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El Salvador: Libertad de expresión amenazada en medio de la violencia de las pandillas

Soldados patrullan por las calles de San Salvador durante el régimen de excepción. 4 de abril de 2022. Camilo Freedman/ APHOTOGRAFIA/ Getty Images.

El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador decretó el régimen de excepción con el fin de frenar el aumento del número de asesinatos, el cual ha puesto en jaque la estrategia del Gobierno en materia de seguridad y se ha cobrado la vida de setenta y seis personas en tan solo dos días. El presidente salvadoreño Nayib Bukele solicitó la aplicación de esta medida tras un fin de semana marcado por una violencia extrema.

La declaración del régimen de excepción —Decreto N.º 333— suspendió las libertades de asociación y reunión pacífica, al igual que otros derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de la correspondencia. También habilitó la intercepción de telecomunicaciones sin autorización judicial y amplió el periodo de detención administrativa, que pasó de las setenta y dos horas habituales a quince días.

Grupos de derechos humanos calificaron las medidas de "desproporcionadas". La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos afirmó que la declaración del régimen de excepción no se ajusta a las normas internacionales en materia de derechos humanos. La entidad también aseguró que los estados de excepción deben emplearse para preservar orden constitucional y no para socavarlo, ni para permitir que las fuerzas de seguridad u otros agentes y funcionarios del Estado actúen de forma arbitraria y discrecional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su preocupación por la situación y pidió al Estado salvadoreño que revocará las medidas que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

Expresión

Las autoridades siguen promoviendo leyes restrictivas

En febrero de 2022, legisladores oficialistas aprobaron varias reformas del Código Penal redactadas de un modo ambiguo con el fin de legalizar y permitir el uso de herramientas de vigilancia digital por parte de las fuerzas del orden. Las modificaciones que se aprobaron el 1 de febrero de 2022 autorizan a que en procesos judiciales se pueda presentar pruebas digitales obtenidas mediante investigaciones encubiertas, permitiendo así la creación de "agentes encubiertos digitales". De esta manera, las fuerzas del orden que lleven a cabo este tipo de investigaciones no necesitarán una orden judicial, solo el permiso de los fiscales. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la ausencia de mecanismos de control y para la rendición de cuentas en esta reforma, y afirmaron que no establece límites a la actuación de los agentes ni tampoco delimita los tipos de herramientas de vigilancia que pueden emplearse; una situación que podría comprometer el derecho a la privacidad y a libertad de expresión.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional calificaron las reformas de "vagas" y aseguraron que la legislación podría usarse de manera arbitraria. Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de la organización, explicó que "ese tipo de normativa debe ser lo suficientemente clara y aportar la información necesaria sobre las condiciones y circunstancias en la que las autoridades están facultadas a recurrir a una medida tan invasiva como la vigilancia de las comunicaciones". Valencia también señaló que la legislación carece de garantías efectivas para prevenir y controlar los abusos de forma independiente.

Según Human Rights Watch, estas disposiciones son especialmente alarmantes a la luz de varias enmiendas a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos que aprobó la Asamblea en diciembre de 2021. Una de ellas tipifica como delito el uso de tecnologías con el fin de obtener o distribuir información considerada confidencial, una disposición que fácilmente podría emplearse contra periodistas, grupos reivindicativos o denunciantes de irregularidades.

A finales de marzo y principios de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de medidas que propusó el presidente Nayib Bukele en respuesta al aumento de la violencia de las pandillas. Entre esas disposiciones, varias constituyen una amenaza para el principio del debido proceso y los derechos humanos. Entre otras cosas, una reforma de la ley sobre grupos criminales —Decreto N.º 350—, aprobada el 5 de abril de 2022, permite encausar a los medios de comunicación que "reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por grupos delincuenciales y que pudieren generar zozobra y pánico en la población". Esta legislación también permite la apertura de procesos penales por todo tipo de publicación, imagen, grafiti u otra forma de expresión visual que transmita "explícita o implícitamente" mensajes relacionados con agrupaciones criminales. Las penas por estos delitos ascienden hasta a quince años de prisión.

Los legisladores oficialistas arguyeron que la medida busca combatir la difusión de mensajes de las pandillas. Sin embargo, sus críticos denunciaron que la nueva ley es tan ambigua que podría usarse para perseguir a prácticamente cualquier persona que hable de las pandillas en general, por ejemplo, a alguien que describa el territorio bajo su control o que difunda grafitis, señales o mensajes de las pandillas en comunicaciones públicas o privadas.

En un comunicado, la Asociación de Periodistas de El Salvador afirmó: "Consideramos que estas reformas son un claro intento de censura de los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar sobre la realidad en la que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por las pandillas [...] creará un espejismo que no será fiel a la verdad".

Audiencia sobre la vigilancia

El 16 de marzo de 2022, la CIDH celebró una audiencia sobre "la situación de los derechos humanos en el contexto de la vigilancia cibernética en El Salvador". Organizaciones de la sociedad civil y periodistas denunciaron el uso del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de la sociedad civil, tal y como reveló Amnistía Internacional, Access Now y Citizen Lab a principios de enero de 2022. También se abordaron las reformas legislativas que criminalizan el periodismo de investigación.

