Chile celebró un plebiscito obligatorio el 4 de septiembre de 2022 para decidir si aprobaba la propuesta constitucional para sustituir a la Carta Magna actual, vigente desde la dictadura de Pinochet. Poco después de que cerraran las urnas, quedó claro que la mayoría de la población chilena había rechazado el texto constitucional progresista, obra de una Convención Constituyente convocada a raíz del estallido social de 2019.
Los datos oficiales revelaron que casi el 62 % de los chilenos rechazó el texto propuesto, mientras que solo el 38 % lo aceptó. Se trata de un margen más amplio que el que habían previsto las encuestas hace unos meses, si bien entonces ya se apreciaba una ventaja constante para el "rechazo".
La reprobación de la propuesta fue considerada como una derrota importante para el presidente Gabriel Boric, quien había mostrado su apoyo a la nueva Constitución. El 5 de septiembre, Boric afirmó que los resultados evidenciaron que el pueblo chileno "no estaba satisfecho con la propuesta constitucional". A pesar de esto, se comprometió a buscar una nueva vía y prometió que el proceso para modificar la Constitución chilena no ha acabado. Líderes del Congreso aseguraron que tienen la intención de avanzar rápidamente hacia una nueva Constitución que "una a todos los chilenos".
Asociación
Paro de los trabajadores de la industria del cobre
🔴 ¡AHORA!
— FTC (@FTCobre) June 15, 2022
Sindicatos de todas las divisiones de @codelco se manifiestan en el Congreso, a la espera de definiciones de la Comisión de Minería y Energía del @Senado_Chile en sesión que se está realizando en estos instantes y en la que participan los Sindicatos de Ventanas. pic.twitter.com/fVdx03Cd2B
El sindicato Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) comenzó un paro el 22 de junio de 2022. Días antes, la dirección de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, había anunciado la aprobación del cierre gradual de la fundición de Ventanas, en funcionamiento desde 1964. La empresa tomó la decisión después de que se produjera una serie de intoxicaciones por dióxido de azufre en junio de 2022, que afectaron a escolares y provocaron el cierre de las escuelas de la zona. La FTC expresó su solidaridad con las comunidades afectadas y exhortó al Gobierno a invertir para reducir el impacto medioambiental de las instalaciones, en lugar de respaldar su cierre para frenar la contaminación.
En el primer día de paro, los manifestantes bloquearon la entrada de seis instalaciones mineras en todo el país, mientras quemaban neumáticos y ondeaban banderas chilenas. La policía anunció la detención de dieciocho manifestantes. El sindicato levantó la huelga al día siguiente, después de que acordara participar en una mesa de trabajo junto con Codelco para abordar el futuro de la fundición y de su personal.
Reunión pacífica
Plan de reparación para las víctimas del levantamiento social de 2019
Desde Amnistía Internacional valoramos la instancia de hoy en el Palacio de La Moneda junto al presidente @gabrielboric y algunas víctimas de violaciones a los #DerechosHumanos ocurridas durante el #EstallidoSocial
— Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) August 3, 2022
Abrimos hilo...#OjosSobreChile pic.twitter.com/kpKqjpycxL
El 3 de agosto de 2022, el presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) para quienes sufrieron dichas lesiones durante el estallido social de 2019. Por lo menos 427 personas sufrieron un traumatismo ocular en dicho contexto. El objetivo declarado del proyecto es "ofrecer medidas inmediatas de atención integral" y transformar en política pública la "reparación en materia de salud". Entre otras, el plan incluye disposiciones para proporcionar a las víctimas asistencia sanitaria, tanto mental como física, ofrecer formación en derechos humanos al personal sanitario y promover la rehabilitación de los supervivientes y su reintegración en el mercado laboral.
El proyecto forma parte del programa del Gobierno para promover la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2019. El lanzamiento del plan también marcó el inicio de los procesos participativos de la Mesa de Reparación Integral, liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Expresión
Ataques a la prensa
CChDH presentó querella querella contra carabineros por apremios ilegítimos en contra de la periodista María Soledad Osorio #DDHH #Carabineros https://t.co/W7H46knu2t
— El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 25, 2022
Los periodistas que cubren las recurrentes protestas estudiantiles frente al Liceo de Aplicación de Santiago denunciaron haber sufrido actos de hostigamiento y agresiones. El 23 de mayo de 2022, la organización de prensa independiente Muros y Resistencia publicó un video en Twitter en el que se podía ver a agentes de policía empujando a periodistas independientes que intentaban grabarlos mientras hacían uso de la fuerza contra estudiantes. El 24 de junio de 2022, un grupo de jóvenes manifestantes agredió y acosó a un equipo de prensa de TVN que cubría otra movilización. El periodista Rodrigo Pérez del programa Tu día de Canal 13 relató que una joven se acercó a su equipo de prensa e intentó arrebatarles el micrófono y la cámara mientras grababan los enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Por otro lado, la periodista María Soledad Osorio hizo una denuncia pública contra funcionarios de Carabineros de la tenencia de Linderos, en Buin, provincia de Maipo, quienes la habrían agredido salvajemente el 15 de mayo de 2022. Osorio se encontraba en el lugar para hacer una denuncia por hostigamiento. La periodista contó que dos agentes la agredieron después de que les pidiera que modificaran elementos de su declaración y de se negara a firmar una versión incompleta que no reflejaba los hechos de forma fidedigna. "Me agarraron por los brazos, me azotaron contra la pared y me caí", declaró la periodista a los medios de comunicación. Osorio refirió que los golpes de los agentes le dejaron moratones en la cara, la cabeza, la caja torácica y las extremidades.
El Colegio de Periodistas de Chile publicó una declaración en la que denunció la agresión y expresó su "indignación y extrema preocupación" por el suceso. Pidió a las autoridades que investiguen el suceso y que impidan que las denuncias de abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad queden impunes. La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) formuló una querella por "apremios ilegítimos con lesiones simplemente graves" contra todos los policías implicados en la agresión.