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La Ley de Agentes Extranjeros podría restringir libertades fundamentales

Fotos de mujeres desaparecidas durante un acto de protesta el 25 de noviembre de 2021, San Salvador. Emerson Flores/ APHOTOGRAFIA/ Getty.

Asociación

El Proyecto de Ley sobre Agentes Extranjeros preocupa a la sociedad civil y a la comunidad internacional

El 9 de noviembre de 2021, el Gobierno del presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Nacional el borrador del Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual podría emplearse para silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. La propuesta legislativa limitará las actividades legítimas de organizaciones e individuos que reciben financiación o apoyo del extranjero. Los obligará a inscribirse como "agentes extranjeros" en el Ministerio del Interior e impondrá un impuesto del 40 % a algunas transferencias internacionales. Mediante una formulación imprecisa, el proyecto de ley prohíbe a las organizaciones realizar actividades "para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país".

El proyecto legislativo también prevé la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones que no cumplan dicha normativa. Además, los legisladores de la Comisión de Asuntos Exteriores modificaron el texto original y añadieron disposiciones que podrían conllevar penas de prisión para los "agentes extranjeros" que "alteren el orden público", una expresión que se suele usar para referirse a la participación y organización de actos de protesta.

Los legisladores de Nuevas Ideas, el partido del Gobierno, justificaron la presentación del proyecto de ley afirmando que obedecía a cuestiones de transparencia; a pesar de esto, el líder de la bancada gubernamental expresó de manera explícita que el proyecto busca reducir los ingresos de los medios de comunicación independientes. El mismo legislador también afirmó que algunas organizaciones usan fondos provenientes del extranjero "para financiar marchas y actos de violencia y terrorismo".

La propuesta suscitó la indignación de la sociedad civil y de los expertos en derechos humanos, quienes arguyeron que la aprobación de dicha legislación supondría un duro golpe para las libertades fundamentales de los salvadoreños al reducir el espacio de la sociedad civil. En un comunicado, varias organizaciones salvadoreñas aseguraron estar comprometidas con la transparencia y haber cumplido con las diversas normas sobre la responsabilidad social. También pidieron un diálogo democrático sobre las decisiones que afectan a la población y advirtieron que la normativa obstaculizará su trabajo y restringirá derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de asociación.

Finalmente, los legisladores decidieron aplazar el debate de la propuesta debido a la movilización que había suscitado. El 23 de noviembre de 2021, el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro explicó a los medios de comunicación que el proyecto de ley no se aprobará todavía porque hace falta llevar a cabo un análisis más profundo y alcanzar un acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Sin embargo, Castro adujo que esa pausa era necesaria para esclarecer la confusión que ha generado el proyecto de ley y reiteró que se aprobará una ley sobre agentes extranjeros.

Redadas en OSC

El 22 de noviembre de 2021, la Fiscalía General y la policía allanaron las oficinas de siete organizaciones de la sociedad civil para investigar presuntas irregularidades en la gestión y atribución de fondos públicos. La operación se habría llevado a cabo en el marco de una investigación legislativa sobre los fondos públicos que han recibido grupos no gubernamentales. Estas operaciones se dirigieron contra los grupos de mujeres Las Mélidas y la Asociación de Mujeres Tecleñas; las organizaciones para el desarrollo PROCOMES y FUNDASPAD; la Fundación Ambientalista de Santa Ana; el grupo de derechos humanos Una Mano Amiga y la organización humanitaria PRO-VIDA.

En un comunicado, Las Mélidas denunció que la policía y los fiscales habían intentado acceder a sus archivos físicos y sistemas informáticos. En las oficinas de PRO-VIDA, los agentes se incautaron de cinco computadoras. Tres de las organizaciones que fueron allanadas son miembros del Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario (MODES), quien condenó la criminalización y persecución de grupos de la sociedad civil.

Reunión pacífica

El 17 de octubre de 2021, miles de personas salieron a las calles en El Salvador para protestar contra el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Los manifestantes enarbolaron pancartas y carteles en los que denunciaban la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia por parte de Bukele, la autorización para su reelección y la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Los activistas ecologistas también protestaron contra un proyecto de ley que, según ellos, facilitará la privatización de las aguas en el país. En la marcha participaron varios grupos de la sociedad civil, como los movimientos feministas, sindicatos y grupos ecologistas. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, en septiembre de 2021 se produjeron manifestaciones similares.

Tras las manifestaciones antigubernamentales de septiembre y octubre de 2021, el ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegain estigmatizó a los manifestantes durante una entrevista. Bidegain asoció las manifestaciones con el vandalismo y el desorden público, y se sirvió de ellas para justificar la necesidad de la Ley de Agentes Extranjeros. El 20 de octubre de 2021, la Asamblea Legislativa, bajo el control del partido del presidente Nayib Bukele, prohibió las concentraciones multitudinarias durante cuarenta y cinco días para evitar la propagación de la COVID-19; sin embargo, la prohibición no se aplica a eventos deportivos y culturales. Si bien el Gobierno negó que la restricción buscara impedir las manifestaciones antigubernamentales, durante una sesión plenaria, un legislador del partido gobernante defendió que la medida era necesaria porque se habían producido "aglomeraciones y manifestaciones". La restricción se levantó el 17 de noviembre de 2021.

El 28 de noviembre de 2021, unas quinientas mujeres se manifestaron en San Salvador contra los feminicidios y las desapariciones de mujeres en el país. La manifestación se organizó en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las manifestantes enarbolaron pancartas con diversos mensajes contra las desapariciones y recorrieron varios kilómetros de la capital salvadoreña al grito de "¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!". Pidieron a los sistemas de seguridad que asuman sus responsabilidades y escuchen a las familias de las desaparecidas, y exigieron justicia para las víctimas de feminicidio y las mujeres y niñas desaparecidas.

Expresión

El Gobierno habría espiado a periodistas y a la sociedad civil

El 23 de noviembre de 2021, veintitrés periodistas de varios medios de comunicación salvadoreños denunciaron haber recibido alertas sobre ataques promovidos por el Estado con el fin de acceder a sus teléfonos celulares. De hecho, la reportera independiente Mariana Belloso publicó una captura de pantalla de un correo electrónico de Apple en el que se le advirtió sobre dichos ataques. Entre los afectados también se hallan los periodistas de El Faro, GatoEncerrado, Diario El Mundo, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. Un director de la asociación de prensa APES y dos dirigentes de la organización de la sociedad civil Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ) también recibieron los mismos correos electrónicos. Según Apple, estas notificaciones de amenazas están diseñadas para informar y ayudar a los usuarios que puedan haber sido blanco de atacantes patrocinados por el Estado por ser quienes son o por lo que hacen.

Restricciones a la labor de las mujeres periodistas

El 25 de noviembre de 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) publicó un comunicado en el que afirmó que se ha producido un aumento alarmante de la hostilidad hacia el periodismo y de las agresiones contra las mujeres periodistas en el país. Según los datos de la APES, el número de violaciones de la libertad de prensa que han denunciado las mujeres periodistas aumentó en un 165 % en 2021. Para calcular esa cifra, la organización comparó los casos que se documentaron desde principios de año hasta noviembre de 2021 con el mismo periodo en 2020. En 2021, la organización registró 69 casos que afectaron a mujeres, esto es, casi un tercio de las 209 denuncias que recibió la APES durante ese año. Algunas de las restricciones que se denunciaron con mayor frecuencia fueron la obstrucción del trabajo periodístico y del acceso a la información pública, la estigmatización, la intimidación y el acoso digital. Los principales responsables fueron la policía, las fuerzas armadas y los funcionarios públicos, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo.