Watchlist July 2025 Spanish

LISTA DE SEGUIMIENTO DE JULIO DE 2025

Última actualización: 30 de julio de 2025 - La nueva Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor destaca serias preocupaciones respecto al ejercicio de las libertades cívicas en El Salvador, Indonesia, Kenia, Serbia, Turquía y Estados Unidos de América.

La Lista de Vigilancia llama la atención sobre países donde existe un grave deterioro en el respeto al espacio cívico, basado en una evaluación realizada por los hallazgos de investigación del CIVICUS Monitor, nuestros socios de investigación y consultas con activistas en el terreno. En las próximas semanas y meses, el CIVICUS Monitor seguirá de cerca los acontecimientos en cada uno de estos países como parte de los esfuerzos para garantizar que se ejerza mayor presión sobre los gobiernos.

CIVICUS hace un llamado a estos gobiernos para que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin de inmediato a las represiones en curso y garantizar que los responsables rindan cuentas. A continuación, se describen las violaciones al espacio cívico que ocurren en cada país. Si tienes información para compartir sobre el espacio cívico en cualquiera de estos países, por favor escribe a monitor@civicus.org.

EL SALVADOR

El Salvador ha intensificado la represión de los periodistas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Hace más de tres años se declaró el estado de excepción y, desde entonces, ha sido renovado cuarenta veces desde marzo de 2022.

Esta es la tercera vez que El Salvador es incluido en la Lista de Vigilancia desde que gobierna el presidente Nayib Bukele: la primera fue en marzo de 2022 y la segunda en julio de 2024. Este hecho demuestra la preocupación constante que generan los ataques a las libertades cívicas y la erosión de las instituciones democráticas, reflejo del control cada vez más autoritario del poder por parte de Nayib Bukele.

En 2025 se documentaron casos alarmantes de criminalización de defensores de los derechos humanos. El 18 de mayo, por ejemplo, las autoridades detuvieron de forma arbitraria a Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, a quien acusan de malversación de fondos en relación con su trabajo en el Tribunal Supremo Electoral. López ha ganado reconocimiento a nivel internacional por sus investigaciones de casos de corrupción y en defensa de los derechos humanos. Por otro lado, el 6 de junio, también fue detenido el abogado constitucionalista Enrique Anaya, conocido por sus críticas a los abusos del Gobierno, a quien acusan de un presunto delito de blanqueo de capitales. Ambos permanecen detenidos.

Frente a las protestas, el Gobierno ha recurrido a la represión y ha tomado represalias contra sus detractores. En mayo de 2025, ante un desalojo inminente, más de trescientas familias de la comunidad de El Bosque organizaron una vigilia pacífica para reivindicar su derecho a una vivienda digna. El 12 de mayo, agentes de policía detuvieron arbitrariamente al dirigente comunitario José Ángel Pérez durante la vigilia celebrada frente a la residencia presidencial. Al día siguiente, las autoridades también detuvieron a Alejandro Henríquez, defensor del medioambiente y representante legal de la cooperativa El Bosque, en relación con dicha manifestación. Ambos permanecen detenidos y habrían sido acusados de desórdenes públicos y obstrucción a la justicia. Posteriormente, agentes de la ley vigilaron e intimidaron a varias personas que participaron en la vigilia y miembros de la cooperativa.

En represalia por las protestas ante la residencia del presidente, el 20 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, cuyo objetivo último son las organizaciones y personas que reciben financiación internacional. La ley, que entró en vigor el 7 de junio de 2025, impone un impuesto del 30 % a los fondos procedentes del extranjero con contadas excepciones. Además, establece un registro obligatorio (RAEX) de “agentes extranjeros” y otorga a las autoridades amplios poderes para supervisar, aprobar o restringir las actividades de la sociedad civil.

El incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Agentes Extranjeros puede acarrear sanciones graves, incluidas multas de entre 100 000 y 250 000 USD, la suspensión o revocación de la personalidad jurídica o de la autorización de funcionamiento de las entidades y la apertura de procedimientos administrativos o penales. A pesar de que se aprobó hace poco, la ley ya ha restringido de forma considerable las actividades legítimas de las OSC en el país.

