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México: oleada de asesinatos de periodistas y de defensores de derechos medioambientales e indígenas

Una militante se ha pintado en la cara «No al silencio» en el marco de una manifestación contra el asesinato de periodistas en México. Mayo de 2017, REUTERS/ Henry Romero.

Libertad de asociación

Ataques contra defensores indígenas y del medioambiente

El 12 de junio de 2021 fue asesinado a tiros el líder indígena yaqui y defensor del medioambiente Luis Urbano Domínguez cuando salió de un banco en Ciudad Obregón, Sonora. Solo unos días después, el 17 de junio de 2021, fue hallado el cuerpo sin vida del líder indígena yaqui Tomás Rojo Valencia en Vícam, Sonora. Ambos eran defensores del agua y estaban implicados en la larga lucha del pueblo yaqui por la defensa del río Yaqui. Se habían opuesto a la construcción de un acueducto que extraerá agua del río Yaqui para abastecer a las dos ciudades más pobladas del estado de Sonora, pero del cual no se beneficiarán los pueblos yaquis ribereños.

Rojo Valencia, que llevaba desaparecido cuatro semanas antes de que se encontrara su cuerpo, había ayudado a coordinar el bloqueo de carreteras para protestar contra los proyectos de infraestructura en territorio yaqui. También había propuesto la instalación de un peaje en una autopista que atraviesa territorio indígena con el fin de recaudar pagos en beneficio de las comunidades yaquis. Las autoridades detuvieron a un sospechoso del asesinato de Rojo Valencia en julio de 2021. El detenido pertenecería a una banda criminal que quería apoderarse del dinero que había recaudado la comunidad indígena.

Por otro lado, el 2 de julio de 2021 fue asesinado a tiros el defensor del medioambiente y fundador del partido político Morena David Díaz Valdez en Manzanillo, Colima. Varios atacantes en moto le dispararon mientras se subía a su vehículo. El militante había expresado su preocupación por su seguridad y había afirmado que si moría, las autoridades locales serían las responsables. Recientemente había sido objeto de actos de criminalización por su lucha contra la construcción de una central térmica en la región.

El 5 de julio de 2021 fue asesinado a tiros el defensor de los derechos de los pueblos indígenas Simón Pedro Pérez López en Simojovel, Chiapas. Pérez era un líder maya tzotzil y había presidido Las Abejas de Acteal, una organización de justicia social que nació a raíz de la matanza de Acteal en 1998 y durante la cual perecieron numerosos creyentes indígenas que asistían a una ceremonia religiosa. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), los miembros de Las Abejas de Acteal han recibido amenazas constantes, han sufrido asedios e intimidaciones, y han sido desplazados de su lugar de origen por su lucha no violenta y por su trabajo pacifista en pos de la justicia. Al parecer los grupos criminales de la región tendrían vínculos con las autoridades locales y esto les permite actuar con impunidad. El 14 de julio de 2021 fue detenido un sospechoso en relación con el asesinato.

Asimismo, la FIDH denunció que el padre Marcelo Pérez Pérez de la parroquia de Simojovel ha sido víctima de amenazas y acoso por apoyar la defensa de los derechos del medioambiente y a la tierra de las comunidades locales. Desde marzo de 2021, el líder religioso ha recibido amenazas, ha sido objeto de una campaña de difamación en internet y, en ocasiones, lo han seguido grupos que buscaban intimidarlo. El 21 de julio de 2021, el alcalde electo de Pantelhó estigmatizó a Pérez Pérez cuando afirmo durante una entrevista que el sacerdote tenía vínculos con un grupo armado de la región.

Libertad de expresión

Asesinan a tres periodistas en junio y julio

El 17 de junio de 2021 fue asesinado a tiros el reportero Gustavo Sánchez Cabrera en Tehuantepec, Oaxaca. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Sánchez conducía una motocicleta con su hijo adolescente cuando varios agresores en un coche se dirigieron hacia ellos. Ambos se cayeron de la motocicleta, los agresores salieron del coche y dispararon al reportero. Su hijo sufrió heridas leves. Sánchez trabajaba como reportero para la página de Facebook Panorama Pacífico en la ciudad costera oaxaqueña de Huatulco y se hallaba inscrito en un programa de protección federal tras sobrevivir a un atentado en 2020.