Durante la audiencia, un representante gubernamental negó que el Gobierno hubiera llevado a cabo acciones de vigilancia cibernética y afirmó que se estaba investigando la utilización del programa Pegasus. Sin embargo, la sociedad civil y los representantes de la CIDH cuestionaron las afirmaciones del Gobierno y plantearon varias preguntas sobre las acciones que se han llevado a cabo en materia de vigilancia cibernética. Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH, pidió al Gobierno que permitiera la visita de expertos para evaluar el estado de la libertad de expresión en el país.

Ataques contra periodistas

A finales de marzo de 2022, cuando estalló la violencia de las pandillas, funcionarios públicos arremetieron contra los periodistas que informaron sobre el aumento de los homicidios en El Salvador, entre ellos, el vicepresidente Félix Ulloa y el legislador Romeo Auerbach, quienes denigraron y deslegitimaron la labor periodística de medios de comunicación como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que informaron sobre la ola de asesinatos y presuntos abusos de poder que se produjeron en el país mientras que el Gobierno procedía a la detención de casi 6 000 personas durante el régimen de excepción.

Tanto funcionarios como sus partidarios difamaron a periodistas y medios de comunicación, e incluso los acusaron, sin fundamento alguno, de simpatizar con las pandillas o de hacerles "publicidad". En Twitter, Ulloa insinuó que ciertos medios de comunicación están patrocinados por potencias extranjeras y que habría que prohibirlos en El Salvador. Varios periodistas recibieron amenazas y mensajes insultantes de partidarios del Gobierno.

El 3 de abril de 2022, el presidente Nayib Bukele publicó un mensaje en Twitter en el que alegó, sin pruebas, que "financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONG de 'derechos humanos', la 'comunidad internacional', la CIDH, periodistas y medios de Open Society" eran "socios" de los pandilleros. El legislador oficialista Jorge Castro comentó la publicación y aseguró que, gracias a las reformas legislativas que ha impulsado el Gobierno, todos ellos pasarán a ser considerados como grupos terroristas.

Asociación

El grupo de la sociedad civil WOLA advirtió de que el Gobierno salvadoreño había lanzado una campaña mediática contra las organizaciones de la sociedad civil que incluía prácticas de hostigamiento directo desde los círculos más cercanos del propio presidente, en un contexto marcado por el aumento de la violencia de las pandillas. El 28 de marzo de 2022, por ejemplo, Bukele respondió a la publicación de un militante de la sociedad civil acusando a grupos internacionales de "no interesarse por las víctimas y de solo defender a los asesinos".

La Red Latinoamericana y Caribeña para la Democracia (Redlad), una coalición regional y miembro de CIVICUS, denunció haber sido objeto de ataques en Twitter, donde usuarios reprodujeron los comportamientos estigmatizadores de las autoridades. Redlad precisó que la estigmatización pone en peligro el trabajo, la vida y la integridad de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de los derechos humanos, y pidió a las autoridades que cesen de estigmatizar a estos agentes. También instó a la comunidad internacional, especialmente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos (OEA), a condenar los actos difamatorios de las autoridades salvadoreñas, así como las medidas desproporcionadas que se aplicaron durante el régimen de excepción.

Por otra parte, el 29 de marzo de 2022, agentes de la policía y de las fuerzas armadas golpearon y detuvieron a la defensora de los derechos humanos Roselia Elvira Rivas Alfaro. Rivas preside la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) en la comunidad Terciopelo de Jiquilisco, Usulután. Según la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Rivas se hallaba en su domicilio cuando llegaron cinco policías y tres miembros de las fuerzas armadas; ella empezó a grabarlos y un policía la amenazó por ello. A continuación, los agentes le arrebataron el teléfono celular, la tiraron al suelo, la golpearon y la detuvieron. Más tarde la policía anunció a su familia que la habían detenido por un presunto delito de "resistencia" y de pertenencia a una "agrupación ilícita".

Reunión pacífica

El 9 de febrero de 2022, grupos de la sociedad civil se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa en San Salvador para protestar contra el autoritarismo del Gobierno de Bukele. Los manifestantes recordaron el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Bukele entró en el edificio escoltado por soldados armados con el fin de presionar a los legisladores para que aprobaran sus políticas en materia de seguridad. Los manifestantes se reunieron bajo el lema 9FNuncaMás para, de esa manera, denunciar el retroceso democrático que vive El Salvador. Colocaron flores y pancartas en una barricada que les impidió llegar a la Asamblea. En dichos carteles se podían leer diversos mensajes, entre ellos, "El 9F no se nos olvida", "Más libros y menos armas" y "Ningún dictador borrará nuestra memoria".

El 6 de marzo de 2022, miles de mujeres se manifestaron en San Salvador contra la prohibición total del aborto en el país y la elevada tasa de feminicidios. La manifestación se llevó a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que normalmente se celebra el 8 de marzo. Durante la movilización, las manifestantes exigieron más medidas para proteger a las mujeres de la violencia, al igual que la legalización del aborto en casos de violación, cuando el embarazo no sea viable o cuando la vida de la mujer corra peligro. En El Salvador, el aborto es un delito sin excepciones y, en algunos casos, las mujeres acusadas de haber abortado han sido condenadas por asesinato a penas que van hasta los cuarenta años de prisión.