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Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medioambiente

Manifestación frente a un tribunal de justicia por la liberación de los defensores de Guapinol, febrero de 2019. Paul Fitch/ UUSC vía Flickr.

Asociación

Evolución del caso Guapinol

El 1 de septiembre de 2021 se cumplieron exactamente dos años desde la detención de ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) por defender fuentes de agua protegidas y recursos naturales que podrían resultar contaminados por la actividad minera. A finales de agosto de 2021, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia prorrogó de seis meses la prisión preventiva de los ocho defensores. El Fiscal General solicitó esta prórroga porque la duración legal de la medida preventiva que se impuso a los defensores era de dos años y aún no se había fijado la fecha de su juicio.

Tanto el CMDBCP como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) condenaron la decisión del Alto Tribunal. La CONADEH pidió a las autoridades que respeten los llamados del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria a favor de la liberación inmediata de los defensores. La organización también recalcó que el análisis del Grupo de Trabajo sobre este caso concluyó que las detenciones se llevaron a cabo de forma arbitraria.

En septiembre de 2021, la red feminista IM-Defensoras también advirtió que la Policía Nacional había intimidado y vigilado a Juana Ramona Zúñiga, defensora de los derechos humanos y miembro del CMDBCP. Según este grupo de la sociedad civil, el 11 de septiembre de 2021 agentes de policía efectuaron tres misiones de patrullaje dentro de la comunidad de Guapinol; durante esas misiones, los agentes pasaron dos veces por el domicilio de Zúñiga preguntando por ella. Alegaron que el mecanismo de protección del país les había ordenado visitar la vivienda de la defensora como medida de seguridad. Sin embargo, al ser contactado, el mecanismo de protección negó haber enviado a nadie. IM-Defensoras afirmó que los policías actuaron de forma irregular, ya que ni la defensora ni su organización habían solicitado medidas de protección.

Amenazas contra personas defensoras de la tierra y del medioambiente

Global Witness publicó el 13 de septiembre de 2021 Última línea de defensa, un informe sobre los ataques que padecen las personas defensoras del medioambiente y del derecho a la tierra. La organización destacó que Honduras fue uno de los cinco países del mundo donde se registró el mayor número de asesinatos de estas personas durante 2020. Por lo menos diecisiete personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas en el país, lo que convierte a Honduras en el país centroamericano con el mayor número de asesinatos. De los ataques que documentó la organización, casi tres de cada cuatro se produjeron en el continente americano. En cuanto al número de asesinatos per cápita en todo el mundo, solo Nicaragua supera a Honduras. Asimismo, más de un tercio de los ataques estarían relacionados con la explotación de recursos, como la tala de árboles, la minería, la agroindustria a gran escala, así como con las presas hidroeléctricas y otras infraestructuras.

Reunión pacífica

Cientos de personas se manifestaron contra el Gobierno el 15 de septiembre de 2021, Día del Bicentenario de la Independencia de Honduras y de otros países centroamericanos. Los manifestantes arguyeron que "no había nada que celebrar" y destacaron la mala gestión de la pandemia, los casos de corrupción y los proyectos extractivos que se han llevado a cabo sin la aprobación de las comunidades. Varias personas portaban pancartas en las que exigían al Gobierno la derogación de la ley que autorizó la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocidas como ZEDE. Ese mismo día, el Gobierno organizó un desfile militar en Tegucigalpa para celebrar el bicentenario.

Expresión

El 30 de agosto de 2021, las radios comunitarias afiliadas a la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) denunciaron que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) las ha estado vigilando y acosando con la intención de clausurarlas. En un comunicado, la AMCH explicó que el organismo regulador había denegado la licencia a las radios comunitarias gestionadas por los pueblos indígenas debido a la saturación del espectro radioeléctrico. Sin embargo, el mismo organismo ha concedido licencias a otros medios de comunicación. La AMCH también destacó el caso de Radio Azacualpa, una emisora dirigida por mujeres lencas que habría sido objeto de actos de acoso y de amenazas de cierre.