En este contexto hostil, la reconocida OSC defensora de los derechos humanos Cristosal suspendió sus operaciones el 17 de julio de 2025, tras veinticinco años de trabajo documentando violaciones graves de los derechos humanos en el país. La organización tomó la decisión a raíz de las amenazas judiciales y del acoso creciente que estaba sufriendo, incluida la detención arbitraria de López y actos de vigilancia y difamación.

INDONESIA

Casi un año después del inicio del mandato del presidente Prabowo Subianto, grupos de la sociedad civil y activistas han expresado su profunda preocupación por las iniciativas de las autoridades para restringir el espacio cívico y silenciar la disidencia.

Un grupo defensor de los derechos humanos señaló que más de un centenar de defensores de los derechos humanos fueron objeto de ataques durante el primer semestre de 2025. Sufrieron agresiones físicas, detenciones y actos de intimidación y criminalización. Entre las personas perseguidas figuran enseñantes universitarios, activistas estudiantiles, ecologistas, sindicalistas, militantes contra la corrupción y defensores del derecho a la tierra.

La destacada organización de derechos humanos Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), que se ha opuesto activamente a modificaciones legales problemáticas, sufrió actos de intimidación y vigilancia entre marzo y mayo de 2025. Varios vehículos pasaron y se detuvieron frente a sus oficinas en Yakarta en repetidas ocasiones. También recibió innumerables llamadas perdidas de números desconocidos, entre ellas una procedente del teléfono de un agente de los servicios de inteligencia, y sufrió intentos fallidos de irrupción en sus oficinas.

El Gobierno también está presionando a favor de una serie de modificaciones legislativas que podrían tener graves consecuencias para el espacio cívico. En marzo de 2025 se aprobaron modificaciones a la Ley de las Fuerzas Armadas (TNI Law) que ampliarán considerablemente el papel de los militares en la gobernanza civil y limitarán la supervisión judicial de los agentes que cometan abusos. Durante el proceso de redacción de la ley, la participación pública fue mínima y la transparencia, sumamente escasa. Los activistas que dieron su opinión y expresaron su preocupación por las enmiendas propuestas sufrieron actos de intimidaciones y acoso.

A la sociedad civil también le preocupa la falta de transparencia durante el proceso de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Penal (KUHAP), que aún está en curso. Las modificaciones que se han propuesto ampliarán la autoridad de las fuerzas del orden sin un control efectivo y reducirán el papel de las víctimas, los abogados y los ciudadanos en los procesos penales. También se está revisando la Ley n.º 2 de 2002 del Cuerpo Nacional de Policía, que otorgará poderes excesivos a la policía, pero no mejorará los mecanismos de supervisión.

La impunidad por la represión brutal de las manifestaciones también genera preocupación. En marzo de 2025, la policía y el ejército efectuaron detenciones y usaron una fuerza excesiva contra estudiantes, grupos sindicales y activistas que salieron a las calles a protestar contra las modificaciones polémicas de la Ley de las Fuerzas Armadas. También se registraron actos generalizados de violencia y represión por parte de la policía contra manifestantes pacíficos que salieron a las calles con motivo del Primero de Mayo. Según fuentes, la policía habría detenido arbitrariamente a catorce manifestantes, entre ellos cuatro paramédicos. Trece de ellos presuntamente habrían sido sometidos a palizas y agresiones que les causaron lesiones importantes. La policía empleó cañones de agua y gases lacrimógenos para disolver manifestaciones pacíficas.

El Gobierno ha seguido utilizando la draconiana Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE Law) para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión en internet. En junio de 2025, firmó un pacto sobre las escuchas telefónicas con cuatro grandes operadores locales de telecomunicaciones que ha hecho que aumente el riesgo de actos de vigilancia arbitrarios.

Los medios de comunicación también han sido blanco de amenazas y ataques. Un nuevo reglamento policial, promulgado en marzo de 2025, obliga a periodistas extranjeros a obtener una autorización policial para poder informar desde el país. En marzo de 2025, los periodistas fueron objeto de ataques mientras cubrían las manifestaciones multitudinarias

KENIA

La escalofriante represión de las libertades cívicas no ha cesado un año después de las manifestaciones contra la Ley de Presupuestos (#RejectFinanceBill) que recorrieron todo el país en junio de 2024. Los secuestros y la represión de manifestantes consentidos por el Estado han continuado, y las autoridades han acentuado la represión de la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de ella.

