English

El espacio cívico guatemalteco ha seguido reduciéndose bajo el Gobierno de Giammattei

Un manifestante sostiene una pancarta con la foto del fiscal general en la que se lee «Renuncia», 29 de julio de 2021. Josue Decavele/ Getty Images.

El 23 de julio de 2021, Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, destituyó de su cargo a Juan Francisco Sandoval, principal fiscal anticorrupción del país y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Sandoval huyó del país esa misma noche por temor a nuevas represalias. Para justificar esta destitución, la Fiscalía adujo "constantes abusos y frecuentes atropellos contra la institucionalidad". Sin embargo, este órgano no siguió el proceso disciplinario interno, tal y como exigen las leyes guatemaltecas.

Un portavoz de la Secretaria General de las Naciones Unidas se refirió a la destitución y expresó su preocupación por el hecho de que, tras la clausura de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un número cada vez mayor de exfiscales destacados ha tenido que abandonar el país, al parecer por su labor a favor de la rendición de cuentas y la justicia.

Asociación

La controvertida ley guatemalteca de ONG

Tal y como informó CIVICUS Monitor, en mayo de 2021, los miembros recién elegidos de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocaron un recurso que había impedido la promulgación del Decreto 4-2020, también conocido como la ley de ONG. La sociedad civil había impugnado esta legislación porque establece un control estricto y arbitrario sobre el sector y restringe la libertad de asociación. Según expertos de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), este decreto también vulnera las normas internacionales en materia de derechos humanos y podría conducir a la criminalización de los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil en general. En la práctica, esta nueva resolución permite la adopción y aplicación de la ley de ONG.

El 2 de agosto de 2021 se promulgó el reglamento de aplicación de esta normativa mediante el Acuerdo Gubernativo Número 157-2021 del presidente de la República. Este documento establece procesos de inscripción para las organizaciones de la sociedad civil y formalidades adicionales para las organizaciones extranjeras, las cuales tendrán que registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En este reglamento no se aborda el proceso para la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones; a pesar de esto, se establece que la resolución de las situaciones que no se hayan contemplado en el reglamento recaerá en el Ministerio de Gobernación. Estas disposiciones otorgan al Ministerio un amplio poder discrecional sobre la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones.

El 1 de septiembre de 2021, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) presentó otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley de ONG. La formación arguyó que esta legislación viola el marco jurídico nacional e internacional, y es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En particular, los jueces sostienen que el Registro de Personas Jurídicas debe ser independiente y no debe formar parte del Ministerio de Gobernación.

Asesinan a personas defensoras de derechos LGBTQI+

El 11 de junio de 2021 fue asesinada brutalmente la líder LGBTQI+ Andrea González a pocos metros de su casa. Andrea dirigió el grupo para la defensa de los derechos de las personas trans OTRANS Reinas de la Noche y colaboró con varios movimientos de derechos humanos, como RedLacTrans y Cristosal. Unos días antes había fallecido en un hospital Cecy Ixpata, otra militante transgénero y miembro de la formación reivindicativa RedLacTrans. Su muerte se produjo debido a las heridas mortales que sufrió durante una agresión en un mercado. Ambas defensoras fueron objeto de amenazas y por ello habían solicitado la intervención del Ministerio Público.

El Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+ también denunció que un hombre gay fue asesinado a tiros el 14 de junio de 2021 en Morales, Izabal. Cristian González Cabrera, investigador en derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch, formuló la siguiente proposición:

"Para proteger a las personas LGBT y evitar que el 2021 se convierta en uno de los años más letales para las minorías sexuales y de género de Guatemala, las autoridades deben actuar para que haya rendición de cuentas por estas muertes. Las investigaciones del Ministerio Público deben enfocarse en establecer si se actuó contra las víctimas debido a su orientación sexual o identidad de género, o a su trabajo en defensa de los derechos de las personas LGBT".

Atacan y criminalizan a personas defensoras de los derechos humanos

El 17 de agosto de 2021, un tribunal local de Santa María Nebaj revocó la detención preventiva de la líder maya k'iche Sebastiana Pablo Hernández de Lorenzo y la sustituyó por la imposición de un arresto domiciliario. La líder indígena ha sido criminalizada por su trabajo como defensora de los derechos humanos y como vicepresidenta de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Joyabaj, Quiché. Según IM-Defensoras, su labor había entrado en conflicto con los intereses del alcalde Florencio Carrascoza Gáme. Sebastiana es una de las doce personas a las que el alcalde ha acusado de incitar a disturbios en el municipio durante una manifestación. Además, permaneció en prisión preventiva durante diez meses y se la habría acusado falsamente de robo agravado, incendio agravado y sedición.

El 3 de septiembre de 2021, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala (UDEFEGUA) expresó su preocupación por los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. En su último informe, UDEFEGUA registró 551 ataques entre enero y junio de 2021; de mantenerse esta tendencia, 2021 se convertiría en el año con el mayor número de ataques que haya registrado la organización. Quienes sufrieron estos ataques con mayor frecuencia fueron los miembros del sistema judicial, las personas y organizaciones defensoras del derecho a la justicia, los periodistas y comunicadores, y los campesinos. La organización también destacó las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos, las cuales corresponden al 42 % de los casos registrados. Asimismo, UDEFEGUA documentó el asesinato de cinco defensores de los derechos humanos, al igual que tres intentos de asesinato.

