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Venezuela: detienen de forma arbitraria a tres defensores de los derechos humanos

Inauguración del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana, 13 de agosto de 2021. Héctor Vivas/ Getty Images.

A finales de junio de 2021, organizaciones de la sociedad civil venezolanas rechazaron el proyecto de ley sobre "ciudades comunales" que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Según estas organizaciones, este proyecto legislativo es inconstitucional y conducirá a la creación de órganos paralelos de gestión territorial y administrativa que substituirán a órganos electos, como las gobernaciones, las alcaldías y los consejos municipales. De hecho, según las organizaciones, esto supondría la transferencia de recursos y competencias a autoridades que no han sido elegidas mediante sufragio universal, directo y secreto.

Por otra parte, en agosto de 2021, representantes del Gobierno venezolano y de la oposición se reunieron en México para empezar a negociar varios asuntos, como la celebración de elecciones y las medidas para hacer frente a la crisis humanitaria del país. Estas conversaciones cuentan con la mediación de Noruega y la participación de otros países. Mientras que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch pidieron al Gobierno venezolano que se comprometiera a garantizar los derechos fundamentales y unas elecciones libres y justas, los primeros informes sobre el diálogo se centran en medidas económicas y sociales. El 15 de agosto de 2021, tras el inicio de las negociaciones, las autoridades venezolanas liberaron al político de la oposición Freddy Guevara, detenido en julio de 2021.

Asociación

Detienen de forma arbitraria a tres defensores de FundaREDES

El 2 de julio de 2021, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a tres defensores de los derechos humanos de FundaREDES, a saber: Rafael Tarazona, Omar García y Javier Tarazona, director de la organización. También detuvieron a Jhonny Romero de la OSC CONFAVIT. Estas detenciones se produjeron después de que los detenidos denunciaran frente a la Fiscalía General del estado de Falcón el acoso al que los han sometido los agentes del SEBIN. Si bien Romero fue puesto en libertad, los tres militantes de FundaREDES fueron acusados de incitación al odio, traición y terrorismo. Estos cargos se emplean a menudo para criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos.

Según Amnistía Internacional, estas detenciones no se comunicaron formalmente a los abogados de los acusados y los defensores permanecieron en paradero desconocido durante las veinticuatro horas posteriores a su arresto. Asimismo, las autoridades se negaron a que los representasen sus propios abogados y, en su lugar, les asignaron abogados de oficio. Trescientas diecisiete organizaciones de la Coalición Anticorrupción de Venezuela publicaron una declaración en la que exigieron la liberación de los militantes y pidieron a la comunidad internacional que se pronuncie contra su detención.

El 7 de septiembre de 2021 debía celebrarse una audiencia preliminar; sin embargo, se anuló sin explicación. En las redes sociales, Alfredo Romero, director de Foro Penal, comentó:

"Los procesos judiciales se retrasan sistemáticamente en los casos de presos políticos para mantenerlos presos “preventivamente” sin juicio y sin derecho a la defensa."

De igual manera, el 14 de julio de 2021, agentes del SEBIN allanaron y provocaron destrozos en la oficina de FundaREDES de San Cristóbal, estado de Táchira. Esa misma noche, agentes de seguridad allanaron el domicilio familiar de Javier Tarazona y detuvieron a su madre durante unas tres horas.

Acosan e intimidan a personas defensoras de los derechos humanos

Según un informe del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), las agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos aumentaron en Venezuela en julio de 2021. La organización registró ciento cuarenta ataques de este tipo durante dicho mes, de los cuales ciento doce corresponden a casos de estigmatización, catorce a casos de acoso e intimidación, y cinco a casos de detenciones arbitrarias. Estos ataques fueron perpetrados en su mayoría desde las cuentas del Gobierno, de funcionarios públicos y de miembros de la policía en redes sociales.

Por ejemplo, tanto el Observatorio Venezolano para la Seguridad y la Defensa Nacional-Control Ciudadano como su presidenta Rocío San Miguel han sufrido continuos actos de intimidación. A San Miguel la acusaron e interrogaron repetidamente sobre su labor y su defensa de los derechos humanos. En julio de 2021, los medios de comunicación gubernamentales citaron su nombre en una serie de artículos en los que la acusaron de intentar socavar las fuerzas de seguridad del país y de defender los intereses de los Estados Unidos.

Reunión pacífica

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en julio de 2021 se llevaron a cabo 671 manifestaciones en todo el país. Esto representa un aumento del tres por ciento respecto al mismo periodo de 2020. En más del 60 % de las manifestaciones documentadas, los participantes exigieron la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales; y aumentaron las quejas por las deficiencias en la distribución y venta de combustible, los fallos en la recogida de aguas residuales, la calidad de Internet y el estado de las carreteras y del alumbrado público. Además, los trabajadores se manifestaron para exigir mejoras salariales. También hubo manifestaciones en defensa de los derechos civiles y políticos; en muchos casos estas movilizaciones estuvieron impulsadas por las próximas elecciones. El OVCS también documentó manifestaciones a favor de un mejor acceso a la justicia y contra la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos.

Expresión

La organización de la sociedad civil Espacio Público registró treinta y ocho violaciones de la libertad de expresión en agosto de 2021. La intimidación, la censura y el acoso verbal fueron los ataques que se dieron con mayor frecuencia. Según este informe, cerca de la mitad de los casos implicaban a periodistas y otro 32 % a medios de comunicación. Los funcionarios públicos, las instituciones del Estado y los hackers fueron los principales responsables. Se registraron ciberataques contra la Asociación Civil Convite y Qué Pasa en Venezuela, cuyas páginas web estuvieron temporalmente fuera de servicio tras los ataques. Los cortes de electricidad también repercutieron en los servicios de Internet durante este periodo.

En cuanto a la censura, el 3 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó que se retire del aire el programa Punto de Corte Radio, que transmitía Radio Fe y Alegría 1390 AM y 105.7 FM. Se registraron varios casos de censura durante la cobertura de las elecciones primarias; a algunos reporteros se les impidió informar o se les obligó a borrar el material que habían grabado.

El 27 de agosto de 2021, la escolta de un miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tomó fotos de María Fernanda Rodríguez, José Gregorio Rojas y Dani Pacheco, tres periodistas de El Pitazo, mientras cubrían una manifestación. Los reporteros se hallaban en el Valle del Mocotíes, Mérida, para informar sobre la situación después de que las fuertes lluvias provocaran daños en las infraestructuras de la región. Según los periodistas, las fuerzas del orden cerraron el paso a camiones con ayuda humanitaria y de emergencia, y esto provocó una manifestación de la población local. Los periodistas también relataron que una escolta de un miembro del PSUV les tomó fotos para intimidarlos y hacerles ver que las autoridades los estaban vigilando.