Manifestación contra reformas legislativas autoritarias y la adopción de bitcóin, 15 de septiembre de 2021. REUTERS/ José Cabezas.

El 3 de septiembre de 2021, los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia publicaron una resolución que se establece que los presidentes pueden ejercer dos mandatos consecutivos. Esta decisión corrió a cargo de magistrados que fueron designados después de que los legisladores aliados del presidente Nayib Bukele remplazaran a cinco de los jueces de la Corte. Esta resolución allana el camino para que Bukele se presente a la reelección en 2024.

En respuesta, la Tribunal Supremo Electoral afirmó que acatará la orden de la Corte Suprema a pesar de que la Constitución prohíbe que el mismo presidente sea reelegido de forma consecutiva. Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición condenaron la decisión.

Por otra parte, el 7 de septiembre de 2021, El Salvador adoptó oficialmente la criptomoneda bitcóin como moneda de curso legal, una decisión que suscitó preocupación entre expertos e instituciones financieras.

La reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional y el escepticismo que generó la adopción apresurada del bitcóin fueron algunas de las cuestiones que alimentaron las manifestaciones antigubernamentales de septiembre de 2021.

Reunión pacífica

El 5 de septiembre de 2021, el grupo feminista Colectiva Amorales realizó una performance en San Salvador en signo de protesta contra la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que permite al presidente Nayib Bukele presentarse a la reelección. Un video de la acción se viralizó en las redes sociales y tanto Bukele como sus partidarios lo difundieron y criticaron. Días después, el grupo aseguró que las integrantes del colectivo que participaron en la performance habían sido acosadas, estigmatizadas y recibido amenazas de muerte en las redes sociales. La formación también solicitó la intervención de Procuraduría de derechos humanos para que se garantice su derecho a la protesta sin discriminación, censura y amenazas por parte del presidente o de cualquier persona o institución.

Miles de personas participaron en una manifestación contra el Gobierno de Bukele el 15 de septiembre de 2021, fecha en la que varios países centroamericanos celebran su independencia de España. La imposición del bitcóin como moneda de curso legal, los ataques sistemáticos contra periodistas y las trabas que impuso el Gobierno en el juicio de los autores de la masacre de El Mozote fueron algunos de los asuntos que destacaron los manifestantes, entre otros. También denunciaron los ataques a la democracia y los esfuerzos de las autoridades por reformar la Constitución. Los medios de comunicación afirmaron que se trataba de las mayores manifestaciones antigubernamentales desde 2019, año en el que Bukele asumió la presidencia.

Aunque las manifestaciones fueron pacíficas en su mayoría, algunos cajeros automáticos para operar con bitcoines sufrieron actos vandálicos; hechos que Bukele denunció y aprovechó para acusar a los manifestantes de sembrar la violencia. Bukele también afirmó que la comunidad internacional había financiado las manifestaciones contra él. Los manifestantes condenaron las medidas autoritarias de Bukele, quien respondió cambiando la descripción de su perfil de Twitter y autodenominándose "dictador", en una referencia supuestamente irónica a las manifestaciones contra su persona. Unos días después, volvió a cambiarla y esta vez se definió como "el dictador más cool del mundo".

El 30 de septiembre de 2021, veteranos del ejército, excombatientes de la guerra civil y sindicatos organizaron una manifestación en San Salvador. Los manifestantes marcharon hacia la Asamblea Legislativa para expresar su condena a varias decisiones del Gobierno, entre ellas, la adopción del bitcóin y de una reforma que establece la jubilación obligatoria de los jueces con treinta años de servicio o mayores de sesenta años. Aunque la marcha fue pacífica, los medios de comunicación informaron de que agentes de policía impidieron que autobuses con manifestantes llegaran hasta el lugar de la manifestación.

Por otro lado, el 28 de septiembre de 2021, Día Internacional del Aborto Seguro, grupos defensores de los derechos reproductivos organizaron una marcha en San Salvador. Las manifestantes pretendían entregar un documento con sus demandas a la Asamblea Legislativa, pero una barricada frente al edificio se lo impidió. Entre sus reivindicaciones está la despenalización de la interrupción del embarazo bajo tres causales: cuando el embarazo no sea viable, cuando sea fruto de una violación y cuando suponga un riesgo para la vida de la mujer.

Expresión

El 17 de septiembre de 2021, Javier Argueta, asesor jurídico del presidente Nayib Bukele, amenazó con tomar represalias contra dos periodistas de GatoEncerrado. En un mensaje en Twitter, Argueta sugirió que las periodistas Karen Moreno y Beatriz Benítez deberían tener "cuidado con las infracciones en las que caerán" si no revelan las fuentes anónimas de un reportaje. El mensaje se refería a un artículo que revelaba que el asesor jurídico se había reunido en privado con los magistrados de la Tribunal Supremo Electoral antes de que el Tribunal Supremo publicara la resolución que autoriza al presidente a presentarse a un segundo mandato consecutivo. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por el hecho de que altos funcionarios se dediquen a intimidar a periodistas y recordó que la jurisprudencia internacional protege el secreto de las fuentes periodísticas.

El 21 de septiembre de 2021, miembros de la policía salvadoreña habrían vigilado al medio de comunicación digital FOCOS. Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), varios policías a bordo de una camioneta fotografiaron la sede de FOCOS y afirmaron estar investigando la presencia de pandillas en la zona.

El 6 de octubre de 2021, las organizaciones de la sociedad civil Cristosal, ICEFI, FESPAD, Fundación DTJ, entre otras, denunciaron que las autoridades salvadoreñas no habían publicado el proyecto del Presupuesto General del Estado para 2022, el cual presentó el ministro de Hacienda ante la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre de 2021. Si bien el Ministerio presentó el presupuesto previsto para áreas clave como la educación, la sanidad y la seguridad, el proyecto de ley no se hizo público. Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que es necesaria una transparencia total sobre el presupuesto, ya que es la herramienta principal para definir las áreas prioritarias de gasto gubernamental, las fuentes de financiación y el uso de los impuestos. También aseguraron que no publicar la ley de presupuestos vulnera el derecho al acceso a la información de la ciudadanía. Según informaciones publicadas en la prensa, el Ministerio de Finanzas tampoco ha facilitado datos sobre el aumento previsto de los ingresos ni sobre demás información necesaria para realizar un análisis económico del proyecto presupuestario.

Asociación

El 10 de septiembre, las organizaciones de la Coalición por la Libertad de Asociación expresaron su preocupación por el retroceso democrático que experimenta El Salvador e hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que se pronuncie contra los ataques a las libertades fundamentales en el país. Las organizaciones destacaron la creciente difamación pública de la sociedad civil por parte de altos cargos públicos, así como las amenazas y las agresiones a periodistas por parte de funcionarios públicos y de las fuerzas del orden.

Por ejemplo, en un artículo de opinión del 16 de agosto de 2021, el secretario de prensa de la Presidencia Ernesto Sanabria acusó a las organizaciones de la sociedad civil de cometer actos de corrupción y de actuar guiadas por su propio interés. En dicho artículo, Sanabria nombró a seis grupos de la sociedad civil como ejemplos de grupos que "no contribuyen al país".