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Continúa la polarización tras las elecciones presidenciales en Bolivia

Continúa la polarización tras las elecciones presidenciales en Bolivia
Los bolivianos votaron el 18 de octubre tras un aplazamiento por la pandemia de COVID-19. Foto: Joao Castellano/ Getty Image

Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue elegido como presidente de Bolivia el 18 de octubre de 2020. La elección, que se había pospuesto dos veces durante la pandemia, se desarrolló de forma pacífica en la mayoría de los casos, a pesar de la profunda polarización del país. Arce, quien fue ministro de Finanzas durante el mandato del expresidente Evo Morales, asumió el cargo el 8 de noviembre de 2020.

A pesar de la transición pacífica del poder, las personas defensoras de los derechos humanos y los y las periodistas siguen enfrentándose a actos de intimidación y a agresiones en un clima marcado por una mayor intolerancia y polarización.

Asociación

En noviembre de 2020 la organización de la sociedad civil Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) publicó su primer boletín sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Bolivia. En ese informe la organización destacó varios casos de intimidación y de agresiones contra personas defensoras en octubre y noviembre de 2020.

La empresa de hidrocarburos YPFB Chaco intentó criminalizar a cinco personas defensoras del medioambiente del Parque Aguaragüe. Según el informe de UNITAS, la empresa emprendió acciones legales contra los defensores después de que estos denunciaran ante las autoridades locales que YPFB Chaco no había cumplido con los requisitos de consulta previa a las comunidades afectadas. Un caso similar se produjo en una comunidad indígena leco en Santa Rosa de Cadima, municipio de Guanay, donde organizaciones vinculadas a los intereses mineros han intentado criminalizar a los líderes indígenas. Dos defensores leco fueron detenidos.

A fines de octubre de 2020 UNITAS también alertó de la difusión en Internet de listas con los nombres de personas defensoras de los derechos humanos y de periodistas considerados como críticos con el MAS. En una de las páginas de Facebook que publicaron una de esas listas se afirmaba que contenía nombres de "personas de derecha que deben ser juzgadas y linchadas por la sociedad". Organizaciones de prensa como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz condenaron estas "listas de odio" y afirmaron que violan la libertad de expresión y el acceso a la información.

Por otro lado, después de las elecciones presidenciales Waldo y Franco Albarracín denunciaron haber recibido varias amenazas de muerte de desconocidos por teléfono y en sus redes sociales. Como ya señalamos en el CIVICUS Monitor, la casa de Waldo Albarracín fue saqueada e incendiada con su familia dentro durante el apogeo de la crisis política de noviembre de 2019. En videos y mensajes publicados en las redes sociales en el marco de una reciente campaña de difamación se acusó a Waldo de participar en un golpe de Estado contra el gobierno de Morales y se afirmó que él mismo había planeado el incendio de su vivienda. El 30 de octubre de 2020 Amnistía Internacional solicitó al gobierno que proporcionara medidas de protección para la familia Albarracín.

Reunión pacífica

El 28 de octubre de 2020 el movimiento social Ríos de Pie organizó una sentada de protesta frente a la Asamblea Legislativa en La Paz contra una propuesta legislativa que eliminará la necesidad de una mayoría de dos tercios de la Asamblea para la aprobación de legislación de gran importancia. Las manifestantes afirmaron que estaban manifestándose de forma pacífica cuando grupos de simpatizantes del MAS comenzaron a increparlas y la policía intervino para dispersarlas.

El 16 de noviembre de 2020 el ministro de Justicia Iván Lima anunció que cinco expertos en derechos humanos y Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), viajarían a Bolivia para investigar la represión de las manifestaciones en Sacaba y Senkata en 2019. Lima aseguró que la comunidad internacional podrá investigar, evaluar y emitir un informe sobre lo sucedido durante la crisis postelectoral de 2019, pero que será la justicia boliviana quien tenga la última palabra. En un informe preliminar la CIDH señaló que existen serios indicios de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales en Sacaba, Cochabamba, Senkata y La Paz.

Expresión

El 16 de noviembre de 2020 la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP-Bolivia) informó que quince periodistas de Cochabamba fueron objeto de amenazas e insultos de manifestantes que protestaban contra los resultados de las elecciones generales de octubre de 2020. La mayoría de los manifestantes pertenecían a los grupos juveniles Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y Resistencia Juvenil de Quillacollo (RJQ), ambos involucrados en actos de acoso y de violencia contra manifestantes partidarios del MAS. Algunos fotoperiodistas relataron que los obligaron a borrar fotos y videos que habían grabado durante las manifestaciones. El 30 de octubre de 2020 un grupo de cinco periodistas de Opinión, Red Uno y Los Tiempos afirmó estar rodeado por un grupo hostil que los empujaba e insultaba.

En noviembre de 2020 ANP-Bolivia también denunció varios casos de periodistas agredidos física y verbalmente por grupos de manifestantes en Santa Cruz de la Sierra y en Montero, departamento de Santa Cruz. Las mujeres que se manifestaban en Santa Cruz de la Sierra habrían rociado con gas pimienta a la periodista de Noticias Primera Línea Magdalena Guzmán Cuéllar mientras cubría una elección local.

El 25 de noviembre de 2020 la periodista Casimira Lema fue acosada durante una audiencia con investigadores de la CIDH sobre los actos de intimidación que padeció durante el conflicto postelectoral de 2019. La casa de Lema fue incendiada, el automóvil de su familia resultó dañado y ella se tuvo que enfrentar a los actos intimidatorios de los atacantes, quienes afirmaron querer quemarla viva. "Es un trabajo de toda la vida que se ha visto en minutos destrozado. Nosotros, como familia, también tenemos una herida muy grande. Mis hijos son jóvenes y hasta el día de hoy tienen temor al saber que en algún momento podrían volver a su casa", afirmó durante su testimonio. En un video grabado durante la sesión se puede ver a varias personas presentes proferir insultos contra la periodista mientras esta intenta hablar. La periodista decidió abandonar su labor periodística debido a estos episodios de acoso.