El 24 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó el estado de excepción por otros treinta días a petición del presidente Nayib Bukele.

Alrededor de 16 000 personas han sido detenidas por su presunta relación con grupos delictivos desde que se instauró el estado de excepción para hacer frente a la violencia de las pandillas. En el marco de esta campaña de represión, se han denunciado casos de detenciones arbitrarias y la imposición de cuotas de detenciones a los agentes de policía, una medida que fomenta violaciones adicionales de las garantías procesales. Los grupos de derechos humanos y los periodistas que han denunciado abusos han sido difamados y estigmatizados.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, comentó:

"Durante los últimos treinta días, el Gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas; las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción".

Asociación

El 10 de abril de 2022, la líder comunitaria Alicia Yamileth Pineda Chicas fue detenida en su lugar de trabajo en la colonia San Hilario, municipio de Jiquilisco, Usultán. Cuatro días después, un vecino de Pineda informó a Radio YSUCA que se desconocía su paradero, al igual que los cargos que se le imputan. Más tarde se supo que había sido detenida por un presunto delito de "agrupación ilícita", una acusación que la familia y los vecinos consideran infundada.

Asimismo, la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (Fundahmer) denunció que las autoridades detuvieron arbitrariamente a la defensora de los derechos humanos Esmeralda Beatriz Domínguez de Peña el 19 de abril de 2022 en el Bajo Lempa. Domínguez es una líder comunitaria que trabaja para Fundahmer como educadora y ha apoyado a la delegación local del grupo de desarrollo comunitario ADESCO. Al parecer, la policía se habría negado a revelar los cargos que se le imputan.

Detienen y someten a tratos degradantes a un defensor de los derechos LGBTQIA+

El 21 de abril de 2022, la policía salvadoreña detuvo a un defensor de los derechos humanos y miembro de Cultura Trans cuando iba a encontrarse con un colega para ir juntos a una reunión con Amnistía Internacional. Los agentes lo obligaron a bajar de un autobús para un control policial en el marco del estado de emergencia. Más tarde, en declaraciones a la Agencia Presentes, el militante relató que los agentes ordenaron a varias personas que bajaran del autobús, pero centraron su atención en él específicamente por sus tatuajes. También le preguntaron por qué su nombre era distinto al que figuraba en su documento de identidad personal.

Poco después llamó a su colega para informarle de que lo habían detenido. Liam Fernando Linares, coordinador de Cultura Trans, explicó que a su colega lo humillaron y golpearon mientras estaba bajo custodia policial, y que luego, a pesar de su identidad de género, lo recluyeron junto a mujeres detenidas en un centro de detención provisional. Las autoridades lo pusieron en libertad tras hacerse pública su detención. El militante decidió denunciar su caso de forma anónima por miedo a las represalias.

Expresión

El 19 de abril de 2022, el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro difamó públicamente a los periodistas que han denunciado actos de acoso por sus críticas al Gobierno, se burló de ellos y los exhortó a que se vayan el país. Castro también afirmó que la oposición y los medios de comunicación son quienes atacan al Gobierno.

El 23 de abril de 2022, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) advirtió que la empresa tecnológica Apple había alertado de nuevos ataques a dispositivos celulares en El Salvador. Varios periodistas recibieron avisos similares en noviembre de 2021, unos meses antes de que una investigación de la sociedad civil confirmara que se habían empleado programas espía para infectar los teléfonos celulares de decenas de reporteros y defensores de los derechos humanos.

El 25 de abril de 2022, varios piratas informáticos accedieron a las cuentas de WhatsApp y de Facebook de Mónica Rodríguez, directora de APES, y las usaron para publicar contenido de carácter sexual. La organización pidió a las autoridades que investigaran el ataque. Rodríguez también ha recibido mensajes difamatorios en redes sociales tras participar en una conferencia sobre el periodismo.

Un experto de la CIDH alertó sobre la criminalización

El 13 de abril de 2022, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que advirtió del riesgo de criminalización severa de los ejercicios legítimos de la libertad de expresión en El Salvador. Esta advertencia se hizo pública tras la aprobación de las reformas del Código Penal y de las prohibiciones dirigidas específicamente a los medios de comunicación de la Ley de Proscripción de Pandillas, tal y como informamos en el CIVICUS Monitor.

Reunión pacífica

El 22 de abril de 2022, Día de la Tierra, organizaciones ecologistas guatemaltecas y salvadoreñas convocaron una manifestación para denunciar la contaminación que ha provocado la mina Cerro Blanco en el departamento de Jutiapa, Guatemala. Las personas defensoras del medio ambiente recorrieron en barco el lago Güija, en la frontera entre ambos países, para advertir de la contaminación por metales pesados procedentes de las industrias extractivas. Aseguraron que la mina de Cerro Blanco afecta a las fuentes de agua de El Salvador, incluido el río Lempa, que proporciona agua dulce a San Salvador.