Colombia: personas defensoras y líderes locales afectados por la violencia en las zonas rurales

Tras una segunda vuelta muy reñida, el 19 de julio de 2022 fue elegido presidente de Colombia Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico. Petro es economista, cuenta con una larga carrera política y también es conocido por haber pertenecido al movimiento guerrillero M19. Ha sido alcalde de Bogotá, senador y representante en la cámara baja del Congreso. La vicepresidenta de Petro será Francia Márquez, una defensora de los derechos humanos y del medioambiente que hizo campaña contra la minería ilegal en las tierras ancestrales de la comunidad afrocolombiana de La Toma. Ambos tomaron posesión de su cargo el 7 de agosto de 2022.

Asociación

Aumenta la violencia en las zonas rurales

El 26 de julio de 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe sobre el aumento de la violencia en las zonas rurales de Colombia. Según su análisis, la violencia se redujo de forma drástica tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, pero volvió a aumentar a medida que grupos armados no estatales y organizaciones criminales ampliaron su presencia, especialmente durante los últimos dos años. Los actos violentos de estos grupos está teniendo un impacto devastador, especialmente en las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, los líderes comunitarios y los defensores de los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia aseguró haber constatado el asesinato de cien personas defensoras de los derechos humanos en 2021. La Oficina recibió información sobre ciento catorce asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos durante los primeros seis meses de 2022.

Según el informe, frente a esta situación, el Estado recurrió a la vía militar, pero no ha logrado detener la expansión de los grupos armados ilegales. El organismo de la ONU pidió al Gobierno colombiano que impulsara el desarrollo rural y tomara medidas para animar a los grupos ilegales a disolverse y desarmarse. La representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia Juliette de Rivero afirmó:

"La estrategia de seguridad del Estado debe centrarse en la protección de la población civil y la prevención y, al mismo tiempo, abordar las causas estructurales de la violencia".

Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil informaron de que por lo menos veinte defensores indígenas y líderes comunitarios locales habían sido asesinados entre mayo y junio de 2022. Estos son algunos de estos casos:

El 14 de mayo, dos líderes indígenas fueron asesinados de forma violenta y por separado. Se trata de Socio Fernando Domicó, músico, profesor y defensor embera eyábida del resguardo de Choromandó, Antioquia, donde vivía y participaba en varios proyectos comunitarios, y de Edgar Quintero, asesinado a tiros cuando salía de su vivienda en Lomitas, municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Fue presidente de la Junta de Acción Comunal de Lomitas y dirigió y participó en programas locales de reparación comunitaria y de restitución de tierras.

Las juntas de acción comunitaria son organizaciones cívicas locales que fueron creadas para promover el desarrollo en territorios específicos. En mayo y junio de 2022 fueron asesinados varios líderes de estas organizaciones en todo el país, entre ellos, Alexander Espinosa Valencia en el Valle del Cauca, Elizabeth Mendoza en Tolima, Alconides Vallejo Álvarez y Danilo de Jesús Madrid López en Antioquia, Jhon Jerson Camacho Barrera en Arauca, Harold Vicente Herazo Castaño en Córdoba y Roberto Carlos Ribas en Cauca.

El 31 de mayo de 2022 fueron hallados los restos mortales de Edison Gómez Ortiz, profesor y líder indígena murui. Su muerte se produjo después de que grupos armados amenazaran a su comunidad en Solano, Caquetá. Las amenazas estaban relacionadas con la participación de los miembros de la comunidad en las elecciones. Ortiz había defendido el derecho de los niños indígenas a una educación diferencial.

El 7 de junio de 2022 fue asesinada en Cali, Valle del Cauca, la líder afrocolombiana Jesusita Moreno, de la comunidad de Noanamá. Moreno, conocida como doña Tuta, defendía el derecho a la tierra en San Juan, al sur del Chocó, promovió la paz y buscó soluciones para los desplazamientos provocados por el conflicto armado en la región.

