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Last updated on 19.11.2018 at 14:46

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La criminalización de activistas y manifestantes sigue obligando a muchos a irse del país

La criminalización de activistas y manifestantes sigue obligando a muchos a irse del país

El gobierno nicaragüense sigue acosando y criminalizando a los defensores y defensoras de derechos humanos. El 14 de octubre de 2018, fueron detenidas dos destacadas líderes sociales, Haydeé Castillo y Lottie Cunningham, a las cuales se les impidió viajar a Washington DC.

Asociación

El gobierno nicaragüense sigue acosando y criminalizando a los defensores y defensoras de derechos humano. El 14 de octubre de 2018, fueron detenidas dos destacadas defensoras, Haydeé Castillo y Lottie Cunningham, a las cuales se les impidió viajar a Washington DC. Cunningham fue liberada poco después y se le permitió viajar. A Castillo la llevaron a la penitenciaría de El Chipote donde permaneció detenida durante 24 horas. Tras de su liberación, Castillo informó que la llevaron a una celda con otras diez mujeres y la mantuvieron allí en condiciones insalubres. Declaró que dicha celda estaba llena de goteras y de ranas, y que los agujeros estaban cubiertos con botellas de plástico para evitar que entraran los zorros. Después de su liberación, le informaron que se le había impuesto una prohibición de viajar.

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos afirmó:

"Cabe recordar que desde el inicio en abril de la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, Haydeé Castillo ha sido objeto reiterado de ataques de diversa índole, desde ataques físicos y amenazas a señalamientos y campañas de difamación en las que se le atribuía falsamente los delitos que ahora se le imputan, por lo que cuenta con medidas cautelares de la CIDH. Ello sin duda responde a una estrategia planificada para construir una narrativa falsa con el objetivo de justificar la criminalización, detención y judicialización a la defensora." 

El 18 de octubre de 2018, Amnistía Internacional publicó su segundo informe en el cual se documentan varias violaciones de derechos humanos cometidas entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre de 2018. La organización de derechos humanos señaló la persistencia del gobierno en sus esfuerzos para criminalizar a los opositores, calificando de terroristas o conspiradores golpistas a cualquier persona que se haya manifestado contra el gobierno intentando así justificar sus propias acciones violentas.

Dicho informe afirma que durante las manifestaciones se había utilizado no solo "fuerza excesiva, sino tambien desproporcionada y en algunos casos, letal por parte del Estado y de grupos armados progubernamentales". En cuanto a las detenciones, el informe detalla que el gobierno "utilizó la tortura para castigar a quienes protestaban y para fabricar pruebas. Además las investigaciones policiales estaban orientadas a obtener información sobre la organización y el liderazgo de quienes se manifestaban". Como consecuencia de la criminalización y de la persecución, 8,000 nicaragüenses solicitaron asilo en Costa Rica y 15,000 han obtenido una cita para iniciar el proceso.

Uno de esos casos es el de Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, quien llegó a Costa Rica el 4 de agosto de 2018 tras ser víctima de múltiples acciones intimidatorias bajo la forma de amenazas telefónicas, campañas de difamación y la vigilancia de su oficina. En octubre de 2018 se le concedió el asilo en Costa Rica.

Según Amnistía Internacional, hasta el 18 de agosto de 2018, al menos 300 personas habían sido procesadas por su participación en las manifestaciones. Algunas de ellas están siendo juzgadas, mientras que otras han sido condenadas a duras penas. Por ejemplo, el 3 de octubre de 2018, un juez declaró culpables a nueve personas por su participación en una manifestación y por la construcción de barricadas en las carreteras de Managua. La Fiscalía solicitó al juez una pena de 24 años.

Tal y como habíamos informado anteriormente, Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, y Pedro Joaquín Mena Amador, fueron arrestados en el aeropuerto en julio de 2018. Su audiencia se habría fijado para el mes de octubre; sin embargo se pospuso una vez más y ahora está programada para principios de noviembre de 2018.

Reunión Pacífica

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) informó sobre la detención arbitraria de más de 20 personas durante la manifestación del 14 de octubre de 2018 convocada para exigir la liberación de los presos políticos del país. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabilizó la detención 38 personas durante dicha manifestación.