En junio de 2025, cuando la población volvió a las calles para conmemorar el primer aniversario de las protestas y reclamar reformas económicas y de gobernanza de gran calado que aún siguen pendientes, el Gobierno nuevamente actuó con brutalidad contra manifestantes desarmados: permitió el uso excesivo y letal de la fuerza, y recurrió constantemente a agentes de seguridad, encapuchados y vestidos de civil en vehículos sin distintivos, para detener a manifestantes, pese a que una orden judicial había prohibido esta práctica. También se sospecha que habría infiltrado matones armados en las manifestaciones y los habría usado para atacar a manifestantes y saquear comercios, entre otras tácticas brutales. Entre el 25 de junio y el 11 de julio de 2025 se denunciaron casos de violación, incluidas violaciones en grupo, y al menos 65 personas fueron asesinadas y cientas resultaron heridas. Desde el inicio de las manifestaciones, en junio de 2025, por lo menos 1500 personas han sido detenidas y acusadas de asesinato, violación, terrorismo y otros cargos. La utilización de cargos de terrorismo por parte del Estado suscita serias dudas sobre el uso indebido de la legislación y del sistema judicial para señalar a manifestantes pacíficos como terroristas. Esta situación resulta especialmente preocupante dadas las crecientes denuncias según las cuales gran parte de la violencia presenciada durante las protestas recientes ha sido en realidad instigada por actores respaldados por el Estado.

La represión estatal se ha intensificado incluso en internet a medida que la población recurre a espacios digitales en busca de formas alternativas y más seguras para expresar sus desacuerdos. En junio de 2025, el activista Albert Omondi Ojwang falleció víctima de terribles torturas mientras se encontraba detenido por una publicación en redes sociales en la que denunció la implicaciónde un alto cargo del Gobierno en casos de corrupción. Ese mismo mes, la programadora informática Rose Njeri fue detenida y procesada por presuntamente haber infringido la Ley sobre Ciberdelitos y el Uso Indebido de Dispositivos Informáticos de 2018 al diseñar una herramienta en línea que permitía a la ciudadanía oponerse a la última Ley de Presupuestos. La creación artística también se ha enfrentado a la censura y se han prohibido obras y programas de protesta en escuelas y espacios públicos. Además, recientemente se han propuesto leyes y directrices políticas que buscan controlar los espacios digitales. También existen interrogantes respecto a la privacidad y la vigilancia, ya que un nuevo proyecto de ley de comunicaciones amenaza con generalizar la vigilancia al otorgar amplios poderes al Gobierno para rastrear a los internautas sin ofrecer las garantías ni los mecanismos de rendición de cuentas necesarios. Asimismo, recientemente el Parlamento propuso aumentar la partida presupuestaria de la Dirección de Investigaciones Penales (DCI) para adquirir y dar servicio al sistema Optimus 3.0, que permitiría a las autoridades rastrear a los usuarios de redes sociales, conocer su ubicación y sus publicaciones, y monitorizar los dispositivos que utilizan. También ha generado preocupación una directiva aprobada en enero de 2025 que obliga a las empresas de redes sociales a abrir oficinas físicas en Kenia. Se teme que se trate de un intento velado para socavar la libertad de expresión y los derechos digitales bajo el pretexto de la seguridad nacional. Cabe destacar que la norma fue adoptada en medio de crecientes críticas contra el Gobierno y el presidente William Ruto en internet.

SERBIA

Serbia permanece en la Lista de Vigilancia debido al deterioro constante de su espacio cívico. La huelga estudiantil nacional y las manifestaciones generalizadas contra la corrupción que comenzaron en noviembre de 2024, desencadenadas por el derrumbe de una estación de tren en el que murieron dieciséis personas, continúan hasta la fecha. Un cambio de gabinete en abril no logró apaciguar la indignación popular y los manifestantes siguieron exigiendo un cambio sistémico y la celebración de elecciones anticipadas. En respuesta, las autoridades han intensificado la represión: los manifestantes y sus simpatizantes son objeto de detenciones masivas, vigilancia e intimidación, y son víctimas de actos violentos perpetrados por la policía y grupos vinculados al partido del Gobierno.

