Manifestantes feministas celebran mientras el Senado vota la ley sobre el aborto legal. Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020. Ricardo Ceppi/ Getty Images.

Reunión pacífica

Las celebraciones estallaron en las calles de Argentina cuando el Senado aprobó el proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el pasado 30 de diciembre de 2020. Esta ley supone una victoria para los movimientos feministas del país, los cuales habían hecho campaña durante mucho tiempo a favor de su aprobación. Miles de personas se habían reunido frente al Palacio del Congreso de la Nación Argentina en Buenos Aires a la espera de los resultados de la votación y para expresar su apoyo u oposición. El resultado se anunció poco después de las cuatro de la madrugada y en ese mismo instante apareció un mensaje cargado de alegría en una pantalla gigante por encima de la multitud de activistas feministas: "¡Lo conquistamos, es ley!".

Tras un debate de doce horas el Senado argentino aprobó el proyecto de ley con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley el 11 de diciembre de 2020. Menos de un mes después, el 24 de enero de 2021 entró en vigor la ley que legaliza el aborto hasta la decimocuarta semana de gestación. Antes la interrupción del embarazo solo estaba permitida en casos de violación o de riesgo para la salud de la madre.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizó vigilias en 120 ciudades de todo el país el día de la votación en el Congreso. Esta victoria histórica a favor de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina llega tras quince años de movilización de los movimientos feministas que han participado en la campaña. Dora Barrancos, una feminista de ochenta años y senadora electa, comentó :

"Argentina es hoy un país un poco más justo, más igualitario y más digno. Queda atrás la página de la clandestinidad, la estigmatización, la vergüenza y la muerte. En el momento en que se consagró la sanción de la ley estábamos todas en un derrame de emoción total y como ráfagas se venían a mí impresiones de las miles de muertes evitables que hubo en este país".

Incluso después de la aprobación de la ley los movimientos feministas afirmaron que seguirán luchando para garantizar la plena implementación de la legislación, ya que una de sus principales preocupaciones es que los grupos conservadores podrían recurrir a la judicialización y las restricciones burocráticas para poner trabas al acceso al aborto. "Hay que estar atentas y ser cuidadosas", declaró a los medios de comunicación una integrante de la Campaña Nacional. "No queremos que vía reglamentación haya más inconvenientes".

Asociación

El 16 de enero de 2021 varios movimientos sociales se movilizaron en la provincia de Jujuy y en Buenos Aires para reclamar la puesta en libertad de la defensora indígena Milagro Sala en el quinto aniversario de su encarcelamiento. Sala, líder de la organización Tupac Amaru, fue detenida en enero de 2016 por manifestarse contra las autoridades provinciales de Jujuy. Tras su primera detención los tribunales locales abrieron varias causas en su contra y la acusaron de varios delitos, entre ellos asociación ilícita , fraude, extorsión e intento de asesinato. Las organizaciones de derechos humanos afirmaron que para justificar la detención indefinida de Sala se han formulado acusaciones después de su detención y se han abierto otras causas judiciales. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que la detención de Sala fue arbitraria y solicitó su liberación inmediata el 24 de agosto de 2016.

Expresión

Agreden a periodista en la Provincia del Chaco

El 16 de septiembre de 2020 el periodista Luis Alberto Mancini fue agredido con gran violencia mientras conducía el programa de radio Mano a Mano en Radio FM Horizonte, en Villa Río Bermejito, provincia del Chaco. Las cámaras de seguridad de la emisora grabaron en video la agresión. En dicha grabación se ve cómo al menos dos hombres entran en el estudio y golpean, patean y aporrean a Mancini con una silla. El periodista fue trasladado a una clínica cercana donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos con múltiples lesiones, entre ellas hematomas internos, una lesión ocular y un trauma craneal.

Según información publicada en la prensa, en días previos a la agresión Mancini había denunciado presuntos actos de corrupción en el municipio de Villa Río Bermejito. Dos hombres se entregaron y fueron detenidos el mismo día de la agresión. Más tarde cuatro personas fueron acusadas de tentativa de homicidio, entre ellos el exsecretario de obras públicas del municipio.

Acoso judicial de periodistas

El 12 de diciembre de 2020 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la criminalización de los periodistas que investigan casos sonados de corrupción en Argentina. Según la organización de prensa, existe un patrón de acoso judicial que busca impedir que los periodistas de investigación continúen con su labor. La SIP detalló tres casos particularmente preocupantes:

En el primer caso, una decisión judicial sentó un precedente negativo y puso en peligro la confidencialidad de las fuentes periodísticas. En diciembre de 2020 un juez federal ordenó a las autoridades municipales que le entregaran videos de seguridad de la zona donde Diego Cabot, reportero del diario La Nación, se reunió con una de sus fuentes en el marco de un caso conocido como "la causa de los cuadernos". Esta investigación destapó una de las mayores tramas de corrupción del país de las últimas décadas y podría implicar a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también expresaron su preocupación por la decisión judicial y afirmaron que ignora la protección de las fuentes periodísticas recogida en la Constitución.

En el segundo caso, el periodista de investigación Daniel Santoro del diario de tirada nacional Clarín fue acusado de participar en un presunto plan para extorsionar a empresarios a cambio de evitarles una cobertura noticiosa negativa. En octubre de 2020 el reportero fue acusado formalmente de pertenecer a una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y de llevar a cabo acciones de inteligencia prohibidas. Una de las fuentes de Santoro fue acusada de extorsión y las denuncias contra el periodista se derivan de esta conexión. Santoro ha rechazado haber cometido cualquier tipo de acto ilícito.

El tercer caso que ha destacado la SIP es el de la periodista Irene Benito del diario La Gaceta de Tucumán. Benito ha sido denunciada por la vía penal por publicaciones en las que cuestionan el funcionamiento y la independencia del sistema de justicia penal de Tucumán. En diciembre de 2020 un abogado local la acusó de administración fraudulenta, atentado a la autoridad y coacción.

Este patrón ha continuado tras las advertencias de la SIP. De hecho, en enero de 2021 el municipio de Quilmes, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia penal contra el periodista Roberto Carrigall, quien había denunciado en las redes sociales la presunta manipulación incorrecta de la vacuna contra la COVID-19 por parte del gobierno municipal.