Expresión

A principios de febrero de 2021 el líder de la mayoría del Senado mexicano presentó una proposición de ley para regular las redes sociales que podría limitar la libertad de expresión en el país. Esta proposición reformaría la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México y obligaría a las empresas de redes sociales a solicitar una autorización al regulador de telecomunicaciones para seguir operando. Además, esta legislación otorgaría al regulador potestad para supervisar las políticas aplicadas a los usuarios suspendidos o excluidos de dichas redes. Según informaciones publicadas en la prensa, esta proposición fue una respuesta a la exclusión permanente de Twitter del expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Expertos en derechos digitales han criticado la proposición de ley alegando que establece definiciones y distinciones ambiguas, erige barreras para un entorno digital diverso y establece obligaciones onerosas que limitarían la capacidad de algunas empresas para operar en el país. Al respecto Carlos Lara, director de investigación y políticas de Derechos Digitales, argumentó:

"Las experiencias previas de imposición de obligaciones vagas a las plataformas muestra que, en general, el resultado es una censura de contenidos más frecuente en perjuicio de la libertad de expresión y de la diversidad de voces en Internet".

Article 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) coordinaron una campaña contra la proposición de ley junto con varias organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales. Estos grupos piden un amplio debate público nacional sobre la regulación de las redes sociales, la cual ha de llevarse a cabo sin menoscabar los derechos digitales.

En un estudio sobre este tema, Article 19 descubrió que las autoridades mexicanas enviaron más de 38 000 solicitudes para la eliminación de contenidos en Twitter, Facebook y Google entre 2017 y 2019. La organización declaró que el Estado censura los contenidos digitales de forma opaca, ya que no existe información sobre el 95,6 % de estas solicitudes ni tampoco se rinden cuentas por ellas.

Ataques contra periodistas y otros sucesos

El 22 de marzo de 2021 el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó de la desaparición del periodista Jorge Molontzín Centlal el 10 de marzo de 2021 cerca del municipio de Santa Ana, Sonora. Molontzín, reportero a tiempo parcial de la revista Confidencial, cubre noticias sobre obras públicas, política local y eventos sociales en la región. El editor de la revista dijo que el medio había cesado de informar sobre la delincuencia tras recibir amenazas hace varios años y que desconocía las amenazas contra Molontzín.

El 2 de marzo de 2021 Eleazar Molina Pérez, alcalde de Tetla de la Solidaridad, habría intentado sacar de la carretera el automóvil del periodista Alberto Amaro. Este último relató que él y los policías que lo escoltaban adelantaron el vehículo de Molina y que los agentes acompañaron al alcalde hasta la sede local de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala. A pesar de esto, el alcalde fue puesto en libertad sin cargos. Más tarde, Amaro recibió mensajes amenazantes en Internet que hacían referencia a su labor como periodista. Al día siguiente del ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala retiró al reportero los escoltas que le había asignado el mecanismo federal para la protección de periodistas. Article 19 indicó que Amaro ha sido objeto de ataques en múltiples ocasiones por su trabajo y que su vida corre peligro sin la protección del mecanismo federal.

El 1 de marzo de 2021 un periodista de Foro Tuxpan denunció que agentes de policía lo detuvieron y acosaron después de usar un dron para documentar la escena de un crimen en la vía pública. Los agentes habrían acusado a Antonio de Marco Arango de traspasar el cordón policial y de interferir en la investigación. Sin embargo el periodista negó estas acusaciones arguyendo que ni él ni el dron penetraron en el perímetro restringido. El reportero relató que los agentes se llevaron su teléfono celular y sus cámaras, y que durante las 36 horas que permaneció detenido trataron de obligarlo a firmar documentos en los que no figuraban los delitos que se le imputaban.

