CONTEXTO
ELECCIONES MUNICIPALES
El 4 de febrero de 2024, la población costarricense eligió a 6.212 cargos municipales en unos comicios marcados por la implementación del voto electrónico y de un sistema de paridad horizontal de género que obliga a los partidos a presentar listas con el mismo número de candidatas que de candidatos. También se aplicó una nueva norma que limita la reelección de cargos públicos, los cuales sólo podrán ejercer dos mandatos consecutivos.
Según datos oficiales, sólo el 31,93 % del electorado votó en estas elecciones, en línea con la tendencia a la baja de la participación electoral. La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó su preocupación por el nuevo descenso de la participación: “El índice de abstencionismo sigue siendo un desafío para las elecciones municipales y para la democracia en Costa Rica. La MOE/OEA destaca la importancia de considerar cada proceso electoral como una oportunidad para que la ciudadanía haga valer su voz […] e insta a los diversos actores a sumar esfuerzos a fin de revertir este escenario de desconexión entre representantes y representados”.
Además, el declive del bipartidismo y la aparición de nuevas fuerzas políticas han transformado el panorama político de manera significativa. Tanto el Partido de Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) —los dos partidos tradicionales— vieron reducidas sus mayorías municipales. Cabe destacar que es la primera vez que el Gobierno nacional no ha estado representado por ningún partido en las elecciones locales. Los nuevos partidos progubernamentales se enfrentaron a importantes exclusiones debido a obstáculos administrativos a sus candidaturas.
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
AMENAZAN DE MUERTE A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA BRIBRI
El 20 de febrero de 2024, un finquero acusado de tala ilegal habría amenazado de muerte a Marvin Ortiz Figueroa, miembro del clan bribri Uniwak y habría efectuado varios disparos delante de él. La organización indígena Consejo Iríria Sätkök y la formación campesina Coordinadora de Lucha Sur Sur señalaron que el incidente se produjo cuando Ortiz Figueroa pasó cerca de un terreno que ocupa el individuo, a trescientos metros de la escuela Yuavin, en la provincia de Limón, en el sur del país.
Ambas organizaciones han instado a las autoridades costarricenses a que atiendan e investiguen con prontitud las denuncias de tala ilegal y de otros delitos, tomen las medidas necesarias y apliquen las sanciones pertinentes: “Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios. Hacemos responsable al Estado de Costa Rica de cualquier ataque, agresión o perturbación a la vida e integridad física y emocional de Marvin Ortiz Figueroa y de su familia”.
El proceso de recuperación de tierras ha provocado conflictos con ganaderos por los terrenos ocupados y ha puesto en peligro a las comunidades indígenas. Front Line Defenders señaló que “la falta de respuesta de los funcionarios del Gobierno y de las fuerzas policiales hace aún más vulnerable la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en cuanto a la lucha por la demarcación de las tierras y la reglamentación de la Ley de Autonomía Indígena”.
En este contexto, el pueblo bribi ha denunciado en reiteradas ocasiones la represión que está sufriendo, destacando que sus derechos son vulnerados tanto por actores estatales como no estatales. El asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas en marzo de 2019 es un buen ejemplo de esta deriva. Rojas defendía los derechos de los pueblos indígenas y luchaba contra la ocupación ilegal de sus territorios.
INTIMIDACIONES POR LA RECUPERACIÓN DE TIERRAS ANCESTRALES EN EL TERRITORIO CABÉCAR de CHINA KICHÁ
Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas denunciaron que el territorio indígena cabécar de China Kichá fue objeto de once incendios provocados entre febrero y marzo de 2024. El primero fue localizado el 14 de febrero en Kono Jú, la primera de las fincas recuperadas de manos no indígenas en 2019, en el sur del país.
Según informaciones publicadas por la prensa, esas tierras lindan con una finca ocupada por una conocida familia que no pertenece al pueblo cabécar de China Kichá, que apoya abiertamente la usurpación de territorios indígenas y que habría perpetrado incesantes actos de violencia contra personas recuperadoras de tierras cabécar, incluidos atentados contra sus vidas. Ese mismo día se registró un segundo incendio en Kono Jú y otro en la recuperación Nama Jú.
