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Encuentran programa espía en los dispositivos de treinta y cinco periodistas y militantes

Manifestación en el trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz. San Salvador, 16 de enero de 2022. Emerson Flores/ APHOTOGRAFIA/ Getty Images.

Expresión

El 12 de enero de 2022, una investigación conjunta llevada a cabo por los grupos de la sociedad civil Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnistía Internacional, Fundación Acceso y SocialTIC demostró que el programa informático Pegasus de NSO Group se usó en El Salvador para vigilar a periodistas y miembros de la sociedad civil. Dicho programa espía fue hallado en los teléfonos celulares de por lo menos treinta periodistas del país, de los cuales veintitrés trabajaban para el medio de comunicación El Faro. El programa espía también fue descubierto en los dispositivos de periodistas de GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, El Diario de Hoy y Diario El Mundo. Además, por lo menos cuatro miembros de la sociedad civil fueron objeto de ataques: un empleado de Cristosal, dos de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y uno de una organización que prefirió permanecer en el anonimato.

Según la investigación, los dispositivos fueron infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021 y, si bien los investigadores no pudieron vincular de forma concluyente los jaqueos con el Gobierno salvadoreño, en el informe se afirma que "la elevada concentración de infecciones en este país en concreto sugiere que [dicho vínculo] es muy probable". Además, NSO Group ha afirmado en reiteradas ocasiones que solo vende el programa Pegasus a Gobiernos. A la luz de estas revelaciones, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió a la Fiscalía de El Salvador que abriera una investigación sobre el uso del programa espía Pegasus para piratear los teléfonos de periodistas salvadoreños. La organización destacó que El Faro es un medio abiertamente crítico con las autoridades y que en 2020 reveló la existencia de una presunta negociación entre el Gobierno y la banda criminal conocida como Mara Salvatrucha (MS-13).

Asimismo, entre el 13 y el 14 de enero de 2022 fueron jaqueadas las cuentas de WhatsApp de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de por lo menos ocho periodistas independientes. Entre las cuentas pirateadas se encuentra la del centro de monitoreo de la APES, que la organización utiliza para recibir denuncias de agresiones a periodistas. Después de que la asociación presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la utilización de Pegasus, la organización recibió un mensaje en el que le dijeron que "los ataques no se detendrán". El miembro de la APES Yoni Azenón denunció que sus cuentas en varias redes sociales también fueron jaqueadas a principios de enero de 2022, después de que en diciembre de 2021 circularan varios mensajes difamatorios sobre su persona. El reportero relató que los hackers emplearon su nombre y foto para hacerle parecer el autor de los ciberataques; para esto sustituyeron el nombre de los grupos de WhatsApp jaqueados por la frase "Robado por Yoni Azenón", por ejemplo.

Asociación

El 26 de enero de 2022, la Cámara de lo Penal de Ahuachapán ordenó la liberación de tres personas defensoras del medioambiente que permanecían en prisión preventiva desde noviembre de 2021. Jorge Alberto Zúniga Artero, Rosa Miriam Cinco y José David Miro Escalante fueron detenidos por la presunta "ocupación violenta" de terrenos de la inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. Otras cuatro personas de la hacienda La Labor, en el departamento de Ahuachapán, también se enfrentan a cargos. En un comunicado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos afirmó que la detención preventiva de los tres defensores constituía una criminalización de la defensa de los derechos humanos. A pesar de que el grupo fue puesto en libertad, aún sigue enfrentándose a varios cargos.

La promotora inmobiliaria está construyendo el proyecto de viviendas denominado "Urbanización Eco-Terra Hacienda", un proyecto de 1 764 viviendas de lujo en la región. Las acusaciones contra las personas defensoras se produjeron después de que las comunidades de la hacienda La Labor denunciaran que la empresa estaba extrayendo agua sin los permisos correspondientes, afectando al suministro de agua de más de 20 000 familias. Tras la presión de la comunidad en octubre de 2021, Fénix suspendió temporalmente la extracción de agua y presentó una denuncia contra siete miembros de la comunidad. Los representantes de la empresa habrían ofrecido retirar dicha denuncia si los defensores accedían a convencer a las comunidades locales de que firmaran documentos en los que autorizaban el proyecto.

Reunión pacífica

Trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz

El 16 de enero de 2022, miles de personas se manifestaron durante el trigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, los cuales pusieron fin a más de una década de conflicto armado. Unos días antes, el 11 de enero de 2022, los legisladores oficialistas habían aprobado un decreto que derogaba la conmemoración oficial de los Acuerdos y declaraba el 16 de enero el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. En el pasado el presidente salvadoreño Nayib Bukele había calificado los Acuerdos de 1992 de "farsa" y "pacto de corruptos".

Muchos de los manifestantes expresaron su descontento con las decisiones de Bukele, incluido este reciente decreto. "No pueden borrar la historia con un decreto legislativo. Deben tenerlo muy claro", defendió Ricardo Navarro, presidente del grupo ecologista CESTA Amigos de la Tierra El Salvador. Los manifestantes expresaron pareceres similares y enarbolaron pancartas en las que se leían diversos mensaje, entre ellos "Ningún decreto borrará nuestra memoria" y "Ningún dictador borrará nuestra memoria".

A la manifestación se sumaron excombatientes de la guerrilla, veteranos del ejército y víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como miembros de organizaciones sociales y feministas. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que retenes militares y policiales impidieron que algunos manifestantes llegarán hasta el lugar de la concentración. Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, exigió al Gobierno que garantizara el ejercicio del derecho de reunión pacífica.

Más manifestaciones contra el Gobierno

El 12 de diciembre de 2021, miles de manifestantes participaron en una manifestación contra la corrupción y el autoritarismo. La movilización se organizó después de que Estados Unidos incluyera a funcionarios salvadoreños entre las personas sancionadas por actos de corrupción. Los medios de comunicación informaron que los retenes policiales, instalados la víspera de la protesta, retrasaron o impidieron que algunos manifestantes acudieran.