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Decretan el estado de sitio para impedir las manifestaciones antiminería de grupos indígenas

Agentes antidisturbios montan guardia frente al edificio del Congreso tras una manifestación de exmilitares, 19 de octubre de 2021. REUTERS/ Sandra Sebastián.

Reunión pacífica

Manifestaciones contra el racismo y la discriminación

El 12 de octubre de 2021, en el marco de la Jornada por la Dignidad y la Resistencia Indígena, Negra y Popular, cientos de personas participaron en una marcha en Ciudad de Guatemala para denunciar el racismo y la discriminación que sufren los pueblos indígenas. En esa fecha, varios países del continente americano organizan jornadas conmemorativas por la llegada de Cristóbal Colón en el siglo XV. La manifestación había convocada por la Asamblea Social y Popular y contó con la participación de organizaciones indígenas y campesinas. La marcha fue pacífica en su mayoría, aunque algunos manifestantes destrozaron monumentos y estatuas por el camino. Algunos manifestantes intentaron derribar una estatua de Cristóbal Colón y otros decapitaron una estatua de José María Reina Barrios, presidente de Guatemala desde 1892 hasta 1898. Una persona está siendo investigada por presuntos daños al patrimonio nacional durante la marcha.

Reprimen las manifestaciones contra la minería en El Estor

En octubre de 2021, los pueblos indígenas de El Estor, Izabal, protestaron por los daños medioambientales que ha causado la Compañía Guatemalteca de Níquel, filial de Solway Investment Group. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la actividad de la mina, pero una planta de procesamiento, propiedad del grupo, ha seguido funcionando pese al fallo judicial. Durante casi tres semanas, manifestantes kekchís bloquearon una carretera de acceso al municipio para impedir el paso de camiones dedicados a actividades mineras. El 22 de octubre de 2021, la policía empleó la fuerza y gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes y levantar el bloqueo. Cuatro policías sufrieron heridas de bala durante la represión.

Líderes kekchís afirmaron que si bien algunos manifestantes arrojaron piedras a la policía, los agresores armados que dispararon a los agentes eran ajenos a la movilización. El 24 de octubre, el Gobierno guatemalteco decretó el estado de sitio en el municipio y publicó un comunicado en el que acusó a los manifestantes de disparar a los agentes de policía tras "diecisiete días de bloqueos ilegales por parte de un pequeño grupo de personas que se presume no residen en la zona." En dicho comunicado, el Gobierno también desacreditó la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que había condenado la disolución violenta de la manifestación. Bajo el estado de sitio se restringió el derecho de reunión pacífica y cientos de militares y policías fueron desplegados en la región.

Según IM-Defensoras, el 24 de octubre la policía allanó los locales de Defensoría Q'eqchi' y de la radio comunitaria Xyaab' Tzuultaq'a, e impuso la censura. El procurador de los derechos humanos tuvo conocimiento de casos de intimidación y acoso contra los periodistas que cubrían la situación en Izabal (véase Libertad de Expresión).

El 25 de octubre de 2021, autoridades indígenas marcharon por las calles de Ciudad de Guatemala para exigir el fin del estado de sitio y el cierre de la mina de níquel. Durante la manifestación, los líderes denunciaron que los esfuerzos del Gobierno para consultar a los pueblos indígenas con el fin de resolver el conflicto por las licencias mineras han sido parciales e irregulares, y han excluido a representantes indígenas legítimos.

El 4 de noviembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una declaración en la que condenó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y miembros de las comunidades mayas kekchís, así como los actos de represión contra periodistas y medios de comunicación que se produjeron en el municipio.

Marcha de exmilitares acaba en violencia

El 19 de octubre de 2021, una marcha convocada por exmilitares en Ciudad de Guatemala se terminó con actos violentos y enfrentamientos con la policía antidisturbios. El grupo se manifestó para exigir la aprobación de una legislación que los compense por su participación en el conflicto armado del país. Al llegar frente al Congreso, los manifestantes habrían impedido al personal legislativo salir del edificio y habrían irrumpido en el parqueo y prendido fuego a los vehículos. El personal del Congreso fue evacuado y la policía antidisturbios uso gases lacrimógenos. Según la BBC, los exmilitares lanzaron piedras e hirieron a varios periodistas.

