Asesinan a un segundo activista que protegía una reserva comunal; violentos enfrentamientos durante el paro del transporte

Libertad de asociación

Hallan el cuerpo de un líder matsigenka en medio de tensiones por conflictos territoriales

El 6 de octubre de 2024, las autoridades peruanas descubrieron el cuerpo sin vida de Gerardo Keimari Enrique, de 25 años, líder de la comunidad matsigenka y defensor del medioambiente, a orillas del río Madre de Dios, en el distrito de Manu. Fue visto con vida por última vez el 16 de septiembre. Ese día informó a su comunidad que viajaría a Cusco. Se ha abierto una investigación sobre su muerte y las autoridades intentan averiguar si está relacionada con las amenazas que recibió hace poco, cuando intentaba proteger y ampliar el territorio de la comunidad matsigenka.

Las comunidades de Shipetiari y Queros, ubicadas entre Cusco y Madre de Dios, forman parte del cinturón de protección nororiental de la Reserva Comunal Amarakaeri, en el interior de la cuenca cocalera de Kosñipata. Según un informe publicado recientemente, existen importantes problemas en materia de seguridad y por la propiedad de ciertas tierras debido al aumento de los cultivos ilegales de coca y a la lucha constante por la expansión del territorio de las comunidades.

Keimari obró a favor de la ampliación de las tierras protegidas de su comunidad dentro de la Reserva Comunal de Amarakaeri, un proyecto al que se oponen los grupos que buscaban obtener concesiones forestales. El 26 de julio de 2024, Keimari y otros miembros de la comunidad matsigenka fueron víctimas de un ataque armado mientras llevaban a cabo labores de reconocimiento para ampliar su territorio. Acto seguido, las autoridades otorgaron medidas de protección a Keimari y a otros miembros de la comunidad. Pese a esto, Keimari volvió a recibir amenazas después ayudar a identificar a las personas implicadas en el ataque de julio. Se sospecha que las últimas amenazas que recibió fueron en represalia por haber contribuido a poner cara a las personas implicadas en el conflicto por la concesión.

El incidente se produjo pocos meses después de que los pueblos indígenas declararan el estado de emergencia permanente en la Amazonia peruana en respuesta a la escalada de violencia. También puso de relieve la violencia selectiva contra las personas defensoras indígenas en Madre de Dios, ya que Keimari fue la segunda víctima mortal de este tipo. Anteriormente, el 19 de abril de 2024, sujetos no identificados tendieron una emboscada y asesinaron a Victorio Dariquebe Gerewa, un guardaparques indígena harakbut de 61 años.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a investigar de forma exhaustiva y cuanto antes las circunstancias en las que se produjo el homicidio y a dar con los responsables. También enfatizó la necesidad de aplicar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la protección de la familia de Dariquebe.

Reunión pacífica

Paro del sector del transporte

El 10 y el 11 de octubre de 2024, el personal del servicio de transporte público de Lima y Callao comenzó una huelga para reclamar medidas urgentes contra la violencia de las organizaciones delictivas y para que se derogue una legislación aprobada recientemente que, a su parecer, limita la labor de la Justicia. El gremio ha expresado su creciente preocupación por la escalada de violencia y de extorsiones en el sector. El 11 de octubre, cuatro profesionales del periodismo resultaron heridos durante los enfrentamientos entre manifestantes y la policía (ver Libertad de expresión).

En respuesta, el 26 de septiembre de 2024, el Gobierno declaró el estado de emergencia durante sesenta días en doce distritos del área metropolitana de Lima. Bajo este régimen, las fuerzas armadas podrán apoyar la labor de las fuerzas del orden, hacer patrullas y registrar vehículos, propiedades y personas sin una orden judicial en dichos distritos. Unos quince mil agentes de policía habían sido desplegados para hacer frente a la situación antes de que se declarase el estado de emergencia.

El aumento de las denuncias por extorsión son un buen reflejo de la inseguridad que padece la ciudadanía. Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entre 2021 y 2023, estas denuncias se multiplicaron por cinco, pasando de 4510 a 22 162. A finales de septiembre de 2024 se habían presentado 13 372 denuncias por extorsión. Hasta octubre de 2024, se habían registrado 1493 homicidios en todo el país, según los datos del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud (SINADEF). Esta cifra indicaría que 2024 podría convertirse en el año con la mayor tasa de homicidios de la última década.

