ASESINAN A 68 DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE 2023

Libertad de asociación

La organización de la sociedad civil Indepaz informó que 68 líderes sociales y 14 firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados en los primeros cuatro meses de 2023. Entre las víctimas, se encuentran líderes indígenas, sindicalistas, militantes LGBTQI+ y candidatos políticos. A continuación, detallamos algunos casos de esos casos:

El 4 de febrero, fueron asesinados dos líderes sociales: Jorge Luis Jaraba Plata de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, asesinado en Tierralta, Córdoba, y José Antonio Santiago Pérez, presidente de la junta de acción comunal del distrito de Socuavo Norte, asesinado en Tibú, Norte de Santander.

El 10 de febrero, fue asesinado el militante indígena Marcos López Enríquez en Mallama, Nariño. López era el representante del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) en el departamento de Nariño.

Entre el 18 y el 20 de febrero se produjeron varios asesinatos y ataques. El dirigente sindical Jorge Alejandro Chica Correa fue asesinado en Carepa, Antioquia, desde donde dirigía la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB). El dirigente campesino y miembro del movimiento político progresista Colombia Humana Milton Rocha Peña fue asesinado en San Sebastián, Magdalena.

El 26 de febrero, fue asesinada en el barrio caleño de El Poblado II Shaina Vanessa Pretel, mujer trans, militante LGBTQI+ y antirracista. Era miembro del movimiento de bases AfroResistence. El mismo día, fue asesinada en San Pablo, Bolívar, la militante social Rosa Elena Celix Guañarita. Era vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de la Vereda los Guayacanes, que defiende los derechos de las personas afectadas por conflictos y violaciones de los derechos humanos.

En marzo de 2023, por lo menos veinte líderes y militantes sociales fueron asesinados o agredidos. El 3 de marzo, fue asesinado en Tumaco, Nariño, Marlon Hernando García Pascal, militante indígena awá de 19 años. Era miembro de la guardia indígena y coordinaba actividades comunitarias en la reserva awá El Gran Sábalo. El 9 de marzo, fue asesinado en Buga, Valle del Cauca, el militante del partido político Comunes Andrés Felipe Herrera Mosquera.

El 15 de marzo, se produjeron otros dos asesinatos, entre ellos, el líder comunitario Néstor Yesid Martínez Pinto, asesinado en Riohacha, La Guajira. Martínez participó en una campaña para reforzar los derechos de los habitantes indígenas y afrocolombianos del departamento norteño.

El 19 de marzo, fue asesinado en Puerto Tejada, Cauca, Weimar Possu Díaz, presidente del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro, y el líder social José Eduardo Cárdenas Sánchez, asesinado en Quibdó, Chocó.

El 21 de marzo, fue asesinado en Valledupar, departamento del César, Alberto Camilo Mendoza Corzo, líder indígena kankuamos. Ese día también fue asesinado en Puerto Caicedo, Putumayo, el líder indígena nasa Diego Jair Orbes.

Entre el 25 y el 30 de marzo, se registraron por lo menos siete asesinatos. El lider social Gonzalo de Jesús Parra Forero fue asesinado en Maripí, Boyacá. Dirigía ASOMIPAZ, una organización que representaba a unos doscientos mineros independientes del departamento. La líder social y promotora de la salud Mariela Marínez Gaviria fue asesinada en Tumaco, departamento de Nariño. Los militantes comunitarios Jeider Omar Conda Pillimue y Flower Alfonso García Julicue fueron asesinados en Corinto, Cauca. También fueron asesinados los militantes comunitarios Linder Stiven Sepúlveda y Mariela Marínez Gaviria en Tumaco, Nariño.

El 2 de abril, fue asesinada en Teorema, Norte de Santander, Lenis Yaneth Salazar Vera, miembro de la junta de acción comunal del distrito de San Pablo. También coordinaba actividades para asociaciones de mujeres. Al día siguiente, asaltantes armados atacaron y asesinaron al militante comunitario Jorge Pérez Lopera en Ituango, Antioquia.

