Agentes de policía de Managua cortan el paso a los periodistas que se dirigían al domicilio de un líder opositor detenido. 2 de junio 2021, REUTERS/ Carlos Herrera.

Tal y como informó CIVICUS Monitor, desde finales de mayo de 2021 la sociedad civil y la oposición política nicaragüense han sufrido una represión sin precedentes. Decenas de personas defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política han sido detenidos bajo falsas acusaciones. Líderes empresariales, periodistas y antiguos aliados del presidente Ortega también han sido objeto de ataques.

Esta oleada de represión ha provocado un aumento de los flujos migratorios hacia los países vecinos: solo en julio de 2021 Costa Rica recibió más de 5 000 solicitudes de asilo procedentes de Nicaragua. Se trata del mayor número de solicitudes desde las manifestaciones mortales de 2018. En declaraciones a Reuters, Claudia Vargas, refugiada y coordinadora de la comunidad nicaragüense de la Fundación Arias en San José, afirmó: "Estamos sorprendidos por la cantidad de gente que ha llegado, la mayoría son activistas o miembros de organizaciones de la sociedad civil".

La represión de la sociedad civil continuó y se profundizó en julio y agosto de 2021, tal y como se detalla en las siguientes secciones.

Asociación

Oleada de cierres de OSC

En el espacio de un mes, las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de cuarenta y cinco organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno acusó a las organizaciones de la sociedad civil de incumplir sus obligaciones en materia de información y de obstruir la labor de las autoridades. Estas cancelaciones se llevaron a cabo en virtud de varios instrumentos jurídicos, como la ley sobre agentes extranjeros, la ley de entidades sin ánimo de lucro (Ley 147), la ley contra el lavado de activos (Ley 977) y otras normas para la supervisión de entidades sin ánimo de lucro.

El 28 de julio de 2021, los legisladores nicaragüenses cancelaron la personalidad jurídica de veinticuatro organizaciones, de las cuales quince son asociaciones médicas o entidades que prestan servicios de salud a diversas comunidades. En algunos estos casos, sus dirigentes habían criticado públicamente la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19. Además, la Asamblea Nacional dispuso que los activos de estas OSC pasarán a ser propiedad del Estado. El 16 de agosto de 2021 se decretó el cierre de otras seis organizaciones mediante la publicación de una resolución en La Gaceta, Diario Oficial N.º 152. Se trata de organizaciones internacionales que operan en el país, así como de las sucursales nicaragüenses de Oxfam.

El 26 de agosto de 2021, los legisladores ordenaron la cancelación de quince OSC, entre ellas, organizaciones feministas y para la promoción de derechos sociales, económicos y culturales. También se vieron afectadas las coaliciones de la sociedad civil, como la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local y la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua. El 28 de agosto de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y expresó su preocupación por las repercusiones negativas que tendrán estos cierres en los derechos humanos en el país.

Detienen a militantes y personas defensoras de los derechos humanos

Varios expresos políticos que habían sido puestos en libertad en 2019 en virtud de la Ley de Amnistía volvieron a ser detenidos en julio de 2021. Los dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas fueron detenidos el 5 de julio de 2021 bajo cargos de "terrorismo". Mairena planeaba postularse a la presidencia, lo que le convierte en el sexto precandidato presidencial en ser detenido en el marco de la reciente oleada de represión de la oposición. También fueron detenidos los dirigentes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, ambos miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

Muchos de los detenidos están acusados de delitos cometidos durante las manifestaciones multitudinarias de 2018. Las autoridades también afirmaron estar investigándolos por incitar a actos de injerencia extranjera y violación de la soberanía nacional. El 1 de septiembre de 2021, el Ministerio Público de Nicaragua acusó formalmente a Freddy Navas de "conspiración contra la integridad nacional" en virtud de los artículos 410 y 412 del Código Penal. Para esa fecha, Navas llevaba ya casi dos meses incomunicado.

Situación de los presos políticos

En un informe publicado el 25 de agosto de 2021, Amnistía Internacional destacó el aumento de la represión en Nicaragua desde mayo de 2021 mediante la documentación de los casos de diez personas que fueron detenidas por ejercer sus libertades cívicas. Se trata de los casos de Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez. Según el análisis de Amnistía Internacional, la ocultación del paradero de estos detenidos constituye un delito de desaparición forzada a la luz de las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Además, no se trata de casos aislados; de hecho, numerosos informes han documentado casos de otros detenidos que se encuentran en situaciones similares. El dicho informe, Amnistía Intencional señala:

"En el caso de Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas implementadas por el aparato represivo que han puesto en marcha las autoridades para silenciar cualquier crítica u oposición."

