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Manifestaciones contra las medidas anti-COVID-19 durante la segunda ola

Manifestaciones contra las medidas anti-COVID-19 durante la segunda ola
Las nuevas medidas contra la COVID-19 han provocado numerosas manifestaciones. Foto: Carlos Gil Andreu/ Getty Images.

Antecedentes

El 29 de octubre de 2020 el primer ministro Pedro Sánchez prorrogó el estado de alarma hasta mayo de 2021con el apoyo del Parlamento; una medida que debería contribuir a un mejor control de la segunda ola de la pandemia de COVID - 19 por parte de las autoridades.

Al mismo tiempo Sánchez también acordó comparecer ante el Parlamento cada dos meses para informar sobre el estado de la pandemia y sobre su gestión. El estado de alarma puede durar hasta seis meses según el artículo 116 de la Constitución española, introduce medidas como la limitación de la circulación nocturna y restricciones al número de personas autorizadas a reunirse, y deja vía libre a las comunidades autónomas para la aplicación de restricciones adicionales. Durante la primera semana de noviembre de 2020 se produjo una disminución en el número de nuevos casos; sin embargo, la presión sobre el sistema sanitario sigue siendo crítica, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de camas y de unidades de cuidados intensivos ocupadas por pacientes con COVID-19.

Reunión pacífica

Durante la segunda ola de la pandemia estallaron en toda Europa varias manifestaciones contra las medidas anti-COVID-19. En España se produjeron manifestaciones en varias grandes ciudades, como Madrid, Barcelona y Valencia tras el anuncio de medidas más duras. Estas manifestaciones se volvieron violentas y, en algunos casos, condujeron a la detención de manifestantes.

Ambos extremos del espectro político han sido señalados como responsables de que las manifestaciones se volvieran violentas. Si bien algunos culpan a la extrema derecha y a los partidarios de Vox que incitan a la violencia, otros argumentan que es la extrema izquierda la que está detrás de las manifestaciones violentas. Al respecto, Rights International Spain afirmó:

«Recordamos a las autoridades que las medidas que restringen derechos y que han sido adoptadas para combatir la COVID-19 deben ajustarse a las normas jurídicas internacionales. Deben perseguir un objetivo legítimo; ser legales, proporcionadas, necesarias y no ser discriminatorias. Tampoco han de socavar los derechos humanos ni el Estado de derecho».

Libertad de expresión

Impiden a periodistas informar de la llegada de refugiados

Varios periodistas señalaron que el Ministerio del Interior les ha impedido tomar fotos de la llegada de refugiados a las Islas Canarias y, por lo tanto, ha dificultado informar al público sobre los acontecimientos actuales. Por ejemplo el fotoperiodista Javier Bauluz, ganador del Premio Pulitzer en 1995, quien denunció al gobierno en las redes sociales por no querer que el mundo vea lo que les sucede a los migrantes que llegan a las Islas Canarias y por impedir que los reporteros hagan su trabajo con total libertad. Las Islas Canarias han experimentado recientemente una afluencia repentina de refugiados. El Ministerio del Interior no ha sido capaz de gestionar el aumento de las llegadas y esto ha conducido a que los inmigrantes permanezcan en campamentos precarios cerca del puerto.

Del mismo modo, otros fotoperiodistas como Emilio Morenatti, director editorial de Associated Press (AP) para España y Portugal, también denunciaron que se les impidió documentar con imágenes lo que ha sucedido en las Islas Canarias. Morenatti recibió información sobre la presencia de varias víctimas mortales a bordo de uno de los barcos que transportaban migrantes; sin embargo, las autoridades locales retrasaron la difusión de esta información y trasladaron el barco a un lugar apartado al que los periodistas no podían acceder. Morenatti relato lo siguiente a Reporteros Sin Fronteras (RSF):

«Llevábamos cerca de dos meses preparando el viaje; habíamos hablado con la delegación del Gobierno, con fuentes y contactos en la zona; lo teníamos todo preparado para hacer el mejor trabajo posible y para regresar con material gráfico de la mayor calidad para que el mundo sepa qué está sucediendo en la ruta canaria».

Condenan a miembros de un partido independentista

El 3 de noviembre de 2020 la Audiencia Nacional condenó a doce independentistas gallegos a un total de 98 años de prisión y a una multa de 324 000 euros. Los condenados pertenecen a los partidos independentistas Causa Galicia y Ceivar, ambos acusados de pertenencia a una organización criminal y de enaltecimiento del terrorismo.

El Diario informó que los hechos por los que se los acusa ocurrieron a plena luz del día y fueron denunciados de forma rutinaria ante las autoridades. Se trata de episodios que van desde la organización de recepciones públicas de expresos hasta concentraciones conmemorativas en el llamado Día de Galizia Combatende. Aunque sus actividades nunca fueron clandestinas, fueron tratados como delincuentes durante el juicio. Varias personas se presentaron en Santiago de Compostela con pancartas en las que se podía leer «Ni ilegalizaciones, ni encarcelamientos», mostrando así su solidaridad para con los imputados y expresando de esta manera que su condena constituiría una violación de la libertad de expresión y de la libre participación política.

Preocupación por la iniciativa contra los mensajes de odio

El 26 de octubre de 2020 la Comisión de Interior del Congreso aprobó la propuesta de Podemos para prohibir los mensajes de odio en las redes sociales. Esta iniciativa legislativa fue acogida con reticencias por los partidos de oposición, juristas y expertos en libertad de expresión. La propuesta obliga a las plataformas digitales a vigilar los mensajes de odio y las invita a censurar contenidos en línea. Para la aprobación de la propuesta se citó y usó como excusa el contexto polarizado de las redes sociales españolas durante la pandemia de COVID-19. Profesores de derecho consideran que el texto es «impreciso y demagógico» y destacan que esta proposición no de ley no aporta una definición de lo que constituye un discurso de odio. En declaraciones a CIVICUS Monitor, Rights International Spain afirmó:

«La única autoridad que debería determinar si una expresión constituye un discurso de odio y sus consecuencias es un juez, no una empresa privada. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe ajustarse a las estrictas pruebas de necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta los criterios y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Reporteros Sin Fronteras advirtió que la propuesta redactada de forma imprecisa podría representar una amenaza para la libertad de prensa. También alertó de la falta de concertación del gobierno con los organismos de control de los medios de comunicación y con otras OSC.

«Lamentamos el hecho de que un documento tan impreciso constituya la base de una iniciativa para combatir la desinformación. Condenamos en todo el mundo aquellas leyes que se supone deberían combatir las noticias falsas y que, en realidad, se han diseñado para erosionar la libertad de la prensa mediante una ambigüedad deliberada. Por eso pedimos al Gobierno español que revise todas las medidas de esta iniciativa con detenimiento y que reconsidere su poder para decidir qué es y qué no es desinformación. Estamos decididos a hacer un seguimiento de su aplicación», Alfonso Armada, presidente de RSF España.