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Manifestaciones por el alza de precios y la violencia contra defensores de los derechos humanos

Un manifestante bloquea la carretera durante la huelga nacional contra la subida de precios. Ica, 4 de abril de 2022. REUTERS/ Sebasti谩n Casta帽eda.

Asociaci贸n

Asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos

El 3 de diciembre de 2021 fue hallado en el distrito de Puerto Berm煤dez, departamento de Posca, el cuerpo sin vida del l铆der ind铆gena ash谩ninka Lucio Pascual Yumanga; su cad谩ver presentaba heridas de bala. Hab铆a salido de su comunidad, La Paz de Pucharini, el 26 de noviembre de 2021 para cazar y estuvo desaparecido durante varios d铆as. Fueron miembros de la comunidad ash谩ninka quienes encontraron sus restos mortales. Seg煤n grupos de derechos humanos, las actividades extractivas ilegales y los grupos de narcotraficantes que operan en la reserva de El Sira, donde se encuentra la comunidad de La Paz de Pucharini, han puesto en peligro a los pueblos ind铆genas.

El 17 de diciembre de 2021, apenas dos semanas despu茅s, se produjo otro caso. El l铆der awaj煤n Antonio Yagkuag Baais fue asesinado a tiros en la localidad de Santa Mar铆a de Nieva, Condorcanqui, Amazonas. Era presidente provincial de la Confederaci贸n Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas del Per煤 (CONARC), a trav茅s de la cual desarroll贸 acciones para combatir la trata de personas. Grupos locales sospechan que Yagkuag fue asesinado por su labor como rondero dentro de la comunidad.

El 7 de marzo de 2022, el l铆der social y exalcalde de Espinar 脫scar Mollohuanca fue hallado muerto a unos trescientos metros de su vivienda en la regi贸n de Cusco. Mollohuanca se dio a conocer por su apoyo a las manifestaciones de 2012 contra la empresa minera Xstrata Tintaya, acusada de contaminar los r铆os de Espinar. Hab铆a sido criminalizado por apoyar las demandas de la poblaci贸n, que exig铆a una mayor protecci贸n medioambiental, y lo hab铆an acusado de instigar las protestas y de financiarlas con fondos p煤blicos.

En marzo de 2022 tambi茅n fueron asesinados otros cuatro defensores del derecho a la tierra y del medioambiente en los departamentos de Madre de Dios y Hu谩nuco. El 25 de marzo de 2022, la coalici贸n de la sociedad civil Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expres贸 su solidaridad con las familias de Juan Fern谩ndez, Jes煤s Berti Antaihua Quispe, Nusat Parisada Benavides y Gemerson Pizango Narvaes. En un comunicado, el grupo afirm贸:

"Todas estas muertes —que tienen en com煤n el avance de las mafias vinculadas a la miner铆a ilegal, el narcotr谩fico y la corrupci贸n— revelan la incapacidad del Estado para responder de forma efectiva a las amenazas crecientes en los distintos territorios, una situaci贸n que sigue cobr谩ndose vidas impunemente".

La Coordinadora tambi茅n pidi贸 que se reforzaran los mecanismos y las pol铆ticas de protecci贸n y que se investigaran sin demora los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Criminalizaci贸n y campa帽as de difamaci贸n

En diciembre de 2021, grupos de derechos humanos difundieron un llamamiento urgente en el que expresaron su preocupaci贸n por la criminalizaci贸n de la organizaci贸n ind铆gena Federaci贸n Nativa del R铆o Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y de su presidente Julio Ricardo Cusurichi, as铆 como por la hostilidad hacia ella. El 29 de noviembre de 2021, un tribunal de justicia fall贸 contra la organizaci贸n y Cusurichi en un juicio por difamaci贸n. Seg煤n el Observatorio para la Protecci贸n de los Defensores de los Derechos Humanos, la empresa maderera Canales Tahuamanu present贸 una querella por difamaci贸n despu茅s de que la FENAMAD denunciara la ejecuci贸n de operaciones extractivas en el territorio del pueblo mascho piro. Los mascho piro son un pueblo ind铆gena en situaci贸n de aislamiento y la FENAMAD hab铆a urgido a las autoridades a protegerlos arguyendo que la actividad maderera pon铆an en peligro su cultura y su seguridad.

