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Preocupación entre organizaciones de derechos humanos por la parcialidad del sistema judicial

Manifestación contra la Ley de Emergencia Sanitaria y contra detenciones de la oposición. La Paz, 17 de marzo de 2021. Foto: Gastón Brito/ Getty Images.

Reunión pacífica

La detención de exlíderes gubernamentales desencadena manifestaciones

El 18 de febrero de 2021 el Asamblea boliviana aprobó el Decreto Presidencial N.º 4461 propuesto por el actual gobierno y que amnistía e indulta a las personas que fueron privadas de libertad durante la pasada crisis política. Esta legislación se vale de un lenguaje ambiguo para referirse a la "persecución política" del gobierno interino y habría beneficiado a más de mil simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). El decreto también indultó a ciertas categorías de detenidos en sucesos ajenos a la crisis, apresados en el marco de la lucha contra la pandemia de COVID-19, con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles.

El 13 de marzo de 2021 la expresidenta interina Jeanine Áñez fue detenida en Beni acusada de delitos de "terrorismo" y "sedición". Horas antes la Fiscalía boliviana había emitido varias órdenes de captura contra Áñez y otros miembros de su gobierno, a quienes acusa de haber participado en un golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Los grupos de oposición han calificado estas acciones de "persecución política", mientras que las actuales autoridades gubernamentales han argüido que fue la Fiscalía quien decidió estas detenciones de forma independiente. Los arrestos provocaron manifestaciones multitudinarias de grupos de la oposición en La Paz, Sucre, Santa Cruz y en otras ciudades. El 15 de marzo de 2021 decenas de miles de personas se unieron a una manifestación en la ciudad de Santa Cruz, en una de las regiones que más apoyaron al Gobierno interino.

Si bien las organizaciones de derechos humanos han denunciado la persecución de opositores durante el gobierno de Áñez y han pedido una investigación sobre los abusos perpetrados durante dicho período, también han cuestionado la motivación detrás de estas recientes detenciones. En declaraciones a The Guardian el fundador del Democracy Center enfocado en Bolivia Jim Shultz afirmó: "Estamos en un ciclo de represalias. Si usted está en un gobierno y el gobierno cambia, puede estar seguro de que le perseguirán".

Amnistía Internacional considera que estas detenciones parecen inscribirse en la continuación de un patrón de parcialidad en el sistema judicial boliviano, el cual contribuye a la impunidad de las violaciones de derechos humanos en el país. Aunque hay pruebas de las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral y a lo largo del Gobierno de Áñez, la organización destacó que también existen informaciones creíbles sobre violaciones perpetradas por miembros y aliados del MAS. Amnistía Internacional aseguró que en lugar de permitir que la justicia investigue todos estos hechos de forma imparcial, el actual gobierno del MAS se ha mostrado indulgente con las acciones de sus simpatizantes. Al respecto la directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara Rosas destacó la legislación aprobada recientemente:

"El Decreto Presidencial N.º 4461 viola de manera flagrante y múltiple las obligaciones de derecho internacional del Estado en materia de derechos humanos al ser una herramienta de amnistía con un claro sesgo ideológico que beneficia únicamente a aquellas personas que apoyan al Gobierno".

La organización hizo un llamado al Gobierno para que derogue el decreto y asuma compromisos creíbles con la verdad y la justicia por las violaciones de derechos humanos en Bolivia, así como con el debido proceso y la imparcialidad del sistema judicial. Otros grupos defensores de los derechos humanos como Human Rights Watch hicieron llamados similares. Las Naciones Unidas y autoridades de la Unión Europea expresaron su preocupación por estos hechos y pidieron que se respete el debido proceso en las causas contra Áñez y contra las autoridades del Gobierno anterior.