En marzo de 2025, contramanifestantes coordinados por el Gobierno acamparon alrededor de instituciones clave en Belgrado. Estos campamentos, que cuentan con el apoyo de las autoridades municipales y la protección de la policía, se han convertido en focos de violencia, donde son frecuentes los enfrentamientos entre vecinos y manifestantes antigubernamentales. Las autoridades siguen fomentando y legitimando las agresiones de los partidarios del oficialista Partido Progresista Serbio (SNS) contra manifestantes. Altos cargos políticos han presionado a fiscales y jueces, acusándolos de ser parciales y de ponerse del lado de los manifestantes. En julio, el presidente Aleksandar Vučić indultó a cuatro hombres vinculados a su partido que habían propinado una fuerte paliza a una estudiante en Novi Sad —la agresión provocó la caída del Gobierno en enero—. A continuación, anunció que indultaría a una mujer acusada de intento de asesinato por embestir contra un grupo de manifestantes con su coche y afirmó que habría más indultos.

La represión contra el activismo cívico se ha intensificado. En vísperas de una manifestación de gran envergadura programada el 15 de marzo, los servicios de seguridad grabaron ilegalmente una reunión privada de activistas de la oposición y de la sociedad civil, y medios de comunicación progubernamentales difundieron las imágenes. De entre los afectados, seis fueron detenidos y acusados de intentar subvertir el orden constitucional. Se trata de Marija Vasić, Mladen Cvijetić, Lado Jovović, Davor Stefanović, Srđan Đurić y Lazar Dinić. La Fiscalía pidió que fueran condenados a cinco años de cárcel, la pena máxima para este delito. Tras pasar más de dos meses detenidos, los seis fueron puestos bajo arresto domiciliario a finales de mayo. Otras seis personas que actualmente se encuentran en el extranjero serán juzgadas en rebeldía. Las mismas tácticas fueron empleadas antes de otra manifestación multitudinaria prevista el 28 de junio: se difundieron conversaciones telefónicas privadas y agentes de policía vestidos de civil detuvieron a ocho activistas estudiantiles en las inmediaciones de edificios universitarios. Fueron acusados del mismo delito, y aunque la fiscalía solicitó su detención preventiva, los ocho fueron puestos en libertad a la espera del juicio tras presentar recursos de apelación.

También crece la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Se sospecha que la policía utilizó ilegalmente un arma acústica durante la manifestación del 15 de marzo, la mayor hasta la fecha, a la que asistieron unas 300 000 personas. Durante una vigilia silenciosa por las víctimas del derrumbe de la estación, la tranquilidad se vio bruscamente interrumpida por un ruido fuerte y aturdidor que, según los presentes, se asemejaba al de un avión volando a baja altura o al de un vehículo que se acercaba a gran velocidad. El ruido desencadenó el pánico y provocó una estampida. Las OSC, con el respaldo de seis relatorías especiales de Naciones Unidas y una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han exigido una investigación. En un primer momento, la policía negó su implicación, pero más tarde admitió que había dispositivos acústicos de largo alcance en el lugar de la manifestación, aunque siguió negando que hubieran sido activados.

Turquía

Turquía ha sido incluida en la Lista de Vigilancia en un momento en que el espacio cívico se enfrenta a amenazas existenciales debido al encarcelamiento de figuras políticas de la oposición, la represión violenta de las manifestaciones multitudinarias y la dramática escalada de la censura, las detenciones y los actos de intimidación. La ola de represión comenzó tras la detención del alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu y el consiguiente estallido de las mayores manifestaciones que ha vivido el país desde el movimiento del parque Gezi en 2013. Según algunas estimaciones, las manifestaciones congregaron hasta a dos millones de personas. Pese a que muchos consideraban a İmamoğlu como el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdoğan de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Imamoglu anunció su candidatura a la presidencia el 27 de febrero de 2025. Menos de tres semanas después, la Universidad de Estambul le retiró el título, alegando supuestas irregularidades de procedimiento que se remontaban a más de tres décadas. La decisión lo incapacitó para presentarse a las elecciones, ya que la Constitución exige que los candidatos a la presidencia posean un título universitario. Al día siguiente, el 19 de marzo, Imamoglu fue detenido junto a más de un centenar de personas, entre ellas cargos municipales y alcaldes de distrito. Ha sido acusado de actos de corrupción, de aceptar sobornos y de brindar ayuda al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización guerrillera ilegalizada. Estos cargos están relacionados con la cooperación entre el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de İmamoglu y la formación prokurda Partido por la Igualdad y la Democracia Popular (DEM) en las elecciones locales de 2024, a pesar de que el PKK se disolvió y entregó las armas en julio de 2025, como resultado de las iniciativas de reconciliación con el Estado turco en las que el DEM desempeñó un papel central.