Asociación

Acosan y criminalizan a dos organizaciones

El Observatorio de Defensores de los Derechos Humanos advirtió que las organizaciones de la sociedad civil Acompañamiento Internacional Guatemala (ACOGUATE) y le Comité de Unidad Campesina (CUC) han sufrido actos de acoso por su participación en las manifestaciones del 12 de octubre de 2021. Los miembros del CUC participaron en la marcha contra el racismo y la discriminación estructural de los pueblos indígenas, mientras que los miembros de ACOGUATE asistieron como observadores en materia de derechos humanos.

Como señalamos en la sección Reunión Pacífica de esta actualización, dos estatuas fueron objeto de actos vandálicos durante la marcha. En los días siguientes, el grupo Guatemala Inmortal presentó una denuncia penal contra ACOGUATE y el CUC por dichos hechos y acusó a ambas organizaciones de los delitos de "sedición", "atentado contra la seguridad nacional" y "depredación del patrimonio cultural." Además, un abogado de Ciudad de Guatemala solicitó al Ministerio Público que se investigue a los miembros de ACOGUATE. Desde el día de la marcha, las organizaciones se han enfrentado a una campaña de difamación en las redes sociales plagada de publicaciones amenazantes, de fotos del personal de la organización y de llamados para que las expulse del país.

Informe sobre represalias

Durante la 48.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el secretario general de la ONU presentó el informe "Cooperación con la ONU, sus representantes y mecanismos en la esfera de los DD. HH." en el que expresó su preocupación por las continuas denuncias de actos de intimidación y represalias contra personas y grupos que cooperan con la ONU y sus mecanismos en el ámbito de los derechos humanos. En cuanto a Guatemala, el informe cita las represalias contra jueces y fiscales, incluidos aquellos que trabajan en casos que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre los actos de intimidación y represalia que se han producido, destacan las solicitudes para la retirada de la inmunidad penal de jueces y magistrados, y el uso indebido de recursos o instrumentos legales, como los recursos de amparo, los procedimientos disciplinarios y las campañas de difamación en redes sociales.

Expresión

A finales de octubre de 2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las agresiones, las amenazas y los actos intimidatorios contra periodistas en Guatemala. La Relatoría afirmó haber recibido varias denuncias de agresiones por esas fechas, sobre todo durante la cobertura de las manifestaciones antiminería en El Estor. Un periodista fue agredido y despojado de su equipo, y la policía allanó una emisora de radio local. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), a raíz de las manifestaciones la policía también allanó los domicilios de por lo menos dos periodistas y acosó a miembros de la prensa que cubrieron dichas manifestaciones.

El 9 de noviembre de 2021, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó el acoso y la censura que padecen tres periodistas de Sololá. Según la APG, miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario de Sololá intimidaron a los reporteros que cubrían las audiencias judiciales de una causa penal contra un antiguo dirigente del Consejo. Al parecer, los miembros del Consejo prohibieron la entrada a un periodista, le advirtieron de que no debía estar allí, lo insultaron y empujaron. Las autoridades comunitarias también se desplazaron hasta las viviendas de otros dos reporteros y les recriminaron la publicación de materiales relacionados con el suceso y con las audiencias judiciales. Según el procurador de los derechos humanos, por lo menos seis periodistas de Sololá fueron objeto de amenazas y actos intimidatorios a principios de noviembre de 2021.

Por otro lado, la Asociación de Prensa Quetzalteca (APQ) condenó la detención del periodista Rubén Jocol por agentes de la policía después de que hubiera grabado una detención en Ciudad Altense. Según la APQ, Jocol fue obligado a borrar el material que había grabado y fue acusado de obstruir la actuación de la policía.