El incidente más reciente se produjo el 10 de marzo, cuando las comunidades indígenas detectaron un incendio en la colindancia entre la recuperación dirigida por mujeres cabécares Duwé Senaglö y Ka Kabiná, un terreno recuperado en 2022. Por lo menos ochocientas hectáreas habían sido calcinadas hasta marzo de 2024. Desde hace cuatro años, la comunidad cabécar de China Kichá viene denunciando incendios provocados en su territorio, los cuales atribuyen a finqueros que se oponen a las recuperaciones y a la tala y caza ilegal.
A la luz de la reciente oleada de ataques incendiarios, el 18 de marzo, la oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica pidió a las autoridades reforzar las medidas de protección a favor de la comunidad indígena cabécar de China Kichá: “Naciones Unidas solicita a las autoridades tomar las medidas que estén a su alcance para investigar en profundidad estos hechos y garantizar la seguridad de las personas de la comunidad y su patrimonio ancestral”.
Reunión pacífica
COMUNIDADES DE HATILLO bloquean una VÍA EN PROTESTA POR LOS CONTINUOS CORTES DE AGUA
En febrero y marzo de 2024, vecinos de Hatillo, al sur de la capital, bloquearon la circunvalación para exigir al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que aporte una solución a los continuos cortes de agua que afectan a sus barrios. También subrayaron la urgente necesidad de un suministro de agua fiable y de mejoras en las infraestructuras, ya que padecen cortes de agua prolongados e imprevistos que afectan gravemente a su vida cotidiana.
El 18 de marzo, la policía detuvo arbitrariamente a tres mujeres y seis hombres que protestaban por la falta de suministro de agua potable junto a decenas de personas. Según informaciones publicadas por la prensa, el Ministerio de Seguridad Pública declaró que las detenciones se llevaron a cabo bajo las instrucciones de la Fiscalía de Flagrancia del Primer Circuito Judicial, en un intento por dispersar la protesta que obstruía la circulación por la Ruta Nacional 39.
Organizaciones de la sociedad civil condenaron las detenciones y exigieron la liberación inmediata de las personas detenidas. También destacaron la legitimidad de la lucha vecinal y urgieron a las autoridades a priorizar la resolución de la crisis del agua en Hatillo y comunidades en la misma situación.
HUELGA DEL PERSONAL SANITARIO EN CARTAGO
El 1 de febrero, setenta miembros de la plantilla del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez hicieron huelga para exigir la construcción de un nuevo centro médico en Cartago, al sureste de San José. El paro fue organizado por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) y otros sindicatos.
La UNDECA subrayó la necesidad acuciante de un centro sanitario moderno, capaz de satisfacer las crecientes demandas de la población local: “La sala de espera, las áreas de emergencia y los consultorios presentan un exceso de ruido, falta de ventilación y deterioro general. El riesgo se intensifica y servicios esenciales como nutrición, lavandería y mantenimiento están al límite. Es imperativo un nuevo hospital para Cartago”.
MARCHA EN SAN JOSÉ PARA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles para reclamar soluciones urgentes para varias problemáticas que las afectan. Las manifestantes pusieron de relieve la necesidad de un acceso legal, seguro y gratuito al aborto y reclamaron el fin de la violencia contra las mujeres y más igualdad en las zonas rurales. También pidieron un alto el fuego en Gaza y exigieron la liberación de diecisiete activistas, lideresas estudiantiles y feministas detenidas por motivos políticos en Nicaragua. La marcha comenzó en el Parque Central y culminó en la plaza de la Democracia.
“Hoy estamos en un país en donde los derechos puede que estén escritos en un papel, pero no se nos garantizan a todas por igual. Hay mujeres de zonas rurales y en la GAM que no tienen acceso a una educación gratuita y de calidad”, aseguró Valentina Palacio, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.