El 2 de abril, fue asesinado el militante ecologista Jaime León López Carmona en Santa Bárbara, Antioquia, y el 5 de abril el líder comunitario Herney Muñoz, en Balboa, Cauca. Muñoz organizaba actividades culturales y deportivas como campeonatos intermunicipales de fútbol.

El 9 de abril, fueron asesinados tres líderes comunitarios. El militante comunitario afrocolombiano Luis Alberto Quiñones Cortés fue asesinado en Cali. Era el representante legal del colectivo La Voz de los Negros y acababa de mudarse a la ciudad, después de que se viera obligado a abandonar su domicilio en Magüi Payán, Nariño, debido a las amenazas que había recibido. El líder campesino Rodolfo Holguín Martínez y una mujer cuyo nombre no ha sido revelado fueron asesinados en Carmen de Viboral, Antioquia. Holguín presidía la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Vicente. Dos militantes afrocolombianos mayores fueron asesinados en Guapi, Cauca. Se trata de María Cecilia Cuenu y Juan Hilario Banguera Colorado; ambos eran miembros de la junta de acción comunal del Alto Guapi.

El 10 de abril, fue asesinado en Valledupar, César, el militante social Alfonso Medina, presidente de la junta de acción comunal del barrio Villa Jaidtih. Al día siguiente, fue asesinada en San Cayetano, Norte de Santander, Diana Carolina Rodríguez Madrigal, miembro de la junta de acción comunal de La Florida. El 11 de abril fue asesinado en Bogotá Carlos Julio Tautiva Cruz, miembro del Partido Comunista Colombiano y del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz.

El 15 de abril, en Bogotá, fue asesinada en su domicilio la militante Luisa Isabel Moreno, presidenta de la junta de acción comunal del barrio Santo Domingo, Ciudad Bolívar. El 16 de abril, fue asesinado en Puerto Rondón, Arauca, el excandidato político Hernando Montoya Melo. El 17 de abril, fue asesinada en Medellín Sorelsi Johana Echavarria Cañas, afiliada a la junta de acción comunal del Barrio Popular N.º 2, desde donde desempeñaba un papel activo en la comunidad apoyando a los jóvenes. El 18 de abril, fue asesinado en Corinto, Cauca, José Isaías Quiguanás militante indígena nasa y practicante de la cultura y la medicina tradicionales.

Los ataques y asesinatos continuaron el mes siguiente. El 10 de mayo, fue asesinado en Buenaventura, Valle del Cauca, el líder social Johan Marcelo Montaño, quien organizaba actividades para niños, jóvenes y ancianos. El 11 de mayo, dos militantes perdieron la vida en sendos sucesos. Gildardo Hoyos, conocido dirigente político y exalcalde del municipio de Sucre, departamento del Cauca, fue asesinado por sicarios. Dania Sharith Polo, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, falleció doce días después de que fuera víctima de un atentado en Carmen de Bolívar. El 20 de mayo, dos sicarios asesinaron a Sergio Luis Castro, destacado militante del departamento de Tibú, Norte de Santander, y candidato al consejo de la ciudad.

El 22 de mayo de 2023, el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión unilateral del alto al fuego acordado con el Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hoy desmovilizadas. Esta decisión se produjo tras el reclutamiento y asesinato de cuatro menores indígenas murui de entre 14 y 16 años en el departamento del Putumayo. Mercopress informó que, entre enero y mayo de 2023, se registraron 63 casos de reclutamiento de menores por parte de varios grupos, entre ellos el Clan del Golfo, facciones disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN.

El 7 de agosto de 2022, poco después de asumir el cargo, Gustavo Petro anunció que pondría en marcha una iniciativa de paz para acabar con la violencia en el país. La política de paz total es un proyecto multidimensional que busca reducir al mínimo la violencia, proteger a los civiles y desmantelar los numerosos grupos armados que operan en Colombia. Petro hizo de la aplicación del acuerdo de paz de 2016 un componente central de dicha política, al igual que el desarrollo de un proceso de diálogo con las facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.

