English

Colombia en alerta: aumentan las masacres, el asesinato de líderes sociales y la represión

Colombia en alerta: aumentan las masacres, el asesinato de líderes sociales y la represión
Manifestante con un cartel en el que se lee: «Nos están masacrando». Bogotá, 11 de septiembre de 2020. Foto: Diego Cuevas...

En tan solo dos semanas de agosto de 2020 se produjeron al menos siete masacres en Colombia. La violencia dejó al menos 39 muertos, entre ellos muchos jóvenes y niños. En Nariño tres jóvenes fueron hallados muertos en la reserva indígena de Pialapí Publo Viejo. Este aumento en los asesinatos en masa se ha producido a medida que grupos criminales rivales intensificaron sus disputas por territorios que antes estaban controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sobre todo en las zonas rurales.

Entre el 1 de enero y el 24 de agosto de 2020 la organización de la sociedad civil CODHES documentó 42 masacres que se saldaron con 182 muertes. En agosto de 2020 el número de sucesos registrados se triplicó en comparación con el mes anterior.

Además, en junio de 2020 Human Rights Watch (HRW) señaló que grupos armados en el país habían perpetrado asesinatos y otros abusos para hacer cumplir sus propias normas y así evitar la propagación de la COVID-19. Durante su investigación HRW descubrió que los grupos armados habían impuesto sus propias medidas para evitar la propagación del coronavirus en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia. Estas medidas se comunicaron mediante panfletos y mensajes de Whatsapp e incluían toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; limitaciones de los horarios comerciales; y la prohibición de acceso a las comunidades a extranjeros y a personas ajenas de otras zonas del país.

En al menos cinco regiones los grupos utilizaron la violencia cuando percibieron que la población no cumplía dichas normas y en otras cuatro regiones estos grupos amenazaron con el uso de la violencia. HRW documentó nueve asesinatos en tres departamentos relacionados con esta situación. Al parecer ocho civiles fueron asesinados por incumplir las medidas y otro por oponerse a ellas. Más de diez personas resultaron heridas.

Asociación

Asesinan a personas defensoras de los derechos humanos y a líderes comunitarios

En este contexto, el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y de líderes comunitarios no ha cesado. El número de víctimas difiere según la metodología empleada por la organización que hace el seguimiento. Según la organización de la sociedad civil Pacifista!, entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de 2020 fueron asesinados 24 líderes sociales o comunitarios. Según la organización Indepaz, 74 líderes sociales fueron asesinados en ese período.

A continuación resumimos algunos de los casos notificados recientemente:

  • El 8 de junio de 2020 fue asesinado Edison León Pérez, líder comunitario de Putumayo, presuntamente por miembros del grupo armado La Mafia. La víspera Pérez había enviado una carta a las autoridades locales quejándose de que el grupo estaba imponiendo sus propias restricciones contra la COVID-19 en la comunidad. Pérez era beneficiario del programa de protección de Colombia, el cual le había concedió medidas de protección.
  • El 24 de junio de 2020 varios paramilitares asesinaron a Edier Lopera. Edier era miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca.
  • El 27 de junio de 2020 fue asesinado Salvador Jaime Durán en la comunidad de Caño Totumo, en Teorama. Era un miembro joven de la Junta de Acción Comunal de Filo Guamo.
  • El 27 de junio de 2002 también fue asesinado el dirigente sindical Ovidio Baena en su domicilio de Bolívar. Era miembro del sindicato de trabajadores de la industria petrolera USO.
  • El 4 de julio de 2020 fue asesinado el educador y líder social Rubilio Papelito en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, miembros de un grupo armado irrumpieron en su casa, le dispararon y lo mataron.
  • El 6 de julio de 2020 fueron asesinados en el municipio de El Tambo Paola del Carmen Mena Ortiz y Armando Suárez Rodríguez, miembros del Consejo Comunitario Afrorenacer. Mena Ortiz había cambiado de domicilio debido a las amenazas de los grupos armados.
  • El 9 de julio de 2020 fue asesinado en el municipio de Tumaco Rodrigo Salazar, líder indígena y gobernador suplente del resguardo Piguambi Palangala. Era consejero de la Guardia Indígena y la Unidad Nacional de Protección de Colombia le había otorgado medidas de protección.
  • El 18 de julio de 2020 fueron asesinadas ocho personas en el municipio de Tibú, presuntamente por un grupo paramilitar. Entre las víctimas hay miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
  • El 26 de julio de 2020 fue asesinado en su domicilio José Gustavo Arcila Rivera, líder social y campesino miembro de la Asociación Campesina del municipio de Corinto.
  • El 19 de agosto de 2020 fue asesinado Jaime Monge, defensor del medioambiente, en Villacarmelo, una zona rural de Cali. Monge fue uno de los fundadores de la Fundación Pachamama y, según informó la prensa, el segundo líder asesinado tras oponerse a proyectos mineros en la región.
  • El 24 de agosto de 2020 fue asesinado el líder social Edis Care en La Larga Tumaradó, municipio de Riosucio, provincia de Chocó. En abril de 2020 Care y otros reclamantes de tierras de la región denunciaron haber recibido amenazas. Care era defensor de los derechos comunitarios y miembro de Cocalatu.
  • El 25 de agosto de 2020 fue asesinada en Santa Marta la líder comunitaria Rita Bayona. Era vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Once de Noviembre.
  • El 30 de agosto de 2020 fue asesinada la defensora de derechos humanos Sandra Banda Meneses en la zona rural de Tarazá, Antioquia. Era presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso. Según Indepaz, cinco líderes de esta junta fueron asesinados en la misma semana.