Reunión pacífica

El 9 de junio de 2021 fueron detenidos veintiún defensores del derecho a la tierra cuando intentaban manifestarse de forma pacífica en la comunidad de Chicoyogüito, Alta Verapaz. Los militantes habían convocado una marcha para exigir la devolución de sus tierras ancestrales, de las que fueron despojados por el Ejército guatemalteco en 1968 cuando estableció la Zona Militar 21, ahora conocida como CREOMPAZ. Como informó Prensa Comunitaria, la manifestación nunca se llevó a cabo debido a la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes detuvieron con violencia a veintiún personas a las que acusaron de "usurpación agravada". Según la Federación Internacional de Derechos Humanos, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para impedir que se desarrollará la manifestación.

El 24 de julio de 2021, cientos de personas se manifestaron frente al palacio presidencial tras la polémica destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. El 29 de julio de 2021, cientos de personas se sumaron a una huelga nacional convocada por organizaciones campesinas e indígenas para exigir la dimisión del fiscal general y del presidente Alejandro Giammattei. También hubo manifestaciones en Ciudad de Guatemala, Totonicapán y otras ciudades. Durante la huelga, los manifestantes indígenas bloquearon puntos clave de la carretera Panamericana. En declaraciones a The Intercept desde La Cuchilla, Tomás Saloj, exalcalde indígena de Sololá, afirmó: "¿Quién no se enfadaría? Nos arrebataron a nuestro último defensor".

El 14 y 15 de septiembre de 2021, autoridades ancestrales, comunidades indígenas y organizaciones como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) se manifestaron para expresar su rechazo a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica de la Corona española. Los participantes argumentaron que no había nada que celebrar porque la independencia no benefició a la población ni a las comunidades. Durante una manifestación en Ciudad de Guatemala, Alida Vicente Arana, miembro de la Alcaldía Indígena de Palín, declaró: "En este falso Estado, lo que se ha perpetuado es la explotación, el saqueo, la desigualdad y el racismo". Finalmente, el Gobierno canceló las celebraciones oficiales del bicentenario debido a la pandemia de COVID-19.

Expresión

El 27 de agosto de 2021, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado en el que repudió las acusaciones penales contra los directores del diario La Hora. La organización señaló que la denuncia que presentó Alejandra Carrillo, exdiputada del Partido Patriota, busca censurar al periódico por las investigaciones que ha llevado a cabo sobre su presunta participación en actos de corrupción. En la actualidad Carrillo dirige un instituto gubernamental que asiste a las víctimas de delitos. Su denuncia contra los directivos de La Hora se basa en la ley guatemalteca sobre feminicidios y otros tipos de violencia de género, ya que Carrillo afirma que los reportajes del periódico constituyen una forma de violencia de género psicológica.

El procurador de los derechos humanos publicó un comunicado en el que afirmó que la denuncia de Carrillo "traiciona el espíritu de la norma con el único propósito de eludir su responsabilidad de rendir cuentas como funcionaria pública, transgrediendo derechos ciudadanos garantizados en la Constitución". La APG calificó la denuncia de "espuria" y afirmó que "independientemente del género o de la orientación sexual, todo funcionario público está expuesto a la crítica pública y al escrutinio social".

Por otro lado, la APG también condenó las acciones del presidente del Congreso contra los periodistas independientes. El 2 de septiembre de 2021, el presidente del Congreso Allan Rodríguez excluyó al periodista Enrique García, de ElPeriodico, de unos diálogos con la prensa sobre los presupuestos de 2022. Durante un acto público, Rodríguez interrumpió a García mientras el periodista formulaba una pregunta al ministro de Economía. El parlamentario también culpó a la prensa de las manifestaciones de 2020 contra los presupuestos y aseguró que algunos medios de comunicación no informaban con objetividad. A continuación, Rodríguez invitó a los periodistas a su despacho para responder a sus preguntas sobre los presupuestos, pero negó la entrada al periodista de ElPeriodico. La APG recordó que Rodríguez ha obstruido el acceso a la información desde el inicio de su presidencia.

Como hecho positivo, cabe señalar que el 3 de septiembre de 2021, un juzgado de Nebaj desestimó los cargos contra la periodista maya k'iche Anastasia Mejía Tiriquiz. También se desestimaron las acusaciones contra la vendedora y líder indígena Petrona Siy. Tal y como informó CIVICUS Monitor, la periodista fue detenida en septiembre de 2020, después efectuar transmisiones en vivo desde las manifestaciones contra la corrupción en Joyabaj. La Federación Internacional de Periodistas celebró la liberación de Mejía Tiriquiz y pidió a las autoridades guatemaltecas que tomen las medidas necesarias para garantizar la libertad de prensa y para compensar a la periodista por el proceso penal injusto al que fue sometida. Aún pesan cargos contra otros defensores a los que se acusa de participar en manifestaciones violentas en Joyabaj, entre ellos Sebastiana Pablo Hernández, cuyo caso se detalla en la sección dedicada a la libertad de asociación de esta actualización.