Una mujer sostiene un cartel con la foto de Berta Cáceres, una activista medioambiental lenca asesinada, durante una manifestación en 2019. Fuente: REUTERS/ Jorge Cabrera.

El 16 de marzo de 2021, durante su 46.° período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos aprobó las conclusiones del Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras. El Grupo de Trabajo del EPU examinó el historial de derechos humanos del país y formuló varias recomendaciones, entre ellas:

  • Revisar el lenguaje ambiguo del Código Penal para adecuarlo a los principios del estado de derecho.
  • Llevar ante la justicia y sancionar de forma efectiva a los agresores y homicidas de personas defensoras de los derechos humanos.
  • Garantizar recursos técnicos y financieros para los mecanismos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos.
  • Evitar criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y velar por su protección.
  • Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones del mecanismo nacional de protección.

Honduras apoyó 203 de las 223 recomendaciones que se formularon durante su examen y tomo nota de otras veinte. Organizaciones de la sociedad civil como CIVICUS y Redlad saludaron el resultado y el compromiso del país. Sin embargo, también señalaron que Honduras solo aplicó parcialmente ocho de las treinta recomendaciones anteriores relacionadas con el espacio para la sociedad civil. En este sentido, las organizaciones urgieron al país a tomar medidas proactivas e instaron a los Estados a garantizar el seguimiento de la puesta en marcha de sus recomendaciones.

Asociación

Asesinan a un defensor del medioambiente lenca

El 21 de marzo de 2021 fue asesinado a tiros en el departamento de Cortés Juan Carlos Cerros Escalante, defensor del medioambiente y líder indígena lenca. Cerros presidía el grupo reivindicativo Comunidades Unidas e hizo campaña contra la construcción de la presa hidroeléctrica El Tornillito en el río Ulúa. El inspector de la Policía Nacional Juan Sabillón afirmó que se ha detenido a un sospechoso y que otros individuos se hallan bajo investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a las autoridades a seguir investigando el asesinato de Cerros con un enfoque étnico-racial y teniendo en cuenta su labor en la defensa del territorio.

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, otros dos defensores indígenas fueron asesinados en Honduras en diciembre de 2020.

Criminalización de personas defensoras y causas judiciales

El 3 de marzo de 2021 fueron detenidas Jennifer Solórzano y Marianela Solórzano por una presunta "usurpación de tierras" y por "daños y amenazas" contra la empresa privada Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA). A Jennifer también se la acusa de haber "desplazado por la fuerza" al personal de JUCA. Las dos hermanas garífunas pasaron cuatro días en la cárcel de Trujillo, departamento de Colón. Ambas defienden el derecho a la tierra y son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Marianela también defiende los derechos de las personas LGBTQI+.

La primera audiencia de las dos defensoras se celebró el 7 de marzo de 2021 en un juzgado local de Trujillo. Las organizaciones de la sociedad civil informaron de una fuerte presencia policial fuera del tribunal y aseguraron que el juez que presidió la audiencia no permitió la presencia de observadores de los derechos humanos. Ambas defensoras fueron puestas en libertad de forma provisional mientras continúa su juicio. Según OFRANEH, 36 lugareños han sido acusados de usurpación de tierras en un contexto marcado por el aumento de los conflictos territoriales en Trujillo.

Asimismo, el 4 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Durante el evento el Comisionado Joel Hernández García pidió a la Corte que requiera información al Estado hondureño sobre la aplicación de las sentencias en estos casos, expresó su preocupación por la falta de investigación del secuestro de líderes garífunas en julio de 2020, y señaló que estos casos podrían calificarse de desapariciones forzosas.

Por otro lado, el grupo Guapinol Resiste denunció la falta de transparencia del Estado hondureño. En una audiencia pública del 19 de marzo de 2021, el grupo, que apoya a los defensores del agua de Guapinol que han sido criminalizados, acusó a las autoridades hondureñas de proporcionar información engañosa a la CIDH. Dijeron que Nelson Molina, representante de la Procuraduría General de la República, informó a la CIDH que el defensor Jeremías Martínez había sido liberado después de su absolución el 17 de marzo de 2021. Sin embargo, aunque Martínez fue absuelto en una causa por sus acciones durante una manifestación, sigue detenido por otros cargos en su contra al igual que otros siete defensores de Guapinol.

Asimismo, el 6 de abril de 2021 comenzó el juicio del ejecutivo Roberto David Castillo por el asesinato de la defensora del medioambiente Berta Cáceres. Castillo, expresidente de Desarrollos Energéticos (DESA), ha sido imputado como presunto autor intelectual de dicho homicidio. En los días previos al juicio la policía habría acosado a las hijas de Cáceres Bertha y Laura Zúñiga. Ambas han solicitado al tribunal que permita a los familiares asistir al juicio, el cual se está celebrando sin observadores.

Reunión pacífica

El 6 de abril de 2021 la policía usó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes pacíficos que exigían indemnizaciones para las personas afectadas por los huracanes Eta e Iota. Los manifestantes en El Progreso, departamento de Yoro, también exigieron medidas para evitar daños mayores durante la próxima temporada de lluvias.

Expresión

Durante las elecciones primarias hondureñas del 14 de marzo de 2021, las organizaciones de prensa registraron diez casos en los que se restringió la labor de los periodistas. Estos sucesos se produjeron en cinco departamentos hondureños y a menudo implicaron restricciones para el acceso a los centros electorales.

El 22 de marzo de 2021 el periodista Charly Pineda de Hable Como Habla alertó de que había recibido amenazas de muerte por informar sobre delitos y actos violentos en La Esperanza, departamento de Intibucá. El reportero, que aseguró haber recibido repetidas amenazas desde 2019, se mudó temporalmente a otra región con su familia.