Colombia: cuatro periodistas fueron asesinados en el segundo semestre de 2022

Asociación

En diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia anunció que 199 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas durante los primeros 11 meses de ese año. “Es una cifra alarmante y sin precedentes, la más elevada desde 2016, cuando empezamos a llevar registros”, aseguró Carlos Camargo, defensor del pueblo. Explicó que la violencia está relacionada con las actividades de grupos armados ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

Si bien estas cifras divergen ligeramente de las que obtuvo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz mediante sus labores de seguimiento, la organización destacó la tremenda violencia que padecen los líderes sociales y las personas defensoras de los derechos humanos. El Instituto registró 189 homicidios en 2022, de los cuales por lo menos 71 fueron perpetrados entre agosto y diciembre. La mayoría tuvieron lugar en los departamentos de Cauca y Nariño. Las principales víctimas fueron los líderes comunitarios, seguidas de los líderes indígenas.

Estos son algunos de los homicidios que produjeron en el segundo semestre:

El 14 de octubre de 2022 fue asesinado a tiros Álvaro Bailarín Sapia, líder social indígena del pueblo embera eyabida y gobernador de la comunidad Resguardo Valle de Pérdidas de Antioquia. Días después, el 28 de octubre de 2022, atacantes armados siguieron a Yeimi Chocué, tesorera del Consejo Indígena de Chimborazo, y la asesinaron en su domicilio. En ese periodo también fueron asesinados Carlos Alberto García, de la comunidad de Pilvicito de Nariño, y Juvencio Cerquera, del resguardo Paletará en el departamento de Cauca; ambos eran miembros de guardias indígenas. Según Indepaz, el asesinato de Cerquera se produjo en el marco de tensiones entre los pueblos indígenas de la región y una empresa cartonera multinacional.

Varios líderes comunitarios y miembros de juntas de acción comunal también fueron blanco de ataques. El 21 de septiembre de 2022 fue asesinado líder campesino Frai Torres, tesorero de la Junta de Acción Comunal de Nueva América de Palmor de la Sierra, Magdalena. El 28 de septiembre de 2022 fue asesinado Dinael González Criado, miembro de la Junta de Acción Comunal de Campo Seis, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. El 21 de octubre de 2022 fue asesinado Gildardo Alonso Ríos, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de La Primavera, en el área rural del municipio de Fortul, Arauca.

El 30 de octubre de 2022 fue asesinado Johnny Agudelo, mediador en un conflicto por tierras en Las Cayenas, Barranquilla. Un individuo accedió a una reunión entre líderes locales, preguntó por él y acto seguido le disparó. Ese mismo día, atacantes armados asesinaron los hermanos Jonás Carabalí y Faustino Carabalí, dos líderes afrocolombianos del sur de Nariño. Ambos defendían los derechos colectivos a la tierra de las comunidades afrocolombianas y habían fundado la Asociación de Consejos Comunitarios Afroamazónicos de las Riveras del Río San Miguel en Nariño.

El 26 de noviembre de 2022 fue asesinado el sindicalista Nicodemus Luna Mosquera y su sobrino en La Guajira. Mosquera había dirigido la Unión Sindical Obrera de Tibú, en el Norte de Santander, y era miembro de la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia.

El 21 de diciembre de 2022 fue asesinado a tiros en Armenia, Quindío, el militante José Ricaurte Quintero Marín. Dirigía la Fundación Supervivientes de Maná, un grupo defensor de los derechos humanos que representa a los familiares de víctimas de desaparición forzada.

Amenazas y agresiones contra líderes indígenas

El 8 de septiembre de 2022, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicó un comunicado en el que condenó las amenazas contra la vida y la integridad de los líderes indígenas del Valle del Cauca. La agrupación explicó que los líderes de la organización regional indígena de autogobierno ORIVAC reciben amenazas constantemente y por ello pidió a la Unidad Nacional de Protección la adopción de un trámite de emergencia por riesgos inminentes y excepcionales para que se apliquen medidas efectivas y eficaces para protegerlos. La ONIC también rechazó la presencia de grupos armados en territorios ancestrales, el uso de artefactos explosivos como minas antipersona en sus tierras y las violaciones de derechos humanos que padecen los pueblos indígenas.

