Expresión

Hostilidad hacia la prensa durante la pandemia de COVID-19

El 12 de abril de 2020 más de cien periodistas guatemaltecos publicaron un comunicado en el que denunciaban el comportamiento hostil y reiterado del presidente Alejandro Giammattei y de otros cargos públicos mediante acciones destinadas a intimidar, desacreditar y censurar a la prensa. Este documento constituye una respuesta a las declaraciones del presidente Giammattei el 11 de abril de 2020 en una rueda de prensa televisada durante la cual criticó a los medios de comunicación y acusó a la prensa de solicitar con insistencia información confidencial sobre las personas que dieron positivo por COVID-19. El mismo día, una periodista de la revista Nómada fue expulsada de un grupo de WhatsApp en el que el Ministerio de Salud difunde información sobre la pandemia.

Ante las quejas de los periodistas, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, solicitó al gobierno que mantenga una comunicación abierta, directa y continua con la prensa durante esta emergencia sanitaria para así garantizar el derecho a la información de la población. Rodas afirmó que las autoridades deben dar a conocer datos oportunos, confiables y de calidad, y detallar cuales son las regiones más afectadas, el número de pruebas que se ha realizado y la gestión para la adquisición de medicamentos. El 14 de abril de 2020 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al gobierno de Guatemala a respetar el trabajo de la prensa, el derecho a la información de la población y las garantías constitucionales que se han restringido desde la aplicación de las medidas gubernamentales para combatir la COVID-19. La organización destacó la importancia de la transparencia gubernamental y del acceso a la información durante este periodo de crisis.

Acoso e intimidación contra periodistas comunitarios

El 11 de marzo de 2020 la organización de la sociedad civil IM-Defensoras señaló que el medio de comunicación local Prensa Comunitaria y sus reporteras fueron objeto de una campaña de difamación en los medios conservadores y en las redes sociales debido a su cobertura de la marcha del Día Internacional de la Mujer celebrada el 8 de marzo de 2020 en la ciudad de Guatemala. Durante la movilización Prensa Comunitaria difundió imágenes de carteles callejeros y de pintas en paredes y monumentos públicos. Dicha cobertura condujo a que se acusase a las periodistas de Prensa Comunitaria de ser las responsables de la campaña de pintas así como de los carteles callejeros. Posteriormente, tanto el medio de comunicación como sus reporteras se vieron expuestos a descalificaciones, insultos, expresiones de odio y difamación.

El 18 de abril de 2020 el periodista kekchí Carlos Ernesto Choc fue víctima de un robo en su vivienda, en El Estor, departamento de Izabal. Durante el suceso le sustrajeron parte de su equipo de trabajo. Ernesto Choc es corresponsal local de Prensa Comunitaria y recientemente había estado investigando el desabastecimiento de agua de comunidades cercanas al municipio de El Estor. Choc comunicó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que cree que este robo es un intento que busca intimidarlo para que deje de informar sobre el desabastecimiento de agua. Durante el suceso el ladrón sustrajo una cámara, dos teléfonos celulares y accesorios de grabación, pero no se llevó dinero ni otros objetos de valor. El periodista denunció los hechos ante la Fiscalía, la Policía Nacional y la Fiscalía de Derechos Humanos. Desde 2017 Choc y otros periodistas locales han sido perseguidos por la vía penal por su labor periodística.

Vulnerabilidad de periodistas ambientalistas

Un informe sobre la libertad de prensa en Guatemala publicado por el CPJ el 27 de marzo de 2020 afirma que si el gobierno de Giammattei desea revertir años de retrocesos en materia de libertad de prensa deberá adoptar un sólido compromiso con la transparencia y proporcionar recursos suficientes para combatir la impunidad de los ataques contra la prensa. Dicho informe también destaca que los periodistas que cubren temas relacionados con el medioambiente en ciudades de pequeño tamaño y en zonas rurales de Guatemala corren un mayor riesgo de ser perseguidos por su trabajo. Desde 1992 al menos seis periodistas han sido asesinados en el país en relación directa con su labor.

Asociación

El 8 de abril de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución en la que solicitó al Estado de Guatemala el fortalecimiento de los mecanismos de protección de tres funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI). La FECI se encarga de la investigación de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el marco del Plan Gavilán, en la que policías y soldados han sido acusados de cometer dichos asesinatos.