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Ecuador: amnistían a 268 manifestantes y defensores de derechos

Ecuador: amnistían a 268 manifestantes y defensores de derechos
Manifestación durante el Día Internacional de la Mujer en Quito. Franklin Jacome/ Agencia Press South/ Getty.

Asociación

El 11 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que concede la amnistía a 268 personas encausadas por su defensa de derechos indígenas, territoriales y medioambientales, y por su participación en las manifestaciones de 2019. El pleno de la Asamblea aprobó el proyecto legislativo gracias a los 99 votos a favor de los 125 parlamentarios presentes.

De los beneficiados por la amnistía, 153 son personas defensoras del derecho a la tierra, 43 son militantes ecologistas, 12 son líderes indígenas criminalizados por administrar justicia indígena y otros 60 que se enfrentaban a cargos diversos relacionados con su participación en las manifestaciones de octubre de 2019. Varias personas defensoras, como Gabriela Fraga, Nancy Simba, Ángel Punina, Javier Ramírez y Jovita Curipoma, fueron absueltas de cargos relacionados con la resistencia a las industrias extractivas. Grupos de la sociedad civil destacaron el caso de Víctor Guaillas, un defensor del agua que fue detenido y acusado de sabotaje en 2019 para quien la amnistía llegó demasiado tarde, ya que fue una de las 62 personas asesinadas en noviembre de 2021 durante un motín en una cárcel guayaquileña.

Alianza por los Derechos Humanos Ecuador (DDHH) calificó la medida de "precedente histórico contra la criminalización y la persecución de las personas defensoras de derechos". En un comunicado, la coalición afirmó que la concesión de esta amnistía equivale a "reivindicar el derecho a la verdad y la justicia que asiste a quienes ejercen el derecho a defender derechos" en un contexto marcado por la criminalización recurrente de estos agentes.

Asimismo, en diciembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso hizo declaraciones estigmatizantes sobre movimientos sociales y Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). Iza y el expresidente de la CONAIE Jaime Vargas estaban entre los encausados por las manifestaciones de octubre de 2019 y ambos fueron amnistiados en marzo de 2022.

El 21 de diciembre de 2021, durante un programa de la emisión semanal en la que comenta las iniciativas del Gobierno, Lasso calificó a Iza de "anarquista" y de "hombre violento", y afirmó que el líder indígena "odia la democracia". El presidente acusó al líder de la CONAIE de haber incitado a la violencia durante las manifestaciones de octubre de 2019. Lasso también aseguró que su Gobierno empleará todo el poder del Estado para encarcelar a "quienes quieren anarquizar el país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de por sí agravada por la pandemia".

El 22 de diciembre de 2021, DDHH publicó un comunicado en el que expresó su solidaridad con el movimiento indígena y con Leónidas Iza. La coalición afirmó que "el discurso violento y despectivo de Guillermo Lasso estigmatiza la labor que realizan las dirigencias sociales y políticas de movimientos sociales e indígenas, y ataca de manera infundada y temeraria a Leónidas Iza".

Lasso reiteró dichas declaraciones en un programa que se emitió el 4 de enero de 2022 y aseguró que Iza es "enemigo de la democracia ecuatoriana".

La Corte Constitucional falló a favor de los derechos de los pueblos indígenas

El 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional ecuatoriana confirmó la violación "de los derechos a la consulta previa, a la naturaleza, al agua, a un medioambiente sano, a la cultura y al territorio, así como a las medidas de reparación integral" del pueblo indígena a’i cofán, de la comunidad Sinangoe, en relación con las concesiones mineras que afectaron a su territorio ancestral sin su consentimiento libre, previo e informado. En su sentencia, el máximo tribunal del país reafirmó las obligaciones del Estado en los procesos de consulta sobre planes y proyectos que afectan a los derechos e intereses de los pueblos indígenas.

Comunidades y organizaciones indígenas lideraron la campaña internacional Who Should Decide? ("Quiénes Deben Decidir?") y pocos días antes del fallo judicial entregaron más de 365 000 firmas a la Corte Constitucional para pedirle que proteja el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el futuro de sus territorios ancestrales.

El grupo internacional Amazon Frontlines explicó que la sentencia de la Corte Constitucional reconoce "por primera vez el derecho de las comunidades indígenas a tener la última palabra en los proyectos petroleros, mineros y extractivos de otro tipo que afecten a sus tierras". La organización también valoró el hecho de que Ecuador "ahora cuenta con uno de los precedentes legales más sólidos del mundo en cuanto al derecho, reconocido internacionalmente, de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e informado".

