Watchlist September 2024 ES
SEPTIEMBRE LISTA DE VIGILANCIA 2024
Última actualización el 23 de septiembre de 2024 - La nueva Lista de Vigilancia de CIVICUS Monitor pone de manifiesto profundas preocupaciones sobre el ejercicio de las libertades cívicas en Argentina, Azerbaiyán, Tailandia y Zimbabue.
La Lista de Vigilancia destaca los países en los que se ha producido un grave deterioro del espacio cívico, según la evaluación de los resultados de investigaciones llevadas a cabo por CIVICUS Monitor y por sus socios de investigación, con el asesoramiento de militantes sobre el terreno.
En las próximas semanas y meses, CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países en el marco de una serie de iniciativas para aumentar presión sobre sus Gobiernos. CIVICUS hace un llamamiento a estos Gobiernos para que hagan todo cuanto esté en sus manos para poner fin, de inmediato, a las medidas represivas actuales y para garantizar que los responsables rinden cuentas por sus actos.
A continuación encontrará una descripción de las violaciones del espacio cívico que se producen en cada país. Si desea hacernos llegar información sobre el espacio cívico de alguno de estos países, por favor, escribanos a monitor@civicus.org.
El espacio cívico ha sufrido un importante deterioro en un contexto marcado por la crisis económica y las tensiones sociales, y las autoridades restringen cada vez más las libertades fundamentales. Las protestas han sido reprimidas con violencia y tanto periodistas como activistas se enfrentan a un número creciente de actos intimidación y de agresiones físicas y verbales, entre otros ataques.
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el presidente de derechas Javier Milei, autodenominado anarcocapitalista, ha propuesto modificaciones legislativas para llevar a cabo reformas estructurales, una política que ha suscitado protestas de gran envergadura en todo el país. Durante su campaña presidencial, prometió recortes drásticos en el gasto público, cuestionó el cambio climático, se opuso a la despenalización del aborto y deslegítimo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
El 14 de diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad publicó la Resolución 943/2023, más conocida como el protocolo “antipiquetes”, para el mantenimiento del orden público cuando se produzcan cortes de vías de circulación. El protocolo criminaliza las manifestaciones que impliquen bloqueos de calles o de carreteras y los considera como delitos contra la seguridad del tráfico y del transporte. La aplicación de la ley ha dado lugar a una represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad.
Por ejemplo, el 12 de junio de 2024, miles de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía un proyecto de ley ómnibus para desregular varios sectores, privatizar empresas públicas estratégicas, recortar el gasto público y reducir las garantías laborales. Si bien la manifestación comenzó de manera pacífica, se tornó violenta cuando estallaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Más de 200 personas resultaron heridas y 35 personas manifestantes fueron detenidas y acusadas de intimidación pública, incitación a la violencia y perturbación de las sesiones legislativas. Organizaciones de la sociedad civil han registrado más de 600 personas heridas en el contexto de protestas sociales desde diciembre 2023.
El 28 de agosto, 5000 personas salieron a las calles para protestar contra el veto presidencial a una ley para el aumento de las pensiones. Las fuerzas de seguridad rociaron a los manifestantes con un nuevo agente químico que causó quemaduras a manifestantes de edad avanzada. Por lo menos 30 personas resultaron heridas y dos manifestantes fueron detenidos.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han denunciado un rápido aumento de las amenazas a periodistas desde la toma de posesión de Javier Milei. Desde enero, por lo menos 47 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sufrido agresiones físicas mientras cubrían protestas.
En junio, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona denunció a los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos, a quienes acusa de “instigación a cometer delitos” por sus comentarios acerca de la polémica sobre el almacenamiento de alimentos en depósitos gubernamentales.
El 30 de agosto, el presidente promulgó un decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública y que coarta todavía más la libertad de expresión. Al reclasificar ciertas informaciones como pertenecientes al “ámbito privado” de los cargos públicos, la nueva normativa restringe el acceso a información que, de conformidad con las normas internacionales, debería seguir siendo pública.
En noviembre de 2024, líderes de todo el mundo se reunirán en Azerbaiyán con motivo de la 29.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP29. El encuentro se desarrollará en un contexto marcado por la grave situación de los derechos humanos en el país, la cual condujo a la clasificación de su espacio cívico como cerrado desde 2018, cuando CIVICUS Monitor comenzó a hacer un seguimiento de la situación en el país. Las protestas, incluidas aquellas en defensa del medioambiente, ha sido reprimidas sistemáticamente y las organizaciones de la sociedad civil críticas han sido disueltas mediante la denegación arbitraria de su inscripción oficial y las restricciones a la financiación extranjera. Ya no hay medios de comunicación independientes en el país y todas las personas disidentes se enfrentan a acusaciones penales falsas, a prohibiciones de viaje y a la congelación de sus cuentas bancarias.
En febrero y septiembre de este año, se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas que afianzaron aún más el régimen de Aliyev, quien gobierna el país desde hace veinte años. En medio de las crecientes dudas y tensiones sobre la legitimidad de esas elecciones, el régimen ha intensificado la represión del espacio cívico y la situación ha seguido deteriorándose a medida que se acerca la COP29.