El 8 de junio de 2022 fue asesinado el defensor de los derechos de las personas LGBTQIA+ Óscar Parada Torres en Engativá, un distrito de Bogotá. Según el grupo de la sociedad civil Indepaz, grupos armados operan en la zona y los moradores padecen amenazas, homicidios, extorsiones y restricciones de movimiento, entre otros tipos de violencia.

El 10 de junio de 2022 se denunció el asesinato de tres personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales. Se trata de Clara Isabel Samudio Perafán, líder campesina de San Joaquín, municipio de Mercaderes, departamento de Cauca; José Ernesto Cuetia Yajue, líder indígena, médico tradicional y representante de la organización caritativa Fundación Sonrisas Vidas Sin Fronteras en el Valle del Cauca, y Julio César Ojeda Jara, profesor, líder sindical y secretario de derechos humanos de la subdirección de Sindicato Único de Trabajadores Educadores del Valle (Sutev) en el Valle del Cauca.

El 13 de junio de 2022 fue hallado el cuerpo sin vida del líder indígena Jesús Antonio Montano Tumiña de la comunidad Misak en el Cauca; llevaba desaparecido desde el 5 de junio. Poco antes había denunciado que los pobladores de Popayán habían recibido amenazas de grupos armados. Por otra parte, el joven defensor del medioambiente Julián David Ochoa fue asesinado en un ataque armado el 27 de junio en Antioquia. La pareja y el padre de Ochoa también habrían resultado heridos durante el ataque. Ochoa había hecho campaña a favor de Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales. Asimismo, el 27 de junio fue asesinado en Saravena, Arauca, Leonardo Mora Calderón, sindicalista y vicepresidente de la Asociación de Soldadores de Arauca.

Crisis humanitaria en el departamento del Chocó

El 3 de mayo de 2022, la coalición de la sociedad civil Espacio de Cooperación para la Paz (ECP) publicó un comunicado sobre la profundización de la crisis humanitaria en el departamento de Chocó. La formación afirmó que la reconfiguración del conflicto armado en la región, el abandono gubernamental y la aplicación lenta del Acuerdo de Paz de 2016 han generado una crisis humanitaria y de derechos humanos compleja. ECP aseguró que el conflicto armado pone en riesgo a las comunidades campesinas, negras e indígenas de Chocó. La coalición instó al Estado a aplicar medidas eficaces para proteger la vida de los líderes sociales, de los firmantes del Acuerdo de Paz, de las personas defensores de derechos humanos y de los miembros de sus comunidades y organizaciones.

Reunión pacífica

Manifestaciones en el aniversario del paro nacional de 2021

El 28 de abril de 2022 se organizaron manifestaciones en toda Colombia con motivo del primer aniversario del paro nacional de 2021. La mayoría de los actos conmemorativos se desarrollaron de forma pacífica. En Cali hubo una marcha y se celebró una vigilia por las personas asesinadas durante las protestas de 2021. Se registraron incidentes menores en Bogotá, Medellín y Popayán, y cuarenta manifestantes fueron detenidos.

Hace un año, miles de personas se echaron a las calles para protestar contra una reforma fiscal. El paro se prolongó durante casi tres meses, creció e incorporó otras quejas relacionadas con las políticas económicas y sociales del Gobierno de Iván Duque. Organizaciones de derechos humanos hicieron un seguimiento de los hechos y concluyeron que durante los dos primeros meses de manifestaciones fueron asesinadas 75 personas y más de 1 800 fueron detenidas de forma arbitraria.

