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Un mes de enero mortal en Colombia

Instalación de protesta contra las masacres de líderes sociales y juveniles el 1 septiembre de 2020. Guillermo Legaria/ Getty Images.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que enero de 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano en 2016. La JEP afirmó que en solo un mes han sido asesinados catorce líderes sociales. Por su parte el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló el asesinato de diecinueve líderes sociales en el mismo período.

También se perpetraron seis masacres que dejaron veinte muertos y cinco excombatientes de las FARC fueron asesinados. La mayoría de las masacres se produjeron en áreas rurales y pueblos, y en muchos casos su objetivo eran los jóvenes.

Asociación

El primer homicidio de un líder social en enero de 2021 tuvo lugar el primer día del año cuando fue asesinado Gerardo León, un miembro del sindicato de educadores FECODE, en Meta. Días después fue hallado en Casanare el cuerpo sin vida del docente y sindicalista Diego Betancourt Higuera. A lo largo del mes se sucedieron los asesinatos de activistas comunitarios y miembros de consejos comunales como Edwin Antonio Indaburo, José Robinson Quino, William Rodríguez Martínez, Janeth Zapata, Fermiliano Meneses, Giovanis Carranza Castillo, Arcenio Quinayas Ruiz y Miguel Uribe.

A principios de enero fue asesinado en el Valle del Cauca el activista medioambiental y coordinador de ProAves Loros Andinos Gonzalo Cardona Molina, conocido por su trabajo con aves en peligro de extinción. En un restaurante de Córdoba dos hombres no identificados asesinaron al líder de la comunidad afrocolombiana y practicante de la cultura tradicional de Palenque Fredman Herazo Padilla. En Cali fue asesinado el activista juvenil Julián Esneider Muñoz, miembro del grupo Prisioneros de la esperanza, el cual usa la música para alejar a los jóvenes de la delincuencia y de las drogas. También fueron asesinados en diferentes zonas de Antioquia los líderes campesinos Alfredo García y Linda Díaz Romero.

Este enero desolador estuvo precedió de un año particularmente violento en Colombia. Según Indepaz, en 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales y 64 excombatientes, y se produjeron 91 masacres que dejaron 381 víctimas en el país. Una evaluación internacional de Frontline Defenders documentó el asesinato de 177 personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, una cifra que corresponde al 53 % de todos los asesinatos de personas defensoras documentados en todo el mundo por la organización durante ese año. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia , 28 509 personas de 8 192 familias fueron desplazadas por la fuerza y confinadas en 2020 debido a la violencia relacionada con el conflicto armado.

Amenazan a un activista medioambiental de once años

El 16 de enero de 2021 Francisco Vera, de once años, recibió una amenaza de muerte enviada desde una cuenta anónima de Twitter después de publicar un video en el que instó al gobierno a mejorar las conexiones a Internet para los niños que estudian en línea. Francisco es conocido por su militancia medioambiental, ya que fundó el grupo medioambientalista infantil Guardianes por la vida, el cual organiza diversas actividades, como plantar árboles, marchas climáticas y una campaña para prohibir los plásticos de un solo uso. El grupo nació en 2019 con seis amigos de su escuela en Villeta, la ciudad natal de Francisco, y hoy cuenta con más de doscientos miembros en once provincias de Colombia.

Tras la amenaza la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet envió una carta a Francisco en la que lo felicitó por su valentía y militancia. En declaraciones a la BBC Francisco dijo: "Me crie en la montaña con patos, gallinas, cabras y pájaros. Eso me motivó a ser un defensor de los derechos de los animales y luego un activista por el medioambiente". Las autoridades gubernamentales comunicaron que están investigando las amenazas que recibió.