El paro también iba dirigido contra la reciente promulgación de la Ley 32.108, que redefine las organizaciones delictivas de una forma que dificulta la investigación y el desmantelamiento de las redes de extorsión por parte de la Fiscalía.

A finales de octubre de 2024, el transporte público y los mercados de abastos de todo el país iniciaron el que fue su tercer paro del mes. El 24 de octubre, la huelga dejó las calles de Lima prácticamente sin autobuses públicos, lo que provocó importantes perturbaciones. En respuesta, las autoridades desplegaron más de 13 000 policías y militares por toda la capital y suspendieron las clases presenciales para casi dos millones de estudiantes.

La situación alcanzó su punto álgido el 28 de octubre, cuando cientos de manifestantes bloquearon tramos de la Panamericana Norte y prendieron fuego a un tráiler que transportaba material de reciclaje. La densa humareda que se levantó provocó importantes interrupciones del tráfico en una de las principales arterias de la región. Durante los enfrentamientos con la policía, cuatro personas manifestantes fueron detenidas y seis personas resultaron heridas —cuatro manifestantes y dos miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP)—, todas ellas con contusiones múltiples.

Entre las personas heridas se encontraba Edwin Canchachi Dionisio, de 19 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho durante una protesta en La Libertad. Medios de comunicación aseguraron que el proyectil provino de un contingente policial. Según nuevas informaciones publicadas el 30 de octubre, la policía habría disparado contra personas manifestantes durante las protestas.

El estudiantado de la UNMSM reclama transparencia durante las elecciones

El 17 de octubre de 2024, el alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocupó edificios universitarios para exigir mayor transparencia en las elecciones de la institución. Lo que comenzó como una manifestación pacífica derivó en enfrentamientos violentos tras la presunta injerencia de miembros del personal de la universidad que irrumpieron en el campus e intentaron disolver las protestas.

El Centro de Estudiantes de Filosofía de la UNMSM denunció que al menos nueve miembros del cuerpo estudiantil resultaron heridos durante los incidentes en el campus. Miembros del estudiantado presentes durante los enfrentamientos señalaron que Fernando Zito Beraún Mora, empleado del área de informática de la Oficina General de Bienestar Universitario, presuntamente habría azotado a una estudiante con un cinturón en un estacionamiento cercano a la puerta 13. Asimismo, José Miguel Arias Azabache, exempleado del comedor universitario, habría impedido que una estudiante abandonara el recinto, gritándole que no estaba autorizada a salir por la puerta antedicha.

La Defensoría del Pueblo registró más de seiscientas protestas en tres meses

La Defensoría del Pueblo documentó más de seiscientas protestas en todo el país entre mayo y junio de 2024. En julio se contabilizaron 287 protestas, de las cuales el 61,3% correspondió a plantones o concentraciones y el 24,7% a marchas. El mayor número de protestas se registró en Lima (45), Arequipa (34), Cajamarca (20), Piura (17) y Lambayeque (15). Tres civiles y dos policías resultaron heridos durante las protestas que se desarrollaron entre 27 y el 29 de julio contra el Ejecutivo y el Congreso.

En agosto de 2024 se documentaron 224 actos de protesta. De estos, el 44,6% fueron plantones o concentraciones y el 12,5 % marchas. Lima volvió a registrar el mayor número de protestas (49), seguida de Piura (19), Arequipa (15), Puno (12) y Cajamarca (12).

Por último, en septiembre, la Defensoría del Pueblo contabilizó 150 protestas, pero no se registraron personas muertas ni heridas.

Libertad de expresión

Agreden a profesionales del periodismo en Lima durante un paro nacional

Cuatro profesionales del periodismo fueron agredidos mientras cubrían un paro nacional el 10 de octubre de 2024 (ver Reunión pacífica):

