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Dos semanas de barricadas tras aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta octubre de 2020

Dos semanas de barricadas tras aplazamiento de las elecciones presidenciales hasta octubre de 2020
12º día de manifestaciones contra el aplazamiento de las elecciones. El Alto, 14 de agosto de 2020. Foto: Gaston Brito/ ...

Reunión pacífica

El 23 de julio de 2020 el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que las elecciones generales se retrasarían hasta el 18 de octubre de 2020 para así garantizar la seguridad de los votantes, ya que el número de casos de coronavirus ha aumentado. Era la segunda vez que se pospusieron las tan esperadas elecciones, previstas en un principio para mayo de 2020.

Ante esta situación, manifestantes de todo el país organizaron manifestaciones y levantaron barricadas durante el mes de agosto de 2020 para protestar contra el aplazamiento de los comicios. Estas manifestaciones fueron convocadas por el principal sindicato de trabajadores de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, y por los movimientos indígenas y campesinos, aliados del Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales. Según The Guardian, se reportaron más de cien bloqueos de carreteras y marchas que paralizaron todo el país durante varios días a principios de mes. Durante las manifestaciones se notificaron actos violentos perpetrados por algunos manifestantes y entre varios grupos civiles.

Siete personas fueron detenidas durante las manifestaciones de Oruro y El Alto, incluido un adolescente, y en al menos una ciudad la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En algunas ciudades los manifestantes dinamitaron vías de trasporte y, presuntamente, habrían cerrado el paso a vehículos que transportaban insumos médicos. Varios días después las autoridades del gobierno interino amenazaron con desplegar a las fuerzas militares para levantar los bloqueos. Las organizaciones que convocaron las manifestaciones respondieron afirmando haber dado instrucciones a los manifestantes para que dejaran pasar a las ambulancias y a los vehículos con insumos médicos a través de las barricadas.

El 7 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado boliviano a entablar un diálogo con los agentes políticos involucrados en las manifestaciones y a evitar la escalada de la violencia. Tanto la CIDH como la Defensoría del Pueblo de Bolivia expresaron su preocupación por la formación de grupos paramilitares armados que actuaron de manera violenta contra varios manifestantes. En algunos casos las autoridades no habrían intervenido, permitiendo así que estos grupos atacaran a civiles.

Después de la negociación, la presidenta interina Jeanine Áñez ratificó una ley que fija el 18 de octubre de 2020 como plazo máximo para la celebración de las elecciones. Tras este compromiso de las autoridades, el 14 de agosto de 2020 la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad acordaron interrumpir las manifestaciones con el fin de "pacificar el país".

El 20 de agosto de 2020 los medios de comunicación informaron que a varios líderes de los actos de protesta se les acusa de delitos de "terrorismo" y "sedición" por la organización de barricadas durante las manifestaciones. También se habrían emitido órdenes de captura contra cinco líderes, incluido Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.

Asociación

La CIDH y la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron las amenazas y las acciones violentas contra el personal de la Defensoría del Pueblo. El 27 de agosto de 2020 un grupo organizado irrumpió en las oficinas de la institución en La Paz e insultó a la Defensora del Pueblo Nadia Cruz y a los funcionarios allí presentes. Miembros de este grupo también habrían amenazado a Cruz y provocado daños materiales en las oficinas. Según la CIDH al menos una persona que intentó intervenir durante el conflicto resultó agredida físicamente.

Debido a estos y otros ataques y amenazas, la defensoría solicitó a la policía que garantizara la seguridad y la integridad de sus agentes. Como ya señalamos en el CIVICUS Monitor, el gobierno interino desautorizó a la Defensora del Pueblo Nadia Cruz, provocando así una crisis preocupante con una de las principales instituciones de los derechos humanos del país.

Informes sobre la crisis política boliviana

El 27 de julio de 2020 investigadores de la International Human Rights Clinic de la Harvard University y de la University Network for Human Rights publicaron un informe titulado " They shot us like animals: black November & Bolivia’s interim government". El estudio halló que desde que asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de Jeanine Áñez ha seguido socavando las libertades de la sociedad civil boliviana. Según el informe, durante su gobierno "la violencia promovida por el Estado, las restricciones a la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias han contribuido a un clima­ de miedo y desinformación que ha socavado el estado de derecho y alejado la posibilidad de unas elecciones justas y abiertas".

Los investigadores analizaron casos de abuso policial durante el apogeo del conflicto postelectoral de 2019 y la continua persecución de los opositores políticos. Según dicho informe, a principios de 2020 al menos cien políticos del MAS habían sido detenidos o se les había acusado de algún delito. Además, miembros del gobierno interino han difamado públicamente a personas defensoras de los derechos humanos y la oposición política, mientras que algunos activistas habrían sido presuntamente detenidos y torturados.

El 20 de agosto de 2020 Amnistía Internacional publicó otro informe sobre la crisis boliviana titulado " Para sanar la pandemia de impunidad. Veinte recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia". La organización de la sociedad civil investigó la participación de las fuerzas armadas en las tareas de vigilancia de las manifestaciones, las masacres en Sacaba y Senkata en 2019, y el acceso de las víctimas a la justicia.

Según este informe, al menos 35 personas murieron y 833 resultaron heridas en el contexto de las manifestaciones que se sucedieron tras las controvertidas elecciones presidenciales de octubre de 2019. El informe también señaló que durante la presidencia de Evo Morales se deterioró la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Bolivia y que después de su renuncia las personas defensoras han seguido sufriendo ataques. El gobierno interino, por su parte, "ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos con su gestión". El informe también aborda la profunda polarización política del país, el papel de los agentes no estatales en los sucesos violentos y los ataques contra la independencia judicial durante la crisis.

Expresión

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP Bolivia) denunció varios ataques contra periodistas durante la última ola de manifestaciones en el país. El 5 de agosto de 2020, en la localidad de Mairana, fue apaleado y apedreado por manifestantes el periodista independiente David Sapiencia. Según informó el Comité para la Protección de los Periodistas, el reportero requirió atención médica tras el incidente y recibió siete puntos de sutura por heridas en la cabeza y tratamiento para los moretones.

El 9 de agosto de 2020 los periodistas y camarógrafos que cubrían una manifestación frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron objeto de agresiones verbales y físicas por parte de manifestantes, los cuales habrían gritado que no querían que la prensa cubriera la manifestación y habrían impedido a los periodistas realizar su labor.

El 12 de agosto de 2020 la ANP informó que una vez más un grupo de manifestantes había agredido a trabajadores de la prensa. En esta ocasión los agredidos trabajaban para el canal de televisión Red Uno y los hechos se produjeron en Santa Fe de Yapacaní. El periodista Marco Chávez, el camarógrafo José Antonio Posiavo y el conductor Maximiliano Sosa fueron agredidos cuando se aprestaban a realizar una retransmisión en vivo desde el lugar de la manifestación. Chávez relató que los manifestantes amenazaron con apedrearlos y que cuando se subieron a su automóvil los manifestantes los rodearon, arrojaron piedras al vehículo y dañaron algunos de sus equipos.

A fines de julio de 2020, después de que ocurrieran episodios similares de acoso a equipos de periodistas durante las manifestaciones, la CIDH y la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordaron la importancia de que las manifestaciones sean pacíficas y de que se respete el trabajo periodístico durante las manifestaciones.