Informes sobre Colombia

En octubre de 2020 Amnistía Internacional publicó un informe en el que examinó los motivos detrás de la violencia contra los líderes comunitarios que viven en zonas geográficas estratégicas y ricas en recursos naturales en Colombia. Según dicho informe, la COVID-19 expuso a las personas defensoras de los derechos humanos a un riesgo aún mayor. Durante la pandemia, las autoridades redujeron los mecanismos de protección de los que disfrutaban algunas personas defensoras y autorizaron actividades que pusieron a las comunidades en un mayor riesgo, como la extracción de recursos naturales, operaciones policiales y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

En el informe se analizan los casos de cuatro comunidades especialmente en riesgo por su defensa de la tierra, del territorio y del medioambiente. Amnistía Internacional afirmó que las instituciones y los programas de protección de Colombia están plagados de problemas que comprometen su eficacia. Erika Guevara-Rosas, directora de la organización para las Américas, afirmó:

"Aunque Colombia cuente en teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, no son efectivos porque las autoridades rehúsan actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras."

En diciembre de 2020 la relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos Mary Lawlor expresó en un informe internacional que desde 2015 América Latina ha sido de forma ininterrumpida la región que ha registrado el mayor número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó 1 323 asesinatos de personas defensoras entre 2015 y 2019, de los cuales 397 fueron perpetrados en Colombia. El número de asesinatos en el país duplicó los casos registrados en Brasil (174), el segundo país más mortífero para los defensores de los derechos humanos durante dicho período.

En febrero de 2021 Human Rights Watch (HRW) publicó un informe titulado "Líderes desprotegidos y comunidades indefensas" sobre los asesinatos de persoans defensoras de los derechos humanos a manos de grupos armados en Colombia. Esta publicación documenta los asesinatos de personas defensoras en el país a lo largo de cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos del Gobierno para evitarlos, para proteger a las personas defensoras y para lograr que los responsables rindan cuentas. HRW afirma que el Gobierno ha tardado en aplicar políticas para cambiar la situación. En muchos casos tanto las autoridades locales como nacionales no lograron implementar por completo los programas ni atribuyeron las partidas presupuestarias necesarias para dichas iniciativas.

Verdad y justicia

El 28 de enero de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia anunció su primera decisión importante cuando acusó a ocho altos líderes de las FARC de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. El presidente del Tribunal Eduardo Cifuentes afirmó que "puede que esta sea la primera vez en la historia en que un grupo armado hace las paces, abandona las armas, se somete a una jurisdicción y, dentro de esta jurisdicción y mediante sus propias cuentas, contribuye a la búsqueda de la verdad". Se trata de la primera acusación que efectúa el Tribunal en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.

Por otro lado, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un organismo liderado por la sociedad civil, celebrará una sesión en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo de 2021. El objetivo de esta sesión será dilucidar si el Estado colombiano es responsable de genocidio político, de la impunidad y de crímenes contra la paz. A lo largo de este período el tribunal diez jurados escuchará a organizaciones sociales, políticas, étnicas, de víctimas y de derechos humanos colombianas. Si bien las decisiones del TPP carecen de consecuencias judiciales para los acusados (Estados o empresas), promueven el respeto de los derechos humanos al examinar casos de violaciones graves y sistemáticas, al evidenciar la persistencia de delitos graves y al destacar las carencias y los límites del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Reunión pacífica

El 21 de septiembre de 2020 miles de trabajadores, docentes, estudiantes y de personas indígenas y afrodescendientes participaron en un paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque. Los manifestantes mostraron su rechazo contra el aumento del desempleo, la represión policial, el aumento de las masacres, los constantes asesinatos de líderes sociales y las acciones de los grupos armados, entre otros.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, un organismo compuesto por varias organizaciones sociales y sindicatos, convocó otro paro nacional el 19 de noviembre de 2020. Durante dicha movilización se llevaron a cabo varias jornadas de acciones de protesta contra las políticas sociales y económicas del Gobierno de Duque, así como contra el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y contra la violencia policial. Se organizaron manifestaciones pacíficas en Bogotá, en las comunidades rurales de Catatumbo y en otras ciudades como Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Valledupar y Villavicencio, entre otras.