Desde la detención de Imamoglu, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha intensificado la represión de la oposición. En las elecciones locales de 2024, el CHP cosechó un resultado histórico al hacerse con 35 de los 81 municipios en juego. Actualmente, casi la mitad de los alcaldes del CHP han sido detenidos o encarcelados junto con decenas de personas asociadas al partido, entre ellas exdiputados, altos cargos de la formación y el abogado de İmamoglu, que sigue detenido. Las detenciones, a menudo justificadas mediante acusaciones ambiguas de corrupción, delincuencia organizada o cargos relacionados con el terrorismo, parecen destinadas a desmantelar por completo la oposición política.

El día en que fue detenido Imamoglu, estallaron manifestaciones multitudinarias. Un movimiento liderado por jóvenes y promovido en gran medida por estudiantes universitarios creció rápidamente, se extendió más allá de las filas del CHP y se granjeó un amplio apoyo de grupos de la oposición, la sociedad civil y participantes de diversas procedencias políticas.

Las autoridades intentaron sofocarlo por la fuerza, prohibiendo manifestaciones y restringiendo el acceso a Estambul. Según fuentes, dos mil personas habrían sido detenidas hasta el mes de abril. Los manifestantes, en su inmensa mayoría pacíficos, fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma; muchos resultaron heridos y fueron hospitalizados. También se documentaron casos de mujeres detenidas a las que obligaron a desnudarse para cachearlas. Los detenidos, en su mayoría estudiantes, y algunos periodistas, fueron sometidos a juicios masivos expeditivos en los que cientos de personas encausadas comparecieron durante una misma audiencia. Entre otros cargos, se los acusó de participar en manifestaciones no autorizadas, desacatar órdenes de la policía e incitar a la comisión de delitos basándose en sus publicaciones en redes sociales. De ser declarados culpables, se enfrentarían a penas de entre seis meses y cinco años de prisión. Desde que comenzaron las protestas, varios abogados, entre ellos el expresidente del Colegio de Abogados de Esmirna, han sido detenidos por apoyar a los manifestantes.

La censura se ha intensificado. El 24 de marzo, al menos once periodistas fueron detenidos de madrugada en redadas coordinadas en varias ciudades por cubrir las manifestaciones y al menos otros doce fueron agredidos por la policía. La prensa extranjera también ha sido objeto de ataques: un periodista de la BBC fue expulsado y un periodista sueco fue detenido y acusado de terrorismo. Este último permaneció detenido durante siete semanas y quedó en libertad hasta la celebración de su juicio en septiembre. Internautas de toda Turquía sufrieron un bloqueo simultáneo de 42 horas que restringió fuertemente el acceso a redes sociales y portales de noticias independientes. Más de setecientas cuentas de Twitter/X pertenecientes a periodistas, activistas y figuras de la oposición fueron bloqueadas.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Estados Unidos permanece en la Lista de Vigilancia debido a los continuos ataques contra las libertades cívicas. Durante los primeros seis meses del segundo mandato del presidente Donald Trump se hicieron patentes claros signos del deterioro democrático: el Ejecutivo consolidó su poder, se instaló a personas leales en todas las instituciones, se silenció a medios de comunicación independientes, se criminalizó la disidencia y se atacó a grupos marginados.

En un contexto marcado por una intensa polarización política, la tensión aumentó tras un acto de violencia política contra legisladores del Partido Demócrata. El 14 de junio de 2025, en Minnesota, un atacante armado asesinó a tiros a la diputada Melissa Hortman y a su marido, reconocidos defensores de la justicia social y los derechos reproductivos. El mismo día, acechó y disparó al senador estatal John Hoffman y a su esposa, e intentó disparar a su hija. Según la organización Center for Strategic and International Studies (CSIS), los ataques políticos contra cargos públicos han aumentado en los últimos cinco años y ya casi triplican el número de casos registrados en los últimos veinticinco años.

