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Se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo y Gabriel Boric toma posesión como presidente

Manifestación de apoyo tras la aprobación del proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile. 7 de diciembre de 2021. Claudio Santana/ Getty Images.

El 11 de marzo de 2022, Gabriel Boric de Convergencia Social juró su cargo, convirtiéndose así en el presidente más joven en la historia de Chile. Boric es un antiguo líder sindical estudiantil que desempeñó un rol crucial durante las manifestaciones multitudinarias de 2011 en defensa de la educación pública y gratuita, y también es miembro de las coaliciones de izquierda Frente Amplio y Apruebo Dignidad.

Poco después de su elección en noviembre de 2021, Boric reiteró su apoyo al proceso constitucional chileno. Posteriormente, nombró un gabinete con una mayoría de mujeres y anunció que entre sus prioridades está la gestión de la pandemia de coronavirus, el fomento del crecimiento económico junto con la inclusión social y garantizar la aplicación de la nueva Constitución.

Asociación

Una empresa hidroeléctrica vigiló a personas defensoras y grupos ecologistas

En noviembre de 2021, el medio Interferencia publicó un informe en el que denunció que el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo había contratado servicios de ciberinteligencia para infiltrarse en grupos ecologistas y vigilar a sus propios trabajadores. Alto Maipo, bajo la dirección de AES Andes S. A., habría pagado a una consultora tres millones de pesos (unos 3 700 USD) al mes por servicios de inteligencia e informes sobre las "amenazas" que pesan sobre su proyecto. AES Andes es la filial chilena de la multinacional estadounidense AES Corporation.

Los informes que examinó Interferencia incluían información personal sobre trabajadores "insatisfechos" que habían participado en grupos o movimientos ecologistas opuestos al proyecto hidroeléctrico, a quienes se catalogó como "potenciales terroristas internos". Además, la empresa que ofrece esos servicios proporcionó información personal sobre personas defensoras del medioambiente y líderes de grupos de la sociedad civil que se oponen a Alto Maipo, y afirmó haberse infiltrado en los chats de Facebook y WhatsApp de estos grupos. Los asesores calificaron de "ecoterroristas" a varias personas defensoras. Según la investigación de Interferencia, las labores de seguimiento comenzaron después de que los manifestantes chilenos multiplicaran las demandas de acceso al agua en 2020.

Entre las personas investigadas se encuentra Marcela Mella Ortiz, presidenta y portavoz del grupo No Alto Maipo (CCNAM), una red de vecinos afectados que se han organizado pacíficamente desde 2007 y que han manifestado su oposición al proyecto por sus repercusiones negativas.

El nuevo Gobierno suscribió el Acuerdo de Escazú

El 18 de marzo de 2022, el presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú, un tratado regional para la protección de las personas defensoras del medioambiente y de los derechos ambientales, a cuya ratificación se había opuesto el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Aunque se trata de un avance, la medida aún debe ser aprobada por el Congreso chileno.

"Nos enfrentamos a la peor crisis ecológica de la historia y tenemos que afrontarla juntos. No lo lograremos solos", defendió Maisa Rojas, ministra de Medioambiente, durante la ceremonia de firma. "El primer y único tratado medioambiental de América Latina y el Caribe ha demostrado ser una herramienta eficaz para el cambio que anhelamos", añadió.

Reunión pacífica

Avances y retrocesos legislativos en materia de derechos

El 7 de diciembre de 2021, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el tan ansiado proyecto de ley para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Cámara estalló en vítores, mientras que en el exterior una muchedumbre se había congregado para celebrar la aprobación del proyecto de ley tras un proceso que se prolongó durante más de cuatro años. El 9 de diciembre de 2021, tan solo dos días después de su aprobación, el presidente Sebastián Piñera rubricó la ley.

Según Human Rights Watch, esta nueva ley pone fin a la discriminación legal que existía contra las parejas del mismo sexo en materia de filiación, adopción conjunta y tecnología de reproducción asistida, entre otras. También exime a las personas trans casadas de la obligación de divorciarse para obtener el reconocimiento legal de su género.

Sin embargo, justo una semana antes de dicha votación, la Cámara de Diputados rechazó por escaso margen un proyecto de ley para la despenalización del aborto hasta la decimocuarta semana de gestación. Como informamos en el CIVICUS Monitor, grupos feministas han defendido el proyecto de ley, el cual fue aprobado durante un primer debate en septiembre de 2021. Por otro lado, pero relacionado con lo anterior, miles de mujeres de todo el país participaron en las marchas del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

El Gobierno retira algunos cargos a los manifestantes detenidos

El 10 de enero de 2022, Gabriel Boric, presidente electo por entonces, solicitó al Parlamento chileno la aprobación de un proyecto de ley para indultar a las personas detenidas o con cargos penales por su participación en las manifestaciones multitudinarias de 2019.

