Reunión pacífica

A lo largo de 2022, Argentina siguió sufriendo las consecuencias de una grave crisis económica marcada por el aumento de la inflación y la reducción de los salarios y del poder adquisitivo. Frente a esta situación, diversos movimientos y organizaciones sociales convocaron manifestaciones en reiteradas ocasiones.

El 17 de agosto de 2022, por ejemplo, dos sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda marcharon por el centro de Buenos Aires para protestar contra la crisis económica y el aumento de la pobreza. Fue la primera manifestación encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en los tres años de presidencia de Alberto Fernández. El sindicato precisó que no protestaba contra el Gobierno, sino para exigir medidas efectivas que frenen el alza de los precios. Dichas formaciones también protestaron por “la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios, quienes remarcan el valor de los productos esenciales para mejorar sus márgenes de ganancia”.

El 19 de agosto de 2022, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) organizó un cortejo fúnebre por la muerte de los salarios que recorrió todo Buenos Aires. Los manifestantes, vestidos de luto, portaron coronas de flores y un ataúd con la inscripción “el sueldo ha muerto”. Un manifestante enarboló un gráfico que mostraba cómo la inflación se ha comido los sueldos.

Las manifestaciones aumentaron en noviembre de 2022; ese mes, organizaciones sociales y manifestantes tomaron las calles para exigir más ayudas para paliar el impacto de la inflación. Algunos grupos organizaron marchas y cortaron calles en Buenos Aires, mientras que otros se concentraron frente al Ministerio de Desarrollo Social. Las protestas se produjeron tras una reunión entre el ministro y representantes de los grupos que se habían movilizado, quienes exigían un aumento de las ayudas sociales. Los manifestantes rechazaron la decisión del Ministerio de limitar el número de beneficiarios del mayor programa de empleo del país a 1,35 millones.

Represión de las manifestaciones ecologistas en Córdoba

Desde hace varios años, militantes ecologistas de Córdoba se vienen movilizando contra la construcción de una autovía que atraviesa el Valle de Punilla que, según ellos, supone una amenaza para la biodiversidad local, el suministro de agua y la preservación de los ecosistemas. En 2022, los moradores de la región convocaron protestas pacíficas para exigir la suspensión de las obras y fueron reprimidos en varias ocasiones. Por ejemplo, en mayo de 2022, la policía desalojó de forma violenta un campamento de protesta frente a las oficinas de la empresa constructora en Molinari.

El 23 de agosto de 2022, la policía disolvió otra manifestación y detuvo a dos defensores del medioambiente y un periodista que cubría la movilización. Los manifestantes intentaban impedir que una topadora desbrozara una zona cercana a unos yacimientos arqueológicos. Las detenciones dieron lugar a nuevas protestas y concentraciones frente a la comisaría de La Falda para exigir la liberación de las tres personas detenidas.

El 24 de agosto de 2022, un juzgado de Córdoba aceptó una solicitud de habeas corpus preventivo presentada en nombre de defensores de medioambiente, moradores locales y comunidades indígenas de los valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, así como de la comunidad indígena de Pluma Blanca, quienes han venido denunciado la continua violencia institucional contra los grupos que se oponen a la construcción de la autovía. Entre otras cosas, los solicitantes pidieron una resolución que protegiera a los defensores detenidos por protestar y a las víctimas de la violencia policial durante las manifestaciones.

En su fallo, la jueza María Celeste Ferreyra reafirmó el derecho de reunión pacífica y recordó que la privación de libertad solo puede aplicarse bajo circunstancias excepcionales. También recomendó al Gobierno provincial la elaboración de un protocolo que regule las prácticas y los criterios de actuación de las fuerzas del orden durante las manifestaciones sociales.

Movilización de simpatizantes en defensa de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue acusada de actos de corrupción y fue víctima de un atentado; dos hechos que desencadenaron varias manifestaciones de sus simpatizantes durante la segunda mitad de 2022. El 27 de agosto de 2022, los manifestantes se concentraron frente al domicilio de la familia Kirchner en Buenos Aires para expresarle su apoyo, ya que se la acusa de haber perpetrado actos fraudulentos mediante una trama para desviar fondos públicos entre 2007 y 2015 durante su mandato como presidenta. La policía empleó cañones de agua y disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes después de que algunos intentaran retirar las vallas colocadas por los agentes del orden. Por lo menos cuatro personas fueron detenidas.

Los manifestantes volvieron a concentrarse tras un intento fallido de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022. Al día siguiente, decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país para condenar la violencia política y mostrar su apoyo a la vicepresidenta.