Por otro lado, el 29 de octubre de 2022, la ONIC expresó su solidaridad con Aida Marina Quilcué Vivas, líder indígena, senadora y exasesora en materia de derechos humanos de la ONIC, quien fue víctima de un ataque mientras viajaba por Tierradentro, Cauca, después de asistir a una reunión con autoridades indígenas en el municipio de Caldono. Individuos armados a bordo de motocicletas dispararon varias veces contra vehículo en el que se hallaba. La ONIC denunció el atentado contra Quilcué y pidió a las instituciones gubernamentales que tomen todas las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.

Ataque contra personas defensoras de los derechos humanos

En diciembre de 2022, el grupo de la sociedad civil Programa Somos Defensores hizo saber que, según sus registros, entre enero y septiembre de 2022 se vulneraron los derechos de 621 personas defensoras de derechos humanos. Las violaciones más frecuentes fueron las amenazas, seguidas de los asesinatos y las agresiones físicas. También documentaron casos de desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas, criminalización y detenciones arbitrarias.

Estigmatizan a personas defensoras de los derechos humanos

En noviembre de 2022, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) difundió un panfleto en el que acusó a la defensora de los derechos humanos Sonia López de pertenecer al ELN. En ese mismo documento, también acusaron a la Fundación de Derechos Humanos Josef Sierra, de la que López es dirigente, de actuar como el “brazo legal” del ELN. La Fundación rechazó esas acusaciones, condenó la estigmatización de López y las amenazas hacia su persona, y exigió al Gobierno que desmantelara ambos grupos armados. Otras organizaciones como la Asociación MINGA también condenaron la estigmatización de los líderes sociales de Arauca.

El 21 de noviembre de 2022, la revista Semana publicó una entrevista con la senadora de extrema derecha María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático en la que hizo declaraciones estigmatizantes contra el grupo de la sociedad civil Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y sus miembros. La senadora aseguró que dicha organización era una “ONG mentirosa” y estigmatizó a sus dirigentes. También hizo afirmaciones falsas contra la senadora y exdirectora de la Asociación MINGA Gloria Flórez. Ambas agrupaciones publicaron un comunicado conjunto en el que rechazaron las acusaciones “temerarias e infundadas” de Cabal. A principios de diciembre, la senadora volvió a hacer nuevas declaraciones estigmatizantes en Twitter en las que atacó al sacerdote jesuita Javier Giraldo, fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Expresión

Asesinan a cuatro periodistas colombianos

Cuatro periodistas fueron asesinados entre agosto y diciembre de 2022, durante una segunda mitad de año particularmente violenta para la prensa colombiana.

El 28 de agosto de 2022 fueron asesinados a tiros los periodistas Dilia Contreras Cantillo y Leiner Montero Ortega cerca de la ciudad de Fundación, en el departamento de Magdalena. Ambos viajaban a bordo de un automóvil y venían de cubrir un evento en el municipio de Santa Rosa de Lima. Durante el trayecto, dos individuos en moto que dispararon contra el vehículo, mataron a ambos periodistas e hirieron a una tercera persona. Leiner Montero administraba la página de Facebook Leiner Montero Historias y dirigía la emisora de radio Sol Digital Stereo. Contreras colaboraba con varios medios de comunicación, entre ellos RCN Radio, El Informador, Hoy Diario y Voces.

Reporteros sin Fronteras (RSF) informó que, al llegar a Santa Rosa de Lima, Montero y Contreras discutieron con el hermano de un jefe paramilitar local que los amenazó. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también denunció que Montero había recibido amenazas durante los últimos dos años, sobre todo en los últimos seis meses. Un sospechoso fue detenido días después de los asesinatos; sin embargo, la policía no facilitó información adicional sobre el móvil del ataque.

