Representación artística durante la manifestación "9F Nunca Más", el 9 de febrero de 2021. Foto: Camilo Freedman/ APHOTOGRAFIA/ Getty Images.

El 28 de febrero de 2021 se celebraron elecciones legislativas y municipales en El Salvador. El partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele obtuvo 56 curules, alcanzando así el número necesario para asegurarse una supermayoría en la asamblea legislativa unicameral del país para el período 2021‑2024. Estos resultados suponen un gran cambio para Bukele, cuyo partido aún no existía cuando se convocaron las anteriores elecciones legislativas y cuyos aliados fueron minoritarios en la cámara durante la pasada legislatura.

Reunión pacífica


A principios de 2021 los exempleados de Industrias Florenzi intensificaron los actos de protesta para denunciar las violaciones de los derechos laborales perpetradas por la empresa. Según informaciones publicadas en la prensa, la empresa textil no pagó las indemnizaciones por despido y supuestamente adeudaría cuatro meses de salario a alrededor de doscientos empleados despedidos durante la pandemia —mujeres en su mayoría—. Desde julio de 2020 la fábrica de la empresa ha estado ocupada por más de un centenar de extrabajadores que exigen que les abonen sus salarios impagados. A lo largo de estos meses los manifestantes también han organizado concentraciones y han presionado a las autoridades gubernamentales para que intervengan en el caso. El 8 de enero de 2021 un grupo de exempleados anunció que comenzaría una huelga de hambre. El 21 de febrero de 2021 se celebró una manifestación solidaria en la Catedral Metropolitana de San Salvador y desde la cual los manifestantes pidieron apoyo a las autoridades católicas y denunciaron la negligencia del Gobierno ante esta situación.

Por otro lado, el 9 de febrero de 2021 los manifestantes organizaron varias manifestaciones contra el gobierno bajo el lema "9F Nunca Más". Los manifestantes rechazaron el autoritarismo y recordaron las acciones del presidente Nayib Bukele hace un año, cuando acompañado por un contingente militar ocupó la Asamblea Legislativa de El Salvador con el fin de presionar a los legisladores para que respalden sus políticas en materia de seguridad. Organizaciones estudiantiles marcharon en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador y otro grupo se reunió frente a la Asamblea Legislativa del país con pancartas en las que se podían leer mensajes como: "No hay paz con odio". En Usulután también se movilizaron los veteranos del Ejército. En declaraciones a La Prensa Gráfica un manifestante afirmó: "Como veteranos y lisiados que vivimos el conflicto armado y como conocedores de nuestra historia, queremos vivir en un país con democracia y rechazamos el atropello que se cometió".

Organizaciones nacionales e internacionales de los derechos humanos también conmemoraron la fecha y difundieron informes y análisis sobre las repercusiones de las acciones de Bukele el 9 de febrero de 2020 para la democracia salvadoreña. El Defensor del Pueblo José Apolonio Tobar comentó: "Me parece que es necesario evidenciar lo ocurrido el 9 de febrero, pues el sistema institucional de El Salvador estuvo a punto de romperse y tirar a la basura los esfuerzos que se han hecho desde 1992 para consolidar un sistema de pesos y contrapesos". La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares también exigió que la Fiscalía General abriera una investigación sobre los hechos de aquel día.

Expresión

El 23 de febrero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la organización destacaron la estigmatización y el acoso que sufren los periodistas en el contexto electoral salvadoreño. En un mensaje publicado en las redes sociales, la CIDH afirmó que autoridades, funcionarios públicos y candidatos han difamado públicamente a varios reporteros en vísperas de las elecciones legislativas y municipales.

Asimismo, el 24 de febrero de 2021 la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) Angélica Cárcamo sostuvo que la organización había registrado 26 violaciones de la libertad de prensa durante la campaña electoral. Por ejemplo, en enero de 2021, cuando Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, intentó desacreditar la labor de una periodista durante una entrevista después de que ella le preguntara por los presuntos despidos masivos de empleados municipales y por los retrasos en el pago de los salarios.

La APES también tiene constancia de que varios periodistas han sido difamados públicamente por su cobertura de la pandemia de COVID-19. El 18 de febrero de 2020 el presidente Nayib Bukele desacreditó el trabajo de la reportera Cecibel Romero de Salud con Lupa después de que la periodista publicara un hilo en Twitter sobre la llegada de vacunas a El Salvador. Tras las respuestas del presidente a sus publicaciones, la periodista habría recibido mensajes estigmatizantes de varios usuarios en la red social, incluidos los candidatos a la Asamblea Legislativa Chistian Guevara y Suecy Callejas del partido Nuevas Ideas de Bukele.

Asociación

En febrero de 2021 la organización de la sociedad civil Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) publicó un informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en El Salvador durante la pandemia de COVID-19. La organización afirmó que funcionarios públicos y autoridades como el presidente Bukele fueron responsables del 72,2 % de las agresiones registradas contra los defensores durante ese periodo. Estas agresiones a menudo se refieren a actos de difamación pública y a ataques verbales en las redes sociales, las cuales, según el análisis de la FESPAD, han sido el medio más usado para intimidar y censurar a las personas que denunciaron abusos de poder, la falta de transparencia y las políticas gubernamentales durante la crisis sanitaria. Las personas defensoras de la prensa y de la libertad de expresión fueron los objetivos más frecuentes y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en la promoción de la democracia y de los derechos de las mujeres también suelen ser víctimas de ataques.

Además, la FESPAD publicó su informe anual sobre los derechos humanos en El Salvador en 2020, un año caracterizado por el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo según la organización. Como señala la FESPAD, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha a menudo eludido o ignorado las normas constitucionales. En particular, el informe señala que los derechos sobre el acceso a la información se encuentran entre los más afectados, ya que hay poca transparencia sobre la pandemia y que el Gobierno ha incumplido las leyes sobre el acceso a la información.