Manifestaciones del personal sanitario y marcha del Día Internacional de la Mujer

En febrero de 2021 los profesionales sanitarios protestaron contra la aprobación de la ley de emergencia sanitaria que, entre otras cosas, prohíbe la suspensión de los servicios sanitarios durante la pandemia de COVID-19 y permite emplear a personal médico formado en el extranjero. Los trabajadores denuncian que la primera disposición prohíbe las manifestaciones del sector sanitario y restringe sus derechos a la protesta social, los cuales se hayan protegidos por la Constitución. El Consejo Nacional de Salud (Conasa) convocó una huelga general a partir del 18 de febrero de 2021. El 23 de febrero de 2021 las fuerzas policiales usaron gases lacrimógenos para reprimir una manifestación del personal sanitario en La Paz. La huelga continuó y el 1 de marzo de 2021 se acordó prolongarla durante otros quince días.

Por otro lado, el 8 de marzo de 2021 grupos defensores de los derechos de las mujeres organizaron una marcha en La Paz y otras actividades durante el Día Internacional de la Mujer. La movilización de este año se centró en la exigencia de políticas para acabar con los feminicidios y con la violencia contra las mujeres. En un acto de protesta estudiantes de la Universidad Católica de Bolivia (UCB) denunciaron la impunidad en casos de violencia sexual en la universidad y relataron sus experiencias de acoso en el campus. Un grupo del colectivo Mujeres Creando se manifestó en las inmediaciones del antiguo palacio presidencial, pero las fuerzas policiales usaron gases lacrimógenos para dispersarlo.

Asociación

El 4 de febrero de 2021 la organización de la sociedad civil Mano Diversa, que defiende los derechos de las personas LGBTQI+, reveló que ha recibido ataques y amenazas diarias en las redes sociales por su labor. El mismo mes, el asesinato de la joven trans Alessandra Ferretti en Cochabamba llevó a las organizaciones LGBTQI+ a reclamar justicia y a reforzar su campaña para la aprobación de una legislación contra los delitos de odio en Bolivia.

Otros casos de feminicidio en Cochabamba también cobraron protagonismo durante los meses de febrero y marzo de 2021 a medida que las fuerzas policiales fueron anunciando el descubrimiento de los restos mortales de cuatro mujeres que habían desaparecido entre 2017 y 2020. El 5 de marzo de 2021, 150 organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado conjunto en el que destacaron que la violencia de género constituye una emergencia en la región y en Bolivia, donde, dicen, siete de cada diez mujeres señalan haber sufrido actos de violencia perpetrados por su pareja. De hecho, el país cuenta con la mayor tasa de feminicidios de Sudamérica y, a pesar de esto, los servicios de protección para las víctimas de la violencia no fueron considerados como "servicios esenciales" cuando se impusieron las restricciones para combatir la pandemia de COVID-19.

Expresión

El 19 de enero de 2021 la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) publicó un comunicado en el que pidió al Gobierno que respete el derecho a la información de la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19 y que proteja la salud de los profesionales de la prensa, así como la de otros trabajadores. Al respecto, la ANP expresó su preocupación por la cantidad de muertes entre los periodistas y solicitó la aplicación de protocolos sanitarios para que la prensa pueda continuar con su labor de forma segura. La organización también solicitó que las autoridades suspendan los eventos prescindibles y empleen tecnologías como las videoconferencias siempre que sea posible. No obstante, también destacaron que el uso de estas herramientas no debe servir de excusa para limitar la participación de la prensa y para eludir las preguntas de los periodistas durante dichas conferencias.

Por otro lado, el 9 de febrero de 2021 68 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno que garantice la participación del sector en la redacción del proyecto de ley para el acceso a la información pública anunciado por el ministro de Justicia a principios de mes. Las organizaciones destacaron que si bien la Constitución boliviana reconoce el derecho al acceso a la información, Bolivia es uno de los tres países de Latinoamérica que carecen de una legislación que garantice el ejercicio de este derecho. También solicitaron que se celebre una audiencia pública sobre el proyecto de ley y que se les permita participar de forma significativa en su redacción.