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Cuba: todavía se sienten las repercusiones de las manifestaciones multitudinarias de julio de 2021

Una mujer en un balcón con una bandera cubana en el centro de La Habana, el 11 de julio de 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini.

El 11 de julio de 2021 estallaron protestas antigubernamentales por todo el país; hoy, un año más tarde, todavía se sienten las repercusiones de esas manifestaciones. Los procesos judiciales contra los manifestantes continúan y organizaciones de la sociedad civil denuncian que la supresión del espacio cívico se ha intensificado desde entonces.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó seis olas de represión tras las protestas. Durante esos episodios se registraron cientos de casos de acoso, detenciones y juicios por protestar; desapariciones forzadas; el aumento de la vigilancia, y la aprobación de legislación restrictiva para vigilar y castigar a los disidentes y reducir el ámbito de actuación de la sociedad civil independiente.

En esta línea, cabe destacar que, el 15 de mayo de 2022, el Parlamento aprobó el nuevo Código Penal, el cual endurece las restricciones a la disidencia. Como ya señalamos en el CIVICUS Monitor, las nuevas disposiciones del Código establecen penas más severas para los delitos y pueden usarse para criminalizar los actos de protesta y el militantismo.

Expresión

En junio de 2022, las autoridades cubanas anunciaron que los militantes y artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel el Osorbo Castillo habían sido declarados culpables y condenados a penas de cinco y nueve años de prisión respectivamente. Sus juicios se celebraron a finales de mayo de 2022 en La Habana. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó su preocupación por la sentencia y afirmó que ambos militantes habían sido juzgados "por expresarse a través del arte sobre asuntos de interés público".

Las 65 organizaciones de PEN International y 79 artistas publicaron un comunicado en el que condenaron los procesos contra Otero Alcántara y Castillo, y pidieron su liberación inmediata. Los firmantes aseguraron que "una revisión de los cargos contra ambos artistas deja claro que los están persiguiendo por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión". Ambos fueron acusados de desacato y desorden público, así como de otros cargos por ofensas a símbolos e instituciones nacionales.

Por otro lado, el 17 de junio de 2022, las autoridades cubanas citaron y multaron a un militante por una publicación en redes sociales. Leandro René Hernández explicó que la Seguridad del Estado lo acusó de violar el Decreto 370, que regula el uso de Internet en Cuba. La multa se debió a una publicación en Facebook en la que Hernández comentó de forma irónica una reunión entre el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel. El 21 de julio de 2022, Hernández refirió que lo citaron y le impusieron otra multa por revelar la identidad de una agente que le entregó la primera citación policial.

Asimismo, la conmemoración del aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 estuvo marcada por los intentos de censura a los periodistas. Entre el 8 y el 12 de julio de 2022, Article 19 registró ataques contra dieciséis periodistas independientes, quienes fueron objeto de amenazas, arrestos domiciliarios, citaciones policiales y cortes de internet, entre otros. La organización afirmó que "el Gobierno mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión entre la población, en su afán por impedir toda crítica". Asimismo, medios de comunicación locales informaron que militantes cubanos en el exilio aseguraron que las autoridades cubanas solo les dejaron tres opciones: callar, salir del país o ir a la cárcel.

Reunión pacífica

El 11 de julio de 2022, Human Rights Watch (HRW) publicó el informe Prison or Exile ("Prisión o exilio"), en el que ha quedado documentada una larga serie de violaciones de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones del año pasado. HRW afirmó que tanto críticos notorios del Gobierno como ciudadanos comunes y corrientes padecieron actos de acoso, detenciones arbitrarias, juicios plagados de abusos, palizas y malos tratos que en algunos casos constituyen actos de tortura. Según la organización, estas violaciones de derechos siguen un patrón y buscan castigar a quienes se manifestaron e infundir miedo para evitar nuevas protestas multitudinarias. En el informe se recogen 155 casos y se analizan 14 en detalle.

Por otro lado, el 14 de julio de 2022, un grupo de moradores de Pinar del Río protestó contra los cortes de electricidad recurrentes y la escasez de alimentos y medicinas. Se notificaron cortes de internet durante las protestas.

Sentencian y condenan a los manifestantes de julio de 2021

En junio de 2022, el fiscal general de Cuba precisó que las autoridades han condenado a 381 personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021, entre ellas, 16 jóvenes de entre 16 y 18 años. La mayoría de los condenados fueron acusados de delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, y desorden público. 297 fueron sentenciados a penas de prisión y a 36 se les impuso penas de entre 5 y 25 años de cárcel por sedición. Otros 84 manifestantes recibieron penas alternativas condicionadas a una "buena conducta" y trabajo correccional.

Un informe de los grupos de la sociedad civil Cubalex y Justicia 11J detalló cientos de casos de detenciones en el contexto de las manifestaciones. Según sus labores de seguimiento, se produjeron 1 484 detenciones y, hasta julio de 2022, más de 700 personas han sido detenidas y condenadas, o seguían estando acusadas.

El 8 de julio de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a Walnier Luis Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar, detenidos por participar en las manifestaciones de julio de 2021. Según este organismo, ambos corren peligros inminentes, ya que su derecho a la vida, la integridad personal y la salud pueden sufrir un daño irreparable. La organización internacional instó al Estado cubano a poner en marcha medidas para proteger su vida, salud e integridad. La defensa de Aguilar Rivera denunció que su cliente vive con una discapacidad desde su infancia, para la cual recibe tratamiento médico. Sin embargo, desde que se encuentra privado de libertad, no ha recibido la medicación ni los cuidados adecuados. También habría sido sometido a malos tratos y penurias durante su detención. Además, Domínguez Aguilar estaría detenido en condiciones precarias y no habría recibido atención médica por las lesiones graves que sufrió durante su detención.