La Corte Constitucional avala los derechos del pueblo indígena waüipijíwi

Como hecho positivo, cabe destacar que el 8 de febrero de 2023, la Corte Constitucional resolvió “amparar los derechos a la identidad cultural, la autonomía, la autodeterminación y al territorio ancestral y colectivo” de la comunidad Yajotja (pueblo waüipijíwi).

Esta sentencia protege a los indígenas carentes de territorio y en situación de vulnerabilidad en el municipio de La Primavera, Vichada. Las mujeres, los adolescentes y los niños son los grupos más perjudicados. Los problemas más acuciantes son los casos de violencia sexual, la malnutrición y la precariedad de la atención sanitaria.

En el fallo, la Corte insta a la Agencia Nacional de Tierras a adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a las peticiones de adjudicación de las tierras que conforman el territorio ancestral, y a finalizar el proceso de creación de un resguardo. También pide a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que se pronuncie de fondo sobre el registro de los miembros de la comunidad Yajotja.

Reunión pacífica

Movilizaciones a favor y en contra de las reformas sociales y económicas de Gustavo Petro

El 14 de febrero de 2023, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para expresar su apoyo a las reformas que el presidente Gustavo Petro presentó al Congreso.

Algunas de las medidas que se han propuesto buscan reformar el sistema sanitario, el mundo laboral y las pensiones; implementar programas que garanticen el acceso gratuito a la educación universitaria a los estudiantes sin dinero para pagarla y subsidios para las familias empobrecidas y las personas mayores que viven en la pobreza.

El presidente asegura que estas políticas mejorarán el acceso a la atención sanitaria y protegerán los derechos de la población.

Al día siguiente, el 15 de febrero, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las reformas sociales y económicas propuestas.

La oposición colombiana arguye que esas reformas ponen en peligro la estabilidad económica del país y podrían sumirlo en el caos como consecuencia de un aumento de la pobreza.

Ambas marchas se desarrollaron de manera pacífica.

Libertad de expresión

Asesinan a tiros a un periodista en Ciénaga de Oro

El 9 de mayo de 2023, dos individuos armados asesinaron a tiros al periodista Luis Gabriel Pereira cuando conducía su motocicleta en Ciénaga de Oro, en el norte del departamento de Córdoba.

Pereira fundó y dirigió la página de noticias locales Notiorense, donde publicaba reportajes sobre la delincuencia y la seguridad pública en Ciénaga de Oro. Medios de comunicación señalaron que aún no se ha determinado el móvil del asesinato.

Bandas de delincuentes intimidan a medios de comunicación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó que el diario El Heraldo denunció haber sido objeto de “presiones e intimidaciones por parte de actores armados ilegales” para que el periódico publicase sus mensajes. El 27 de marzo de 2023, dos hombres armados penetraron en el edificio del diario y exigieron hablar con el director porque tenían un mensaje de Digno Palomino, jefe de una banda, quien exigía que el medio lo entrevistara.

Carlos Jonet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, instó a las autoridades colombianas a “abordar urgentemente el tema y poner fin a los actos de grupos ilegales que atentan contra el ejercicio libre del periodismo y el derecho de los ciudadanos a estar informados”.

Manifestantes agreden a periodistas en Cali

El 15 de febrero de 2023, al final de una marcha, un grupo de manifestantes agredió verbalmente a los periodistas Ingrid Johana Tovar de RCN TV, Erika Rebolledo de W Radio y Sebastián Bedoya de CM&. Los agresores los echaron del parque desde donde los periodistas estaban informando. El Círculo de Periodistas de Cali presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Atacan una radio comunitaria

El 24 de mayo de 2023, individuos no identificados atacaron las oficinas de la emisora comunitaria La Mohana, ubicada en Casa de la Mujer, en Barrancabermeja, sede histórica de la Organización Femenina Popular, que también alberga la Casa Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de las Mujeres. Según informaciones publicadas por la prensa, los atacantes destruyeron la puerta de la estación, lo que dejo expuestos los equipos de radio y comunicaciones, pero no robaron nada.