Proyectos de ley limitan el derecho de protesta

El 27 de septiembre, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto de ley que dará inicio a un proceso para la reforma de la Constitución Provincial. El texto fue presentado por el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, en él se esboza un proceso para convocar una Convención Constituyente y se enumera una serie de temas que deberá debatir la Convención, entre ellos, reformas para prohibir los cortes de carreteras, regular el derecho a la protesta “de conformidad con los estándares de Naciones Unidas” y reforzar la prohibición de la “ocupación indebida” de espacios públicos. Grupos de la sociedad civil de Jujuy criticaron la iniciativa y algunos aseguraron que busca legalizar la represión de los movimientos sociales en la provincia.

Por otro lado, el 31 de octubre de 2022, la Legislatura de Córdoba aprobó dos proyectos de ley que restringen el derecho de reunión pacífica. Una de esas iniciativas legislativas limita el desarrollo de manifestaciones que se bloqueen vías públicas o que interfieran con “el normal funcionamiento de los servicios públicos”. También establece que las manifestaciones se han de notificar con 48 horas de antelación y que se ha de informar del lugar, el horario y la finalidad de las protestas. El otro texto impone detenciones, sanciones económicas o trabajos comunitarios a quienes alteren o interrumpan el tránsito por las vías de circulación. También estipula penas más severas en caso de que las manifestaciones alteren el orden público; se desarrollen en avenidas, puentes o vías dedicadas al transporte público, o de que los responsables de estas acciones trabajen en el sector del transporte público o sean empleados o funcionarios públicos.

La sección cordobesa del sindicato CTA-Autónoma se manifestó contra ambos proyectos de ley, a los que calificó de “tentativas para cercenar el derecho de protesta en las calles en el marco de una espiral creciente de conflictividad social”.

Expresión

Un policía disparó con balas de goma a un trabajador de la prensa

El 6 de octubre de 2022, un agente de policía disparó balas de goma directamente a un camarógrafo que cubría unos enfrentamientos violentos durante un partido de fútbol en Buenos Aires. Los hechos se produjeron cuando la policía intentaba acabar con los disturbios que se estaban produciendo fuera del estadio Juan Carmelo Zerillo, durante un partido de la Liga Profesional de Fútbol. El camarógrafo Fernando Rivero de TyC Sports estaba grabando cuando un agente le disparó tres balas de gomas que le provocaron varias heridas.

En declaraciones a TyC Sports, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, explicó: “El que le disparó al camarógrafo de TyC Sports es un expolicía porque fue echado de manera inmediata. Eso fue una locura, no hay nada que pueda justificar la reacción de ese efectivo porque en esa zona no había tumultos ni nada”. Según ese medio de comunicación, las autoridades confirmaron que el agente había sido suspendido y que sería sometido a una investigación interna que podría desembocar en su expulsión definitiva del cuerpo de policía.

Ataque contra la prensa en Rosario, Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, varios reporteros fueron víctimas de actos de acoso y amenazas por su labor periodística entre agosto y noviembre de 2022. Los periodistas rosarinos Rodrigo Miró del portal Redboing y Mauro Yasprizza de Radio Mitre Rosario y CNN Rosario fueron víctimas de ciberacoso. Los familiares del financista Patricio Carey acosaron a ambos periodistas después de que informaran sobre una causa judicial contra Carey por acusaciones de lavado de dinero y participación en el tráfico de estupefacientes.

Por otro lado, el 11 de octubre de 2022, apareció colgada en las paredes de las oficinas de Telefé Rosario una tela con un mensaje amenazante que rezaba: “A todos los medios de Rosario: dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode, sino caravana con El Noba” en referencia al difunto cantante El Noba.

A raíz de estos hechos, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió de la grave amenaza que supone el crimen organizado y el narcotráfico para los medios de comunicación y los periodistas de Rosario. También pidió a las autoridades nacionales y provinciales que garantizaran una protección efectiva para los periodistas y los medios de comunicación.

Autoridades comenten actos intimidatorios

En septiembre de 2022, se filtraron audios en los que presuntamente se oye a Marcelo Sain, exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, pedir a un subordinado que le facilite información de inteligencia que pudiera resultar prejudicial para el director general del periódico El Litoral. Las grabaciones datan de abril de 2020. En la grabación, Sain sugiere que sería beneficioso para el Gobierno que Nahuel Caputto, accionista mayoritario y director general del diario, tuviera problemas con la ley o que fuera objeto de una investigación penal. También ordenó a sus subordinados que crearan un grupo para vigilar Caputto y armar una carpeta contra él. Posteriormente, los medios de comunicación informaron que Sain estaba siendo investigado por actos de espionaje ilegales.