El 16 de octubre de 2022, dos asaltantes a bordo de una motocicleta mataron a tiros al periodista Rafael Emiro Moreno mientras se encontraba en un restaurante de Montelíbano, Córdoba. Moreno dirigía el medio digital Voces de Cordóba. El International Press Institute señaló que llevaba recibiendo amenazas desde 2019 por su cobertura de casos de corrupción y de actividades de grupos armados ilegales. Moreno estaba inscrito en el programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2019, pero 2020 la entidad redujo las medidas de seguridad que se le habían concedido. En 2022, tras recibir amenazas de muerte, el periodista solicitó que se reforzaran dichas medidas de protección; no obstante, cuando se produjo su asesinato, la UNP aún no había respondido a su demanda.

La FLIP se comprometió a continuar la labor de Moreno y recordó que “su liderazgo periodístico inspiró a más colegas, desafió a los poderosos y los violentos, y lo convirtió en una de las principales voces de su región”. En noviembre, la Fundación ya había alertado de las amenazas constantes contra otros periodistas que trabajaban con Moreno en Córdoba. La FLIP destacó el caso del periodista del Sur de Córdoba Walter Álvarez, quien recibió amenazas de muerte y cuya hija también fue blanco de amenazas.

Por otro lado, el 28 de noviembre de 2022, el periodista Wilder Córdoba fue asesinado a tiros mientras hacía un reportaje en el pueblo de El Salado, en el departamento de Nariño. Córdoba era director de La Unión TV, un canal local de La Unión desde el cual informaba a menudo sobre la delincuencia y casos corrupción en esa localidad. Según el Comité por la Protección de los Periodistas (CPJ), la policía descartó que el móvil del crimen fuera el robo, ya que los agresores no se llevaron los efectos personales del periodista.

Violencia de género contra mujeres periodistas

En noviembre de 2022, un profesor universitario acosó a una periodista enviándole mensajes inapropiados tras una entrevista. La periodista María del Pilar Aguilar y una colega entrevistaron al excandidato al Senado de Fuerza Ciudadana Gilberto Tobón para el programa Palabras mayores. El 9 de noviembre de 2022, Aguilar publicó capturas de pantalla de los mensajes que Tobón le envió después del encuentro en los que acusó a ambas periodistas de aliarse contra él. Tobón empleó un lenguaje sexista e insultante para injuriarla y la trató de “obesa coqueta”.

La FLIP condenó las palabras de Tobón y afirmó que debería disculparse y comprometerse a respetar la labor periodística. El grupo también pidió a Fuerza Ciudadana que rechazara públicamente dichas afirmaciones. La FLIP también desveló que había documentado 17 casos de agresiones contra mujeres periodistas en 2022. Asimismo, la organización informó que registró 44 casos de violencia de género contra mujeres periodistas entre 2020 y 2022.

Polémica por un borrador de la ley sobre la política criminal

En noviembre de 2022, la filtración de un artículo de un proyecto de ley para la reforma de la política criminal desató la polémica. El proyecto de ley que prepara el Ministerio de Justicia contiene un artículo que establece una estrategia para dar a conocer la política penal a través de la prensa; de aprobarse, las emisoras de radio y las cadenas de televisión estarían obligadas a llevar a cabo campañas para “humanizar” la política penal y concienciar sobre el potencial de la justicia restaurativa. La FM señaló que el texto establece que dichos contenidos podrían ser desarrollados directamente por los medios de comunicación, pero deberán contar con la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal.

El ministro de Justicia Néstor Osuna confirmó que el artículo formaba parte de un borrador del proyecto de ley que se presentará oficialmente en marzo de 2023, pero aclaró que fue reformulado tras las críticas de expertos. Organizaciones de prensa y medios de comunicación habían allegado que la propuesta instauraría un mecanismo de censura previa que limitaría la libertad de expresión. Osuna explicó que la nueva versión del artículo facultará al Consejo Superior a dar su opinión sobre los contenidos, pero no podrá reprobarlos.

A pesar de las modificaciones, la FLIP advirtió que persistirá el riesgo de una censura previa y que sigue sin precisarse el alcance de los conceptos que incorpora el proyecto de ley. La agrupación afirmó: “Hay una línea muy delgada entre la sensibilización sobre la política criminal y obligar a los medios a publicar contenido específico sobre ella. Los medios no están en la obligación de ser ‘aliados’ del Gobierno”.