Expresión

La labor periodística en el atolladero

El 14 de mayo de 2022, Luis Ángel, corresponsal del diario brasileño O Globo, fue detenido en Barú, Cartagena, cuando informaba sobre el asesinato de Marcelo Pecci, un fiscal paraguayo asesinado en Barú el 10 de mayo de 2022. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó un video de la detención en el que se escucha a Ángel y la periodista María Luna Mendoza decir a los policías que están haciendo un reportaje. La FLIP denunció que los agentes habían actuado de forma irregular y solicitó que se investigaran los hechos. La policía alegó que ambos periodistas se negaron a facilitar los documentos de identidad que les habían pedido. Ángel refutó esta versión afirmando que les había entregado su cédula y su carnet de periodista. También explicó que los agentes los amenazaron con imponerles un comparendo y abriles una investigación.

En mayo de 2022, la FLIP expresó su preocupación por las limitaciones reiteradas que imponen jueces y autoridades al acceso de la prensa a las audiencias judiciales. Por ejemplo, el 16 de mayo de 2022, no se permitió a los medios de comunicación acceder a la audiencia de imputación de un hombre acusado de disparar contra manifestantes en Cali durante el paro nacional de 2021. El juez explicó que impuso dicha restricción para garantizar la seguridad del acusado. La FLIP argumentó que la limitación de la cobertura periodística puede constituir una forma de censura previa y que las restricciones de acceso a la prensa a procedimientos judiciales u oficiales deben ser proporcionadas y estar justificadas.

De forma similar, el 6 de junio de 2022, un juez negó el acceso a la prensa a una audiencia virtual del caso de tres policías acusados de emplear una fuerza excesiva contra manifestantes del paro nacional en Siloé, Cali, en mayo de 2021. Según la FLIP, el juez alegó que había problemas técnicos y no permitió que hubiera espectadores en la sala.

En junio de 2022, la FLIP también informó de que ocho periodistas se habían quejado de las continuas dificultades para acceder a información procedente de la Fiscalía. Al parecer, el ministerio público no habría respondido a solicitudes de información sobre temas delicados, como las investigaciones sobre las desapariciones forzadas durante el paro nacional de 2021. La directora de comunicaciones de la Fiscalía también habría bloqueado a algunos periodistas en WhatsApp y se habría negado a trabajar con un periodista en particular.

Amenazas y agresiones a periodistas

El 23 de mayo fueron agredidos dos periodistas mientras cubrían el cierre de campaña del candidato a la presidencia Federico Gutiérrez en Medellín. El portal de noticias La Silla Vacía informó de que su corresponsal Brayan Agudelo se vio obligado a abandonar el mitin electoral después de que un grupo de partidarios de Gutiérrez empezara a gritarle. Según dicho medio, el suceso se produjo después de que un simpatizante preguntara a Agudelo si le pagaban por hacer fotografías y de que el reportero se identificara como prensa. Los simpatizantes también rodearon a otra periodista y le gritaron improperios. Al parecer, una persona de la multitud intentó sacarla del mitin por la fuerza.

A principios de junio de 2022, dos periodistas de Cartagena denunciaron haber recibido amenazas anónimas. El presentador del programa de radio La Verdad Germán Teherán recibió una amenaza telefónica en directo. Quien llamó dijo hablar en nombre del cártel Clan del Golfo e insistió en que necesitaba hablar con Teherán en privado para comunicarle un mensaje urgente. Por otro lado, Carlos Figueroa, periodista y director del portal de noticias Ideas Políticas, recibió una amenaza de muerte por teléfono. En este caso, quien llamó hizo referencia a los escritos de Figueroa sobre el Consejo Gremial de Bolívar y le advirtió que si no dejaba de informar "no pasaría del mes".

Ciberataque a un medio de comunicación

El 22 de mayo de 2022, la emisora Caracol Televisión publicó un comunicado en el que hizo saber que su sistema informático había sido víctima de un ataque. Según el medio, el ataque afectó a varios programas de diseño y gráficos, y aplicaciones informáticas, pero no comprometió el contenido informativo. Al parecer, los hackers usaron un programa malicioso cuyo objetivo es secuestrar el acceso a sistemas o dispositivos para luego exigir un pago a sus propietarios. La Fiscalía General de la Nación aseguró que investigaría el ciberataque.