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El Gobierno rompe el diálogo con los manifestantes y usa las restricciones sanitarias para acosar

El Gobierno rompe el diálogo con los manifestantes y usa las restricciones sanitarias para acosar
La Habana durante la pandemia, 8 de junio de 2020. Foto: REUTERS/ Alexandre Meneghini vía Gallo Images.

Reunión pacífica

Tal y como ya informamos en el CIVICUS Monitor, la detención del músico Denis Solís González en noviembre de 2020 condujo a la movilización de artistas y activistas del Movimiento San Isidro para su puesta en libertad. El 26 de noviembre de 2020 las autoridades cubanas irrumpieron en la sede del movimiento y detuvieron a catorce activistas que llevaban varios días en huelga de hambre. Para justificar la redada las autoridades pretextaron que uno de los activistas estaba acusado de incumplir la normativa contra la COVID-19. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad esa misma noche.

El 27 de noviembre de 2020 más de doscientas personas se reunieron frente al Ministerio de Cultura para protestar por la violenta redada y la represión de los artistas del Movimiento San Isidro. Los manifestantes exigieron la liberación de Solís y exhortaron al gobierno a iniciar un diálogo con el movimiento artivista. Según Reuters, la manifestación no concluyó sino hasta después de que varias autoridades se reunieran con treinta manifestantes y aceptaran proseguir el diálogo y examinar urgentemente el caso de Solís. Sin embargo, las autoridades rompieron su promesa de diálogo poco después.

En Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que la manifestación había sido promovida por "imperialistas", al mismo tiempo que medios de comunicación oficiales comenzaron a publicar artículos que desacreditaban a los manifestantes. El observatorio de Internet NetBlocks comunicó que entre el 27 y el 29 de noviembre de 2020 se registraron interrupciones en las redes sociales y en los servicios de mensajería en Cuba. El 29 de noviembre de 2020 el gobierno organizó un mitin oficialista en repudio al Movimiento San Isidro. El 4 de diciembre de 2020 medios de comunicación internacionales informaron que el gobierno había dado por concluidas las "conversaciones" alegando que los manifestantes habían establecido condiciones inaceptables.

Durante las semanas siguientes continuó la campaña de difamación y vigilancia del Movimiento San Isidro. Manifestantes destacados y aquellos que habían participado en la reunión con el gobierno fueron puestos bajo arresto domiciliario. El 15 de diciembre de 2020 Amnistía Internacional informó que el gobierno cubano había acosado y vigilado a al menos once miembros del Movimiento San Isidro, a sus aliados y a los periodistas que cubrieron sus manifestaciones y su huelga de hambre. La organización de derechos humanos analizó pruebas fotográficas y de vídeo que muestran a patrulleras policiales aparcadas cerca de los domicilios de los activistas, así como a presuntos policías vestidos de civil que los vigilan.

Por otro lado, el 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, las personas defensoras de los derechos humanos y los críticos del gobierno denunciaron haber sufrido actos de acoso por parte de la policía en Cuba. Los activistas de las Damas de Blanco Berta Soler y Ángel Moya fueron detenidos cerca de la sede de la organización. Soler fue puesta en libertad el mismo día, mientras que Moya permaneció detenido hasta el 11 de diciembre de 2020. Al menos tres defensores habrían sido detenidos en la provincia de Matanzas y otros habrían sido acosados por agentes de policía.

Asociación

A principios de diciembre de 2020 Human Rights Watch (HRW) informó que el gobierno cubano estaba utilizando las restricciones para prevenir la COVID-19 para acosar y detener a los disidentes. Como detallamos más arriba, el 26 de noviembre de 2020 la policía cubana detuvo a catorce miembros del Movimiento San Isidro en La Habana alegando que uno de ellos había violado las disposiciones sanitarias y de seguridad al negarse a realizarse una segunda prueba para la COVID‑19. Según la organización, estas detenciones se produjeron tras una serie de casos en los que agentes de seguridad y fiscales persiguieron a disidentes y activistas utilizando la COVID-19 como pretexto y acusándolos de "propagar una epidemia", un delito que se castiga con penas de hasta nueve meses de prisión. HRW documentó 34 casos —que tuvieron lugar entre abril y noviembre de 2020— en los que las autoridades invocaron normativas relacionadas con la pandemia para perseguir a periodistas, activistas y disidentes. Además, en estos casos las autoridades cubanas tampoco habrían respetado las debidas garantías procesales.

El 31 de diciembre de 2020 la directora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) Yaxys Cires afirmó ante los medios de comunicación que el año estuvo marcado por la represión. Según los datos de la organización, se produjeron unas 2 000 detenciones arbitrarias, 1 500 arrestos domiciliarios, 126 personas fueron detenidas por motivos políticos y hubo varias denuncias por brutalidad policial. Cires relató que durante el 2020 la represión no se limitó a la oposición política y se extendió a otras áreas de la sociedad civil, como el sector cultural y del periodismo independiente.

Expresión

El 29 de diciembre de 2020 el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) advirtió sobre la criminalización del periodismo independiente. Según esta organización, el gobierno de Díaz Canel ha intensificado la violencia y la criminalización de activistas y periodistas independientes mediante el uso de los medios de comunicación oficiales para desacreditarlos. Además, la organización también advirtió de que los medios de comunicación oficiales pusieron a varios periodistas independientes y medios de comunicación en la diana por supuestamente recibir financiación del extranjero. Entre dichos medios de comunicación se encuentran CiberCuba, Diario de Cuba, Cubanet, El Estornudo, ADN Cuba, Periodismo de Barrios y El Toque; muchos de los cuales están bloqueados en Cuba.