El 6 de noviembre de 2021 fue secuestrada la defensora de los derechos humanos Evelyn Pinto Centeno y permaneció detenida en su domicilio de Managua. Según La Prensa, sus familiares confirmaron su detención, ya que han tenido que entregarle ropa limpia a la policía y llevarse su ropa sucia, pero los agentes no les han informado sobre su estado de salud ni sobre los cargos que se le imputan. La sociedad civil expresó su preocupación por la salud de Pinto mientras permanece detenida, puesto que defensora tiene sesenta y dos años y padece afecciones crónicas, como hipertensión, y por esto pidió su liberación inmediata.
El 9 de noviembre de 2021 fue secuestrada y detenida la militante y estudiante de periodismo Samantha Padilla cuando viajaba de Masaya a Managua. Padilla es miembro del grupo opositor Unidad Azul y Blanco (UNAB). Según IM-Defensoras, individuos armados y vestidos de civil interceptaron el vehículo en el que se hallaba Padilla. Los sujetos carecían de una orden de detención y solo detuvieron a la militante entre un grupo de estudiantes de periodismo. Tras buscar a su hija en varias estaciones, su madre se enteró de que estaba retenida en Estación de Policía III. Según el grupo feminista, en un principio no se facilitó información sobre su detención. El 18 de noviembre de 2021, La Prensa informó de que la joven militante fue acusada de un presunto delito de traición a la "sociedad y al Estado de Nicaragua" en virtud de la ley 1055.
El 23 de noviembre de 2021, la policía y miembros de grupos paramilitares detuvieron a Edder Muñoz, miembro de la coalición opositora Alianza Cívica y expreso político. En un video de su detención se puede ver a agentes de policía frente a la vivienda del militante. Se trata de la tercera detención de Muñoz, quien fue liberado en 2019 bajo la ley de amnistía tras ser detenido en 2018 por su actividad política. El 26 de noviembre de 2021, la Fiscalía acusó a Muñoz de tráfico de drogas y de posesión ilegal de armas. Sin embargo, los familiares de Muñoz que estaban presentes durante su detención aseguraron que la policía falsificó pruebas para justificar la detención.
En un comunicado, Alianza Cívica denunció que seis de sus miembros fueron detenidos de forma violenta y sin orden judicial en noviembre de 2021. Todos ellos se han enfrentado a procesos judiciales por acusaciones falsas y sin las debidas garantías procesales. Según la organización, durante sus juicios se presentaron testigos falsos y los tribunales no permitieron la presencia de un abogado defensor.
Denunciamos la detención ilegal y arbitraria de Edgar Parrales, ex embajador de la OEA.
El opositor fue interceptado por civiles uniformados, cerca del BAC ubicado en los Robles, Managua.
¡Basta ya de reprimir al pueblo!#LibertadParaNicaragua #SOSNicaragua pic.twitter.com/mtLwXVJCm4
— Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) November 22, 2021
El 22 de noviembre de 2021 fue detenido el exembajador de la OEA Edgard Parrales cerca de su domicilio en Managua. Parrales se ha mostrado abiertamente crítico con el régimen de Ortega y recientemente había hecho declaraciones a la prensa en las que criticó la decisión del Gobierno de retirarse de la OEA. Parrales representó a Nicaragua ante la organización regional durante el primer mandato presidencial de Ortega, en la década de 1980. Vilma Núñez, miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), afirmó que a Parrales se lo llevaron dos personas vestidas de civil. La hija del exembajador denunció el allanamiento de la casa de sus padres el 23 de noviembre de 2021. Parrales tiene setenta y nueve años y padece enfermedades que requieren un tratamiento específico. El CENIDH declaró haber recibido información sobre su estado de salud, el cual era extremadamente frágil; a pesar de esto, las autoridades estaban retrasando la aprobación de una autorización para que los abogados de Parrales puedan reunirse con él y comprobar su estado.