Organizaciones internacionales piden al gobierno colombiano que ponga fin a la vigilancia ilegal

Un grupo de doce organizaciones nacionales e internacionales firmaron una carta conjunta dirigida al gobierno en la que expresaron su preocupación por las recientes denuncias en las que se acusa al Ejército Nacional de Colombia de llevar a cabo una vigilancia masiva de periodistas y defensores de los derechos humanos. Tal y como ya informamos en el CIVICUS Monitor, entre febrero y diciembre de 2019 agentes de la inteligencia militar colombiana presuntamente llevaron a cabo una operación de monitoreo de gran envergadura contra más de ciento treinta personas, incluidos más de treinta periodistas nacionales e internacionales.

Los firmantes argumentaron que Colombia posee un historial plagado de actividades de inteligencia ilegales promovidas por el Estado contra abogados y personas defensoras de los derechos humanos, y que estas prácticas ilegítimas han dado lugar a que se cometan delitos, como intentos de asesinato y asesinatos. Las organizaciones pidieron al gobierno colombiano que cesara de forma inmediata todo acto de intimidación y vigilancia contra los militantes, que se asegurara de que toda vigilancia de particulares cumple con los estándares de los derechos humanos, y que las decisiones para llevar a cabo dicha vigilancia se tomen de forma independiente y que sean necesarias, proporcionadas, legítimas, transparentes y que estén sujetas a una supervisión y regulación adecuadas.

Reunión pacífica

Fuerzas del orden reprimen manifestaciones

El 15 de junio de 2020 cientos de personas se movilizaron en todo el país para participar manifestaciones contra la negligencia estatal, los desalojos forzosos y las precarias condiciones que sufrieron las comunidades durante la pandemia de COVID-19. Según informaciones publicadas en la prensa, la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprimieron con gran dureza las manifestaciones en Bogotá y Medellín. Algunas personas lanzaron piedras y vandalizaron escaparates, estaciones de metro y edificios. El ESMAD bloqueó carreteras, impidió el avance de manifestantes y detuvo a varias personas defensoras de los derechos humanos y profesionales de la prensa. Según informaciones publicadas por la sociedad civil, más de cien personas fueron detenidas y veinte resultaron heridas.

Los manifestantes se reunieron ese mismo día para denunciar el racismo y los asesinatos de personas negras en Colombia y Estados Unidos. En Bogotá los manifestantes tomaron las calles enarbolando pancartas de Black Lives Matter y pidiendo justicia para Anderson Arboleda, un afrocolombiano de 24 años que falleció el 19 de mayo de 2020 después de que la policía lo golpeara varias veces en la cabeza mientras lo detenían por haberse saltado la cuarentena. El 3 de junio de 2020 se produjo una importante manifestación de Black Lives Matter cuando varios grupos se reunieron frente a la embajada de los Estados Unidos para protestar contra la brutalidad policial y los asesinatos de personas negras en ambos países.