• Un agente de policía empujó y dio codazos al camarógrafo Enzo Vida, a pesar de que llevaba un chaleco de prensa. El agente insultó a Vidal y a otros profesionales del periodismo, pese a que se encontraban en un área apartada de los manifestantes.
• El fotoperiodista Juan Mandamiento estaba captando imágenes de agentes de policía que dispersaban a varazos a personas manifestantes en la avenida Abancay cuando uno de los efectivos lo empujó y lo golpeó con una macana. Se protegió con el brazo, pero se llevó un golpe en dicha extremidad.
• Un agente de policía aporreó a la reportera Noelia Vallvé cuando quedó atrapada entre varios cordones policiales. A pesar de que llevaba su cámara, de que mostró su carné de prensa y de que se identificó verbalmente, el efectivo continuó golpeándola y luego la empujó para evitar ser reconocido.
• En los jirones de Lampa con Cusco, policías empujaron con sus escudos al periodista Víctor Castillo, de América TV, cuando informaba sobre la detención de tres personas. Cayó sobre una motocicleta y acabó con un hematoma en la pierna izquierda.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó enérgicamente los incidentes y exigió que la policía respete la labor de la prensa. También pidió el fin de la violencia contra los profesionales del periodismo, que se identifique a los agentes implicados y que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

Amenazan de muerte a un periodista de Cuarto Poder

El 20 de octubre de 2024, el periodista del programa dominical Cuarto Poder José Miguel Hidalgo denunció haber recibido amenazas de muerte a raíz de su investigación sobre el gobernador del Callao Ciro Castillo y de la presunta influencia de su hijo Antonio Castillo en las decisiones políticas del Gobierno regional.

Hidalgo recibió un video intimidatorio por WhatsApp horas antes de la emisión de un reportaje suyo titulado Antonio Castillo: el poder detrás del gobernador del Callao. En el clip, un hombre armado profiere amenazas explícitas y conmina a Hidalgo a que cancele la emisión del reportaje y a que cese de informar sobre figuras políticas del Callao. “Deja de mostrar a gente del Callao”, “Te tengo ubicado”, “¿Qué quieres, que vaya a tu casa y ponga una bomba en el portón?”, espetó el autor del mensaje, entre otras amenazas. El sujeto, que dice hablar en nombre de la banda del Tren de Aragua, aparece blandiendo una pistola, lo que acentúa aún más la naturaleza amenazante del mensaje.

Hidalgo relató que lo habían llamado varias veces desde el mismo número días antes de recibir el video, pero que no había contestado. Agregó que el único funcionario del Gobierno regional del Callao que tenía su contacto era el jefe de relaciones públicas, por si deseaba hacer comentarios sobre las denuncias formuladas en su reportaje.

Aumentan las amenazas y el acoso judicial a profesionales del periodismo

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró 251 agresiones contra profesionales del periodismo y medios de comunicación entre enero y septiembre de 2024. Este periodo se ha caracterizado por el aumento de las tensiones entre el Gobierno y la prensa, sobre todo por los reportajes de investigación. Los ataques más frecuentes fueron las amenazas y los actos de acoso, con 119 incidentes, seguidos de las agresiones físicas y verbales, con 40 casos.

Los principales agresores fueron los miembros del funcionariado público, con 105 ataques, seguidos de cerca por las personas particulares, con 101 incidentes. Agentes de seguridad estuvieron implicados en 30 casos, personas no identificadas en 8 y miembros de empresas privadas en 7. Los objetivos más frecuentes fueron los medios digitales (104 casos), seguidos de los canales de televisión (65), las emisoras radio (41) y la prensa escrita (41).

Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que durante los dos últimos años Perú ha experimentado un importante retroceso en materia de libertad de prensa y ha descendido cuarenta y ocho puestos en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Entre agosto y septiembre de 2024, RSF documentó veinte violaciones de la libertad de prensa, muchas de ellas perpetradas por miembros del funcionariado público contra profesionales de la información.

El 2024 ha estado marcado por crisis políticas constantes que han desembocado en casos de acoso selectivo contra profesionales del periodismo de investigación. Entre las personalidades más hostiles a la presa figura el ministro Juan José Santiváñez, cuyos actos de acoso hacia los periodistas Marco Sifuentes, César Hildebrandt, Ricardo Velazco y Karla Ramírez han quedado documentados. La presidenta Dina Boluarte ha adoptado una actitud combativa contra la prensa, a la que ha acusado de difamación y de obstaculizar la cobertura periodística en las regiones de Piura, San Martín y Lima. Los congresistas Alejandro Soto, Darwin Espinoza, Vivian Olivos y María Agüero también se han visto involucrados en casos de acoso. Entre estos, destaca por su gravedad el del reportero de Cuarto Poder José Miguel Hidalgo, quien fue sometido a actos de vigilancia.