Se ha intensificado la represión de las reuniones pacíficas. Desde principios de junio de 2025 ha habido manifestaciones pacíficas a gran escala en todo el país en respuesta a las tácticas ilegales generalizadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellas redadas contra personas inmigrantes indocumentadas. Entre el 6 y el 10 de junio, más de 350 manifestantes habrían sido detenidos en las ciudades de Los Ángeles, San Francisco, Austin, Nueva York y Dallas.

El 7 de junio, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 700 marines y 2000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Esta escalada militar resulta alarmante y constituye un caso de extralimitación del poder federal contra comunidades migrantes y manifestantes pacíficos. El despliegue, que se prolongó durante cuarenta días, suscitó preocupación por el uso de fuerzas militares para vigilar actos de protesta y apoyar las operaciones del ICE. También refleja los conflictos cada vez más profundos entre las políticas y prácticas federales en materia de inmigración y las jurisdicciones refugio, que buscan proteger a las comunidades de personas inmigrantes de tácticas de expulsión agresivas. Desde el momento álgido de las protestas de Black Lives Matter en 2020, el nivel de enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden nunca había sido tan elevado.

Los periodistas que cubren las manifestaciones han sido blanco de ataques. El 9 de junio, agentes de policía de Los Ángeles dispararon a la periodista Lauren Tomasi con una bala de goma mientras informaba sobre las manifestaciones contra el ICE en la ciudad. Tomasi, corresponsal de la cadena australiana 9News en Estados Unidos, resultó herida en una pierna. También se han registrado casos similares de agresiones contra periodistas que cubrían protestas en Los Ángeles.

Por ejemplo, el 14 de junio, en el estado de Georgia, la policía de Doraville detuvo al periodista salvadoreño Mario Guevara durante las manifestaciones masivas y pacíficas No Kings contra el presidente Donald Trump. Guevara estaba retransmitiendo en directo la manifestación y estaba identificado como prensa. Las autoridades lo acusaron de obstrucción a la autoridad, reunión ilegal y de circular por la calzada. Después de ser detenido, Guevara fue puesto bajo custodia del ICE, a pesar de contar con un permiso de residencia. Aún se encontraba detenido cuando se redactó este documento.

La libertad de prensa se enfrenta a una presión cada vez mayor bajo el Gobierno de Donald Trump, como demuestran el acoso judicial y los drásticos recortes de financiación a medios de comunicación independientes. Por ejemplo, el 18 de julio de 2025, el Congreso votó a favor de recortar casi 1100 millones de dólares del presupuesto de la Corporación para la Radiodifusión Pública, una decisión que supone una amenaza para PBS, NPR y emisoras locales críticas. Era la primera vez en casi tres décadas que prosperaba una propuesta presidencial para cancelar una partida presupuestaria ya aprobada. La medida puso de manifiesto la profunda preocupación que existe en torno al pluralismo en los medios de comunicación.

El proyecto de ley también incluía la reducción de miles de millones de dólares en ayuda exterior que ya se habían aprobado y que se traduciría en recortes a programas internacionales humanitarios, de salud y de desarrollo, así como a las dotaciones a las Naciones Unidas y a sus agencias.

Recientemente los estados han adoptado leyes que no solo restringen aún más la libertad de asociación, sino que también podrían amenazar la capacidad operativa de la sociedad civil. Desde abril de 2025, los estados de Florida, Nebraska y Arkansas han aprobado leyes destinadas a combatir la supuesta influencia extranjera —especialmente de China— sobre las organizaciones sin ánimo de lucro. Según la organización International Centre for Not-For-Profit Law (ICNL), la nueva oleada de proyectos de ley estatales introduce disposiciones aún más amplias, entre ellas “programas para la creación de registros de influencias extranjeras y restricciones a las colectas de fondos para proyectos de beneficencia, que podrían tener repercusiones de gran calado —y, con frecuencia, involuntarias— en la actividad benéfica”.

Por ejemplo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y Terroristas de Nebraska (Legislative Bill 644), promulgada en junio de 2025 y que entrará en vigor en octubre del mismo año, impone numerosos requisitos para la inscripción de todo “agente” de un “mandante foráneo” de países designados como adversarios extranjeros en el Código Federal de los Estados Unidos, a saber, China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.