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Guatemala: vigilancia a periodistas y represalias contra los agentes anticorrupción

Manifestación contra una ley regresiva aprobada por el Congreso guatemalteco. Ciudad de Guatemala, 10 de marzo de 2022. REUTERS/ Sandra Sebastián.

Asociación

Continúan las represalias contra los funcionarios que combaten la corrupción

El 10 de febrero de 2022, agentes del Ministerio Público detuvieron a Leysi Indira Santizo Rodas, abogada y antigua representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas, a quien acusan de obstrucción a la justicia. Este es último caso de represalias contra quienes participan en la lucha contra la corrupción. Asimismo, se emitió otra orden de detención contra la abogada Eva Xiomara Sosa, exmiembro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Su domicilio fue allanado y posteriormente Sosa se presentó ante las autoridades.

Al día siguiente, la Unión Europea y los Estados Unidos expresaron su preocupación por las acciones legales que ha emprendido el Gobierno guatemalteco contra jueces, abogados y fiscales independientes, muchos de los cuales habían participado en investigaciones sobre actos de corrupción. El secretario general de Naciones Unidas António Guterres también manifestó su preocupación por la detención de las dos mujeres que colaboraron con la CICIG y recordó que los procesos judiciales deben respetar las exigencias que impone el principio del debido proceso y el derecho a un juicio justo.

El 22 de febrero de 2022, la agencia internacional de noticias Reuters informó que cinco miembros de la FECI habían dimitido y que dos de ellos habían denunciado públicamente la persecución de funcionarios anticorrupción. Human Rights Watch comentó el patrón de represalias y afirmó que la actual fiscal general de Guatemala Consuelo Porras se ha servido de su mandato para bloquear las investigaciones por corrupción que implicaban a políticos de alto rango, y ha usado el sistema judicial para perseguir a los críticos del Gobierno y a periodistas y jueces independientes. Las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala afirmaron que estas acciones judiciales carecen de base legal y exigieron la liberación de Santizo Rodas, Sosa y de otros detenidos en circunstancias similares.

Reunión pacífica

La presión popular consigue que se archive una ley regresiva

un proyecto de ley extraordinariamente regresivo conocido como la iniciativa para la «protección de la vida y la familia», que endurece las penas en caso de aborto y prohíbe expresamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. También proscribe la educación en materia de diversidad sexual y de género. El procurador de los derechos humanos Jordán Rodas señaló que esta iniciativa viola los convenios internacionales que ha suscrito Guatemala y anunció que lucharía para que la Corte de Constitucionalidad la declare inconstitucional.

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQIA+ organizaron manifestaciones contra la ley y expertos en materia de derechos humanos la criticaron y condenaron forma generalizada. A pesar de que la ley se aprobó gracias al apoyo de los aliados del Gobierno en el Congreso, el presidente Alejandro Giammattei pidió a los legisladores que la archivaran y anunció que, de no hacerlo, la vetaría. Finalmente los legisladores la archivaron el 15 de marzo de 2021.

Expresión

El 4 de febrero de 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) advirtió de los intentos para silenciar a los medios de comunicación en el país mediante denuncias infundadas y el acoso judicial. La APG también hizo saber que Emisoras Unidas de Guatemala había denunciado que le habían hecho depositar siete millones de quetzales como garantía en un proceso civil en curso por un presunto incumplimiento de contrato. Emisoras Unidas explicó que el caso fue aceptado por un tribunal del departamento de Guatemala después de haber sido rechazado por otros cuatro tribunales.

La APG informó a principios de año que había registrado 135 agresiones a periodistas y a la prensa en 2021, durante el segundo año de gobierno de Alejandro Giammattei. La organización afirmó que durante el mandato de Giammattei se han registrado más violaciones, agresiones y restricciones a la prensa que durante los gobiernos anteriores.

Acusan a una empresa minera de llevar a cabo actos de injerencia, vigilancia y campañas de difamación

A principios de marzo de 2022, el consorcio de periodismo de investigación Forbidden Stories informó que una filtración de datos de la empresa minera Solway probaba que el grupo había creado perfiles de quienes se atrevieron a investigar el proyecto de mina de níquel Fénix, en El Estor, y que los había acosado. Documentos internos indican que se había seguido y fotografiado al corresponsal de Prensa Comunitaria Carlos Choc y a otros periodistas que informaron sobre El Estor. Según un informe destinado al equipo de seguridad de la empresa, el objetivo de estos actos de vigilancia era "hacer un seguimiento de los movimientos de estos individuos y de sus intenciones". Choc ha padecido actos de acoso judicial por su cobertura de las manifestaciones contra la minería en El Estor. La empresa también habría intentado desplazar a las comunidades aledañas a la mina y ocultado información sobre los daños medioambientales que ha provocado su explotación.

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, a pesar de que se desveló que una consulta comunitaria sobre la mina estuvo empañada de irregularidades, las autoridades anunciaron la reactivación del permiso de explotación de la mina a principios de enero de 2022. Como informó CIVICUS Monitor, personas defensoras de derechos humanos advirtieron que los líderes locales que se oponen a la mina habían sido excluidos deliberadamente del proceso de consulta. Forbidden Stories informó que los documentos filtrados mostraban que, a través de una fundación llamada Raxché, financiada casi en su totalidad por filiales de Solway, la empresa había estado donando dinero de forma periódica a los líderes comunitarios favorables a la minería que participaron en la consulta.

Además de interferir en el proceso de consulta y de sembrar la división entre las comunidades indígenas y locales, esos documentos revelaron que los empleados del grupo minero podrían haber considerado la posibilidad de difundir rumores maliciosos para dañar la reputación de líderes de la comunidad.