Expresión

Los periodistas nicaragüenses siguen siendo objeto de acoso por parte de la policía nacional. El 30 de septiembre de 2018, el periodista Roberto Mora denunció un registro policial injustificado de su coche. Además, el jefe de policía, Alejandro Ruiz Martínez, intentó arrebatarle el teléfono al periodista que estaba documentando una manifestación de los familiares de los detenidos frente a la delegación policial.

Los periodistas extranjeros también son objeto de acoso e intimidación. El 1 de octubre se informó de la desaparición del periodista y antropólogo austríaco-estadounidense Carl David Goette-Luciak. Según su padre, Goette-Luciak fue capturado por la policía y horas más tarde llegó a El Salvador tras haber sido obligado a abandonar el país. Como habíamos señalado en el Monitor, Goette-Luciak había sido objeto de ciberacoso en ocasiones anteriores.

El 14 de octubre de 2018, varios periodistas fueron detenidos y agredidos durante la manifestación antes mencionada en la sección Reunión Pacífica. Sergio Marín, periodista de La Mesa Redonda, fue agredido por cinco personas que le robaron su teléfono y sus pertenencias mientras informaba sobre la dura represión durante la manifestación.

Yelba López, periodista de Radio Nicaragua, afirmó:

"La represión contra los periodistas independientes es muy dura. Muchos han renunciado y están emigrando. Ortega quiere callar a la prensa independiente, trabaja en una serie de leyes imponiendo restricciones en importaciones y exportaciones que pueden llegar al papel periódico y equipamiento para los medios de comunicación. Hay una campaña sistemática para cerrar los pocos medios independientes de Nicaragua."

Actualmente Nicaragua se encuentra en la lista de vigilancia del Monitor de países donde existe una amenaza urgente, inmediata y en desarrollo para el espacio cívico. Por favor, póngase en contacto con nosotros si dispone de información que desee compartir sobre la situación. Aquí encontrará nuestra información de contacto.

Association

Freedom of association is recognised in the Constitution of Nicaragua

Freedom of association is recognised in the Constitution of Nicaragua. Nevertheless, numerous gaps and contradictions in General Law on Non-Profit Legal Persons (law no. 147) allow for the exercise of discretionary authority over CSOs. Legal recognition requires approval by the National Assembly, which is currently dominated by the president’s party – the Sandinista National Liberation Front - and, according to civil society actors, selectively blocks or delays applications. Civil society organisations also face harassment and intimidation. For example, three armed men attempted to break into the offices of the Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico in March 2015.

Peaceful Assembly

The Nicaraguan Constitution supports freedom of assembly, and according to the Manual for Individual and Political Rights, gatherings of more than twenty people require prior notice.

The Nicaraguan Constitution supports freedom of assembly, and according to the Manual for Individual and Political Rights, gatherings of more than twenty people require prior notice. Public demonstrations are generally allowed, but police frequently use excessive force against protestors and fail to protect opposition demonstrators against aggressive behaviour by pro-government supporters. According to the local organisation Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), during 2015 many demonstrations and protests were blocked and in some cases even repressed by security forces and pro-government groups. On 8th March 2016, International Women’s Day, a peaceful demonstration led by women’s organisations calling attention to gender inequalities and violence against women was blocked by anti-riot police despite having the required authorisation.

Expression

Freedom of expression is constitutionally recognised, but restrictive media policies have proliferated in recent years.

Freedom of expression is constitutionally recognised, but restrictive media policies have proliferated in recent years. Defamation and libel remain punishable by substantial fines, and the recent reduction in the number of legal cases against journalists is likely due to self-censorship. Unlike radio and print, the television market is dominated by two media conglomerates, one led by a Mexican media mogul which concentrates on entertainment, and the other is controlled by the president’s family and is increasingly used to disseminate government propaganda. The ruling party also owns radio stations and news websites. Critical media outlets and journalists report threats, harassment, and physical violence perpetrated by both government and private actors.There is no direct censorship, but freedom of expression is restricted by a lack of information. Civil society has repeatedly stated that the authorities do not comply with the Access to Information Law of 2007. The president has never held a press conference and communicates instead through cadenas nacionales; -joint broadcast, over various media (usually radio and television), directed at the general population of a state-.The first lady is the only authorised government spokesperson. While independent journalists’ requests for interviews are denied, friendly ones are granted exclusive access to government events and press briefings. Critical media is also financially strangled by the arbitrary allocation of government advertising. No restrictions have thus far been placed on the Internet, which is currently accessed by less than 20% of the population.