Nicaragua ignora las decisiones de la Corte Interamericana
El 22 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Nicaragua «en desacato» por haberse negado a cumplir las medidas provisionales de la Corte a favor de los presos políticos. La Corte destacó que la detención de veintiún beneficiarios de medidas provisionales concedidas por el organismo, así como los procesos judiciales contra ellos, evidencian una situación de criminalización y acoso. La Corte aseguró que comunicará su decisión a la Asamblea General de la OEA.
Según el CENIDH, el incumplimiento de Nicaragua no tiene precedentes y "significa que ante el incumplimiento del Estado de Nicaragua de la resolución de la CIDH, la propia Asamblea General de la OEA tendrá que intervenir y obligarlo a cumplir".
Expresión
En los últimos dos meses he vivido mi primer exilio en Costa Rica. https://t.co/Ivwl0SXCQf
— Vladimir Vásquez (@vasquezvladimir) November 16, 2021
El periodista Vladimir Vásquez del medio digital Confidencial narró su huida a Costa Rica después de que las autoridades nicaragüenses le impidieran viajar y le quitaran el pasaporte en septiembre de 2021. En un artículo sobre su exilio, Vásquez relató que había planeado un viaje a Estados Unidos, pero que en el aeropuerto las autoridades de inmigración le dijeron que se le habían aplicado restricciones de viaje, lo interrogaron sobre su labor como periodista y le quitaron el pasaporte. También contó que le hicieron preguntas sobre el portal de noticias Confidencial y sobre sus escritos sobre los presos políticos. Vásquez abandonó el aeropuerto, vendió todas sus pertenencias y decidió pedir asilo en Costa Rica.
El 18 de noviembre de 2021 aparecieron mensajes amenazantes en la fachada de la vivienda de la periodista Elba Ileana Molina de Canal 10. En las pintadas le decían que la estaban vigilando e iban a "sorprenderla" a ella y a su familia. La periodista añadió que a principios de noviembre, justo antes de las elecciones presidenciales, atacantes no identificados rompieron los cristales de su vehículo.
🔴DENUNCIAMOS que Evelyn Pinto, de 62 años de edad, fue detenida por elementos policiales en su residencia la noche del 6 de noviembre, y desde entonces su familia no ha podido verla.
— MonitoreoAzulyBlanco (@AzulyMonitoreo) November 25, 2021
Exigimos su liberación inmediata y el respeto a su integridad física.#SOSNicaragua #LibertadYa pic.twitter.com/zwEI4eEA2P
Nicaragua anunció que se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA) después de que el organismo adoptara el 12 de noviembre de 2021 una resolución en la que condenó la manera en la que se desarrollaron las elecciones. En la resolución de la OEA, se afirma que las elecciones del 7 de noviembre "no fueron libres ni justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática" y se encarga al Consejo Permanente de la organización una evaluación de la situación del país y la aplicación de las "medidas oportunas".
En una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua cargó contra la OEA y aseguró que su ministerio había enviado una comunicación al secretario general de la OEA para informarle de la decisión de abandonar la organización. No obstante, la retirada solo se formalizará una vez hayan trascurrido dos años desde dicha notificación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "lamentó" la decisión, pero subrayó que la Comisión seguirá velando por los derechos humanos en Nicaragua. La CIDH también condenó las violaciones de los derechos humanos que se denunciaron durante las elecciones generales, entre otras, el aumento de la presión policial, los actos de acoso, las redadas, las amenazas y las detenciones arbitrarias de líderes de la oposición, militantes de los derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y periodistas en varios departamentos del país. Según la CIDH, entre el 5 y el 7 de noviembre de 2021, por lo menos veintitrés personas fueron detenidas de forma arbitraria en nueve departamentos, sin órdenes de detención y sin que se informará a los familiares de los detenidos.
Urnas Abiertas, un observatorio electoral de la sociedad civil, documentó más de doscientos casos de violencia política y de actos de coerción electoral el día de las elecciones. Según sus estimaciones, la tasa de participación podría haber sido de tan solo el 20 %, una cifra muy inferior a la que comunicaron los organismos oficiales.
Asociación
Continúan las detenciones arbitrarias