Como hecho positivo cabe señalar que el 3 de febrero de 2021 fue detenido el exgobernador de Puebla Mario Marín por haber presuntamente ordenado la detención ilegal y tortura de una periodista que había revelado la protección gubernamental de la disfrutaba una red criminal involucrada en la pedofilia. En 2005 fue arrestada la reportera Lydia Cacho acusada de difamación tras destapar los vínculos entre políticos y empresarios poderosos, y redes del crimen organizado que explotaban a niñas y mujeres jóvenes. Mientras se hallaba bajo custodia policial fue sometida a torturas para que se retractara de sus reportajes. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, Cacho también se había enfrentado a múltiples ataques y actos de acoso en los últimos años. Las evidencias de la participación del exgobernador en la detención arbitraria de Cacho incluyen grabaciones de conversaciones telefónicas que se filtraron en 2007. Sin embargo, solo fue en 2019 cuando se emitió una orden de arresto contra el exgobernador. De ser declarado culpable, Marín podría enfrentarse a una pena de hasta doce años de prisión.

Reunión pacífica

Continúan las manifestaciones feministas

El 8 de marzo de 2021 miles de mujeres participaron en manifestaciones y otros eventos en Ciudad de México para exigir justicia para las numerosas víctimas de la violencia de género y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. "Estoy aquí para que se escuche mi voz y para que se haga justicia. Ayer fue mi hija. Mañana podría ser otra niña", exclamó una madre de 39 años cuya hija se encuentra en un hospital recuperándose de una agresión. En la víspera de la marcha grupos de mujeres pintaron los nombres de las mujeres víctimas de la violencia en vallas que se colocaron frente al Palacio Nacional antes de la manifestación. Durante la marcha la policía roció con gas pimienta a las manifestantes en las inmediaciones del Palacio después de que algunas hubieran roto ventanas y arrojado piedras y otros objetos a la policía. Según los medios de comunicación, 62 agentes y 19 civiles resultaron heridos durante estos incidentes.

En su rueda de prensa matutina del 8 de marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su oposición a los movimientos feministas del país, afirmando que algunas conservadoras se disfrazan de feministas y que estas manifestaciones lideradas por mujeres no existían antes de que iniciara su mandato al frente del Gobierno. López Obrador ha mantenido una postura conflictiva con los movimientos de mujeres y a menudo ha hecho comentarios denigrantes contra las activistas y cuestionado su legitimidad. En las semanas previas a la marcha grupos de mujeres criticaron su apoyo a Félix Salgado, un candidato a gobernador en Guerrero acusado de violación. A finales de febrero manifestantes feministas se enfrentaron a simpatizantes del Gobierno durante un mitin en Iguala, Guerrero. Al menos una mujer resultó gravemente herida tras ser golpeada con un megáfono por un presunto familiar de Salgado.

En este contexto Amnistía Internacional publicó un nuevo informe sobre la represión de las manifestaciones feministas en México. La organización analizó varias manifestaciones organizadas por grupos feministas y de mujeres, y descubrió que las fuerzas del orden "reprimieron a mujeres que se manifestaban de forma pacífica contra la violencia de género en 2020, violando así sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica a través de detenciones arbitrarias, un uso innecesario y excesivo de la fuerza, e inclusivo mediante actos de violencia sexual". Según Amnistía Internacional, se han estigmatizado las manifestaciones feministas acusándolas de ser violentas, a pesar de que han sido pacíficas en su mayoría.

Manifestación de solicitantes de asilo; ciclistas exigen seguridad

El 2 de marzo de 2021 cientos de migrantes bloquearon el paso fronterizo entre Estados Unidos y México en Tijuana para exigir que se les permita solicitar asilo en los Estados Unidos. Si bien muchos emigrantes de Centroamérica, Cuba, Haití y México han podido presentar su solicitud después de que el Gobierno de Biden desmantelase algunas de las políticas del expresidente Trump, muchos todavía permanecen en México a la espera de que se atiendan sus solicitudes.

Por otro lado, al menos diez policías fueron suspendidos por atacar y acosar a los manifestantes de Ciudad de México que exigían más seguridad para los ciclistas después de que varios de ellos perdieran la vida. Un video del suceso, que tuvo lugar el 5 de febrero de 2021, muestra a los agentes mientras golpean y patean a los ciclistas, incluso después de haberlos detenidos. Según informaciones publicadas por la prensa, las lesiones de varios ciclistas requirieron los cuidados médicos de los servicios de emergencia. La investigación sobre esta agresión continúa y más agentes podrían ser sancionados si se descubre que estuvieron involucrados en los hechos.