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Nicaragua: denuncian casos de torturas y malos tratos a presos políticos

Un hombre pasa por delante de un mural con la imagen de Daniel Ortega antes de su cuarta investidura. 7 de enero de 2022. REUTERS/ Maynor Valenzuela.

Asociación

El 14 de diciembre de 2021, un decreto legislativo canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil. Esas organizaciones fueron acusadas de participar en irregularidades financieras y lavado de dinero. Entre las agrupaciones afectadas se encuentra la Asociación de Graduados de INCAE. La medida se habría producido en gesto de represalia después de que la promoción de egresados de 2021 decidiera dedicar su ceremonia de graduación al preso político y profesor Arturo Cruz. Las autoridades también cancelaron la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana, hecho que provocó incertidumbre entre la comunidad estudiantil.

Durante un discurso que pronunció el 9 de diciembre de 2021, la vicepresidenta Rosario Murillo arremetió contra la sociedad civil, los líderes católicos y las voces críticas. Murillo criticó y estigmatizó la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, y afirmó que ellos eran "los principales violadores de los derechos humanos". También afirmó que estas organizaciones habían convertido los derechos humanos en armas, difundido odio y abusado de las leyes.

Situación de las presas y presos políticos

El grupo de la sociedad civil Nicaragua Nunca Más informó que en diciembre de 2021 había por lo menos 167 presos políticos en el país. Gonzalo Carrión, portavoz del grupo, también afirmó que les habían notificado 115 casos de tortura o malos tratos a detenidos políticos en 2021.

Asimismo, en diciembre de 2021, la red feminista de derechos humanos IM-Defensoras denunció casos de tortura y de malos tratos contra presas políticas en Nicaragua. Según el grupo, las militantes Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyen Barahona y Tamara Dávila han padecido actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Todas ellas llevan detenidas más de seis meses y durante ese tiempo se les ha restringido las visitas de sus familiares y han sido sometidas a aislamiento, interrogatorios constantes, privación de alimentos y falta de atención médica, entre otras violaciones de derechos. IM-Defensoras denunció que Dora María Téllez, de 66 años, se hallaba detenida en el pabellón de hombres, lo que hace que su situación sea especialmente delicada.

El 3 de enero de 2021, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) pidió al Gobierno que autorizara al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a evaluar el estado de salud de todos los presos políticos. La AUN expresó su preocupación por el estado de salud Lesther Alemán, líder de la oposición y dirigente de la AUN. Según la organización, Alemán ha sentido un dolor intenso en la pierna derecha y, si bien ha recibido tratamiento para ello, no ha sido diagnosticado. La AUN también exigió que se vacune a los presos contra la COVID-19, que se les permita recibir visitas semanales y que se deje de usar los interrogatorios repetidos como forma de tortura.

Los familiares de Félix Madariaga y Medardo Mairena también denunciaron que ambos presos políticos han perdido más de veinte kilos desde que fueron detenidos.

Expresión

El 8 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la Resolución 101/21, la cual otorgó medidas cautelares a favor de María Lilly Delgado Talavera. La organización internacional constató que, debido a su trabajo periodístico en Nicaragua, la reportera se ha enfrentado a actos de acoso, intimidación y vigilancia que la ponen en peligro.

Informes sobre Nicaragua

El 9 de diciembre de 2021, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) publicó un informe especial sobre el desarrollo de la "crisis de la libertad de prensa" en Latinoamérica. Según ese informe, la represión se intensificó en Nicaragua en 2021 y las autoridades acosaron y detuvieron a periodistas y candidatos de la oposición; prohibieron organizaciones de la sociedad civil y recurrieron con rapidez a nuevas leyes para criminalizar la expresión crítica y castigar a los medios que reciben financiación extranjera antes de las elecciones presidenciales.

El CPJ destacó los casos del periodista deportivo y comentarista político Miguel Mendoza y del editor del diario nacional La Prensa Juan Lorenzo Holmann, quienes han pasado varios meses en prisión preventiva en la tristemente célebre cárcel de El Chipote, en Managua. A ambos se les ha negado el acceso a sus abogados y el contacto con sus familiares. El CPJ aseguró que las causas penales contra Mendoza y Holmann son algunos de los ejemplos más extremos de la estrategia actual de las autoridades nicaragüenses, la cual consiste en utilizar el sistema judicial para intimidar y castigar a las voces críticas de los medios de comunicación.

A principios de diciembre de 2021, Nicaragua Nunca Más publicó un informe en el que afirmó que el periodismo nicaragüense vivió un feroz ataque aquel año. El grupo documentó casos de detenciones ilegales, juicios, agresiones físicas y campañas de desprestigio contra periodistas. Otras tácticas que a menudo se emplearon para la represión fueron las amenazas de investigación o de la aplicación abusiva de la ley de ciberdelitos, los interrogatorios intensivos y reiterados, la privación arbitraria de libertad y la fabricación de expedientes judiciales incriminatorios. Según Nicaragua Nunca Más y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), más de cien periodistas nicaragüenses se han exiliado desde 2018.

En enero de 2022, el diario La Prensa, a través del colectivo periodístico Voces del Sur, informó que en 2021 se dieron 702 casos de ataques o de imposición de restricciones al periodismo independiente en Nicaragua. Esta cifra casi duplica la de 2020, cuando se registraron 360 sucesos de este tipo. Estos hechos afectaron a 171 personas, de las cuales el 67 % fueron hombres y el 37 % mujeres. En la mayoría de los casos (302) se trató de abusos de poder del Estado y de agresiones (291). El colectivo también documentó 52 casos de procesos judiciales, 19 de restricciones al acceso a la información, 18 de estigmatización y 16 de detenciones arbitrarias.