La organización de la sociedad civil Proceso de Comunidades Negras de Colombia destacó que la comunidad afrodescendiente colombiana padece múltiples formas de violencia estatal, entre ellas: la brutalidad policial, la persecución política, los asesinatos, el racismo sistémico e institucional, y la negligencia estatal en lo que respecta a la salud, la educación y las necesidades básicas de las comunidades negras. En coordinación con otras organizaciones de base y consejos comunales, la organización estableció diferentes mecanismos para monitorear las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en sus comunidades y territorios.

Indignación y manifestaciones contra la brutalidad policial

En septiembre de 2020, la detención violenta y el asesinato a manos de la policía de Javier Ordóñez en Bogotá llevaron a miles de personas a las calles para protestar contra la brutalidad policial en el país. Ordóñez tenía 45 años y era abogado. Fue detenido el 9 de septiembre de 2020 por beber en la vía pública y falleció tras recibir un golpe en la cabeza mientras se hallaba bajo custodia policial. Testigos presenciales grabaron a los agentes de policía mientras inmovilizaban a Ordóñez, quien estaba desarmando, a la vez que le daban descargas eléctricas en repetidas ocasiones, incluso después de que les rogara que pararan. En la grabación se puede escuchar como los transeúntes dicen: "¡Lo vas a matar!". Dicho video tuvo una gran difusión en las redes sociales y provocó la indignación de todo el país.

Las manifestaciones contra la brutalidad policial del 9 y del 10 de septiembre de 2020 fueron reprimidas con un uso excesivo de la fuerza, en especial en Bogotá. La policía utilizó armas subletales y disparó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes. Según Amnistía Internacional, las fuerzas del orden dispararon de forma indiscriminada contra los manifestantes en al menos dos ocasiones. También se registró el atropello de manifestantes a manos de agentes de policía en motocicletas. Los medios de comunicación también informaron que durante los disturbios algunos manifestantes arrojaron piedras a agentes y edificios, y que se vandalizaron e incendiaron varias infraestructuras policiales, así como autobuses y otros vehículos.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, declaró que durante la segunda noche de manifestaciones resultaron heridas ocho personas por armas de fuego. También afirmó que las fuerzas del orden habían desobedecido las órdenes de la alcaldía durante la vigilancia de las manifestaciones. "Nadie ordenó el uso de armas de fuego, y mucho menos de forma indiscriminada. Sin embargo, tenemos pruebas de varios lugares donde así fue", habría afirmado López. Posteriormente el Ministerio de Defensa declaró que durante las manifestaciones murieron diez personas y 403 resultaron heridas, de las cuales 209 eran civiles y 194 agentes del orden. Unas 140 personas fueron detenidas por presuntos actos de vandalismo.

También hubo manifestaciones similares contra la brutalidad policial en Medellín, Cali y muchas otras ciudades de Colombia.

Expresión

Asesinan a periodista indígena en la región del Cauca

El 13 de agosto de 2020 fue asesinado a tiros el periodista indígena Abelardo Liz. Los hechos se produjeron durante una campaña militar de dos días para expulsar por la fuerza a miembros del pueblo nasa de tierras aledañas a la ciudad occidental de Corinto. Según las fuerzas militares, las tierras que la comunidad indígena reivindica como su territorio ancestral son propiedad de una empresa azucarera privada.

Liz conducía un programa diario de noticias y cultura en Nación Nasa, una emisora de radio comunitaria de Corinto. Liz estaba grabando el desalojo cuando lo mataron. En un video difundido en las redes sociales, el general Mayorga Niño, comandante de la división implicada en la campaña, culpó al pueblo nasa y a las guerrillas de izquierda de las dos muertes que produjeron, y negó que el ejército hubiera atacado a civiles. En otro video publicado en las redes sociales se pueden escuchar disparos mientras los miembros civiles de la comunidad nasa se apresuran a ponerse a cubierto.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió un comunicado público en el que condenó el asesinato del periodista y pidió que se abriera una investigación sobre las circunstancias de su muerte. La organización también afirmó que otros periodistas habían manifestado que presenciaron disparos provenientes de la ubicación en la que se hallaba el ejército el día de los hechos.

Intimidan, agraden y detienen a periodistas mientras realizan su labor

El 15 de junio de 2020 la policía presuntamente habría agredido y detenido a los fotógrafos Harrison Agudelo, Juan Carlos Londoño y Juan Pablo Herrera mientras cubrían las manifestaciones contra el gobierno en la ciudad de Medellín. Los tres profesionales son miembros de los colectivos de periodistas Periferia Prensa, AquiNoticias y Ab_zurdo.

Según informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), presuntamente los fotógrafos habrían sufrido malos tratos físicos y psicológicos por parte de los agentes del orden. A pesar de haber mostrado sus credenciales fueron trasladados a una sucursal de la Fiscalía General de la Nación donde permanecieron detenidos durante toda la noche. Fueron puestos en libertad al día siguiente sin que se les acusara de ningún delito. Aún así tuvieron que pagar una multa por haber violado la cuarentena por coronavirus impuesta en Medellín, a pesar de que los periodistas están exentos del cumplimiento de estas medidas según un decreto del gobierno.

Por otro lado, el 8 de agosto de 2020 varios soldados persiguieron y dispararon a los periodistas Fernando Osorio y Edilson Álvarez mientras cubrían una manifestación de los cocaleros cerca del pueblo sureño de Vista Hermosa. Osorio es fotoperiodista y Álvarez trabaja como reportero para la cooperativa local de noticias Voces del Guayabero. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó que ambos se refugiaron en la casa de un campesino, pero los soldados los encontraron, los insultaron y los detuvieron en el lugar durante unas seis horas antes de liberarlos sin que se les acusara de ningún delito.

Osorio también relató al CPJ que el 13 de agosto de 2020, mientras cubría otra manifestación de los cocaleros, los soldados lo insultaron, le apuntaron con sus fusiles y lo obligaron a tumbarse boca abajo brevemente en el bode de una carretera.

Otros sucesos

Además, la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) denunció múltiples amenazas y casos de intimidación entre junio y agosto de 2020, algunos de los cuales resumimos a continuación:

El 19 de junio de 2020 la FELCOPER denunció que seis comunicadores habían recibido amenazas de muerte a través de panfletos que supuestamente provendrían de grupos armados. El primer caso se registró en el departamento de Putumayo, donde cinco periodistas fueron declarados objetivos militares, amenazados de muerte y acusados de colaborar con el gobierno departamental. Cuatro de los periodistas amenazados eran de la ciudad de Mocoa. Los presuntos autores de las amenazas serían miembros disidentes de las FARC.

El segundo caso se produjo en la zona rural del municipio de Montañitas, departamento de Caquetá. El periodista César Augusto Useche Losada recibió un panfleto en el que lo amenazaban. Dicho documento lo habrían firmado miembros del grupo armado "Águilas Negras". En dicho panfleto insultaban al periodista y le daban 48 horas para abandonar la región o lo asesinarían.

En junio de 2020 el periodista Gerson Gil Ortiz recibió amenazas a través de las redes sociales depués de subir una publicación sobre un supuesto gasto excesivo en la compra de uniformes por parte de la administración municipal. Ortiz era director del medio digital Sahagún 180 grados, pero decidió cerrarlo a raíz de estas amenazas. Según la FECOLPER, siete personas que trabajaban para el portal de noticias fueron despedidas en estas circunstancias.

En agosto de 2020 tres periodistas de Ipiales, departamento de Nariño, recibieron amenazas de muerte mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. Los reporteros amenazados dijeron que comenzaron a recibir mensajes intimidatorios depués de que iniciaran investigaciones relacionadas con la inmigración ilegal y el transporte irregular de migrantes en la frontera con Ecuador durante la pandemia.

El 7 de agosto de 2020 ocho periodistas de Santa Marta, provincia de Magdalena, recibieron panfletos con amenazas de muerte. Aunque la dirección del Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó haber enviado aquellos panfletos intimidatorios, la circulación de estos documentos sigue siendo preocupante. La FELCOPER solicitó que las autoridades y los organismos de seguridad del Estado realicen las investigaciones exhaustivas necesarias sobre su autoría.

El 15 de agosto de 2020 el periodista Carlos Alfonso Pérez Cedeño recibió amenazas de muerte de una persona que se identificó como miembro de un grupo disidente de las FARC. Pérez es director del medio regional La Lupa Araucana y corresponsal de Caracol Televisión en el departamento de Arauca. La amenaza estaría relacionada con algunas notas que el periodista publicó en Lupa Araucana sobre un presunto caso de corrupción cometido por un exfuncionario público de la empresa Aseo de Arauca.