto de 2017. El 88% de las protestas estaban relacionadas con los derechos sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, con los derechos laborales, que motivaron 347 protestas. En septiembre de 2018, la organización documentó 983 protestas.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) convocó el pasado 9 de octubre de 2018 a una huelga nacional de profesores universitarios para exigir un salario digno y una infraestructura adecuada. 

El 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que expresa su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el país e "insta al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos". Las organizaciones de derechos humanos acogieron con satisfacción la "primera resolución del Consejo en concentrar la atención en Venezuela, un estado que ha hecho grandes esfuerzos a lo largo de los años para evitar el escrutinio a nivel internacional, mientras buscaba activamente debilitar los mecanismos de derechos humanos de la ONU". Human Rights Watch declaró:

"La adopción, con amplio apoyo, de esta resolución permitirá que el Consejo de Derechos Humanos preste atención a la trágica situación en Venezuela y presione al gobierno de Maduro para que aborde la crisis humanitaria y los abusos de los que es responsable.”

 Asociación

Amnistía Internacional publicó el informe: Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, donde se afirma que el Estado "no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares" y que responder a la delincuencia con métodos militares represivos ha ocasionado "graves violaciones a derechos humanos y, en especial, ejecuciones extrajudiciales." El número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha aumentado en Venezuela entre 2012 y 2016, alcanzando su máximo en 2016 con 2.379 casos documentados.

Por otro lado, tras la muerte del concejal Fernando Albán el 9 de octubre toda la atención se centró en el trato que el gobierno dispensa a los líderes de la oposición mientras se encuentran detenidos. El 4 de octubre de 2018, Albán fue detenido en el aeropuerto a su llegada de Nueva York, donde participó en varias reuniones en el marco de la Asamblea General de la ONU. Se le acusa de haber participado en el ataque del 4 de agosto de 2018 contra el presidente Maduro durante un desfile militar. Tras 48 horas de detención, su cuerpo fue hallado en las inmediaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el gobierno afirmó que se había suicidado. Los familiares de Albán y los líderes de la oposición rechazaron esta explicación y exigieron una investigación independiente dado que no se revelaron los resultados de la autopsia. Las OSC locales expresaron su preocupación por el caso y por las "condiciones irregulares de privación de libertad y la situación anómala que ocasionó la pérdida de la vida del concejal Fernando Albán en una instalación del SEBIN, denunciada como centro de torturas y malos tratos contra detenidos". 

En otro caso, el 12 de octubre de 2018 fue puesto en libertad Lorent Saleh, un activista de la oposición que había estado detenido durante cuatro años acusado de varios delitos, como la divulgación de información falsa que causa "zozobra", la falsificación de documentos de identidad venezolanos para colombianos y la participación en una conspiración contra el gobierno. Los informes indican que lo escoltaron hasta el aeropuerto y que lo embarcaron en un vuelo hacia Madrid. Fuera de la prisión, a la espera de la liberación de su hijo, la madre de Saleh afirmó:

"No sabía nada de esto. Pensé que me lo iban a entregar aquí, pero está en libertad que es lo importante."

Expresión

El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) realizó una investigación que identificó un patrón de censura en línea a partir de los bloqueos intermitentes que sufren los sitios de noticias en momentos específicos en función de la ubicación geográfica de los usuarios. 

En septiembre de 2018 se produjeron varias violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. El 10 de septiembre de 2018, el periodista Jefferson Civira fue detenido brevemente por miembros de la Guardia Nacional (cuerpo militar) mientras realizaba una investigación en un mercado. Las autoridades afirmaron que la zona estaba "militarizada" y que, por lo tanto, Civira no podía trabajar allí. El 12 de septiembre de 2018, agentes de policía detuvieron al camarógrafo Edgar Hernández mientras grababa en una estación de metro con fuerte presencia policial. Las autoridades le preguntaron si los vídeos habían sido publicados en las redes sociales y posteriormente procedieron a quitarle el teléfono y a borrar la información.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) emitió una orden que prohíbe a cuatro periodistas publicar y difundir información "contra el honor y la reputación" de Alex Nain Saab, a quien varios periodistas habían vinculado con un esquema de corrupción relacionado con el programa gubernamental de distribución de alimentos en una publicación anterior.

El 12 de septiembre de 2018, dos miembros del cuerpo de bomberos, Carlos Julio Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra, fueron detenidos por la publicación de un vídeo satírico en el que comparaban al presidente Maduro con un burro. Gracia y Parra fueron acusados de "incitación al odio."