El 27 de agosto de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre el caso del precandidato presidencial detenido Juan Sebastián Chamorro y sobre otras personas en situaciones similares. Esta audiencia tuvo lugar tras la publicación de una resolución de la Corte en julio de 2021, en la que se solicitaba la liberación inmediata de José Adán Aguerri Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y Tamara Dávila Rivas. Durante la audiencia los familiares de los presos políticos relataron que obtuvieron poca o ninguna información sobre el paradero de sus parientes.

Aunque el Estado nicaragüense no envió ningún representante a la audiencia virtual de la Corte, el 31 de agosto de 2021 las autoridades nicaragüenses finalmente autorizaron a recibir visitas a cinco de los treinta y cinco líderes de la oposición detenidos en los últimos meses. Según los medios de comunicación, los familiares de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que sus seres queridos habían sufrido malos tratos y "tortura psicológica" en la cárcel. Ambos habrían sido sometidos a interrogatorios diarios y Maradiaga habría pasado un largo periodo en régimen de aislamiento.

Masacre de indígenas en la costa del Caribe

El 23 de agosto de 2021, invasores de tierras masacraron a los miembros de la comunidad indígena de Kiwakumbaih, en la costa caribeña de Nicaragua, y acabaron con la vida de dieciocho indígenas mayangna y miskitu. Según un comunicado del Gobierno de las Mujeres Mayangna de Nicaragua, un centenar de atacantes armados penetraron en el territorio Mayangna Sauni As, violaron a una mujer y torturaron y asesinaron a trabajadores indígenas. La organización confirmó la muerte de dieciocho miembros de esta comunidad que se dedicaban a la extracción artesanal y legal de oro. Sin embargo, esta cifra podría aumentar una vez se conozca el número de víctimas que perecieron en un túnel que dinamitaron los atacantes.

Este territorio donde se produjeron los hechos se ubica dentro de la reserva de Bosawás y sus moradores han padecido los ataques de acaparadores de tierras desde 2012; desde entonces las comunidades locales ha estado expuestas a una violencia extrema.

Expresión

A principios de agosto de 2021, la Policía Nacional abrió una investigación contra el diario independiente La Prensa y sus empleados por sospechas de "fraude aduanero y lavado de dinero". El 12 de agosto de 2021, en su última edición impresa, el periódico publicó un titular en la portada que rezaba: "La dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad". Al día siguiente, la policía allanó las oficinas del periódico, apagó sus servidores, cortó la electricidad y el acceso a Internet, y detuvo a los empleados, los cuales permanecieron en el edificio durante varias horas. Durante la redada fue detenido Juan Lorenzo Holmann, director de La Prensa. El Ministerio Público comunicó que Holmann permanecerá detenido durante noventa días mientras se investiga al periódico.

El 24 de agosto de 2021, la Fiscalía imputó al periodista Carlos Fernando Chamorro y a su hermano, el exdiputado detenido Pedro Joaquín Chamorro, un presunto delito de lavado de dinero. Esta acusación también recayó sobre Cristiana Chamorro, hermana de Carlos Fernando y excandidata presidencial, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021.

Por otro lado, Carlos Fernando Chamorro anunció el 26 de agosto de 2021 que su programa Confidencial dejaría de emitirse en Radio Corporación debido a la censura y la criminalización del Gobierno. Radio Corporación también suspendió el programa Onda Local, cuyos presentadores expresaban a menudo críticas contra el Gobierno. Desde su página web, el programa Onda local afirmó que su suspensión se debe a «la censura y las amenazas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue imponiendo a los medios de comunicación».

El 28 de agosto de 2021, el periodista y jefe de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco(UNAB) Josué Garay Alcántara relató que tuvo que abandonar el país después de que le avisasen de una inminente orden de detención y restricción de viaje en su contra. El periodista ha sufrido ataques y amenazas constantes desde 2018, cuando trabajaba para La Prensa.

Eye on Nicaragua, un observatorio creado por el grupo de defensa de la libertad de expresión PEN, informó a finales de agosto de 2021 que el Gobierno de Ortega aumentó los ataques represivos contra las voces discrepantes mediante la aplicación de leyes aprobadas recientemente sobre delitos contra el Estado. Por ejemplo, el 31 de agosto de 2021, el Ministerio Público anunció la apertura de una causa contra los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, ambos detenidos desde junio de 2021, por "conspiración para menoscabar la integridad nacional".