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Guatemala: la libertad de expresión sufre un profundo deterioro

Manifestantes durante una protesta contra la reelección de la fiscal general el 6 de abril de 2022. REUTERS/ Sandra Sebastián.

El 7 de abril de 2022, el Parlamento Europeo expresó su profunda preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala y condenó la criminalización y el acoso que sufren las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas en el país. Los parlamentarios también destacaron el hostigamiento continuo contra los miembros del sistema judicial implicados en la lucha contra la corrupción. La institución hizo un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que pongan fin a estas acciones, defiendan el Estado de derecho, garanticen el pleno respeto de la independencia de poderes e investiguen los ataques a la sociedad civil y la prensa.

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil también condenaron las represalias contra los exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y operadores de justicia. En un comunicado, la UDEFEGUA y la Organización Mundial Contra la Tortura señalaron que la exfiscal Virginia Laparra Rivas, detenida en febrero de 2022, permanece recluida en una celda de aislamiento en condiciones preocupantes. Ambas organizaciones hicieron un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que liberen inmediatamente a Laparra y pongan fin a la actual oleada de criminalización.

Expresión

Asesinan a tiros a un periodista en un espacio público

El 8 de marzo de 2022, el periodista Orlando Villanueva fue asesinado a tiros en una instalación deportiva pública de Puerto Barrios, capital del departamento de Izabal. Según los medios de comunicación, un menor también resultó herido durante el tiroteo. Villanueva era propietario y reportero de Noticias del Puerto, una página web y en redes sociales sobre política y noticias locales. Había recibido amenazas por su labor periodística y la policía habría allanado su domicilio después de que informara sobre casos de violencia policial en 2021. Grupos de la sociedad civil como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y organizaciones internacionales como la Unesco condenaron el asesinato de Villanueva.

Criminalización de periodistas

A finales de marzo de 2022, el exministro guatemalteco de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi abrió una causa penal contra el periodista Juan Luis Font por un delito de "asociación ilícita". En la denuncia penal, a la cual tuvo acceso el CPJ, Sinibaldi afirma que Font tenía una "relación preexistente" con la jueza Aifán, quien estuvo a cargo de una causa penal por corrupción que el exministro presentó contra el periodista en diciembre de 2021. De ser condenado, Font podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de prisión. En declaraciones al CPJ, el periodista negó las acusaciones y aseguró que no se le ha notificado formalmente ninguna acusación y que decidió salir temporalmente de Guatemala para poder trabajar sin ser objeto de acoso. Font dirige el programa de radio Con Criterio, en el que suele expresar críticas al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Por otro lado, el periodista Carlos Ernesto Choc se enteró a principios de abril de 2022 de que se había emitido una orden de detención contra él en enero de ese mismo año a raíz de una denuncia de agentes de policía, quienes lo acusaron de "instigación a delinquir" después de que informara en octubre de 2021 sobre una manifestación contra las actividades mineras en El Estor, Izabal. En la denuncia, los policías alegan que doce personas, entre ellas Choc, los agredieron durante la manifestación. Choc relató que durante dicha protesta los agentes lo empujaron y le confiscaron su teléfono y un micrófono mientras intentaba cubrir la represión policial.

Tal y como informamos en el CIVICUS Monitor, Choc ha padecido actos de vigilancia y de acoso judicial por su cobertura periodística de la oposición comunitaria a la minería en Izabal. Natalie Southwick, coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe del CPJ, se lamentó:

"Una vez más, Carlos Choc será procesado judicialmente solo por ser uno de los pocos reporteros que documentó la respuesta gubernamental a las manifestaciones. Las autoridades guatemaltecas deben retirar de inmediato los cargos absurdos contra Choc, dejar de tratar a los periodistas comunitarios como delincuentes por hacer su trab ajo y poner fin a la campaña de intimidación y amenazas contra la prensa".

Informe sobre Guatemala

El 2 de mayo, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentó un informe sobre el estado de la libertad de expresión en el país durante el primer trimestre de 2022. Según sus datos, durante los primeros meses del año se documentaron dos tendencias principales: la imposición de limitaciones para acceder a las fuentes informativas y la promoción de campañas de difamación, acoso y estigmatización en Internet. Entre los responsables principales se encuentran los funcionarios públicos, en particular aquellos que trabajan para la Presidencia y el Ministerio Público. La organización afirmó que el Gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por los más altos niveles de represión, persecución e intolerancia hacia la prensa.

El 3 de mayo de 2022, Reporteros Sin Fronteras publicó su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 en la que destacó un aumento de la polarización alimentada por la desinformación. En esta nuevo ranquin, Guatemala cayó del puesto 116 al 124 de entre 180 países evaluados. El grupo de la sociedad civil precisó que aunque la Constitución guatemalteca garantiza la libertad de prensa, las autoridades públicas y las figuras políticas violan constantemente este derecho. También añadió que los periodistas y los medios de comunicación que investigan o critican los actos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos suelen padecer agresiones bajo la forma de campañas de acoso y persecución penal.

Reunión pacífica

El 25 y el 26 de abril de 2022, miles de personas participaron en las manifestaciones antigubernamentales convocadas por la organización de pueblos indígenas y trabajadores rurales Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Se organizaron protestas simultáneas en varios departamentos y los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país. Estas manifestaciones se inscriben en el marco una huelga nacional encabezada por CODECA en respuesta a la corrupción, la impunidad y el elevado coste del combustible y los alimentos.

A principios de abril de 2022, grupos de la sociedad civil organizaron protestas simultáneas contra la corrupción y los esfuerzos para reelegir a Consuelo Porras como fiscal general para un segundo mandato. Durante una conferencia de prensa, la Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP) exigió transparencia en el proceso de selección de candidatos para dicho cargo.

Asociación

A finales de marzo de 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que dejará de financiar la construcción de dos presas hidroeléctricas en Ixquisis que han causado polémica. La institución tomó esta decisión tras investigar una denuncia de los pueblos indígenas mayas ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Grupo BID en 2018. En su demanda, argumentaron que dichos proyectos han sido perjudiciales para el medioambiente, los pueblos indígenas y las mujeres de Ixquisis. La oficina para la rendición de cuentas resolvió el caso y concluyó que IDB Invest incumplió las políticas operativas y las salvaguardias del banco aplicables a la financiación de proyectos y que esto abrió la puerta una posible retirada de la inversión.

Es la primera vez que el Grupo BID elabora un plan de salida responsable a raíz de una denuncia. El proyecto incorpora acciones para abordar las recomendaciones de cambios estructurales a nivel institucional, entre ellas, herramientas para el seguimiento de actos de violencia asociados a proyectos financiados por IDB Invest.