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Manifestantes vuelven a las calles antes del referendo constitucional

Manifestantes vuelven a las calles antes del referendo constitucional
Manifestación en Santiago el 18 de octubre de 2020 para conmemorar un año de manifestaciones multitudinarias. Foto: M. Hdez.

Chile celebrará un plebiscito el 25 de octubre de 2020 para decidir si el país procederá a la redacción de una nueva constitución; una de las principales exigencias de las manifestaciones multitudinarias que se sucedieron desde a finales de 2019. Para muchos, este proceso supone la posibilidad de remplazar la actual constitución que se remonta al régimen militar del país y de establecer un nuevo pacto social basado en la dignidad humana y el pluralismo.

En esta votación inicial los chilenos también decidirán el formato de una eventual asamblea constituyente. De aprobarse el proceso constitucional se celebraría una segunda votación en abril de 2021 con el fin de elegir a los miembros de la comisión constituyente.

Reunión pacífica

El 4 de septiembre de 2020 unas 400 personas protestaron contra la desigualdad en la Plaza Dignidad de Santiago, epicentro de las manifestaciones multitudinarias de 2019. Fue la mayor manifestación desde que se empezaron a levantar las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19 a fines de agosto de 2020. Las fuerzas policiales intervinieron y utilizaron cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Al menos veinte personas fueron detenidas.

Días después, el 11 de septiembre de 2020, la población volvió a las calles para conmemorar el 47.º aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y que marcó el comienzo de diecisiete años de dictadura. Varios organizaciones convocaron marchas, vigilias y acciones directas para marcar la fecha y para honrar a las numerosas víctimas mortales y desaparecidas durante el gobierno militar. La Policía señaló que más de un centenar de personas fueron detenidas durante los enfrentamientos que se produjeron en diferentes zonas de Santiago y que al menos dos civiles y dieciséis policías resultaron heridos. En algunas zonas de la ciudad las fuerzas del orden utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

El 2 de octubre de 2020 la policía empleó una fuerza excesiva contra manifestantes antigubernamentales en Santiago. De hecho, la situación suscitó una gran indignación tras la difusión de un video en el cual se ve a un agente de policía tirar al río Mapocho a un manifestante desde un puente. La víctima, un manifestante de 16 años, habría resultado gravemente herida y habría sufrido múltiples fracturas y una conmoción cerebral. Al día siguiente se convocaron nuevas manifestaciones contra la brutalidad policial mientras que los políticos de la oposición exigieron la renuncia del director de Carabineros. El agente que tiró al joven manifestante al río fue detenido y acusado de homicidio frustrado.

El 12 de octubre de 2020 cientos de personas se unieron a la marcha de la Resistencia Mapuche en Santiago. La policía volvió a utilizar gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir a los manifestantes y se notificaron varios enfrentamientos con manifestantes en algunas zonas de la ciudad. A lo largo de agosto y de septiembre de 2020 se publicaron varias noticias sobre la represión policial de marchas mapuche en La Araucanía en el marco de un conflicto regional (véase Asociación).

En el primer aniversario de las manifestaciones que condujeron a miles de chilenos a ocupar las calles para exigir cambios, la población volvió a manifestarse para conmemorar dichos actos de protesta y para mostrar su apoyo a una nueva constitución. Aunque las manifestaciones del 18 de octubre de 2020 en las que participaron miles de manifestantes fueron en gran parte pacíficas y festivas en un principio, más tarde se vieron empañadas por actos de violencia y enfrentamientos con la policía. Se incendiaron dos iglesias, entre ellas una utilizada con frecuencia por Carabineros para ceremonias institucionales. Según informaciones publicadas en la prensa, 580 personas fueron detenidas en todo el país durante las manifestaciones; la mayoría fueron detenidas por desordenes, saqueos y por poner en peligro la salud pública.

Proyecto de ley para prohibir el uso de perdigones en el control de multitudes

El 3 de septiembre de 2020, el diputado Jorge Brito (Revolución Democrática) y otros parlamentarios de la oposición presentaron un proyecto de ley para prohibir el uso de perdigones y proyectiles de gas por parte de la policía durante el control de multitudes o el mantenimiento del "orden público". La propuesta legislativa fue desarrollada en colaboración con la Fundación Ojos de Chile, una organización de la sociedad civil que ofrece apoyo a las víctimas de traumatismos oculares. Rosario Soto, directora de la organización, declaró: "La evidencia científica sobre la composición y el daño producido por balines debe motivar la prohibición de este armamento como método de control de multitudes. El uso de estos proyectiles no está cumpliendo su propósito de evitar lesiones graves y fatales que conducen a la discapacidad visual y finalmente a la ceguera en un gran número de casos."

Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, durante la ola de manifestaciones en Chile en 2019 varios manifestantes perdieron total o parcialmente la visión tras el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, unas 460 personas sufrieron algún tipo de traumatismo ocular como resultado de una agresión durante las protestas.

El 21 de agosto de 2020 un expolicía fue "imputado por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas" y puesto en prisión preventiva después de ser identificado como el presunto autor de disparos que cegaron de forma permanente al manifestante Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019. "¿Por qué me dispararon? Por ejercer mi derecho a la protesta", sentenció Gatica en un artículo de opinión. "Me alegra que se haya avanzado. Ahora estoy a la espera de que la justicia haga su trabajo y de que también impute a los que enviaron a los Carabineros y a los que permiten que nos dispararen día tras día".