Reunión pacífica

Uso excesivo de la fuerza durante las marchas del Día de la Mujer

El 8 de marzo de 2022, cientos de mujeres se manifestaron en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y para pedir a las autoridades que protejan y garanticen los derechos de las mujeres. Este año, entre las principales reivindicaciones que se plantearon desde las marchas, los movimientos feministas abogaron por la ratificación de una ley aprobada por el Congreso en febrero de 2022 que garantizará el acceso al aborto a las víctimas de violación.

Según Human Rights Watch (HRW), en Quito y Guayaquil la policía respondió a las manifestaciones pacíficas con un uso excesivo de la fuerza que incluyó el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de gas pimienta. Viviana Erazo, periodista del medio de comunicación digital Wambra, estaba cubriendo una manifestación en Quito cuando un policía la habría acorralado y golpeado con un tolete. En declaraciones a HRW, Erazo relató que después de haber sido agredida la rociaron con gas pimienta mientras intentaba huir.

El 15 de marzo de 2022, el presidente Lasso vetó parcialmente la ley del aborto y la devolvió al Congreso, que dispondrá de treinta días para estudiar las propuestas de modificación del mandatario. En un comunicado sobre su veto, el presidente defendió que se debería permitir a los profesionales médicos formular "objeciones de conciencia" a este tipo de intervención. El presidente también pidió que se unifiquen los plazos durante los cuales las víctimas de agresiones sexuales pueden solicitar un aborto. Como informamos en el CIVICUS Monitor, la interrupción del embarazo en casos de violación quedó despenalizada en abril de 2021 mediante una sentencia del Tribunal Constitucional. A pesar de esto, aún está pendiente la aprobación de una legislación que establezca los requisitos legales para la aplicación de este derecho.

Se debate la legislación sobre el uso de la fuerza

El 25 de enero de 2022, el Gobierno ecuatoriano presentó un proyecto de ley sobre la seguridad y el uso de la fuerza denominado Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Esta ley regulará el empleo progresivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y establecerá mecanismos legales para la protección de los agentes.

Los grupos de derechos humanos acogieron la iniciativa con cierta preocupación y pidieron a los legisladores que limitaran el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Armadas. Sylvia Bonilla, representante de la coalición DDHH, arguyó que se deben diferenciar los roles de la policía y de las Fuerzas Armadas, y que estas últimas solo han de participar en labores humanitarias y en el control de sectores extractivos estratégicos bajo estado de excepción, por ejemplo.

El 16 de febrero de 2022, el debate del proyecto de ley en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral se centró en el uso de la fuerza durante la vigilancia de las manifestaciones. Entre otros temas, se debatió sobre el uso de armas letales durante manifestaciones violentas y el posible uso de tecnologías, como los drones, en la vigilancia de protestas.

Expresión

Debate sobre el proyecto de ley que sustituirá a la Ley Orgánica de Comunicación

En enero de 2022, la Asamblea Nacional empezó a debatir el borrador de la futura Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, Opinión, Expresión y Comunicación. Esta nueva legislación sustituiría a la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, que en el pasado se usó para silenciar y acosar a periodistas y medios de comunicación. Como informamos en el CIVICUS Monitor, varios promotores han presentado diversas iniciativas para remplazar la ley vigente. Una comisión de la Asamblea trabajó en un proyecto de ley unificado que armoniza varias facetas de diferentes proyectos.

El proyecto de ley que propuso la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana incluye disposiciones sobre la libertad de expresión en internet, la neutralidad de la red, la censura en línea, la protección de los periodistas y otras cuestiones. En el texto que se debate actualmente, se propone la creación de un consejo de comunicación autónomo para garantizar el derecho a la comunicación, la formación, la investigación y la protección de los periodistas. Sin embargo, según el análisis del grupo de la sociedad civil Derechos Digitales, la protección de los profesionales de la comunicación es una cuestión fundamental que el proyecto de ley aborda de forma ambigua. El texto carece de detalles sobre las medidas que podría tomar dicho consejo para garantizar la protección de los periodistas.

Tras el primer debate del proyecto, la Comisión siguió recibiendo contribuciones de múltiples partes interesadas y el 24 de marzo de 2022 presentó un informe ante la Asamblea Nacional para la preparación de un segundo debate.