Por otro lado, el grupo de comunicaci贸n intercultural Servindi advirti贸 sobre una campa帽a de difamaci贸n en curso contra la defensora de los derechos humanos Raida C贸ndor, madre de Armando Amaro C贸ndor, uno de los estudiantes desaparecidos por agentes de seguridad del expresidente Alberto Fujimori en 1992. Esta desaparici贸n se produjo en el marco de la masacre de La Cantuta, uno de los casos que condujeron a la condena del expresidente por cr铆menes de lesa humanidad. Servindi afirm贸 que la amplia difusi贸n de informaciones falsas sobre el caso y sobre Raida C贸ndor en redes sociales ha conducido a situaciones de estigmatizaci贸n y revictimizaci贸n. El grupo afirm贸 que estas campa帽as de difamaci贸n se est谩n convirtiendo en una pr谩ctica habitual que pone en peligro a los defensores de derechos.

Reuni贸n pac铆fica

La polic铆a us贸 armas de fuego para reprimir una manifestaci贸n campesina

El 26 de enero de 2022, la polic铆a reprimi贸 una manifestaci贸n contra el tr谩fico de tierras en Pucallpa, Ucayali. La movilizaci贸n fue convocada por la organizaci贸n campesina Central 脷nica Regional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas de Ucayali (CUNARC), cuyos miembros bloqueaban desde hace dos d铆as un tramo de una carretera local. Wayka inform贸 que las unidades policiales usaron armas de fuego y gases lacrim贸genos para reprimir la protesta. Hubo por lo menos veintid贸s heridos, entre ellos un dirigente de la CUNARC. Asimismo, dos personas resultaron heridas por armas de fuego y fueron hospitalizadas en estado cr铆tico. Seg煤n Servindi, agentes de polic铆a acosaron a los dos manifestantes heridos cuando se hallaban en un centro m茅dico y otros manifestantes fueron detenidos cuando acudieron a centros de salud para curarse las heridas.

Manifestaciones contra la subida de precios

A finales de marzo de 2022, el aumento de los precios del combustible, los fertilizantes y los alimentos llev贸 a los trabajadores del transporte a convocar una huelga que dio lugar a manifestaciones que pronto se extendieron por todo el pa铆s. A partir del 28 de marzo de 2022, los manifestantes, sobre todo los camioneros y agricultores, bloquearon las carreteras de varias provincias para exigir que el Gobierno contenga el alza de los precios. El 2 de abril de 2022, la polic铆a emple贸 gases lacrim贸genos contra los manifestantes que se hab铆an congregado en las inmediaciones de edificios gubernamentales y de las principales arterias viales de Huancayo, la capital de Jun铆n.

El 3 de abril de 2022, el Gobierno confirm贸 que por lo menos tres personas perdieron la vida y veintid贸s fueron detenidas durante las protestas de Huancayo. De esas muertes, dos se produjeron en accidentes de tr谩fico y otra en un r铆o, donde se ahog贸 un adolescente, al parecer mientras intentaba escapar de la represi贸n policial. No se ha logrado esclarecer si el chico hab铆a participado en las manifestaciones. El 4 de abril de 2022, manifestantes quemaron cabinas de peaje y se enfrentaron a la polic铆a cerca de la ciudad sure帽a de Ica. Los periodistas y equipos de noticias que cubr铆an las manifestaciones en Ica fueron v铆ctimas de ataques y amenazas. Varios individuos rodearon a Pilar Z谩rate y Giomar Magallanes de TV Per煤, les impidieron grabar, les arrojaron botellas y piedras, y les robaron sus equipos.

Las protestas continuaron pese a que el Gobierno propuso aumentar el salario m铆nimo y renunciar a la mayor铆a de los impuestos sobre los combustibles. El 5 de abril de 2022, en un intento por frenar las manifestaciones, el presidente Pedro Castillo impuso un toque de queda que impidi贸 que los habitantes de Lima y Callao salieran de sus viviendas durante el d铆a. La medida fue anunciada apenas unas horas antes de que entrara en vigor. Para justificar esta decisi贸n, las autoridades alegaron que los manifestantes hab铆an levantado barricadas y perpetrado 芦actos de violencia禄, ya que se quemaron cabinas de peaje, se saquearon comercios y algunos manifestantes se enfrentaron a la polic铆a. En un comunicado, la Defensor铆a del Pueblo calific贸 la medida de desproporcionada e inconstitucional.