Un día antes de la toma de posesión de Boric, los nuevos ministros de Justicia e Interior anunciaron que una de las primeras medidas del Gobierno sería retirar 139 denuncias contra manifestantes acusados en virtud de la ley sobre la seguridad del Estado. También se comprometieron a crear una mesa de reparación para resarcir a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Si bien es un hecho positivo, expertos en derechos humanos señalaron que muchos de los acusados en virtud de la ley sobre la seguridad del Estado también se enfrentan a cargos por otros delitos, como "incendio" o "robo". En la práctica, esto significa que la mayoría de ellos seguirán enfrentándose a causas penales, aunque los manifestantes que se encuentran en prisión provisional o con medidas cautelares podrían lograr que se revise su situación. Asimismo, si los juicios continúan, los condenados podrían ser sentenciados a penas más leves.

Prosiguen las manifestaciones contra la inmigración

Las manifestaciones contra la inmigración se sucedieron a lo largo de enero y febrero de 2022 en el norte del país. Como informamos en el CIVICUS Monitor, en Chile, la inmigración se ha convertido en un tema de candente actualidad que a finales de 2021 desembocó en manifestaciones a favor y en contra.

El 30 de enero de 2022, unas 4 000 personas participaron en manifestación que finalizó con actos violentos y xenófobos contra inmigrantes. El 31 de enero de 2022, un grupo de camioneros bloqueó el acceso a la ciudad de Iquique para, de esa manera, protestar por la delincuencia, la inseguridad y la inmigración. Esta movilización se llevó a cabo en el marco de una huelga más amplia en la región de Tarapacá, promovida por sindicatos que representan a varios sectores, entre ellos, taxistas, trabajadores del puerto y comerciantes. La huelga también afectó al funcionamiento del aeropuerto de Iquique.

El 11 de febrero de 2022, trabajadores del transporte organizaron bloqueos y levantaron barricadas en las regiones de Arica y Antofagasta. El detonante de la manifestación fue la muerte de un camionero joven durante un enfrentamiento con inmigrantes, quienes presuntamente lo habrían asesinado en la ciudad de Mejillones. Las autoridades locales y la población acusaron al Gobierno de Sebastián Piñera de no haber creado las condiciones para una inmigración ordenada y de no haber reaccionado a tiempo al aumento de la inmigración durante la pandemia.

Tras unos días de protestas, el Gobierno declaró el estado de excepción durante quince días en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa, y aumentó el número de efectivos militares y de agentes de policía desplegados en las zonas fronterizas. La medida se prorrogó dos ocasiones y debería permanecer vigente hasta el 15 de abril de 2022.

Expresión

Continúan los debates sobre el proyecto de ley que regula las plataformas digitales

El controvertido proyecto de ley sobre la regulación de las plataformas digitales, cuya votación en el Senado estaba prevista para noviembre de 2021, fue devuelto a la Comisión de Desafíos del Futuro el 26 de noviembre de 2021 para un análisis más exhaustivo. Como informamos en el CIVICUS Monitor, el proyecto de ley que regula las plataformas digitales (Boletín N.° 14.561-19) fue presentado en septiembre de 2021 y cosechó varias objeciones de la sociedad civil y de expertos en derechos digitales.

En octubre de 2022, Global Network Initiative (GNI) envió una carta al Senado para expresar su preocupación por el proyecto de ley, el cual podría "distorsionar el entorno informativo digital y poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad en Chile", según la organización. Esta formación multipartita, constituida por académicos, la sociedad civil, empresas del sector de las TIC e inversores de todo el mundo, aseguró que la propuesta se tramitó mediante un proceso apresurado que pasó por alto las consultas con expertos. También destacó su preocupación por las responsabilidades que podrían exigirse a las plataformas digitales, la vaguedad en la formulación de las obligaciones de moderación de contenidos y las fuertes sanciones por incumplimiento. El proyecto siguió debatiéndose en la comisión del Senado.

El 15 de diciembre de 2022, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó el proyecto de ley durante una reunión organizada por la Comisión de Desafíos del Futuro. El experto recomendó que los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión e Internet sean un punto de partida del debate. También señaló que el borrador del proyecto legislativo aborda un problema complejo aportando soluciones demasiado simples que podrían repercutir en la seguridad jurídica.

La Convención Constitucional aborda la libertad de expresión 

Varias comisiones de la Convención Constitucional —el órgano encargado de la redacción de la nueva constitución del país— debatieron y aprobaron varios artículos sobre libertades fundamentales, entre ellas, la libertad de expresión.

El 22 de febrero de 2022, por ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó el artículo 6, que garantiza el derecho a la libertad de opinión e información. Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch consideraron que la formulación de ese artículo era polémica. Entre otras cosas, dicho artículo prohibiría la negación y justificación de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. También contiene disposiciones sobre la promoción de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos y privados.

El 25 de febrero de 2022, la Convención Constitucional rechazó varios borradores de artículos de la Comisión de Sistemas de Conocimiento sobre la libertad de expresión, entre ellos, los que regulan el derecho a la comunicación y a la educación sobre los medios de comunicación. Posteriormente, dichas propuestas fueron devueltas a la Comisión para su revisión.