En junio de 2024, grupos de los derechos humanos calcularon que más de 300 presos políticos, entre ellos 23 periodistas, permanecían detenidos en Azerbaiyán.
Entre las personas detenidas en los recientes actos de represión se encuentra el conocido activista prodemocracia y observador electoral Anar Mammadli, detenido en abril de 2024 y cuya detención fue prorrogada el 22 de agosto. Mammadli fue uno de los impulsores de la iniciativa “COP29 Climate of Justice”, que pretendía usar la conferencia como una plataforma para llamar la atención sobre los problemas medioambientales y de derechos humanos del país.
A finales de agosto de 2024, el investigador y activista azerbaiyano Bahruz Samadov fue detenido por las fuerzas de seguridad y acusado de alta traición. De ser declarado culpable, podría ser condenado a penas de entre 12 y 20 años de prisión o incluso a cadena perpetua. Fuentes informaron que otros activistas también ha sido detenidos y obligados a declarar contra él. Los cargos que se le imputan están relacionados con sus críticas a la política del Gobierno en el Alto Karabaj, un territorio en disputa que Azerbaiyán reconquistó a finales de 2023 y que provocó el desplazamiento de más de 100 000 armenios. La medida fue calificada como una limpieza étnica en una resolución del Parlamento Europeo.
El 6 de septiembre de 2024, unos diez hombres vestidos de civil y con mascarillas quirúrgicas detuvieron por la fuerza a una candidata de la oposición, a su ayudante y a la periodista independiente Shahla Karim mientras informaba sobre un presunto fraude electoral en las elecciones parlamentarias. Los tres fueron conducidos hasta Bakú, la capital, a 180 kilómetros de donde se encontraban, y una vez allí fueron puestos en libertad.
Tailandia permanece en nuestra lista de vigilancia debido a la disolución del principal partido de la oposición y a la exclusión de sus dirigentes de los procesos electorales. Activistas y críticos siguen siendo agredidos, incluso en el extremo sur del país, y persiste represión transnacional. La elección del nuevo primer ministro Paetongtarn Shinawatra en agosto de 2024 tampoco debería invertir esta tendencia preocupante.
A pesar de que el partido opositor Move Forward obtuvo el mayor número de escaños en las últimas elecciones, el 7 de agosto, el Tribunal Constitucional de Tailandia ordenó su disolución por un delito de traición, debido a que la agrupación había apoyado la reforma del artículo 112 del Código Penal sobre la lesa majestad (injurias a la corona). El Tribunal inhabilitó a todas las personas que formaron parte de la ejecutiva de la formación entre abril de 2021 y enero de 2024, quienes no podrán participar en actividades políticas durante diez años. Grupos defensores de los derechos humanos consideran que la decisión obedece a “motivos políticos”.
El Gobierno siguió utilizando las disposiciones sobre el delito de lesa majestad, inscrito en el artículo 112 del Código penal, para detener y condenar a activistas, críticos y políticos por injurias a la corona. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) señaló que, desde 2020 hasta el 31 de julio de 2024, 272 personas habían sido procesadas por el delito de lesa majestad.
El 18 de julio, tres activistas detenidos por cantar una canción de protesta fueron condenados a una pena de siete años de prisión por dicho delito. El 25 de julio de 2024, en virtud de la ley sobre injurias a la corona, un tribunal de lo penal condenó a cuatro años de cárcel al abogado defensor de los derechos humanos Arnon Nampa por haber publicado en Facebook dos escritos sobre la monarquía tailandesa a principios de 2021. Era la cuarta vez que Arnon Nampa era condenado en virtud del artículo 112 del Código Penal. El 31 de julio de 2024, el activista prodemocracia Parit “Penguin” Chiwarak fue condenado en rebeldía a dos años de prisión por lesa majestad por unos comentarios que publicó en su página de Facebook.
Roning Dolah, un destacado defensor de los derechos humanos musulmán de etnia malaya, fue asesinado en las provincias fronterizas del sur en junio de 2024. Era coordinador de Duay Jai Group, una organización que se dedica a investigar casos de tortura y de desapariciones forzadas. Otros nueve activistas del extremo sur del país podrían ser acusados de sedición y de otros cargos por su participación en un acto cultural en 2022, en el distrito de Sai Buri, provincia de Pattani.
La represión transnacional en Tailandia también es motivo de inquietud. Expertos independientes de las Naciones Unidas han expresado su profunda preocupación por la petición de Vietnam para que Tailandia extradite al refugiado y defensor de los derechos humanos Y Quynh Bdap, cofundador de Montagnards Stand for Justice, una organización defensora de los derechos de los pueblos indígenas vietnamitas. Fue condenado en rebeldía a diez años de prisión en un juicio que no se ajustó a las normas internacionales. Actualmente, un tribunal de lo penal de Bangkok está celebrando las vistas correspondientes para su extradición.