Amnistía Internacional presentó el 14 de octubre de 2020 un informe sobre la violencia policial durante las manifestaciones sociales chilenas de 2019 y reclamó una investigación para que se diluciden responsabilidades entre los altos mandos de Carabineros por las miles de violaciones que se documentaron durante dichas manifestaciones.

Asociación

Se intensifica el conflicto mapuche

El viejo conflicto que enfrenta a los indígenas mapuche y al Estado chileno en la región de La Araucanía, también denominada como Wallmapu por las comunidades mapuche, acabó por estallar en agosto de 2020. Nueve miembros de la comunidad mapuche que cumplían condena en la carcel de Angol, entre ellos el machi (líder espiritual) Celestino Córdova, comenzaron una huelga de hambre el 4 de mayo de 2020 para denunciar presuntas medidas abusivas y actos de discriminación que padecen en la cárcel. En un gesto de solidaridad, doce indígenas mapuches de la prisión de Lebu también comenzaron una huelga de hambre el 6 de julio de 2020 y otros siete indígenas mapuches de la prisión de Temuco se sumaron a esta iniciativa el 20 de julio de 2020.

Los miembros de las comunidades mapuches se movilizaron para ofrecer su apoyo cuando los medios de comunicación comenzaron a informar sobre el deterioro de la salud de Córdova, en julio de 2020 y tras más de dos meses de huelga de hambre. A fines de julio de 2020 grupos de líderes mapuches ocuparon edificios municipales en Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria.

El 1 de agosto de 2020, después de seis días de ocupación, grupos civiles extremistas de Curacautín armados con palos y piedras agredieron con gran violencia a miembros de la comunidad mapuche con el objetivo de obligarlos a abandonar los establecimientos gubernamentales. Durante los disturbios, residentes "antindígenas" quemaron y volcaron vehículos pertenecientes a los mapuches. Según los medios de comunicación, la noticia de los enfrentamientos en Curacautín se extendió rápidamente por la región y también se produjeron disturbios en otros municipios. En el municipio de Victoria se quemó un chemamull —una estatua mapuche— y una vecina denunció que varios habitantes hostiles golpearon salvajemente a los mapuches.

Algunas de estas acciones violentas habrían sido coordinadas presuntamente por el grupo de extrema derecha Asociación por la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA). De hecho su portavoz envió mensajes en los que incitaba a vecinos a actuar contra miembros de la comunidad mapuche.

El 3 de agosto de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó un comunicado en el que condenó los ataques contra el pueblo mapuche y exigió una adecuada investigación de los responsables. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión investigadora sobre la seguridad pública en La Araucanía.

El 4 de agosto de 2020 la policía de Temuco utilizó cañones de agua y camiones militares para dispersar una manifestación contra el racismo convocada por las comunidades mapuches. La policía intervino y reprimió varias manifestaciones mapuches a lo largo de agosto y septiembre de 2020, incluida una manifestación por los derechos de los niños mapuches.

Las tensiones continuaron en la región durante las semanas siguientes y se notificaron continuos actos de violencia asociados con el conflicto, como el incendio de camiones comerciales a manos de presuntos simpatizantes mapuches. El 27 de agosto de 2020 comenzó una semana de paro nacional convocada por los sindicatos de transportistas, quienes bloquearon carreteras en signo de protesta, así como para exigir que el gobierno tome medidas para garantizar su seguridad. Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionaron el trato especial del gobierno al paro de los transportistas, el cual se desarrolló sin que la policía interviniese, a diferencia de la constante represión de la que son objeto las manifestaciones mapuches o antigubernamentales.

Finalmente, después de 107 días, el líder espiritual mapuche Celestino Córdova puso fin a su huelga de hambre. El 18 de agosto de 2020 Córdova llegó a un acuerdo con el gobierno para mejorar las condiciones de los indígenas mapuches que se hallan privados de libertad. El 31 de agosto de 2020, la policía habría usado la fuerza para sacar de sus celdas a los doce indígenas mapuches que seguían en huelga de hambre y llevarlos a un hospital. Más tarde fueron trasladados a otro centro penitenciario.

Expresión

Criminalizan al colectivo feminista

La Policía Nacional de Chile presentó una querella contra la colectiva feminista LasTesis por presunta incitación a la violencia contra sus miembros. La querella se refiere a la letra de la canción titulada "1312", lanzada por LasTesis en mayo de 2020 junto con el grupo feminista de punk-rock ruso Pussy Riot. En dicha canción, ambas formaciones denuncian la violencia policial, así como la desigualdad crónica y el aumento de la violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19.

LasTesis es una colectiva artivista feminista con sede en Valparaíso, Chile, que ganó gran fama gracias a su performance "Un violador en tu camino" en la que denuncia la cultura de la violación. Como ya informamos en el CIVICUS Monitor, el texto de esta representación se convirtió en un himno de los movimientos feministas de todo el mundo en 2019. En su querella, la policía chilena alegó que las interpretaciones de la canción de LasTesis fueron en parte responsables de incitar a la alteración del orden público y de las agresiones contra los agentes del orden durante la ola de manifestaciones que vivió el país.

Organizaciones feministas iniciaron una campaña en apoyo de LasTesis y calificaron la querella de acto de intimidación y de censura artística. El 24 de agosto de 2020, expertos en derechos de la ONU solicitaron que Chile retire las imputaciones penales contra LasTesis y enfatizaron el papel del Estado en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos: "El Estado tiene la obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos. No debería procesarlos por ejercer su libertad de expresión y de reunión pacífica".