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Las autoridades nicaragüenses ilegalizan a la sociedad civil en la práctica

Patrulla de policía frente a la sede de la Academia Nicaragüense de la Lengua cerrada por decreto. Mayo 2022, REUTERS/ Maynor Valenzuela.

Asociación

Las autoridades nicaragüenses siguen usando la legislación sobre el lavado de capitales, la ley de Agentes Extranjeros y otras normas restrictivas para reprimir a la sociedad civil con el fin de desmantelar los espacios de participación ciudadana que escapan al control del Gobierno.

Para reforzar el marco legal represivo, el 6 de mayo de 2022 se promulgó la nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos sin Fines de Lucro, la cual multiplica las barreras para las iniciativas de la sociedad civil. Esta legislación dificulta la inscripción de las ONG, las obliga a solicitar la aprobación del Gobierno para sus actividades y les impone nuevas obligaciones de información. Por ejemplo, todo proyecto debe ser aprobado por el Gobierno y las organizaciones deben revelar quienes serán los beneficiarios, entre otros.

Entre abril y junio de 2022, los legisladores cancelaron la personalidad jurídica de casi doscientas organizaciones de la sociedad civil (OSC). Entre ellas, organizaciones culturales como la Academia Nicaragüense de la Lengua, organizaciones de ayuda como la Asociación Operación Sonrisa, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, grupos ecologistas, asociaciones profesionales y muchas otras.

Estas cancelaciones se llevaron a cabo mediante decretos legislativos dirigidos a decenas de organizaciones de forma simultánea, sin previo aviso ni derecho a la defensa. En la mayoría de los casos, los legisladores afirmaron que las OSC habían incumplido las obligaciones de información. Sin embargo, los grupos locales de la sociedad civil denunciaron que estos incumplimientos no son sino invenciones de las autoridades, quienes ponen trabas administrativas arbitrarias al negarse a aceptar los documentos presentados por las OSC o al invalidarlos. Además de perder su personalidad jurídica, las oficinas de las organizaciones fueron desmanteladas y sus bienes confiscados. En algunos casos, los miembros de estas OSC fueron objeto de actos difamatorios, ataques y hostigamiento.

El 6 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales condenaron esta ola de cierres de OSC y la calificaron de arbitraria.

Censura y persecución de organizaciones y líderes religiosos

El 27 de mayo de 2022, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la persecución continua, el acoso policial y las declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y de agentes de policía contra los miembros de la Iglesia católica en Nicaragua. La CIDH afirmó que las organizaciones sociales y los centros educativos vinculados a la Iglesia católica se encontraban entre los objetivos de las cancelaciones de personalidad jurídica.

En mayo de 2022, TELCOR, el ente regulador de las telecomunicaciones de Nicaragua, sacó del aire a Canal 51 (un canal católico) mediante su retirada de la parrilla de televisión por cable. Según la CIDH, esta orden de censura fue emitida un día después de que el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí denunciara en redes sociales el aumento de los actos de hostigamiento perpetrados por agentes de la Policía Nacional.

La organización internacional destacó que los líderes católicos nicaragüenses han denunciado prácticas de vigilancia y persecución. A principios de este año, el Gobierno de Nicaragua ordenó la expulsión del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, quien ejerció de mediador entre el Gobierno y la oposición en el marco del diálogo de 2019. En un comunicado, la CIDH explicó que el discurso religioso goza de un nivel especial de protección en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que expresa elementos constitutivos de la identidad y la dignidad personal.

Persecución y malos tratos continuos a presos políticos

El 18 de mayo de 2022 fue detenido en Masaya Yubrank Suazo, líder de la oposición y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que los agentes de policía irrumpieron en el domicilio de Suazo cuando fueron a detenerlo. Lo llevaron a El Chipote y posteriormente lo acusaron de "conspirar para socavar la integridad nacional". Suazo es un expreso político que fue detenido por primera vez durante las manifestaciones multitudinarias de 2018.

En mayo de 2022 fueron rechazadas las solicitudes de apelación de por lo menos doce presos políticos condenados en juicios sumarios a principios de año.

Además, los familiares de los presos políticos han denunciado que sus seres queridos se encuentran recluidos en condiciones inhumanas y se han mostrado especialmente preocupados por aquellos que necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, ya que, al parecer, las autoridades se la habrían denegado. El 18 de mayo de 2022, la red regional IM-Defensoras advirtió que las defensoras de los derechos humanos Evelyn Pinto y María Esperanza Sánchez sufren problemas de salud graves que podrían poner en peligro sus vidas si las autoridades siguen sin ofrecerles atención médica adecuada. El 20 de mayo de 2022, la militante y presa política Nidia Barbosa habría sido trasladada a una UCI en estado crítico; tiene más de sesenta años y padece una afección cardíaca crónica.

Las presas políticas también denunciaron haber sido acosadas y agredidas sexualmente por funcionarios de prisiones. Los familiares de los presos políticos formularon quejas similares, puesto que ellos también sufren agresiones y actos de acoso cuando visitan a sus seres queridos.

Expresión

En los últimos meses, grupos internacionales han expresado su preocupación por la abolición de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. En abril de 2022, durante su reunión de mitad de año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desveló que había documentado más de 661 agresiones contra medios de comunicación y periodistas en Nicaragua durante los seis meses anteriores. La mayoría fueron perpetradas por funcionarios e instituciones estatales. Según esta entidad, por lo menos setenta y cinco periodistas y propietarios de medios de comunicación independientes se vieron obligados a exiliarse durante ese periodo. La SIP destacó las sentencias y las condenas de varios periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en juicios "repletos de arbitrariedad".

Entre los condenados se encuentra Juan Lorenzo Holmann, director general del diario La Prensa y vicepresidente regional para Nicaragua de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Holmann fue condenado por un presunto delito de blanqueo de capitales tras un juicio que se celebró a puerta cerrada el 23 de marzo de 2022 y fue condenado a nueve años de prisión el 31 de marzo de 2021. Además, la SIP precisó que Holmann fue inhabilitado para el ejercicio de su profesión, de un oficio o de un cargo durante el mismo periodo. El tribunal también confirmó la confiscación de las oficinas de La Prensa, que fueron allanadas e incautadas en agosto de 2021.

En mayo de 2022, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIB) también expresó su preocupación por la situación del país durante el mandato de Daniel Ortega. Según el grupo, que representa a más de 17 000 emisoras de radio y televisión, la persecución y el hostigamiento que padecen los periodistas y los medios de comunicación independientes se han intensificado desde 2021. Además, la AIB explicó que el sistema judicial ha sido instrumentalizado para impedir y castigar el ejercicio de la libertad de expresión. También condenó la "censura sistemática" y las "constantes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos" por parte del régimen de Ortega.

Asimismo, los periodistas nicaragüenses denunciaron la represión a la que se enfrentan sus compañeros en su país durante la IX Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Los Ángeles a principios de junio de 2022. Lucía Pineda y Luis Galeano aseguraron que sus colegas en Nicaragua se han visto obligados a hacer un "periodismo de catacumbas", es decir, casi a escondidas. Otros medios de comunicación como 100 % Noticias, donde trabaja Pineda, se han visto obligados a operar completamente desde el extranjero. Luis Galeano, director del programa Café con Voz, dedicado a noticias de Nicaragua y que se transmite desde Miami, dijo:

"Estamos rompiendo el muro de la censura y es una victoria de todos los días".