Las autoridades zimbabuenses intensificaron la represión generalizada de activistas, miembros de la oposición y organizaciones de la sociedad civil en vísperas de la 44.ª Cumbre de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), celebrada el 17 de agosto de 2024 en Harare, Zimbabue, cuya presidencia iba a asumir el presidente zimbabuense Emmerson Mnangagwa. Desde mediados de junio de 2024, más de 160 personas han sido detenidas, entre ellas cargos electos, miembros de la oposición, líderes sindicales, estudiantes y periodistas, algunas de las cuales presentaban marcas de torturas y de otros malos tratos.
La represión actual comenzó el 16 de junio de 2024, cuando la policía arrestó y detuvo a 78 miembros del partido Coalition for Change (CCC), entre ellos Jameson Timba, líder interino de la agrupación, durante una reunión en el domicilio de Timba con motivo del Día Internacional del Niño Africano. La policía disparó gases lacrimógenos y aporreó a los presentes, quienes sufrieron múltiples heridas, e incluso una persona tuvo que ser operada. Las autoridades acusaron al grupo de organizar una “reunión para incitar a la violencia pública y a la alteración del orden público”. Timba y los otros 77 acusados fueron absueltos del delito de alteración del orden público el 4 de septiembre de 2024 y 12 de ellos fueron absueltos de todos los cargos. No obstante, el tribunal decidió que 65 de ellos, incluido Timba, también serían juzgados por “participación en una reunión no autorizada”. Todos ellos permanecían detenidos cuando se redactó este documento.
La policía también persiguió a otros grupos e individuos, lo que provocó nuevos incidentes; estos son algunos de ellos:
El 24 de junio de 2024, la policía detuvo a 44 miembros del sindicato estudiantil Zimbabwe National Students Union (ZINASU), entre ellos su presidente Emmanuel Sitima, y los obligó a pagar multas por “alteración del orden público” antes de ponerlos en libertad. Los estudiantes fueron detenidos después de que la policía disolviera la reunión en la que discutían de políticas educativas. Algunos habrían sufrido heridas, resultado de las presuntas palizas que recibieron. La policía volvió a detener a Sitima por “alteración del orden público”, si bien fue puesto en libertad bajo fianza al día siguiente.
El 27 de junio de 2024, el presidente Emmerson Mnangagwa advirtió sobre los “partidos políticos de la oposición que se empeñan en esparcir mentiras y en instigar a la perturbación del orden público, especialmente antes, durante y después de eventos regionales e internacionales”. El mismo día, a las puertas de un juzgado de Harare, agentes de policía golpearon y detuvieron a manifestantes pacíficos que exigían la liberación de los 78 miembros del CCC detenidos en el domicilio de Timba, después de que se les hubiera denegado la libertad bajo fianza.
El 29 de junio de 2024, la policía detuvo en una vivienda de Harare a cinco miembros del movimiento por la justicia social National Democratic Working Group, durante una reunión para recaudar fondos para familias empobrecidas. Fueron puestos en libertad posteriormente.
El 1 de julio de 2024, la policía interrumpió un acto en memoria de un miembro del CCC asesinado en 2022 y el 3 de julio de 2024 detuvo, en Gokwe, a seis miembros de la organización de medios de comunicación Community Voices Zimbabwe, que finalmente fueron puestos en libertad sin cargos.
El 31 de julio de 2024 se produjo un suceso especialmente alarmante en el aeropuerto Robert Gabriel Mugabe. Agentes del Estado sacaron por la fuerza a cuatro activistas de un avión y los mantuvieron incomunicados durante casi ocho horas. Actualmente, se enfrentan a cargos de alteración del orden público por su participación en una marcha pacífica frente a los juzgados de Harare el 20 de junio de 2024, en apoyo a los 78 miembros del CCC que comparecían en una audiencia en la que se decidiría su ingreso en prisión preventiva, como ya hemos mencionado anteriormente. Fuentes informaron que los activistas fueron torturados mientras permanecían detenidos.
Las declaraciones de ZANU-PF, el partido del Gobierno, también han suscitado preocupación. El grupo ha pedido que el presidente Emmerson Mnangagwa siga gobernando después de 2028, cuando debería finalizar su mandato actual. El 25 de agosto de 2024, el partido organizó una conferencia para redactar una resolución en la que solicitarían a las autoridades pertinentes que tramitaran las modificaciones constitucionales necesarias para que Mnangagwa siga gobernando una vez haya concluido su mandato a pesar de las salvaguardias constitucionales que lo impiden. En concreto, los responsables del grupo proponen que el Poder Legislativo prolongue la duración de cada mandato de Mnangagwa o que aumente provisionalmente el número de mandatos que puede ejercer un presidente, que pasarían de dos a tres, o que, simplemente, elimine por completo dicho límite. La resolución será presentada a la dirección del partido durante la 21.ª Conferencia Popular Anual que se celebrará en el Recinto Ferial Internacional de Zimbabue, en Bulawayo, del 22 al 27 de octubre de 2024. Si bien el presidente ha disipado los temores al respecto afirmando que se compromete a abandonar el cargo una vez haya acabado su segundo mandato, dirigentes de ZANU-PF siguen presionando para que se modifique la Constitución con el fin de que Mnangagwa pueda presentarse a un tercer mandato.