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La Corte Penal Internacional abre una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Manifestación por la liberación de presos políticos durante la visita de la CPI, 3 de noviembre de 2021. REUTERS/ Leonardo Fernández Viloria.

Reunión pacífica

El 4 de noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la apertura de una investigación oficial por las denuncias de casos de tortura y de ejecuciones extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Si bien el fiscal jefe Karim Khan no detalló el alcance de la investigación de la CPI, se retomará otra investigación preliminar que había comenzado en febrero de 2018 y que se centró en las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de las manifestaciones y de otros sucesos relacionados con la agitación política que vive el país desde 2017.

La organización de la sociedad civil Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) aplaudió la decisión y afirmó que ofrece esperanza a las víctimas en su búsqueda de justicia. PROVEA explicó que la investigación de la CPI brinda la posibilidad de que se lleve a cabo un estudio imparcial e independiente de los casos de crímenes de lesa humanidad, algo que hasta ahora no había estado al alcance de la mayoría de las personas afectadas por esos delitos. Amnistía Internacional también defendió que la principal consideración de la Fiscalía de la CPI para abrir una investigación debe ser la búsqueda de justicia efectiva y oportuna para las víctimas. Erika Guevara-Rosas, directora de la organización para las Américas, afirmó:

"Por encima de todo, el enfoque del fiscal debe garantizar que la Corte y Venezuela hagan cumplir y respetar el derecho a la justicia de las víctimas y supervivientes de violaciones de derechos humanos en el país. Es primordial que se proteja de cualquier represalia a las personas defensoras de derechos humanos que han buscado justicia ante la CPI."

Con este objetivo en mente, ciento doce organizaciones de la sociedad civil firmaron una declaración en la que denunciaron el acoso y la persecución que han sufrido quienes contribuyeron al análisis preliminar de la Corte Penal Internacional. Estas organizaciones aseguraron que las autoridades venezolanas han lanzado campañas de desprestigio para intimidar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las víctimas que cooperaron con la CPI para que no testifiquen.

Asociación

Según la actualización de la organización de derechos humanos Foro Penal, a 1 de noviembre de 2021 había 252 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela —237 hombres y 15 mujeres—. Entre ellos había por lo menos un menor.

En septiembre de 2021, Foro Penal también publicó un informe sobre las mujeres víctimas de la represión política en el país. Según ese documento, entre enero de 2014 y septiembre de 2021, 1 751 mujeres habrían sido víctimas de detenciones por motivos políticos. En su gran mayoría se trata de civiles detenidas durante actos de protesta, de las cuales noventa eran aún adolescentes cuando las detuvieron. Foro Penal denunció que muchas de las mujeres detenidas padecen malos tratos, no tienen acceso a atención médica ni pueden recibir visitas de sus familiares. La organización también subrayó que los familiares de presos políticos son sometidos a humillaciones cuando visitan a sus parientes.

Expresión

El 10 de septiembre de 2021, un tribunal de Nueva Esparta absolvió al periodista Braulio Jatar del cargo de blanqueo de dinero, el cual se había usado para acosarlo judicialmente durante cinco años. Mientras se desarrollaba el proceso judicial, Jatar permaneció detenido o bajo arresto domiciliario durante casi tres años. Fue puesto en libertad condicional en julio de 2019.

El 14 de octubre de 2021, un tribunal penal de Caracas dictó una orden de detención contra el periodista Roberto Deniz, director del medio digital de investigación Armando.Info, quien se encuentra exiliado en Colombia. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en dicha orden judicial se afirma que Deniz está siendo investigado en virtud de la ley contra el odio por el delito de "instigación al odio", pero no se dan detalles sobre la presunta conducta delictiva del reportero. El 15 de octubre de 2021, agentes de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística allanaron el domicilio de los padres de Deniz en Caracas y se llevaron a su hermano para interrogarlo. En Twitter, Deniz afirmó que las autoridades buscan detenerlo por su cobertura de presuntos actos de corrupción que involucrarían al empresario Alex Saab y al Gobierno de Nicolás Maduro.

Se aprueba la ley de acceso a la información sin la participación de la sociedad civil

El 17 de septiembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público que había propuesto el partido gobernante de Venezuela. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la legislación se aprobó tres días después de haberse presentado, en un proceso acelerado carente de transparencia y sin una consulta pública. La ley se promulgó el 20 de septiembre de 2021 mediante su publicación en la edición extraordinaria N.º 6 649 de la Gaceta Oficial.

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información afirmó que dicha ley no cumple las normas internacionales para garantizar el derecho al acceso a la información. Entre los aspectos preocupantes de la ley, cabe destacar que no establece de forma expresa que la confidencialidad de la información ha de ser la excepción; no promueve la transparencia activa, ya sea mediante formatos de libre acceso o a través de la definición de la información mínima que deben difundir los organismos públicos; ni tampoco prevé la creación de un organismo garante.

Censura y restricciones en Internet

En Venezuela, los cortes de electricidad y los problemas de infraestructura siguieron perturbando el acceso a Internet en noviembre de 2021. El 2 de noviembre de 2021, el observatorio de Internet Ve Sin Filtro informó sobre un apagón que afectó a la conexión a Internet en Mérida, Táchira, Aragua y Carabobo. La agencia nacional de electricidad Corpoelec no proporcionó información sobre las causas del fallo eléctrico. Según la organización de la sociedad civil Espacio Público, la infraestructura de Internet en Venezuela se ha reducido por diversas razones, como la falta de mantenimiento, por ejemplo. Además, los racionamientos y los cortes de electricidad han provocado que el acceso a Internet sea inestable.

En el mismo, Ve Sin Filtro también señaló que los principales proveedores de Internet del país bloquearon el sitio web Venezuela Zona Gris. La periodista Ibéyise Pacheco había publicado en dicho portal su investigación sobre la convivencia del régimen de Nicolás Maduro con grupos criminales.

Por otra parte, en su informe mensual, Espacio Público documentó veinte casos de violaciones de la libertad de expresión en Venezuela en octubre de 2021. La principal violación durante ese período fue la censura. La organización también documentó casos de restricciones burocráticas e intimidación. Por ejemplo, la Conatel suspendió el programa de radio Despertó Amazonas y amenazó con clausurar Melquisedec 99.1 FM, la radio que lo emitía. El organismo regulador también censuró otros cinco programas de radio y confiscó los equipos de Genial 89.9 FM, en el estado de Portuguesa. Además, en el informe también quedaron registrados diversos casos de obstrucción de la labor periodística y de intimidación de periodistas por parte de funcionarios públicos y de las fuerzas del orden, en especial cuando los reporteros cubrían las elecciones municipales.

Informe de la SIP sobre Venezuela

En el marco de la 77.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización presentó un informe sobre Venezuela en el que expresó su preocupación por el recrudecimiento de la represión de la libertad de expresión. En el informe se destaca la continua censura de los medios de comunicación independientes y la persecución de periodistas. A partir de los datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la organización destacó que ciento quince medios de comunicación desaparecieron durante el mandato de Maduro, esto es, de 2013 a 2018.