El 22 de junio de 2021 apareció asesinado el periodista Saúl Tijerina Rentería en el borde de una carretera de Ciudad Acuña, Coahuila. Tijerina trabajaba para Noticias en la Web y Policiaca Acuña. Junto a su cuerpo se habría encontrado una nota con amenazas hacia otros reporteros que han denunciado actividades criminales en la región. Ese mismo día, las autoridades de Coahuila anunciaron la detención de dos sospechosos, ambos pertenecerían a una banda criminal.

El 22 de julio de 2021, un desconocido mató a tiros a Ricardo López, editor del portal de noticias InfoGuaymas, frente a una tienda en Guaymas. Las autoridades están investigando si el asesinato de López está relacionado con su trabajo como periodista. En declaraciones a la prensa en marzo de 2021, López denunció haber recibido amenazas de muerte de bandas criminales debido a sus reportajes y haber sido objeto de una campaña de difamación por parte de la policía local, la cual se sirvió de una página de Facebook para acusarlo falsamente de tener vínculos con el crimen organizado. Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, se lamentó:

«El descarado y brutal homicidio del periodista mexicano Ricardo López, a plena luz del día en su cumpleaños, consolida la condición de Sonora como uno de los estados más violentos para el ejercicio del periodismo, en un país donde reina la impunidad por los crímenes contra la prensa».

Article 19, el CPJ, Reporteros sin Fronteras y la coalición Espacio OSC exigieron una protección más eficaz para los periodistas. Article 19 destacó que veintiún periodistas han sido asesinados desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.

Ataques contra periodistas

El 3 de julio de 2021, agentes de seguridad amenazaron, agredieron e hirieron a varios periodistas mientras cubrían la disolución de una manifestación en Veracruz. Seis reporteros fueron agredidos, entre ellos José Alberto Mendoza, a quien golpearon los agentes por proteger a su compañero Rodrigo Pérez Hernández. Por su parte, Areliz Sosa del Diario del Istmo relató que los agentes la empujaron y le lanzaron piedras, y Mariaide Ramos de Liberal del Sur denunció que los agentes le quitaron su teléfono celular para impedir que grabara lo que estaba pasando. Algunos de los reporteros resultaron gravemente heridos, incluido Mendoza.

El 5 de julio de 2021, agentes de policía agredieron e hirieron a un reportero de Descontento Ciudadano mientras cubría una manifestación en Cancún, Quintana Roo. Jorge Ugalde estaba transmitiendo en vivo una manifestación organizada por los trabajadores de la recogida de residuos cuando la policía habría comenzado a lanzar piedras y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Ugalde, quien ya había sido perseguido por la policía en otras ocasiones, sostuvo que los agentes sabían que él trabaja para los medios de comunicación y, a pesar de esto, siguieron atacándolo. Más tarde recibió llamadas telefónicas en las que lo amenazaron a él y a su esposa si «seguía metiéndose con la policía». Ugalde está inscrito en el programa federal para la protección de periodistas.

El aumento de las agresiones y de los casos de acoso contra las mujeres periodistas en el estado de Puebla llevó a varios grupos de defensa de la libertad de expresión a exigir a las autoridades que abordaran varios problemas generalizados. Policías y agentes estatales amenazaron e hirieron a varios periodistas durante eventos públicos en julio de 2021, entre ellos María del Carmen Tajonar Méndez, directora del portal de noticias sobre el medioambiente Tierra Baldía; Nancy Yomara Pacheco Jiménez, reportera de Municipios Puebla; Patricia Méndez Zacapa, reportera de La Jornada de Oriente; y Cintya Coleote García, reportera de Imagen Puebla. Entre estos casos también se encuentra el de la reportera Patricia Méndez Zacapa, que estaba informando desde un centro de vacunación contra la COVID-19 el 27 de julio de 2021. La periodista relató que en cuanto una funcionaria se percató de que estaba grabando en ese momento, «se abalanzó sobre ella y la jaló del brazo para que desistiera», según Article 19.

