Banderola con la palabra «justicia» en alusión a las víctimas de la represión estatal. 2019, Jorge Mejía Peralta (CC BY 2.0) vía Flickr.

Asociación

Los juicios a los presos políticos detenidos después de mayo de 2021 se sucedieron a lo largo de febrero de 2022. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, nueve detenidos fueron condenados bajo falsas acusaciones en enero y a principios de febrero, al cabo de procesos judiciales que, por lo general, solo duraron pocas horas y que estuvieron marcados por diversas irregularidades.

Al 15 de febrero de 2022, las organizaciones de la sociedad civil habían documentado los casos de otros diez presos políticos que fueron condenados por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "propagación de noticias falsas", entre otros cargos. Varios presos políticos fueron condenados a penas severas que van de los ocho a los trece años de prisión.

El 12 de febrero de 2022, las autoridades confirmaron que el exlíder rebelde y disidente sandinista Hugo Torres, de 73 años, había fallecido en prisión, ocho meses después de haber sido detenido bajo acusaciones de traición. El Gobierno afirmó que Torres fue trasladado a un hospital en diciembre de 2021, después de que su salud se deteriorara, y que allí murió a causa de una enfermedad que no ha sido revelada. Torres era considerado como uno de los héroes de la Revolución Sandinista de los años setenta contra la dictadura de Anastasio Somoza. También criticó el régimen de Ortega y fue vicepresidente del movimiento opositor Unamos. Antes de su detención, Torres grabó un vídeo en el que dijo:

"Tengo 73 años. Nunca pensé que a esta edad, en esta etapa de mi vida, iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. [...] ¡Ánimo, pueblo. Ánimo! Hay que mantener el ánimo en alto, la historia está de nuestro lado".

A principios de 2021, Unamos inició una campaña para obtener más información sobre el paradero y el estado de salud de Torres. Su muerte puso de manifiesto el trato negligente que reciben los presos políticos por parte de las autoridades judiciales. Según abogados y personas defensoras de los derechos humanos, la denegación de asistencia médica oportuna a estos detenidos se ha convertido en una constante. Los familiares de los presos políticos expresaron su preocupación por las condiciones en las que están recluidos sus seres queridos y aseguraron que muchos de los detenidos en La Modelo y El Chipote tuvieron problemas de salud y no recibieron una atención médica adecuada.

Asimismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que las autoridades comenzaron y suspendieron en varias ocasiones el juicio de siete presos políticos, quienes fueron sometidos a circunstancias degradantes en los tribunales. A los siete se los juzga por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y las pruebas en su contra consisten en mensajes obtenidos a partir de grupos de WhatsApp y en declaraciones públicas en los medios de comunicación en las que criticaron el régimen de Ortega. Se trata de:

  • José Pallais, jurista y miembro de la Coalición Nacional;
  • Félix Maradiaga, profesor universitario y precandidato presidencial;
  • Juan Sebastián Chamorro, economista y precandidato presidencial;
  • Arturo Cruz, empresario y precandidato presidencial;
  • José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep);
  • Violeta Granera Padilla, militante y dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB);
  • Tamara Dávila, militante feminista y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB).

Finalmente, todos ellos fueron declarados culpables y sentenciados a principios de marzo de 2022. Cada uno de estos presos políticos fueron condenados a penas severas que van de los ocho a los trece años de prisión.

Continúan los cierres de OSC

El 18 de febrero de 2022, el Gobierno decretó la cancelación de la personalidad jurídica de seis organizaciones de la sociedad civil. La medida afectó a las organizaciones defensoras de los derechos de la mujeres y de los niños Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC), la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI) y el Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud e Infancia; la organización para la defensa de la libertad de expresión PEN Nicaragua, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y la Fundación Iberoamericana de las Culturas(FIBRAS). Estas OSC habrían sido acusadas de no presentar ciertos informes conforme a las exigencias fiscales.

Expresión

El 17 de febrero, el Comité para la Protección de los Periodistas condenó la pena de nueve años de prisión que le fue impuesta al periodista Miguel Mendoza. Mendoza fue condenado el 16 de febrero de 2022 durante una audiencia a puerta cerrada durante la cual, además de la pena de cárcel, también se le prohibió ejercer cargos políticos hasta el final de su condena. Mendoza cuenta con más de treinta años de experiencia en el ámbito del periodismo deportivo y también ha publicado comentarios sobre política y derechos humanos en redes sociales.

El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pedro Vaca también se sumó a las peticiones para la liberación de Mendoza y calificó de tragedia para la libertad de expresión la condena al periodista. En declaraciones a los medios de comunicación, Vaca afirmó que la situación de la libertad de expresión en Nicaragua es «dramática» y expresó su preocupación por los mecanismos de censura, el clima de autocensura y la falta de independencia del poder judicial.