Por otro lado, un senador y una magistrada desacreditaron al periodista Luis Novaresio de LN+ desde sus cuentas personales de Twitter. En sendas publicaciones, la senadora Juliana Di Tullio (Frente de Todos) y el juez Juan Ramos Padilla emplearon un lenguaje insultante para referirse a Novaresio con motivo de un reportaje en el que entrevistó a una joven a propósito de las protestas estudiantiles en Buenos Aires. Di Tullio afirmó que el periodista era un “gran matón cobarde” por la forma en que abordó la entrevista con la joven. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) publicó un comunicado en solidaridad con Novaresio en el que aseguró que la actividad periodística no está exenta de críticas y advirtió que los agravios estigmatizan a la prensa y pueden desembocar en actos de intimidación y autocensura perjudiciales para la libertad de expresión.

Un tribunal negó el acceso a un juicio de interés público a periodistas

El 13 de septiembre de 2022, un tribunal prohibió a un periodista del portal de noticias Infobae cubrir un juicio en el que estaban implicados tres miembros de La 12, una barra del club de fútbol Boca Juniors. Se trata de un conocido hincha violento y de otros dos miembros de La 12 acusados de instigar a la comisión de actos violentos que desembocaron en enfrentamientos mortales entre facciones del grupo en 2013.

El periodista Gustavo Grabia de Infobae había cubierto el juicio y participado en las audiencias virtuales y presenciales; a pesar de esto, la defensa solicitó al tribunal que prohibiera a Grabia y a otros periodistas asistir al proceso. Argumentaron que la información que venían publicando podría influir en los testigos que aún tenían que declarar. Los magistrados del tribunal aceptaron su petición. FOPEA expresó su preocupación por la decisión y advirtió podría sentar un grave precedente.

Dimisión de una periodista debido a actos de censura

En agosto de 2022, una periodista dimitió públicamente como presentadora de informativos de la cadena A24 tras presuntamente prohibírsele emitir un reportaje sobre un caso en el que estaba implicado el ministro de Economía Sergio Massa. Viviana Canosa, presentadora del programa Viviana con vos, abandonó el estudio y más tarde dimitió, alegando que su equipo “tenía diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

El reportaje que suscitó la polémica incluía un vídeo en el que se veía a Massa siendo agredido por manifestantes a su llegada al palacio presidencial. Según FOPEA, el director de contenidos de A24 Mariano Besada alegó que dicho informe no fue prohibido, sino que se hicieron “recomendaciones a los productores” para que no proyectaran el vídeo por “respeto a las instituciones, las personas y las ideas”. FOPEA también señaló que si bien es beneficioso que los medios de comunicación y los periodistas entablen debates serios sobre su responsabilidad a la hora de informar, impedir la difusión de un reportaje crítico sobre un funcionario nacional constituye un acto de censura intolerable.

Asociación

Criminalización de la comunidad mapuche

El 4 de octubre de 2022, siete mujeres indígenas fueron detenidas en el marco de un desalojo violento de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Río Negro. Una de las detenidas estaba embarazada de cuarenta semanas y otras dos tenían bebés de pocos meses. La operación se llevó a cabo en el contexto de un conflicto creciente con la comunidad mapuche, que en 2017 reclamó tierras ancestrales que entonces eran propiedad de Parques Nacionales de Argentina. Días antes, grupos locales habían organizado una caravana contra los mapuches, a quienes acusaron de ser terroristas. A la manifestación se sumaron políticos nacionales destacados, entre ellos la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En la operación policial habrían participado más de doscientos agentes de una fuerza de seguridad unificada creada ex profeso para el operativo. Varios grupos de la sociedad civil calificaron las detenciones de “arbitrarias” y solicitaron la intervención del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. También arguyeron que durante el desalojo no se respetaron los procedimientos legales establecidos para este tipo de operaciones ni las debidas garantías procesales durante la detención de las siete mujeres mapuches.

En diciembre de 2022, representantes mapuches se reunieron con el representante de Derechos Humanos de la ONU para América del Sur Jan Jarab para exponerle sus preocupaciones por los conflictos territoriales, los desalojos, el uso excesivo de la fuerza pública y la criminalización, así como por las prácticas discriminatorias y racistas contra ellos. Señalaron que por lo menos cuatro de las mujeres detenidas —entre ellas una autoridad espiritual llamada machi— permanecían bajo arresto domiciliario en la ciudad de Bariloche, y expresaron su preocupación por las condiciones en que se encontraban.