Un hombre discute con personas que protestan por los cortes de electricidad en La Habana, Cuba. 1 de octubre de 2022, REUTERS/ Alexandre Meneghini.

Asociación

El 9 de septiembre de 2022, el defensor de los derechos humanos Raúl Soublett López anunció la disolución de la Alianza Afrocubana, un proyecto centrado en la justicia racial y los derechos de las personas LGBTQIA+. También renunció públicamente a todo tipo de militantismo sociopolítico y afirmó que se concentraría en su salud física y mental. Posteriormente, abandonó el país y solicitó asilo en Panamá. En noviembre de 2022, la revista Alas Tensas publicó un escrito de Soublett en el que relató la presión a la que estuvo sometido entonces. Contó que las autoridades cubanas le permitirían salir del país con la condición de que anunciara públicamente la disolución de la Alianza Afrocubana, entregara todos los equipos que hubiera usado para producir videos y pódcast, y grabara un vídeo “confesando” sus vínculos con organizaciones internacionales de derechos humanos. El video fue grabado en el marco de un interrogatorio durante el cual lo habrían amenazado con presentar cargos contra él.

Durante el periodo que aquí se analiza, se dieron casos similares en los que militantes fueron despedidos o presionados para que dimitieran de sus cargos. En noviembre de 2022, por ejemplo, agentes de la seguridad del Estado acosaron a la familia de la directora de Cubalex Laritza Diversent. Cubalex es un grupo de derechos humanos que ofrece asistencia jurídica a disidentes y personas defensoras de los derechos humanos. Agentes de la seguridad del Estado habrían dicho a la madre de Diversent que la ayudarían a resolver sus problemas médicos y de vivienda si su hija renunciaba a su puesto de trabajo en Cubalex. Meses antes, habían amenazado a la madre de Diversent con procesarla si su hija continuaba con su labor.

En octubre de 2022, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 398 actos represivos relacionados con el ejercicio de las libertades cívicas. Hubo 130 casos de detención arbitraria, 116 de asedios domiciliarios de militantes y 61 de acoso. También se documentaron múltiples citaciones policiales, multas, agresiones, prohibiciones de viaje, procesamientos judiciales y despidos.

Reunión pacífica

En un discurso ante la Unión de Juventudes Comunistas en octubre de 2022, el presidente Miguel Díaz-Canel estigmatizó a los manifestantes, a quienes tildó de “vagos” y “manipulables”. También afirmó que las manifestaciones recientes formaban parte de una campaña extranjera coordinada para deslegitimar el sistema comunista cubano. En agosto de 2022, cuando los cortes de electricidad frecuentes empezaron a desencadenar protestas a pequeña escala en toda Cuba, el presidente calificó las manifestaciones de “indecentes”. Otros altos cargos hicieron declaraciones similares y algunos asociaron las manifestaciones a actividades delictivas.

A pesar de todo esto, grupos de la sociedad civil registraron un aumento de las manifestaciones en septiembre y octubre de 2022. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó 364 actos de protesta en septiembre y 589 en octubre. Algunos de ellos adoptaron la forma de manifestaciones, marchas y cortes de carreteras, pero la mayoría fueron actos individuales. Por ejemplo, a finales de octubre, un vecino de Villa Clara se manifestó en solitario por la falta de material médico y los problemas del sistema sanitario.

Expresión

Las estructuras represivas, el colapso progresivo de la economía y la oleada emigratoria fueron señalados como los problemas principales que afectan a la prensa cubana en un informe presentado ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en octubre de 2022. El grupo subrayó que el nuevo Código Penal, que entrará en vigor en diciembre de 2022, “persigue todas las facetas del trabajo periodístico, impone penas de prisión por cualquier crítica a los funcionarios del Estado y garantiza la impunidad a las autoridades”. También prevé penas de prisión por la recepción de fondos del extranjero, una disposición que ya se estaría aplicando para amenazar a periodistas.

La SIP informó que una veintena de reporteros, fotógrafos e ilustradores renunciaron a seguir trabajando para medios independientes después de que a seis de ellos se les prohibiera viajar para acudir a un evento periodístico. Algunos de ellos habrían sido acosados y amenazados con represalias si no regresaban a Cuba. A otros periodistas exiliados se les ha prohibido volver al país. La revista LatAm Journalism Review (LJR) publicó un informe en ese sentido en septiembre de 2022; en él se afirma que varios reporteros han abandonado públicamente sus profesiones tras el acoso constante de las autoridades estatales.

En los seis primeros meses de 2022, se conocieron múltiples casos de periodistas que habían sido amenazados, agredidos y detenidos. La SIP también destacó que ETECSA, el regulador de las telecomunicaciones, se ha servido de amenazas y multas para hacer desaparecer las críticas de Internet. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2022, el militante y disidente Yasmany González Valdés fue multado por “difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas mediante redes de transmisión de datos”. Antes de que se le impusiera la multa, habría permanecido retenido en una unidad de policía y habría sido interrogado por agentes de seguridad del Estado. González ha criticado abiertamente al Gobierno cubano en redes sociales.