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La reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública supondrá un retroceso para la transparencia

Pancarta de una manifestación contra la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, 20 de julio de 2021. Foto: APHOTOGRAFIA/ Getty Images.

Expresión

Nuevas restricciones al acceso a la información

El Gobierno de Nayib Bukele presentó el 7 de julio de 2021 un proyecto de ley que menoscabará la Ley de Acceso a la Información Pública y socavará la transparencia gubernamental. Las organizaciones de la sociedad civil arguyeron que la propuesta alargará el plazo para responder a las solicitudes de información, convertirá en información reservada las declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados públicos, y facilitará la restricción de información oficiosa, como listas de asesores y sus salarios, datos sobre los viajes de funcionarios, entre otros. Este proyecto de ley también ampliaría los poderes discrecionales del Gobierno sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Organizaciones salvadoreñas como el centro jurídico FESPAD, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) rechazaron la reforma. Según la APES, las autoridades competentes no consultaron con la sociedad civil estas modificaciones, las cuales suponen un retroceso para el fomento de la transparencia y de la rendición de cuentas en El Salvador.

Otros sucesos

El 6 de julio de 2021, las autoridades de inmigración notificaron al periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del portal de noticias independiente salvadoreño El Faro, que se le había denegado el permiso de trabajo «por no haber podido demostrar que es periodista». Según Lizárraga, durante una entrevista para obtener dicho permiso, los funcionarios allí presentes le preguntaron si tenía previsto informar sobre el acontecer político en El Salvador. El periodista relató que no pudo acudir a una segunda entrevista porque estaba en cuarentena después de que su abogado hubiera estado expuesto a la COVID-19, pero que informó de la situación a las autoridades. Lizárraga regresó a México el 8 de julio de 2021, en cumplimiento de las leyes migratorias salvadoreñas.

Por otra parte, el 18 de junio de 2021 efectivos de las fuerzas de seguridad aparcaron frente al domicilio de la periodista Angélica Cárcamo, sin duda con el fin de intimidarla. Cárcamo preside la asociación de periodistas APES. Según IM-Defensoras, el seguimiento policial ejemplifica el acoso institucional al que se enfrentan los periodistas independientes salvadoreños por informar sobre las actuaciones de las autoridades.

En junio de 2021, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el programa TrustLaw de la Fundación Thomson Reuters publicaron un informe sobre las repercusiones de las medidas para combatir la COVID-19 en la libertad de los medios de comunicación en América Latina. Ambas organizaciones compararon las medidas de emergencia de cinco países de la región donde se había restringido la capacidad de los medios de comunicación para acceder a la información y para informar libremente, a saber: Bolivia, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Perú. Entre los países analizados, fue en El Salvador y en Brasil donde se documentaron los ejemplos más preocupantes del uso indebido de las medidas de emergencia, ya que, según las organizaciones, la pandemia sirvió de excusa a los líderes con inclinaciones autoritarias para restringir aún más el acceso a la información oficial, para protegerse de las críticas y para evitar preguntas.

En El Salvador, el Gobierno del presidente Bukele canalizó la información a través de unas pocas fuentes privilegiadas y difundió actualizaciones oficiales únicamente mediante la secretaría de prensa de la Presidencia o de la cuenta de Twitter del presidente. El Gobierno salvadoreño también redujo las actividades de las entidades gubernamentales encargadas de garantizar la transparencia y de responder a las solicitudes de información de la población, y cortó el acceso a fuentes de datos esenciales sobre cuestiones de interés público.

Asociación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó en las redes sociales la ausencia del Estado salvadoreño durante una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en el país que se celebró el 30 de junio de 2021. Durante dicho evento, los representantes de la sociedad civil denunciaron importantes restricciones impuestas a las instituciones democráticas, a los derechos humanos y a la independencia judicial. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que la ausencia de representantes del Estado durante la audiencia demuestra la intolerancia del Gobierno actual al escrutinio público y a la rendición de cuentas.

El 8 de julio de 2021, tres organizaciones de la sociedad civil publicaron un informe especial sobre los ataques contra los defensores de los derechos humanos en El Salvador durante la pandemia de COVID-19. El documento fue elaborado por la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la organización para la promoción de la paz Servicio Social Pasionista y la asociación de periodistas APES.

Su análisis reveló que una serie de medidas de emergencia obstaculizaron el trabajo de los militantes y periodistas sobre el terreno, agravando así la situación de los derechos humanos en el país. El informe muestra que las mujeres fueron las más afectadas por las medidas autoritarias, de hecho, se produjo un aumento del número de agresiones y se intensificaron las campañas de difamación contra las defensoras de los derechos humanos y las periodistas. La mayoría de los ataques se produjeron en internet y fueron obra de funcionarios públicos.

Reunión pacífica

Un pequeño grupo de personas se manifestó el 20 de julio de 2021 contra la adopción del Bitcoin, una criptomoneda, como moneda de curso legal en El Salvador. Los manifestantes pidieron a los legisladores que revocaran la "ley Bitcoin", aprobada sin consulta pública a principios de junio de 2021. Según una encuesta de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), más del 75 % de la población desaprueba la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.