A pesar del toque de queda, cientos de personas se sumaron a las protestas contra el Gobierno en Lima. La polic铆a emple贸 gases lacrim贸genos para dispersar a los manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso y los medios de comunicaci贸n informaron de varios actos vand谩licos y saqueos en la capital del pa铆s. El toque de queda fue objeto de numerosas cr铆ticas y el Gobierno decidi贸 suspenderlo pocas horas despu茅s de su entrada en vigor mientras se intensificaban las protestas. El grupo de la sociedad civil IPYS se帽al贸 que tres periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones y que por lo menos un reportero tuvo que buscar atenci贸n m茅dica tras ser apedreado por manifestantes.

El 5 de abril de 2022, un manifestante de diecinueve a帽os perdi贸 la vida en Hu谩nuco, provincia de Ambo, presuntamente durante los enfrentamientos entre manifestantes y la polic铆a. El 6 de abril de 2022, un manifestante fue asesinado de un disparo en el pecho en Ica. Un portavoz de la Defensor铆a del Pueblo pidi贸 que se investiguen estas muertes con el fin de determinar si las fuerzas del orden emplearon armas letales contra los manifestantes.

El 7 de abril de 2022, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden贸 la restricci贸n de derechos fundamentales durante las protestas en Per煤, as铆 como los actos de violencia que produjeron en ese contexto. La CIDH inst贸 al Estado peruano a respetar y garantizar los derechos humanos de los manifestantes y del resto de la poblaci贸n.

Archivan una denuncia contra manifestantes

Como hecho positivo, cabe destacar el archivo de una causa penal contra manifestantes opuestos a la miner铆a. La empresa minera que explota la mina Las Bambas en la provincia de Chumbivilcas present贸 una denuncia en enero de 2020, la cual dio lugar al caso conocido como Ccapacmarca 2020. Nueve defensores del medioambiente y l铆deres ind铆genas fueron acusados de "disturbios, da帽os agravados y coacci贸n", en referencia a acciones que presuntamente se habr铆an llevado a cabo durante una huelga contra la mina. La defensa de los acusados corri贸 a cargo del grupo de la sociedad civil Derechos Humanos Sin Fronteras.

Expresi贸n

Agresiones contra periodistas

El 26 de noviembre de 2021 fue agredido y detenido el periodista Liubomir Fern谩ndez, corresponsal del diario La Rep煤blica en la regi贸n de Puno, mientras cubr铆a un enfrentamiento violento en el campo deportivo de un colegio local. Seg煤n el grupo de defensa de la libertad de prensa IPYS, Fern谩ndez relat贸 que cuando advirti贸 a agentes de polic铆a que se hallaban en las inmediaciones de que el enfrentamiento se estaba volviendo peligroso, un polic铆a se molest贸, lo tir贸 al suelo, lo enmarroc贸 y lo detuvo. Entre insultos, el agente habr铆a dicho: "No eres el 煤nico periodista que meto preso". Fern谩ndez fue puesto en libertad horas m谩s tarde.

El 11 de enero de 2022, unos treinta miembros de grupos de extrema derecha protestaron frente a las oficinas del equipo de periodistas de investigaci贸n IDL-Reporteros (IDL-R). Durante la manifestaci贸n, los participantes vociferaron amenazas e insultos contra los medios de comunicaci贸n y contra el director del IDL-R Gustavo Gorriti, en particular. IDL-R identific贸 a los manifestantes como miembros de La Resistencia, La Insurgencia y Los Combatientes, todos ellos grupos de derecha que han participado en actos de violencia pol铆tica y ataques contra la prensa. Agentes de la polic铆a municipal fueron desplegados para proteger las oficinas del equipo de investigaci贸n. El grupo se dispers贸 al cabo de unas dos horas, cuando lleg贸 otro contingente policial.

El 2 de marzo de 2022 fue agredida la periodista Maricarmen Garc铆a de Willax Televisi贸n cuando cubr铆a una manifestaci贸n frente al Ministerio de Salud en Lima. Los hechos se produjeron mientras la periodista entrevistaba a un portavoz de un sindicato de m茅dicos. En ese momento, un grupo de manifestantes antivacunas interrumpi贸 la transmisi贸n en vivo, intent贸 tapar las c谩maras y atac贸 a la periodista, a quien tir贸 del pelo y arrebat贸 la mascarilla. El grupo tambi茅n insult贸 al personal sanitario y a los medios de comunicaci贸n que estaban presentes.

