El 15 de abril de 2020 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió abiertamente que no acataría la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En dicho documento el tribunal afirma no haber encontrado la base legal para los decretos del estado de emergencia que ordenan la detención de las personas acusadas de incumplir los toques de queda impuestos como parte de la respuesta del Estado contra la pandemia de COVID-19. En El Salvador cientos de personas han sido detenidas y enviadas a "centros de contención" desde finales de marzo de 2020, cuando el país comenzó a aplicar una cuarentena obligatoria.

Las organizaciones nacionales e internacionales de los derechos humanos han calificado las medidas salvadoreñas de "draconianas" y desproporcionadas. Amnistía Internacional analizó documentos que confirman que durante una ola de detenciones arbitrarias algunas personas fueron detenidas por el simple hecho de salir de sus casas para comprar alimentos o medicinas. Las personas defensoras de los derechos humanos también han destacado la insalubridad de los centros de contención y del sistema penitenciario, una situación que ponen en peligro a las personas privadas de libertad. Además, en abril de 2020 una campaña de represión contra el aumento de la violencia llevó a Bukele a autorizar a policías y militares a emplear la fuerza letal "para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", una política que podría alentar el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales.

Asociación

Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (IM-Defensoras), las defensoras de los derechos humanos, Ana Cristina Barahona y Sara Yamileth Benítez, fueron detenidas de forma arbitraria bajo el pretexto de las restricciones establecidas para combatir la COVID-19. Benítez, defensora de los derechos de los trabajadores, fue detenida el 11 de marzo de 2020 mientras compraba artículos de primera necesidad. Barahona, defensora de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras sexuales, fue detenida el 13 de abril de 2020 cuando salió a comprar medicamentos para su hijo de tres años. En ambos casos a las defensoras se les habría dicho que serían sometidas a una prueba rápida para detectar la COVID-19. Sin embargo las mantuvieron en instalaciones de contención para la cuarentena obligatoria. Según IM-Defensoras, ambas defensoras dieron negativo para la COVID-19, pero permanecieron en cuarentena obligatoria más de los treinta días estipulados. Ambas fueron puestas en libertad el 20 de mayo de 2020.

Según informó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, del 21 de marzo al 13 de mayo de 2020 hubo cientos de denuncias por detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos. Durante este período la institución recibió 549 denuncias por detenciones por un presunto incumplimiento de las medidas de cuarentena. La PDDH también registró 209 denuncias por violación de los derechos laborales y 177 relacionadas con el acceso a la información.

Gabriela Alejandra Galdámez Martínez, defensora de los derechos humanos y estudiante de 18 años, fue secuestrada y agredida físicamente. Miembros de su familia señalaron su desaparición el 10 de mayo de 2020 e indicaron que había desaparecido mientras compraba alimentos en la ciudad de Usulután. El 13 de mayo de 2020 Gabriela fue encontrada inconsciente con signos de haber padecido una agresión física. Gabriela es miembro de la colectiva feminista Red Salvadoreña de Defensoras de los Derechos Humanos, la cual condenó la agresión contra la joven e instó a las instituciones pertinentes a investigar y a llevar a los responsables ante la justicia. Hasta la fecha no se ha publicado información oficial sobre si esta agresión podría estar relacionada con su labor militante.

Expresión

El 13 de mayo de 2020, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) afirmó haber recibido 41 denuncias de ataques contra periodistas durante la pandemia. La organización ha registrado 61 de estos casos desde enero de 2020. Estas denuncias incluyen casos de periodistas a que se les impidió realizar su trabajo, declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos y trabas al acceso a la información. El 12 de mayo de 2020, por ejemplo, agentes de policía obstruyeron el trabajo de un periodista y de un reportero gráfico de El Diario de Hoy que cubrían la exhumación de un cuerpo en el departamento de La Paz. La APES instó a los organismos encargados del cumplimiento de la ley a respetar la libertad de la prensa, sobre todo durante la emergencia sanitaria, cuando la información es crucial para la población.

El 14 de mayo de 2020 la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Prensa de la Presidencia bloqueó a la periodista independiente Cecibel Romero. La APES argulló que las instituciones gubernamentales salvadoreñas usan las redes sociales para difundir información de interés público y que bloquear a periodistas para que no vean estas cuentas perjudica a la práctica periodística y vulnera el derecho al acceso a la información.

Los y las periodistas, la sociedad civil y los medios de comunicación han expresado su preocupación por la posibilidad de que los límites impuestos a la libertad de expresión y a libertad de la prensa durante la pandemia COVID-19 puedan prolongarse y de que los comentarios estigmatizantes de representantes públicos puedan alentar las agresiones físicas contra periodistas. En sus declaraciones a Knight Centre la presidente de la APES, Angélica Cárcamo, afirmó:

"Nos preocupa que aumenten las represiones a la prensa, el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad pública, que los ataques digitales a periodistas pasen al plano físico, y que se utilicen los aparatos del Estado para acosar a la prensa independiente, e incluso amenacen con cerrar algunos medios críticos o se apliquen medidas de espionaje hacia ese tipo de periodistas independientes."