Por otro lado, el 22 de septiembre de 2020 la Sala Civil de la Corte Suprema ordenó al Gobierno colombiano actuar para garantizar el derecho de la ciudadanía a la libertad de reunión, a la luz del uso reiterado de una fuerza excesiva contra los manifestantes. Esta decisión responde a una solicitud de tutela presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos sobre violaciones al derecho a la protesta que se produjeron durante las manifestaciones multitudinarias de noviembre de 2019. La Corte determinó que "existió —y puede seguir existiendo— una reiterada y constante agresión desproporcionada de la fuerza pública contra quienes, de manera pacífica, se manifestaron" y contra los periodistas que cubrieron las manifestaciones.

En su fallo la Corte ordenó al Gobierno disculparse por los excesos de las fuerzas de seguridad del Estado, en particular los del escuadrón antidisturbios ESMAD, y crear una mesa de trabajo para reestructurar las directrices y la reglamentación sobre uso de la fuerza durante las manifestaciones. La Corte también ordenó la creación de protocolos para hacer un seguimiento del uso de la fuerza y para facilitar que los particulares y las organizaciones de los derechos humanos realicen verificaciones y acompañen a los manifestantes detenidos. Finalmente, en dicho fallo la Corte ordenó a la seguridad del Estado suspender el uso de escopetas de calibre doce durante las protestas, una solicitud que ya había formulado la Procuraduría General tras el asesinato del joven manifestante Dylan Cruz en noviembre de 2019.

Expresión

Asesinan a un periodista en Cali

El 21 de diciembre de 2020 el periodista Andrés Felipe Guevara y un amigo fueron blanco de varios disparos frente al domicilio del reportero en Cali, Valle del Cauca. Guevara recibió al menos cuatro impactos de bala y falleció dos días después. Su acompañante resultó herido. El periodista cubría la crónica roja para Q'hubo Cali. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Guevara había recibido numerosas amenazas de una banda local por su cobertura de los homicidios en la región. En 2017 Guevara presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General por otro tiroteo contra su domicilio y se mudó temporalmente a un pueblo cercano porque temía por su seguridad. Según información publicada en la prensa, el 6 de enero de 2021 la policía detuvo al presunto autor del asesinato, al parecer se trata de un caleño de 16 años.

Empleado de un canal de televisión huye del país en medio de amenazas

El 16 de noviembre de 2020 el camarógrafo del canal Caracol TV Arlex Piedrahita huyó a Estados Unidos con su familia tras recibir una amenaza de muerte y otros mensajes amenazantes de individuos que afirmaban pertenecer a las FARC. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, a principios de noviembre de 2019 otros dos periodistas del mismo grupo mediático decidieron marcharse de Colombia después de recibir continuas intimidaciones y amenazas. La coordinadora del programa del CPJ en Centroamérica y Sudamérica Natalie Southwick comentó al respecto:

"Si los trabajadores de prensa amenazados, como Arlex Piedrahita y sus compañeros, sienten que abandonar el país es la única opción para estar a salvo, entonces los programas de protección de periodistas de Colombia necesitan una reforma a fondo."

Conceden medidas cautelares a un periodista

Como hecho positivo cabe señalar que el 14 de enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al periodista de investigación colombiano Ricardo Calderón Villegas y urgió a las autoridades colombianas a tomar medidas inmediatas para garantizar su seguridad. En su resolución la organización determinó que Calderón se enfrenta a un "peligro grave e inminente" debido a las amenazas, el acoso y la vigilancia del ejército colombiano y de otros grupos. El periodista ha publicado una serie de reportajes sobre presuntos casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos perpetrados por el ejército colombiano. La decisión de la Comisión respondió así a una solicitud presentada por el CPJ y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en nombre de Calderón y de otros periodistas colombianos en marzo de 2020.