El 8 de marzo de 2022 fueron agredidos por lo menos cinco periodistas de diferentes medios de comunicaci贸n mientras cubr铆an manifestaciones progubernamentales frente al edificio del Congreso en Lima. Seg煤n el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), los reporteros de diferentes medios, entre ellos, La Rep煤blica, Caretas, Diario Uno y Latina, fueron v铆ctimas de ataques de los partidarios del Gobierno. Seg煤n el grupo de prensa, estos ataques se han vuelto recurrentes durante el Gobierno de Pedro Castillo. El CPP a帽adi贸:

"La actitud del Gobierno contra periodistas y medios de comunicaci贸n crea un ecosistema agresivo generalizado al que adem谩s se han sumado otras instituciones del pa铆s y sectores radicalizados de la ciudadan铆a, tanto de izquierda como de derecha".

Proyecto de ley restringe la libertad de expresi贸n

El 24 de febrero de 2022, una comisi贸n del Congreso aprob贸 un proyecto de ley para reformar las normas que rigen los acuerdos judiciales que implican la revelaci贸n de pruebas en manos del Estado y que en Per煤 se conocen como "colaboraci贸n eficaz". Los acuerdos judiciales en los que una persona se compromete a proporcionar informaci贸n a las autoridades han sido uno de los mecanismos m谩s usados en las investigaciones anticorrupci贸n en Per煤 y en toda Am茅rica Latina. Entre otras cosas, el proyecto de ley restringir谩 las denuncias de irregularidades y la capacidad de la prensa para informar sobre dichos acuerdos.

El art铆culo 2 del proyecto de ley sobre la divulgaci贸n de informaci贸n confidencial establece penas de prisi贸n para los funcionarios p煤blicos que filtren informaci贸n sobre la identidad de un colaborador o el contenido de estos acuerdos. El proyecto de ley tambi茅n prev茅 sanciones por la publicaci贸n de informaci贸n sobre los acuerdos y podr铆a afectar a los medios de comunicaci贸n y periodistas. El Instituto de Defensa Legal (IDL) asegur贸 que esta reforma afecta gravemente la libertad de informaci贸n y de expresi贸n, amenaza la confidencialidad de las fuentes period铆sticas, impone la censura y criminaliza a los periodistas que denuncian actos de corrupci贸n.

IPYS tambi茅n public贸 una declaraci贸n en la que conden贸 el proyecto de ley y defendi贸 que la mayor铆a de las veces el contenido de esos acuerdos alude a informaci贸n de inter茅s p煤blico y, por lo tanto, est谩 protegido por el derecho a la libertad de informaci贸n. La organizaci贸n defendi贸 que no se debe criminalizar a los periodistas por informar sobre dichos acuerdos.

Informes sobre la libertad de prensa

En diciembre de 2021, la Defensor铆a del Pueblo present贸 un informe en el que evalu贸 el estado de la libertad de prensa en Per煤 durante los primeros 120 d铆as del Gobierno de Pedro Castillo. El informe destaca que altos cargos del Gobierno y el propio presidente hicieron declaraciones que estigmatizan a los periodistas. Seg煤n el informe de la Defensora del Pueblo, ese discurso fomenta un clima hostil hacia los medios de comunicaci贸n, en particular contra aquellos con una l铆nea editorial cr铆tica. Tambi茅n a帽ade que el Estado no ha cumplido con su obligaci贸n de prevenir, investigar y castigar las agresiones a periodistas.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos public贸 un comunicado el 11 de enero de 2022 en el que alert贸 de las amenazas que pesan sobre al derecho a la libertad de expresi贸n en el pa铆s. El grupo se帽al贸 que se ha abusado del sistema judicial con el fin de acosar a periodistas, en especial mediante denuncias por "delitos contra el honor", como la difamaci贸n. La organizaci贸n tambi茅n destac贸 un proyecto de ley que podr铆a empeorar la situaci贸n al aumentar las sanciones por "difamaci贸n agravada" y que podr铆an desembocar en penas de c谩rcel. En el comunicado, la Coordinadora afirm贸:

"Diversos periodistas vienen sufriendo la criminalizaci贸n de su labor en los 煤ltimos a帽os; a pesar de esto, la Justicia no est谩 garantizando [el derecho a] un debido proceso, generando as铆 un grave riesgo para el periodismo y la democracia".

En el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch, la organizaci贸n tambi茅n confirm贸 que la persecuci贸n de periodistas mediante leyes penales sobre la difamaci贸n sigue suscitando preocupaci贸n en el pa铆s. El grupo de derechos humanos tambi茅n destac贸 diversos casos de represalias contra periodistas por su cobertura electoral, as铆 como varios proyectos de ley restrictivos que a煤n se est谩n debatiendo.