El Estado colombiano incumple la sentencia de la Corte Interamericana

En una declaración conjunta publicada el 18 de octubre de 2022, grupos de la sociedad civil denunciaron que las autoridades habían hecho muy poco para avanzar en las investigaciones sobre el caso de la periodista Jineth Bedoya, un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara a su favor. Bedoya fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente en mayo del año 2000, cuando visitó una prisión de Bogotá para realizar una entrevista.

En 2021 la Corte declaró al Estado colombiano responsable de la violación del derecho de Bedoya a la integridad física, la libertad personal, la honra, la dignidad y la libertad de pensamiento y expresión. Entre otros, la Corte ordenó al Estado colombiano impulsar las investigaciones pendientes del caso, ejecutar las sanciones impuestas, aplicar medidas efectivas para la protección de las mujeres periodistas y pagar una indemnización a Jineth Bedoya y a Nelly Lima, su madre. Sin embargo, a pesar de que varias instituciones estatales han intentado aplicar algunas de estas medidas, la Fiscalía General de la República no habría investigado el caso ni las amenazas que Bedoya y su madre recibieron en los últimos años.

Reunión pacífica

Manifestaciones antigubernamentales

El 26 de septiembre de 2022, cincuenta días después de la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las reformas económicas y sociales propuestas por su Gobierno. Muchos manifestaron su oposición a una futura reforma fiscal que eliminará las exenciones y aumentará los impuestos a quienes ganen más de diez veces el salario mínimo. Los manifestantes también denunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, la subida del precio del combustible y los cambios propuestos al Código Electoral. Hubo protestas en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla.

Esta fue la primera de una serie de manifestaciones que se sucedieron a lo largo de varios meses en el marco de la campaña de oposición “No Más Petro”. El 15 de noviembre de 2022, los partidarios del Gobierno también organizaron actos para expresar su apoyo a las medidas adoptadas por Gustavo Petro durante los primeros meses de su mandato.

Una protesta de indígenas desplazados acabó en disturbios

El 19 de octubre de 2022, una manifestación encabezada por indígenas en Bogotá degeneró en actos violentos que se saldaron con 27 heridos. Los manifestantes eran miembros de comunidades indígenas desplazadas que protestaban contra las autoridades locales de la ciudad y las acusaban de haber incumplido los acuerdos que habían suscrito. Las Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB) llevaban meses alertando sobre la insalubridad y falta de inseguridad de los alojamientos que se habían proporcionado a familias indígenas, así como sobre la presunta negligencia del Gobierno en el suministro de alimentos y el incumplimiento de otros compromisos.

Medios de comunicación informaron que los manifestantes bloquearon el acceso a un edificio de una zona muy concurrida de la capital e intentaron invadir las instalaciones. Los manifestantes se enfrentaron a los agentes de policía con palos y piedras. En redes sociales circularon videos que muestran ataques violentos contra los agentes. La policía respondió disparando gases lacrimógenos. De los 27 heridos, 14 eran policías, 8 funcionarios y 5 civiles. Posteriormente, un miembro de las AIB relató que la violencia se desencadenó tras un intento de la policía de disolver la manifestación. También, reconoció los hechos y lamentó lo sucedido.

Manifestantes fueron víctimas de violencia de género

El 1 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional publicó una investigación que reveló prácticas violentas reiteradas y generalizadas contra mujeres, niños y personas LGBTIQ+ en el marco del paro nacional de 2021. La organización documentó 28 casos de violencia de género durante las protestas entre los cientos de denuncias que recibió de este tipo. La organización explicó que su investigación reveló el uso de violencia de género y sexual para reprimir las manifestaciones. Las mujeres, las niñas y las personas LGBTQIA+ fueron las principales afectadas. En el informe, Amnistía Internacional concluyó:

“El factor común en todos los casos es la intención con la que se ejerce la violencia: los perpetradores buscaron castigar a las víctimas por contrariar las normas sociales de género y salir a la calle a reclamar sus derechos”.