Reunión pacífica

En julio de 2021, familias de niños con cáncer, personal hospitalario, personas que viven con el VIH/ SIDA, supervivientes de cáncer y otras grupos se manifestaron por la escasez de medicamentos en México. Estos colectivos afirman que el Gobierno federal no ha suministrado a los hospitales públicos suficientes medicamentos para los tratamientos oncológicos en niños, ni antirretrovirales, entre otros. El personal sanitario de un hospital de la ciudad de Oaxaca se manifestó el 14 de julio de 2021 contra el hacinamiento en el establecimiento y contra la escasez de medicamentos y suministros. Miles de personas se manifestaron el 25 de julio de 2021 en Ciudad de México bajo el lema «Quimios sí». A finales de junio de 2021, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell afirmó, sin pruebas, que los grupos que criticaban al Gobierno por la escasez de medicamentos oncológicos tenían vínculos con grupos internacionales de derecha.

El 26 de junio de 2021, un centenar de habitantes de Reynosa, Tamaulipas, se manifestaron contra una ola de violencia que dejó más de una docena de muertos en los municipios aledaños. Los manifestantes pidieron la intervención de las autoridades y corearon varias consignas, entre ellas «Queremos paz» y «Reynosa merece vivir tranquila». Al día siguiente de la marcha, las autoridades anunciaron la detención de ocho sospechosos que estarían implicados en actos violentos. Sin embargo, uno de los organizadores de la movilización afirmó que no coordinaría otros actos de protesta en el futuro después de haber recibido llamadas amenazantes y de haber sufrido una agresión.

El 6 de julio de 2021, la policía disolvió una manifestación de los recogedores de residuos de una empresa privada en Cancún, Quintana Roo. Los manifestantes protestaban por la rescisión del contrato del municipio con la empresa Intelligencia México y exigieron que el gobierno local salde una presunta deuda con la empresa, la cual ha provocado un retraso en el pago de sus salarios. La policía usó gases lacrimógenos para reprimir la manifestación. Las autoridades locales afirmaron que los agentes antidisturbios intervinieron después de haber intentado negociar con los manifestantes, los cuales se sirvieron de camiones dedicados a la recogida de residuos para bloquear una céntrica avenida durante ocho horas. También afirmaron que los manifestantes habían empezado a arremeter con palos y piedras contra la policía y que estaban armados con cócteles molotov. El enfrentamiento se saldó con la detención de ocho manifestantes.

El 11 de julio de 2021, más de trescientas personas se manifestaron en Nogales, Sonora, después de que las autoridades detuvieran a un sospechoso del asesinato de Leicy Celina, una joven de 15 años. Vestidos de negro y morado, el color del movimiento feminista mexicano, los manifestantes pidieron justicia y mostraron pancartas en las que se podía leer: «Ni una menos» y «Somos la voz de las que ya no están». La madre de la víctima encabezó el cortejo portando una foto de su hija en la que pedía justicia para Leicy. Asimismo, en julio de 2021 también se organizaron varias marchas para exigir justicia para las víctimas de la violencia de género en Amecameca, Estado de México, y en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 2 de agosto de 2021, trabajadores del sector energético cerca de Ciudad de México bloquearon los accesos a los depósitos de gas para protestar contra los controles de precios del gas impuestos por el Gobierno. Los medios de comunicación informaron que algunos manifestantes habrían vandalizado pequeños camiones de gas para hacer respetar la huelga. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, que representa a los dueños de los parques de tanques, afirmó que «se distancia de las acciones de grupos de independientes que trabajan a comisión, que carecen de permisos de distribución y que están bloqueando plantas, impidiéndonos salir y trabajar para abastecer hogares y comercios que necesitan gas». El 11 de agosto de 2021 se llevó a cabo otra manifestación; sin embargo la policía impidió que los trabajadores llegaran a la plaza del Zócalo, en el centro de Ciudad de México.