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Manifestaciones por el derecho a la tierra en medio de una oleada de desalojos forzosos

Transeúntes caminan por el lecho del río Paraguay, en Lambare, durante una sequía histórica. 13 de septiembre de 2021. REUTERS/ Cesar Olmedo.

El 10 de octubre de 2021, Paraguay celebró elecciones municipales tras un periodo marcado por la violencia electoral. Durante la campaña electoral se registraron ataques contra por lo menos diez candidatos en diferentes puntos del país. La víspera de las elecciones, la hija de veintiún años del gobernador de Amambay y otras tres personas fueron asesinadas a tiros durante una emboscada en Pedro Juan Caballero. Haylee Carolina Acevedo, la joven asesinada, también era sobrina del alcalde José Carlos Acevedo, quien se presentaba a la reelección en aquella ciudad. Carlos Acevedo y la policía local afirmaron que el ataque podría ser obra de grupos relacionados con el narcotráfico.

Asociación

Decisión del CDHNU en defensa de los derechos de los pueblos indígenas

En un dictamen histórico, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su concepción de "domicilio", debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por parte de empresas agrícolas adyacentes. El Comité, integrado por dieciocho expertos independientes de todo el mundo, supervisa la adhesión de los países al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Esta decisión se produjo a raíz de una denuncia presentada por el profesor Lucio Sosa y por el líder comunitario Benito Oliveira Pereira en nombre del pueblo ava guaraní de la comunidad indígena Campo Agua'e, situada en el distrito Curuguaty, en el oriente paraguayo. La denuncia se presentó contra el Gobierno regional por no detener las fumigaciones que llevan a cabo las grandes explotaciones de soja de la zona. Los años de fumigación han tenido repercusiones significativas en el medioambiente; han afectado a los cultivos de subsistencia, árboles frutales, recursos pesqueros y de recolección; han provocado la pérdida de animales de granja; han contaminado los cursos de agua y han dañado la salud de los moradores. El Comité recomendó al Estado paraguayo que prosiguiera con los procedimientos penales y administrativos contra todas las partes responsables y que resarciera integralmente a las víctimas.

En palabras de Hélène Tigroudja, miembro del Comité:

"Para los pueblos indígenas, sus tierras representan su hogar, su cultura y su comunidad. Los daños medioambientales graves repercuten en la vida familiar, las tradiciones y la identidad de los pueblos indígenas, e incluso conducen a la desaparición de sus comunidades, y suponen un enorme perjuicio para la supervivencia cultural del grupo en su conjunto".

Reunión pacífica

Marcha por el derecho a la tierra en el Día Internacional de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones sociales y populares coordinaron una movilización multitudinaria que reunió a unas diez mil personas en Asunción. Los manifestantes exigieron que se respete el derecho a la tierra de los campesinos y de los pueblos indígenas, y que cesen los desalojos forzosos de estas comunidades. También pidieron a las autoridades que deroguen la ley Zavala-Riera, ya que consideran que profundiza la criminalización de quienes luchan por el derecho a la tierra.

Las organizaciones de la sociedad civil paraguayas han denunciado una oleada de desalojos que afecta a comunidades indígenas y campesinas, y que se intensificó tras la aprobación de la Ley 6830/21, también conocida como la ley Zavala-Riera, en septiembre de 2021. Esta ley estableció disposiciones más severas contra la invasión y la ocupación de tierras. Además, los desalojos han estado empañados por la violencia y, en ocasiones, se han llevado a cabo sin mandato judicial. Por ejemplo, el 11 de noviembre de 2021, decenas de familias fueron desalojadas —al parecer sin mandato judicial— del asentamiento María de la Esperanza, ubicado en el distrito de Tava'i, departamento de Caazapa.

Miles de trabajadores rurales y miembros de comunidades indígenas ya habían salido a las calles de Asunción para protestar contra la ley Zavala-Riera el 29 de septiembre de 2021, día de su aprobación en el Congreso. La manifestación se saldó con enfrentamientos con la policía en las inmediaciones del Congreso, vehículos calcinados y manifestantes y policías heridos. "¡Para nosotros, esto es vencer o morir! Entendemos que se están violando nuestros derechos y que quieren criminalizar nuestra lucha, por eso vamos a seguir en la plaza, ¡ya lo hemos decidido!", defendió el dirigente indígena de Canindeyú Julián Ramírez.

Los manifestantes pidieron al presidente Mario Abdo que vetara la ley y denunciaron la expulsión de las comunidades indígenas y tradicionales de sus tierras. A pesar de las protestas, Abdo sancionó la ley el 30 de septiembre de 2021, menos de veinticuatro horas después de que fuera aprobada por el Congreso.

En enero de 2022, CIVICUS entrevistó a Alicia Amarilla, coordinadora nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay (CONAMURI), y le preguntó por los conflictos entre el Estado, el sector privado y las comunidades indígenas por el derecho a la tierra. En aquella ocasión, Amarilla explicó:

"Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto continuará a nivel local. El conflicto se soluciona respetando los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra mediante una reforma agraria integral, que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades".

Manifestaciones por derechos laborales

En septiembre y octubre de 2021, el personal sanitario siguió manifestándose y exigiendo la misma remuneración por el mismo trabajo. El 27 de septiembre de 2021, el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) convocó un paro de catorce días para exigir al Gobierno que cumpla con su compromiso de aumentar el presupuesto para la sanidad para el año 2022 y que asigne recursos para la remuneración de los médicos. El 5 de octubre de 2021, los médicos se manifestaron en las inmediaciones del Congreso, en el centro de Asunción.

Por otro lado, el 1 de octubre de 2021, miles de docentes y trabajadores de la educación se movilizaron en la capital para exigir el cumplimiento de una ley de 2018 que establecía un aumento gradual hasta el 16 % de los salarios del sector. Los manifestantes rechazaron la decisión del Ministerio de Educación y Ciencia, que anunció un aumento salarial del 8 %. Las protestas se sucedieron hasta mediados de octubre de 2021; durante esos días, cientos de personas marcharon por las calles Asunción en el marco de varias jornadas de manifestaciones y participaron a una huelga convocada por los sindicatos. El 17 de octubre de 2021 se levantó la huelga tras un voto en el cual los docentes decidieron volver a las aulas.

Expresión

El 11 de enero de 2022, un manifestante no identificado que asistía a una manifestación frente a la sede del diario Última Hora amenazó a un reportero gráfico de dicho periódico. La protesta estuvo encabezada por el diputado Jorge Brítez y el doctor Víctor Villa Díaz, quienes invitaron a sus simpatizantes a expresar su oposición a la vacuna contra la COVID-19 y a la implantación del pase sanitario. Según el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), los manifestantes cuestionaron la profesionalidad de los reporteros del diario Última Hora y los acusaron de estar "pagados por Pfizer". Durante el acto de protesta, un manifestante le dijo a un reportero gráfico: "le vamos a quemar su diario". La policía intervino cuando un manifestante intentó ingresar por la fuerza en la redacción.