Bolivia: una huelga paraliza el departamento de Santa Cruz durante más de un mes

Reunión pacífica

El 22 de octubre de 2022, grupos de civiles del departamento de Santa Cruz lanzaron un paro indefinido contra la postergación del censo de población y vivienda. Como ya informamos desde el CIVICUS Monitor, dichas agrupaciones arguyen que el uso de datos obsoletos repercute en la planificación del desarrollo y las asignaciones presupuestarias. Cabe destacar que los resultados del censo también determinan la atribución de escaños en el Parlamento y se espera que el próximo recuento refleje un crecimiento significativo de la población de Santa Cruz. El Comité Cívico Pro-Santa Cruz, el grupo conservador que convocó el paro, afirmó que el aplazamiento se debe a motivos políticos.

En Puerto Quijaro, el primer día del paro acabo con un muerto, fruto de los enfrentamientos entre partidarios del paro y grupos afines al Gobierno central y al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante. Durante las semanas siguientes, los huelguistas cortaron carreteras en todo el departamento para exigir que el censo se lleve a cabo en 2023. En ese periodo, se documentaron varios actos violentos entre partidarios del paro y sus opositores, y periodistas y organizaciones de la sociedad civil fueron víctimas de agresiones (ver Libertad de Asociación y Libertad de Expresión). El 2 de noviembre de 2022, por lo menos ocho personas fueron detenidas tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía en La Guardia.

La violencia alcanzó nuevas cotas el 11 de noviembre de 202, cuando ambos grupos se enfrentaron después de que partidarios del MAS organizaran una contramarcha contra el paro. Según DW noticias, algunos manifestantes masistas llevaban palos para desbloquear las vías que los manifestantes mantenían cortadas desde hace varios días. También se denunciaron agresiones a huelguistas y medios de comunicación. Ambos bandos quemaron neumáticos y lanzaron piedras y petardos, lo que llevó a la policía a intervenir y a emplear gases lacrimógenos. En Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los incidentes violentos y pidió a todos los manifestantes que evitaran la violencia. El Gobierno comunicó que por lo menos 4 personas perdieron la vida y 170 resultaron heridas durante los primeros 23 días de protestas.

El paro llegó a su fin el 25 de noviembre de 2022, después de que los legisladores aprobaran una ley que garantiza que el censo de población se llevará a cabo en marzo de 2024, lo que permitirá obtener datos demográficos actualizados para determinar la distribución de escaños en Parlamento. La negociación de dicha garantía legislativa fue una de las condiciones para acabar con el paro.

Asociación

Grupos de la sociedad civil afectados por la huelga en Santa Cruz

El 9 de noviembre de 2022, el personal de la Casa de la Mujer fue acosado porque la organización no se unió al paro departamental. La Casa de la Mujer es una organización feminista que, entre otras cosas, gestiona centros de acogida para mujeres que sufren situaciones de violencia. Cuando el personal llegó a su refugio de Santa Cruz con una víctima de violencia, se encontró con que partidarios del paro habían acordonado el centro. Después de que los miembros de la organización abandonaran el lugar, los huelguistas los insultaron y los amenazaron con rodear la institución y tomar sus oficinas. Una defensora de los derechos humanos fue agredida.

Más tarde, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, los huelguistas aseguraron que permitirían la entrada a las oficinas de la Casa de la Mujer durante cuatro horas al día. Pese a esto, los ataques contra el grupo continuaron. En un momento dado, unos cincuenta hombres se apostaron frente al local, lanzaron petardos contra el edificio y gritaron a las empleadas. “Nosotras no podemos acatar ningún paro. La ética y el compromiso que tenemos con la defensa de la libertad y los derechos humanos de las mujeres, así como el interés superior de las víctimas para que puedan acceder a servicios públicos, no se pueden restringir aún más”, defendió Ana Paola García, directora del grupo. También afirmó que el paro había afectado a los servicios de atención a las mujeres en Santa Cruz y que los grupos que lo convocaron tienen lazos con la extrema derecha y no han respetado las necesidades urgentes de auxilio.

Por otro lado, el 11 de noviembre de 2022, partidarios del paro del Comité Cívico prendieron fuego a las oficinas del sindicato campesino CSUTCB en Santa Cruz. El incendio provocó daños graves en el edificio y arrasó con el mobiliario y otros enseres. Los manifestantes también asaltaron el inmueble y se llevaron banderas, documentos y otros objetos. La policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. También fueron atacadas las oficinas del sindicato departamental COD. Varias personas fueron detenidas por esos hechos.

Otros sucesos

El 11 de noviembre de 2022, miembros de una cooperativa minera irrumpieron en un taller para defensores del derecho a la tierra indígenas en La Paz y generaron malestar entre los asistentes. Unos ocho mineros de la cooperativa 28 de Octubre intentaron inmiscuirse en los grupos de trabajo que se habían formado, pero fueron identificados rápidamente por los presentes. Grupos indígenas afirmaron que los infiltrados buscaban intimidar a los dirigentes del Valle de Zongo, cuyas comunidades indígenas llevan movilizándose desde hace más de veinte años contra la contaminación minera. “Les pedimos que se retiren, porque vinieron a asustar a la gente, a amedrentar”, relató una líder indígena que estuvo presente. Los defensores del derecho a la tierra de Valle de Zongo han denunciado actos intimidatorios y de acoso judicial por haber dado a conocer los abusos y la contaminación producto de la minería.

Por otra parte, durante una reunión nacional de grupos de la sociedad civil celebrada en noviembre de 2022, organizaciones bolivianas crearon un comité nacional para reivindicar una política pública de protección para las personas defensoras de los derechos humanos. En la actualidad, Bolivia carece de un marco que establezca directrices y mecanismos que para asegurar que el Estado cumpla con su obligación de respetar, proteger y garantizar la labor de las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil. El encuentro nacional congregó a más de 130 personas defensoras de los derechos humanos de todos los departamentos.

Expresión

El 2 de noviembre de 2022, un reportero y un camarógrafo de Unitel fueron agredidos mientras cubrían el paro departamental de Santa Cruz en el municipio de La Guardia. Mario Alberto Rocabado Román y Enrique Sánchez habrían sido apaleados y apedreados. Sánchez pudo huir; sin embargo, Rocabado recibió una fuerte paliza, le robaron la billetera y dos celulares y acabó con múltiples contusiones y fracturas en dos dedos y un tobillo. A pesar de que había agentes de policía cerca, presuntamente no habrían intervenido y se habrían negado a socorrer a Rocabado. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) calificó el ataque de “intento de linchamiento”. Dos personas fueron detenidas más tarde en relación con la agresión.

El 3 de noviembre de 2022, periodistas de Santa Cruz de la Sierra se manifestaron contra las agresiones perpetradas contra miembros de la prensa que cubrieron el paro en el departamento de Santa Cruz. Pidieron a la policía que acelerara las investigaciones sobre dichas agresiones, entre ellas la brutal agresión al periodista Mario Rocabado de Unitel. Entre el 22 de octubre, cuando arrancó el paro, y el 2 de noviembre, la ANP documentó cuatro ataques durante los cuales fueron agredidos siete comunicadores. La organización afirmó que, en la mayoría de los casos, esas agresiones fueron perpetradas por simpatizantes del MAS que participaron en contramanifestaciones o que intentaron levantar bloqueos.