Expresión

Proponen modificar la ley de acceso a la información

En junio de 2021 el Gobierno propuso que se modificara la Ley N.º 18 381 o de acceso a la información pública mediante la aplicación del artículo 29 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2020. Esta modificación repercutirá en la información que los organismos públicos deben proporcionar de forma permanente en sus sitios web y en otros medios de comunicación, e impondrá limitaciones al derecho de acceso a la información pública.

El 8 de julio de 2021, la Red de Gobierno Abierto (RGA), un grupo de dieciséis organizaciones de la sociedad civil que trabaja por la transparencia y la rendición de cuentas, publicó un comunicado en el que afirmó que esta reforma era "perjudicial e innecesaria" e invitó a las autoridades a promover un diálogo sobre las modificaciones. La RGA puso de manifiesto su preocupación por la introducción de estas modificaciones "a espaldas de la sociedad civil y de los espacios de participación ya existentes, donde históricamente se ha trabajado de forma colaborativa el derecho de acceso a la información".

Gabriel Delpiazzo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), también calificó esta modificación legislativa de "regresiva e innecesaria". En una nota, el Consejo Ejecutivo de la UAIP aseguró que nadie les había informado ni consultado acerca de la propuesta antes de su publicación. La organización afirmó:

"Adoptaremos las medidas que estén a nuestro alcance para procurar que nuestra opinión como órgano especializado en la materia sea escuchada, para participar en la discusión de la modificación proyectada y, en definitiva, para incidir positivamente para que la misma no resulte aprobada".

Según el medio de comunicación La Diaria, los representantes de las Naciones Unidas en la región también comentaron la propuesta y la calificaron de regresiva porque crearía nuevos requisitos para la admisión de solicitudes de acceso a la información. También argumentaron que estas medidas podrían perjudicar a grupos vulnerables, como el de las personas con discapacidades, quienes ya se enfrentan a retos estructurales adicionales a la hora de ejercer su derecho de acceso a la información.

Como hecho positivo, cabe destacar que tras las críticas de la sociedad civil y de expertos, el 8 de septiembre de 2021, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado se comprometió a cambiar la propuesta legislativa. Delgado explicó que el Gobierno no pretende "generar opacidad" y que es necesario reescribir el artículo polémico.

La legislación sobre la rendición de cuentas podría perjudicar a las radios comunitarias

Los artículos 147-150 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2020 introducen cambios que podrían perjudicar a las radios comunitarias. Según la plataforma de la sociedad civil Coalición por una Comunicación Democrática, esta legislación establece que las radios comunitarias constituidas de manera informal y sin personalidad jurídica deberán transformarse en asociaciones civiles para poder recibir licencias de frecuencia de más de dos años. La plataforma afirma que este proceso suele ser difícil para los grupos pequeños de zonas rurales.

La coalición también explicó que dichas modificaciones implicarían la eliminación, de un día para otro, de muchas emisoras cuyas autorizaciones para acceder al servicio de radiodifusión comunitaria no se han renovado por omisión del Estado y no por responsabilidad propia. El grupo de la sociedad civil arguyó que estos artículos introducen cambios sustanciales en la Ley 18 232 de Radiodifusión Comunitaria "sin el imprescindible debate democrático ni la participación de los actores involucrados en los ámbitos establecidos por la propia ley".

Asimismo, la sección uruguaya de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) aseveró que el proyecto legislativo supondrá una violación grave de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación de la población. La asociación explicó que los cambios afectarán a numerosas estaciones comunitarias que llevan funcionando varios años, en algunos casos décadas, y las obligará a cerrar. Según el análisis de la AMARC, estos cambios obligarán a echar el cierre a alrededor del 40% de las radios comunitarias.

Aumenta el acoso judicial contra periodistas

Entre mayo y septiembre de 2021 se presentaron o anunciaron públicamente por lo menos ocho denuncias contra periodistas. En la mayoría de los casos se trataba de demandas penales por difamación e injurias por la publicación de piezas periodísticas. También hubo dos casos en los que autoridades públicas amenazaron a varios periodistas con emprender acciones legales si no se retractaban de sus publicaciones.

La mayoría de las denuncias y amenazas las formularon altos funcionarios, autoridades públicas o líderes políticos; si bien hubo tres casos en los que los demandantes eran particulares. Por ejemplo, el legislador César Vega presentó una denuncia contra el periodista Leandro Grille de Legítima Defensa por difamación e injurias, después de que el reportero criticara la conducta de Vega durante una rueda de prensa en julio. Por entonces el legislador difundió teorías conspirativas sobre la vacuna contra la COVID-19 y pidió la suspensión de la campaña de vacunación en Uruguay. En septiembre de 2021 se dispuso el sobreseimiento de la causa contra Grille.

La organización de la sociedad civil Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresó su preocupación por esta tendencia y afirmó que el acoso judicial atenta contra la libertad de expresión y la libre circulación de la información. Según el último informe de seguimiento de CAinfo de mayo de 2021, se registraron tres casos en un año.

A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que "el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento" y que "las agresiones contra los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos y constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información".

Reunión pacífica

Paro nacional y referéndum sobre la LUC

El 15 de septiembre de 2021, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) convocó un paro de veinticuatro horas, el tercero desde que el presidente Luis Alberto Lacalle Pou asumió el cargo en marzo de 2020. Los huelguistas exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo. El paro también se organizó en defensa del desarrollo nacional y de las empresas estatales, y para rechazar la Ley de Urgente Consideración (LUC) que aprobó el Gobierno en 2020. Este paquete legislativo, que las grupos de la sociedad civil consideran regresivo, contiene casi quinientos artículos que incluyen reformas que afectarán a la sanidad pública, la educación, la vivienda, el empleo y la seguridad.

Como ya informó el CIVICUS Monitor, el PIT-CNT y otras organizaciones lanzaron una campaña nacional para recoger las firmas necesarias para convocar un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC. Hasta julio de 2021 habían recogido más de setecientas mil firmas, una cifra muy superior a las 672 000 necesarias para convocar el referéndum. La Corte Electoral dispone de un plazo de cinco meses para validarlas y, de hacerlo, el referéndum tendrá que convocarse en un plazo de ciento veinte días.

Miles de personas marchan por la diversidad

El 24 de septiembre de 2021, miles de personas participaron en la Marcha por la Diversidad de Montevideo, la cual se celebra cada año en defensa de los de los derechos de las personas LGBTQI+. A pesar de la lluvia, los asistentes marcharon y celebraron la fecha con música, pancartas y banderas. El lema de la manifestación de 2021 fue "Estado ausente, nuestra lucha presente". Al final de la marcha los organizadores leyeron un manifiesto que incluía reivindicaciones relacionadas con los derechos sanitarios, los derechos de las personas trans y el reconocimiento de las personas no binarias por parte del Estado. En particular, los organizadores de la marcha destacaron la discriminación que sufren las personas que viven con el VIH/ SIDA y la falta de programas que garanticen el acceso al trabajo y a la sanidad.

En declaraciones a DW, Lea Mazal, una de las coordinadoras de la manifestación, explicó que exigen al Gobierno el cumplimiento de las leyes existentes, como la ley integral para las personas trans y la legislación para la aplicación de cuotas en el empleo público. Mazal afirmó que estas leyes no se han aplicado en su totalidad. La militante añadió:

"Esta es una marcha política. Marchamos con alegría para ser y para poder amar a quien nosotros queramos, pero también para reivindicar todos nuestros derechos".